- Autorregulación
del Periodismo
Javier Esteinou Madrid,
Investigador mexicano
¿Por qué se opone el estado
mexicano a la reglamentación del derecho de información?
El contexto de apertura política
que ha creado el gobierno mexicano en este sexenio para realizar
la Reforma del Estado, ha demostrado que los diagnósticos,
las demandas e iniciativas fundamentales de políticas
de comunicación que ha presentado la sociedad mexicana
para la transformación del Estado nacional, vía
foros, seminarios y consultas públicas, han sido desconocidas
y marginadas por la esfera del poder. Con ello, una vez más,
vuelve a surgir la profunda desilusión y desencanto de
la sociedad civil para considerar que los espacios de "apertura"
del Estado sean los conductos viables para la transformación
de los medios de comunicación nacionales
La única iniciativa que parcialmente
ha prosperado, aunque y con muchos obstáculos, ha sido
la propuesta de "Ley Federal de Comunicación Social
y el Proyecto de Ley Reglamentaria de los Artículos 6
y 7 Constitucionales en Materia de Libertad de Expresión
y Derecho a la Información" preparada por la Comisión
de Radio Televisión y Cinematografía (RTC) de la
XLVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión y que ha sido retomada por la XLVII Legislatura
del Congreso para discutirla y perfeccionarla.
Dicha iniciativa ha propuesto entre otros
los siguientes cinco objetivos generales:
· Promover la democratización
de los medios de información y de comunicación
en todos los niveles de organización, operación
y difusión.
· Fomentar el ejercicio pleno del
derecho a la información y libertad de expresión
en un marco plural y participativo que coadyuve a la conformación
de una opinión pública bien informada.
· Promover que toda persona, organización
y grupo social sean sujetos activos, participantes y con efectivo
y libre acceso a la información.
· Estimular el respeto al libre
ejercicio profesional del informador y facilitar su acceso a
las fuentes de información, y
· Proteger la libertad, la dignidad
de la persona y el respeto a la vida privada e impulsar la defensa
y el fortalecimiento de la cultura nacional en todas sus manifestaciones.
El Estado mexicano ha aceptado la existencia de diversas regulaciones
para normativizar y supervisar todas las áreas del funcionamiento
social como la banca, la industria, el comercio, la educación,
la agricultura, la cultura, la política, etc., excepto
la comunicación social. Así, el único terreno
donde el gobierno y el mercado sostienen que no debe de reglamentarse
la acción pública del Estado es en el de la información
y la comunicación colectiva, esgrimiendo los siguientes
argumentos:
· La libertad de información
es un derecho y una garantía universal inalienable de
todos los hombres que no debe limitarse, pues se atentaría
contra la esencia humana. Incluso, se ha afirmado que "pretender
reglamentar el Derecho a la Información entrañaría
más riesgos que beneficios"; y que "no corresponde
al Estado fijar las normas de conducta ética de los medios,
porque se correría el riesgo de coartar la expresión
de la pluralidad, por lo que toca a ellos, a partir de consensos
entre los profesionales del sector, establecer su propio código
ético".
· La libertad de información
es la base de la "democracia", por lo tanto, si se
le limita se está afectando directamente el sano equilibrio
democrático de la sociedad.
· En un mundo sistémico,
sin fronteras, competitivo y globalizado, para que la dinámica
del mercado se pueda realizar se requiere libertad de información.
Por ello, no deben ponerse más regulaciones que las necesarias
a la libertad de expresión en México, so pena de
caer en burocratismos extremos o lo que es peor, en la inoperancia
de la ley. La sobre reglamentación se opone al avance
económico. Por consiguiente, lo que se debe fomentar en
las sociedades modernas crecientemente competitivas es el libre
flujo de la información y no su restricción.
· El Derecho a la Información
no debe reglamentarse con normatividades rígidas, sino
solo se deben crear mecanismos muy flexibles que permitan la
autorregulación de los medios de difusión, como
son los Códigos de Etica, los Tribunales de Honor y los
Reglamentos de Buen Comportamiento Profesional, etc.
