Ecuador DEBATE Nº 46

COYUNTURA

CONFLICTIVIDAD SOCIAL: Noviembre 1998 - Febrero 1999 El segundo cuatrimestre del gobierno demo-cristiano empieza a consolidar ciertas características particulares de los conflictos socio-políticos que ya se detectaron en el período anterior. Se trata de una suerte de manejo "sobre-politizado" de conflictos originados por discrepancias a la hora de definir la política económica del régimen. No resulta difícil advertir el contundente regreso de los partidos políticos, las alianzas legislativas y la pugna entre los principales poderes del Estado a la sacudida y cada vez más atropellada escena pública. En efecto, a pesar de que en general se observa una reducción en el porcentaje de conflictos con respecto al cuatrimestre anterior (una tasa de decrecimiento de -9.5%), cabe advertir que el período considerado vio suceder -entre otros apremiantes conflictos- las disputas al interior del Gobierno por el tema de la proforma presupuestaria (que costó la cabeza del Ministro de Finanzas), una huelga nacional convocada por el Frente Popular, el asesinato del Diputado del Movimiento Popular Democrático, Jaime Hurtado, la escasez de combustibles a raíz de la cual se elevaron sus precios en el mercado, y sobre todo, abiertas confrontaciones entre el Legislativo y el Ejecutivo por la estimación del presupuesto del Estado y de los instrumentos económicos para financiarlo. De ahí que resulte evidente que los meses de enero -cuando empezó a funcionar el impuesto del 1% a la circulación de capitales- y febrero concentren más del 60% del total de conflictos ocurridos en este período. Los meses anteriores, particularmente diciembre, evidencian un comportamiento más estable. NUMERO DE CONFLICTOS POR MES FECHA Frecuencia % Noviembre / 98 40 19.23 Diciembre / 98 39 18.75 Enero / 99 71 34.13 Febrero / 99 58 27.88 Total 208 100.0% Como señalábamos en las líneas introductorias, uno de los cambios más importantes que se pueden registrar a la hora de caracterizar la conflictividad del período noviembre-febrero tiene relación con un reordenamiento de los sujetos del conflicto. Resulta bastante revelador, en primer lugar, el hecho de que la participación de los partidos políticos en el procesamiento de los conflictos haya crecido considerablemente hasta bordear el 20% (recordar que en el cuatrimestre anterior apenas alcanzaba el 11%). En segundo término, cabe resaltar que los trabajadores y los sindicatos -aunque en menor medida que el período pasado- continúan como los principales protagonistas y opositores a la administración de Jamil Mahuad, su presencia en este nivel alcanza el 30%. En tercer lugar, y no por ello menos trascendente, es conveniente llamar la atención sobre la participación de las Cámaras de la Producción y las empresas en la generación de turbulencia social y política en el país: si en el primer cuatrimestre del régimen demopopular estos actores sociales habían mantenido un perfil bastante bajo (apenas alcanzan el 4%), en el intervalo estudiado han sido partícipes de casi 12% del total de conflictos registrados. Tanto estudiantes como gremios aparecen, del mismo modo, con índices de participación más altos que en los períodos pasados. Se podría hablar de una reinserción de ciertos actores sociales en la esfera pública-política del país. La presencia de todos estos actores en la producción de conflictividad social en el país da luces para pensar que los efectos del impuesto a la circulación de capitales, el aumento de los precios de combustibles y el no pago de salarios a importantes sectores de la administración pública (sobre todo maestros y profesionales de la salud pública), generan inmediatos efectos en los sectores directamente implicados y afectados por tales medidas. Se trata de la repetidísima lógica corporativa y reactiva de los sujetos sociales a la hora de elaborar estrategias de negociación con los órganos centrales de la administración pública. Podríamos alegrarnos de la vuelta a la escena política de los partidos por cuanto ello evidenciaría la existencia de mayores niveles de diálogo, consulta, control y activo involucramiento en la elaboración y diseño de las políticas económicas -tema que hasta la fecha ha ocupado totalmente al régimen, sin embargo, cuando se observa que esta mayor inserción de los partidos y del Congreso Nacional en la ingeniería de la agenda de gobierno para los próximos cuatro años, se procesa de manera, por decir lo menos, beligerante y excluyente. El tono eufórico no sólo que resulta desatinado sino incluso cínico. El tema del presupuesto del Estado ha revelado más que nunca el resultado de tácticas políticas corporativas, y sobre todo basadas en éticas principistas o lógicas de chantaje: el juego del todo o nada habría conducido a la formación de un espacio político saturado de ghettos, parcelas alambradas e impenetrables de intereses sociales-económicos marcados con la cruz negra de la intransigencia en la frente, actores políticos amurallados en núcleos identitarios mono-causales que impiden la elaboración de cualquier principio de articulación (el slogan nebotcista, "no impuestos" aparece como el ejemplo par excellence de una política cortoplacista y fijada a partir de agendas cuasi-privadas), peor aún de deliberaciones programadas donde se puedan tematizar los disensos y los acuerdos. SUJETO DEL CONFLICTO SUJETO Frecuencia %  Campesinos 2 1.0% Cámaras de la Producción 6 2.9% Empresas 18 8.7% Estudiantes 9 4.3% Gremios 10 4.8% Grupos Heterogéneos 10 4.8% Grupos Locales 10 4.8% Indígenas 9 