¿Retaliación política contra
los medios?
En diciembre, y tras una
larga controversia, el Gobierno venezolano sancionó la
Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, para
regular el comportamiento de los medios de comunicación
en ese país.
En México, la expedición de una nueva Ley de Radio
y Televisión, también con carácter regulatorio,
prevista inicialmente para diciembre de 2004, se encuentra actualmente
en proceso de consulta antes de que entre en vigencia.
Mientras tanto, en Ecuador, periodistas y gremios empresariales
de radio y televisión alertaron sobre la existencia de
un proyecto gubernamental para establecer supuestas limitaciones
a las actividades que cumplen los medios de comunicación.
Estados Unidos y España inaguraron también nuevas
legislaciones en el mismo sentido.
Chasqui, en esta entrega, presenta el panorama desde cada uno
de esos países, sobre estas iniciativas legales en marcha.
Los gráficos utilizados fueron reproducidos de la revista
Media Studies Journal, de la Universidad de Columbia, Nueva York,
Estados Unidos.
Venezuela: una ley punitiva
Andrés Cañizález
El 7 de diciembre de 2004,
el presidente venezolano Hugo Chávez dio el ejecútese
oficial a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión
(LRSRTV), tras su aprobación en el seno de la Asamblea
Nacional, exclusivamente, con los votos de los legisladores progubernamentales.
La existencia en sí de una legislación, evidentemente,
no es contraria a los principios del derecho a la libertad de
expresión e información, pues la promulgación
de un instrumento legal puede resultar beneficiosa para los diferentes
sectores involucrados al dejar claramente delimitados deberes
y derechos. Esta posición de principios, a favor de una
legislación que regule a los medios, sin embargo no nos
coloca entre los defensores de la reciente ley promulgada en
Venezuela. En primer lugar, nuestros señalamientos críticos
a la LRSRTV apuntan a tres hechos que nos parecen los más
preocupantes.
Se trata de una ley concebida como una retaliación política
contra los medios privados. En la agudización de la crisis
política venezolana, a partir de diciembre de 2001 y de
forma especial en los puntos más álgidos de dicho
proceso, se hizo evidente una alineación política
de los más emblemáticos medios con los sectores
opositores al presidente Chávez. En abril de 2002 silenciaron
aspectos cruciales del golpe de Estado, en diciembre de ese año
le donaron todos sus espacios publicitarios a la oposición
durante dos meses en el marco de una paralización, mientras
que a lo largo de los meses construyeron una agenda complaciente
con la llamada Coordinadora Democrática y, prácticamente,
invisibilizaron a los factores progubernamentales.
Sin embargo, la crítica a este pobre papel del sector
mediático y el objetivo de tener mejores medios no puede
tener como respuesta la elaboración de una ley altamente
punitiva, administrada por órganos de un poder ejecutivo
que cotidianamente enjuicia a los medios, y teniendo una frontera
discrecional muy tenue para la aplicación de sanciones.
Adicionalmente, desde que comenzó a diseñarse la
ley, más de dos años antes de su aprobación
definitiva, el discurso del presidente Chávez y de otros
altos funcionarios ha insistido en que con esta ley se podrá
castigar a los medios golpistas, llegando incluso a amenazar
con la sanción más severa: el cierre.
Andrés Cañizález, venezolano, investigador del Centro
de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés
Bello y director de la revista Comunicación, que edita
el Centro Gumilla
Correo-e: andres@derechos.org.ve