Ante estos argumentos para defender sus
concesiones de poder económico y político, el sector
conservador del Estado así como los empresarios de los
canales de información, han desconocido las siguientes
realidades:
· Efectivamente, la libertad de
información es un derecho inalienable de todos los hombres,
pero la única forma de convertirla en una verdadera garantía
para todos los ciudadanos es normatizarla con precisión
jurídica, pues de lo contrario lo que se ejerce es una
interpretación subjetiva, caprichosa y discrecional de
cada empresa o funcionario según los intereses coyunturales
que debe defender.
· La libertad de información
es la base de la democracia y por consiguiente, para que se pueda
realizar, debe ser reglamentada como un derecho estratégico
de todos los ciudadanos. Para operar socialmente, la libertad
de expresión debe recibir el mismo tratamiento normativo
de cualquier otra área de actividad de la sociedad. Es
una falacia afirmar que por tratarse de la libertad de opinión
esta realidad sea un campo más difícil de abordar
que otros terrenos de la acción social. Así como
la agricultura, el comercio, la cultura, la banca, la industria,
la educación, la política, etc., son actividades
delimitadas jurídicamente para conocer su naturaleza y
límites para poder funcionar colectivamente; el Derecho
a la Información debe ser reglamentado para que alcance
sustento social real.
En el escenario de final del milenio el
único sector que hoy tiene amplio Derecho a la Información
es sólo el gobierno y los grandes grupos del poder que
pueden obtener toda la información que requieren para
actuar sobre la población o para expandir sus empresas;
y la sociedad civil mexicana no cuenta con el mínimo acceso
a la información estratégica elemental para decidir
sobre su futuro.
La sociedad civil que le entregó
al Estado los medios para que los concesionara en favor del bien
común, hoy no cuenta con la garantía de dicho derecho
universal.
En un mundo globalizado y expuesto a la
competencia, nuestras estructuras culturales de nación
deben estar abiertas al permanente contacto con los avances de
otras culturas, pero deben existir límites jurídicos
elementales de protección y conservación de nuestra
riqueza cultural y mental que han tardado muchos años
en formarse. De lo contrario, lo que sucede es la devastación
de nuestra cultura básica por los intereses del mercado,
como ha sucedido en las últimas décadas de la historia
nacional. Hay que recordar que el mercado por sí mismo
no tiene moral, ética, corazón, ni se preocupa
por lo humano y lo social. Su objetivo es la rápida y
creciente acumulación de riqueza a expensas de lo que
sea. Por consiguiente, es una ley que en la medida en que funciona
autónomamente, sin sólidos contrapesos planificadores,
puede introducir en las comunidades una relación social
de comunicación salvaje.
La propuesta del gobierno y los concesionarios
sobre la "autorregulación absoluta" vía
los Códigos de Etica, los Tribunales de Honor, los Reglamentos
de Buen Comportamiento Profesional, etc., cae en la concepción
liberal extrema de crear el "Estado Cero" que plantea
que el Estado no es necesario como instancia rectora para dirigir
a la sociedad, ya que ésta se puede autoconducir por las
leyes, de la mano invisible de las lógicas del mercado.
Así, el Estado debe reducirse a su mínima expresión
(fórmula cero), para dejar que la sociedad se conduzca
por otros mecanismos de autorregulación del poder. Dicha
teoría y práctica económico-social ha demostrado,
a lo largo del siglo XX su enorme fracaso y límites al
reflejar que, finalmente, toda sociedad moderna requiere la presencia
de un sólido Estado rector que equilibre los desajustes
y las crisis que produce el funcionamiento autónomo de
la dinámica del mercado. Si seguimos el razonamiento de
la lógica autónoma del mercado por sobre el orden
social regulado colectivamente, también podemos demandar
que no existan reglamentos de los cuerpos de policía,
pues las comunidades pueden autoregular espontáneamente
sus delitos; ni se requieren leyes para normar el servicio de
recolección de basura, porque la sociedad por sí
misma puede autoregular como tirar sus desperdicios orgánicos;
tampoco se requiere una legislación de comportamiento
bancario, pues los banqueros se pueden autoregular a sí
mismos en beneficio de la sociedad; no es indispensable una legislación
sobre la educación básica, pues cada ciudadano
puede asegurar por sí mismo su formación educativa,
ni un reglamento fiscal, pues todos los ciudadanos pueden autoregular
voluntariamente el pago de sus impuestos, etc. En suma, el Estado
sobra como órgano de regulación colectiva, pues
la sociedad se puede autoregular en todos los órdenes
de la vida.
