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- Revista
Chasqui No. 89
Portada
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 Leteo,
el contaminado río del olvido
Los dueños
de los medios aceptaron una red de complicidades con el gobierno
mexicano
- Leteo es el nombre de un río
que otorga el olvido a las almas de los muertos. Leteo es ese
olvido de las discusiones anteriores al 2002 sobre la necesidad
de un nuevo marco jurídico para una ley promulgada en
1960, modificada siempre en sus artículos transitorios
y no en su cuerpo fundamental. Se han convocado a mesas de discusión
para modificarla. Los años 1980, 1983 y 1995 fueron testigos
de intentos de reformas. Ninguno de ellos fue retomado en la
discusión del año 2002. Aún más,
la Cámara de Diputados negó aprobar en diciembre
de 2004 la propuesta emanada de las mesas de 2002 porque existen
aún 18 iniciativas de nueva ley previas a ésta
que nadie había contemplado. Este recurso de la memoria
y el olvido es más un artificio legal para dilatar una
reforma de fondo, debido a las presiones de los concesionarios,
el gobierno federal y políticos, que bien están
ligados a la industria o tienen en mente lograr favores de los
empresarios en un año pre-electoral decisivo.
- Publicidad y concesiones
El monopolio de la publicidad, mercado en el que la televisión
recibe el 80 por ciento de los ingresos, es uno de los puntos
centrales en el estira y afloja.
La resistencia de los empresarios y el gobierno federal responde
a una relación añeja tejida en el régimen
en el que el PRI era Partido dominante en el escenario político.
Por un lado, los empresarios aceptaron una red de complicidades
con el gobierno mexicano al ser este último el que otorgaba
o cancelaba las concesiones con un amplio margen discrecional.
Este arreglo permitía poseer el control de un mercado,
evitando la competencia al negociar que no se emitieran nuevas
concesiones. No resulta extraño que dos empresas (Televisa
y TvAzteca) controlen el 80 por ciento de la programación
de televisión abierta en el país, y 16 grupos radiofónicos
sean dueños del 80 por ciento de las estaciones escuchadas
por más de 100 millones de mexicanos. La nueva Ley contemplaba
crear un órgano ciudadanizado, autónomo del Estado
y con reglas claras para las concesiones reduciendo el permiso
de 30 a 10 años, y un marco estricto de sanciones a aquellos
concesionarios que violaran la ley. Los concesionarios boicotearon
los trabajos al no asistir a los debates en el congreso, bajo
el argumento de desconocer lo que ellos mismos habían
aprobado anteriormente.
- Por otro lado, el gobierno
federal no quiere soltar la potestad que mantiene sobre los empresarios,
poder manifestado en la discrecionalidad de retirar o refrendar
la concesión. Otro aspecto es la exclusividad del gobierno
sobre el uso del tiempo oficial que le confiere la ley. De aceptar
las modificaciones tendría que compartir los espacios
con el resto del Estado mexicano, reduciendo el impacto de sus
programas a través de ese tiempo en medios, o en caso
contrario, tendría que comprarlo como tiempo comercial.
El gobierno mexicano emitió un nuevo reglamento en 2004
para la Ley de Medios vigente desde 1960, dejando de lado la
propuesta integral que él mismo había convocado
en 2002.
- Pero los legisladores tampoco
escapan al juego de intereses. Próximas las elecciones
en las que muchos de ellos serán candidatos en sus partidos,
buscan acomodar la ley de tal manera que se regule el costo de
las campañas electorales en los medios a una tasa preferencial,
y en el mejor de los casos establecer tiempo gratuito para las
campañas.
- La idea original contenida
en la ley no aprobada fue tergiversada. Para evitar el cobro
discrecional y/o elevado de las empresas a los partidos políticos,
la ley contempló que los tiempos ya no fueran contratados
directamente por los partidos, sino que fuera el IFE el que negociara
tarifas preferenciales para todos los partidos, además
de buscar una distribución equitativa del tiempo entre
todos los partidos contendientes, evitando preferencias o bloqueos
de empresas a algunos institutos políticos por afinidades
o diferencias. Los partidos sugieren tiempo gratuito, pero no
están de acuerdo con el reparto equitativo del tiempo,
pues argumentan que la medida no valora en su justa dimensión
la importancia de los grandes partidos nacionales frente a los
pequeños institutos políticos emergentes.
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