Fujimori
Derechos Humanos y prensa
La sociedad peruana en la década
de 1990 se convirtió en dura cuestionadora de la violación
de los derechos humanos
La sociedad peruana en la década
de 1990 se convirtió en dura cuestionadora de la violación
de los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden, tras
un período de relativa tolerancia durante la primera etapa
del combate que desplegaron el Estado y sus órganos principales
contra la guerrilla y sus prácticas brutales.
Tal es la conclusión de un análisis
de contenido de los diarios El Comercio, Expreso y La República
de Lima, en el periodo 1980-1995, respecto al problema de la
violencia política y a los casos de violación de
derechos humanos por parte del sector gubernamental, específicamente,
los casos de las ejecuciones extrajudiciales y la tortura.
De acuerdo a un estudio realizado por el
peruano Luis Arias, los tres diarios constituyen una prensa de
referencia en el país, por su nivel de influencia en los
sectores políticos, en otros medios de comunicación
y en sectores significativos de la sociedad, además de
que expresan distintas tendencias políticas.
Para el análisis fueron también
estudiados los resultados de sondeos realizados por empresas
de estudios de opinión para conocer las reacciones de
la ciudadanía respecto a operativos de las fuerzas del
orden en los que se violaron los derechos humanos y entrevistas
realizadas con representantes de organizaciones de derechos humanos,
periodistas y analistas políticos.
El problema
Según estimaciones de organismos
de defensa de los derechos humanos, la violencia política
ha causado en Perú más de 28.000 muertes, cifra
que encierra un alto porcentaje de población civil. Se
calcula que entre los años 1980 y 1992 desaparecieron
unas 5.000 personas y se han producido 600 ejecuciones extrajudiciales.
Así mismo, las evaluaciones realizadas
en los últimos cuatro años por organismos de defensa
de los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales,
señalan que en el Perú continúa la violación
de los derechos humanos y la impunidad, a pesar de haber sido
derrotado, política y militarmente, el grupo terrorista
Sendero Luminoso.
El tema se reactualiza
La decisión del gobierno peruano
de retirarse al fuero contencioso de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, adoptada a mediados del año 1999,
trajo nuevamente al centro del debate el tema de la vigencia
de los derechos humanos en el Perú, aunque en esta oportunidad
la discusión incidió también en aspectos
de orden conceptual.
En efecto, representantes del gobierno
e intelectuales vinculados al régimen que han respaldado
la decisión del gobierno, en el fondo cuestionan los derechos
universales, su sentido de obligatorios y exigibles en todas
las regiones del mundo, más allá de las condiciones
culturales, políticas y sociales de cada país.
Altos funcionarios oficiales han fundamentado
la decisión del gobierno recurriendo a la perspectiva
del relativismo cultural, según la cual no puede haber
valores universales en la medida en que en el mundo hay diferentes
realidades socio culturales. En otras palabras, afirmando que
lo que es válido en Occidente no necesariamente lo es
en otra región.
Contradicción flagrante
El gobierno ha sostenido enfáticamente y lo proclama,
que en el Perú se respetan los derechos humanos. Sin embargo,
a lo largo de dos décadas, el Estado a través de
sus organismos especializados se ha encargado de implantar un
conjunto de medidas que en la práctica han demostrado
todo lo contrario.
Se cuestionan los derechos humanos apelando
a la defensa de otros derechos, esgrimiendo la necesidad de revisar
su concepción "tradicional", sometiéndola
al filtro de las condiciones sociales y políticas de cada
región.
¿Cómo exigir que el Estado
respete el derecho a la vida y la integridad física en
circunstancias excepcionales, cuando por ejemplo, los terroristas
amenazan al conjunto de la sociedad? ¿Se puede permitir
que la presión internacional termine por afectar la imagen
internacional del país y violente la soberanía
nacional?
La violencia política ha causado
en Perú más de 28.000 muertos, desaparecieron unas
5.000 personas y se han producido 600 ejecuciones extrajudiciales
Así, la postura del gobierno y de
los intelectuales que la respaldan genera, en la práctica,
un retroceso en la evolución y avance de los derechos
humanos en el país, cuya tendencia general ha ido más
bien hacia el reconocimiento y delimitación de un mayor
número de derechos en beneficio de todas las personas,
sin ninguna excepción.
Pese a todo, en materia de derechos humanos se han logrado avances
alentadores en el reconocimiento que implican atribuciones significativas
tanto para la existencia política como para la existencia
económica, social y cultural de los ciudadanos, lo que
debe entenderse como la afirmación de su carácter
de fundamentales en cualquier orden político-jurídico
moderno.
Percepción de los derechos humanos
El análisis realizado determinó
que en buena parte de la década de 1980 ha primado, en
amplios sectores de la sociedad, una suerte de tolerancia y en
ciertos casos respaldo a prácticas violatorias de los
derechos humanos por parte del Estado, en el marco de la lucha
antisubversiva, principalmente los derechos de primera generación
o elementales como el derecho a la vida, la integridad y la libertad.
Esta manera de percibir el problema expresaba,
probablemente, una incipiente interiorización de la propia
noción de derechos humanos en determinadas elites políticas
y en un sector importante de la población en el país,
principalmente de Lima y otras zonas no afectadas directamente
por el problema de la violencia.
Además, en las exigencias para el
restablecimiento del orden interno y el principio de autoridad,
planteadas por importantes sectores políticos y económicos
del país, no aparecía con claridad la importancia
de combatir a los grupos subversivos en un marco de respeto por
los derechos humanos.
A fines de los 80 y comienzos de la década
de 1990, en el fragor de la guerra interna, se fue configurando
en gran parte de la sociedad una actitud más crítica
y cuestionadora de la política de guerra sucia llevada
a cabo por las fuerzas del orden, basada en torturas, desapariciones
y ejecuciones extrajudiciales.
Avances y retrocesos
Este proceso, sin embargo, ha sido sumamente
complejo y ha estado caracterizado por avances y retrocesos,
muchas veces influenciados por coyunturas políticas y
económicas específicas.
Estos cambios en las percepciones sociales sobre los derechos
humanos se han visto promovidos y al mismo tiempo reflejados
por la prensa peruana, en el entendido en que los principales
diarios de circulación nacional constituyen instituciones
que producen y reproducen realidad social (simbólica),
participando significativamente en la construcción de
sentidos comunes, básicamente en aquellos campos de la
vida política y social del país en los cuales las
personas no tienen posibilidades de realizar una confrontación
o contraste directo de los acontecimientos.