Debemos considerar que la ética
no puede substituir o suprimir al derecho, sino enriquecerlo
y complementarlo. No podemos cambiar el estado de derecho por
la aplicación de un "eticómetro" de los
concesionarios y empresarios de los medios de comunicación
que es un instrumento subjetivo de buena voluntad, absolutamente
vulnerable ante las fases de presión económica
y política reales, como lo ha demostrado la historia de
la comunicación nacional a lo largo del siglo XX.
La autorregulación de los medios
de comunicación vía los Códigos de Etica
y otros recursos morales, son mecanismos colegiados muy útiles
que pueden ayudar a garantizar complementariamente la existencia
del Derecho a la Información, pero nunca deben operar
como elementos únicos o solos para normar y conducir socialmente
esta estratégica acción colectiva. Una garantía
tan central para construir una sociedad democrática, equilibrada
y participativa no puede quedar expuesta a los altibajos subjetivos,
caprichosos o discrecionales de los intereses políticos
del poder o sujeta a la dinámica de la "Mano Invisible
del Mercado". Es necesario recordar además que todos
los Códigos de Etica, Tribunales de Honor, Reglamentos
de Buen Comportamiento Profesional, etc. que han existido en
el Estado y las agrupaciones de los informadores en México,
han sido recursos totalmente insuficientes para abrir los archivos
políticos y militares sobre la mascare estudiantil de
1968 y 1971, los archivos de los sacadólares que generaron
una fortísima devaluación del peso mexicano en
el sexenio del Presidente López Portillo, los motivos
por los cuales se cayó el sistema electrónico de
cómputo en las elecciones presidenciales del sexenio del
Presidente Salinas de Gortari, los sectores beneficiados ilegítimamente
con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA)
en el sexenio del Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León,
la exposición de series televisivas, cada vez más
violentas y sangrientas para obtener un raiting más exitoso
en la fase de apertura de mercados globales, etc.
Para evitar avanzar en este terreno estratégico
de reglamentación al Derecho a la Información el
sector mas conservador del Estado y los empresarios de los medios
de información en conjunto han creado a través
de sus propios canales de difusión masiva campañas
permanentes de satanización y boicot a dichas iniciativas
democráticas de la sociedad civil, argumentando artificialmente
la existencia de un conflicto entre libertad de expresión
y reglamentación de la misma. Dicha campaña ha
constado de dos fases de desinformación y manipulación.
La primera fase se ha concentrado en no difundir por los medios
de información masivos aquellas posiciones ideológicas
contrarias a las tesis de la autorregulación. En los pocos
casos en que se han considerado, siempre se relegan a lugares
de 5º o 6º nivel informativo para que se pierdan en
el océano de datos que diariamente se transmiten. La segunda
fase ha consistido en una repetitiva presentación colectiva
de juicios y valores a priori que descalifican de entrada el
intento de propuesta legislativa, sin pasar por la discusión
o reflexión pública. Así, se ha señalado
reiteradamente que las iniciativas regulatorias del Derecho a
la Información son fascistas, que amordazan la libertad
de comunicación, que son paralizantes de la iniciativa
humana, que evitan la libre competencia, que censuran el libre
fluir del pensamiento, que se intenta controlar a los medios,
que se busca reprimir a los periodistas y comunicadores, que
son leyes mordazas, etc; con el fin de evitar que se regulen
por el interés colectivo, los privilegios desmesurados
con los que cuentan los propietarios de los medios dentro de
la caduca legislación mexicana de final de siglo. A diferencia
de estrategias anteriores, en esta segunda etapa se han incorporado
un conjunto de comunicadores de reconocido prestigio nacional
para darle mas peso a la ingeniería desinformadora y calumniadora
y evitar que los medios de información colectivos sean
regidos por la ley.
De esta manera, así como el sector
bancario ahora practica una acción de "anatocismo"
económico al cobrar intereses sobre intereses; con el
despliegue de esta campaña desinformadora y calumniadora
sobre la regulación del Derecho a la Información,
los concesionarios de los medios de difusión colectiva
en México practican un "anatocismo comunicativo"
desde el momento en que aprovechan el poder persuasivo de sus
canales de información colectiva para conservar la estructura
de poder de todos sus medios.
La Reforma en materia de comunicación,
no es una reforma jurídica más para modernizar
al Estado mexicano; sino que por su naturaleza vertebral que
cruza todos los ámbitos de la vida comunitaria y cotidiana
Ante esta monumental pobreza de rescate
del espíritu del "México Profundo" por
parte de la estructura de gobernabilidad nacional a partir de
las consultas públicas sobre comunicación social,
es necesario preguntarnos, por ejemplo, ¿Dónde
quedó la solicitud ciudadana de revisar el otorgamiento
y la revocación de las concesiones de los medios de comunicación,
especialmente de los electrónicos?. ¿Por qué
no se consideró la formación de la figura jurídica
del Omdbusman de la comunicación colectiva?. ¿Por
qué se marginó la revisión de la legislación
referente a la constitución de los super monopolios comunicativos
que se volvió a encarnar con la bárbara fusión
entre TELMEX y TELEVISA?. ¿Por qué no se abordó
la urgente necesidad de abrir más espacios de participación
democráticos en los medios de comunicación?. ¿Por
qué se olvidó la formación del Código
de Etica Profesional de los comunicadores? ¿Por qué
se marginó la iniciativa del Derecho de Réplica
solicitada ampliamente por la sociedad mexicana desde hace varias
décadas para evitar los abusos informativos de los propietarios
de los medios?. ¿Dónde quedó la propuesta
de formar un Consejo Plural de Comunicación Social que
supervisara el funcionamiento de los medios de información
en nuestro país?. ¿Por qué se desconoció
la petición colectiva de emplear el 12.5 % del tiempo
oficial en los medios de comunicación de forma más
democrática y racional?. Dónde quedó la
inquietud de otorgar con toda transparencia los recursos gubernamentales
y paraestatales de apoyo financiero a los medios de comunicación?,
¿Por qué se descartó la propuesta de crear
una Red Nacional de Televisión Cultural a partir del empleo
de la infraestructura de los sistemas estatales de comunicación
establecidos en cada entidad y del otorgamiento de dos frecuencias
en la banda UHF y del aprovechamiento de los tres canales de
cable que por ley tiene derecho el Estado en cada una de las
entidades federales?, ¿Dónde quedó la iniciativa
educativa de incorporar en la Ley Federal de Educación,
en los Libros de Texto Gratuitos, en el Libro del Maestro y en
los planes de estudio de las Escuelas Normales, una normatividad
y un análisis sobre el papel educativo de los medios de
comunicación?. ¿Por qué se olvidó
la sugerencia de realizar las adecuaciones legales correspondientes
para salvaguardar las particularidades regionales y la identidad
nacional?, ¿Dónde quedó la idea de apoyar
el proyecto de la descentralización y regionalización
cultural y comunicativa del país?., ¿Por qué
se sepultó la propuesta de legislar sobre la obligatoriedad
y solvencia de una certificación pública del tiraje
real y de la circulación de los periódicos y revistas,
en favor de una mejor competencia en el mercado y de la claridad
y veracidad con respecto a los lectores?, etc.
El sector bancario ahora practica una acción
de "anatocismo" económico al cobrar intereses
sobre intereses
Ninguno de estos reclamos básicos
de la sociedad civil han sido contemplados en el proyecto comunicativo
del mercado y del poder al final del siglo XX. Es por ello, que
es necesario repensar qué hacer en términos políticos
para crear otro proyecto colectivo de comunicación social
que rescate el espíritu de estos planteamientos esenciales
para democratizar a la sociedad mexicana.
Debemos reconocer que la Reforma en materia de comunicación,
no es una reforma jurídica más para modernizar
al Estado mexicano; sino que por su naturaleza vertebral que
cruza todos los ámbitos de la vida comunitaria y cotidiana,
es la más importante de la sociedad mexicana de finales
del siglo XX, pues es a partir de esta renovación como
se determinarán las vías que modificarán
los procesos para construir la conciencia colectiva nacional
de final de milenio. De ello dependerá si se crean las
bases político-sociales para generar una conciencia para
el avance de la República o para su retroceso mental,
social y civilizatorio en el nuevo siglo.