4.3% Organiz. Barriales 25 12.0% Partidos Políticos 40 9.2% Policía 6 2.9% Sindicatos 18 8.7% Trabajadores 45 21.6% Total 208 100.0% La reactivación de las actuaciones políticas de determinados actores se expresa de manera evidente en el género de los conflictos: tanto aquellos que corresponden al ámbito de lo laboral público como los referidos a la cuestión laboral privada registran -en conjunto- un notorio crecimiento (bordean el 50% del total de conflictos registrados) con respecto a períodos anteriores. A las paralizaciones de los sectores de salud y educación se suman los constantes llamados de atención por parte de las asociaciones empresariales para la adopción de medidas de reforma estructural a la economía nacional. El caso del sector privado es el más relevante al respecto: en el cuatrimestre anterior el tipo de conflictos relacionados con este sector alcanzaron apenas el 10% del total mientras que en el período que se analiza este índice sobrepasa el 21.6%. Se podría aventurar la hipótesis de que se trata de los primeros indicios de un marcado distanciamiento político de corte regional entre el gobierno y los actores productivos del país asentados espacialmente, sobre todo, en la región litoral del país y nucleados en su gran mayoría en torno del Partido Social Cristiano. Se observa que en este ámbito el gobierno ha abierto un campo de disputa que hasta la fecha tenía controlado; ello permite cuestionar la fácil imputación -ampliamente sostenida por el presidente y sus cercanos colaboradores- del gobierno como una instancia principalmente de comunicación y diálogo con los distintos sectores sociales del país. Cuando ciertos actores sociales, como las cámaras y los empresarios, que a inicios del régimen dieron su respaldo a Mahuad, toman súbita y marcada distancia con la administración central. Resulta entonces pertinente llamar la atención sobre la etiqueta de "gran comunicador" con que el presidente se presenta ante la opinión pública. Si algo ha fallado en el gobierno durante los últimos meses es precisamente su estrategia dialógica, más han sido las ocasiones de silencio y ocultamiento en momentos de gran tensión política que aquellas de transparencia comunicativa e información oportuna sobre lo que sucede en el país y sobre las medidas a ser adoptadas. Ahora bien, la peculiaridad del período que se analiza está dada por el aparecimiento de un ítem que en el cuatrimestre pasado no registraba ningún movimiento: la tan mentada "pugna de poderes" registra el 3.4% de generación de conflictividad política. Si a ello se suman las tensiones ocasionadas por asuntos político-legislativos y político-partidistas (juntos superan el 15%), es posible concluir que en la discusión sobre las medidas económicas, la proforma presupuestaria y los mecanismos para superar el déficit, los partidos han sobre-politizado un conjunto de temas que -en lo fundamental- aparecen como de índole netamente técnica. Quisiéramos sugerir que no se ha desarrollado un tratamiento especializado, técnico, amparado en las racionalidades propias de la economía y la administración pública y por el contrario este énfasis ha sido violentamente desplazado por cálculos político-partidistas de corto plazo. La falta de acuerdos sobre el presupuesto, por ejemplo, responde más a un atrincheramiento político -la puesta en juego de posiciones innegociables- que a la defensa de proyectos políticos, ideológicos y económicos acompañados de los instrumentos necesarios para su viabilización. No se argumenta sobre la base de programas políticos consolidados sino sobre aquella de pequeños intereses y cálculos fáciles destinados a no distorsionar la imagen pública de sus protagonistas. ¿De qué otra manera se puede explicar que partidos con afinidades programáticas tan grandes -la liberalización de la economía, la reducción del estado, la integración rápida a la economía mundial- como el PSC y la DP no puedan producir una mínima agenda de deliberación e implementación de tales proyectos? Sin duda, el tipo de discusión y debate público con que se construyó la agenda económica del gobierno estuvieron marcados profundamente por una suerte de "consenso excluyente" entre el gobierno y el PSC: se trató de la producción de un acuerdo por fuera de la escena pública y en torno de posiciones pre-fijadas, es decir, anteriores a la negociación, y en la que cada uno de los actores involucrados sólo buscaban sumar y afianzar sus posiciones, sin detenerse a buscar sus puntos de intersección y menos aún la posibilidad de ampliar la convocatoria política del acuerdo.` GENERO DEL CONFLICTO GENERO Frecuencia %  Campesino 2 1.0% Cívico Regional 21 10.1% Indígena 9 4.3% Laboral Privado 45 21.6% Laboral Público 57 27.4% Político Legislativo 17 8.2% Político Partidista 16 7.7% Pugna de Poderes 7 3.4% Urbano Barrial 34 16.3% Total 208 100.0% Los señalamientos anteriores cobran validez al apreciar las motivaciones que originaron los conflictos socio-políticos en el país. Así, el 28% de los conflictos registrados obedecieron directamente a manifestaciones de disgusto e inconformidad con respecto a la política estatal (recordar que en el cuatrimestre anterior este índice también alcanzó un porcentaje similar). Del mismo modo, resulta pertinente llamar la atención sobre la continua aparición de conflictos políticos en torno del problema de la corrupción. No sería aventurado relacionar este índice con el tipo de administración que el gobierno ha realizado con respecto de la quiebra, saneamiento o reestructuración de diversas entidades bancarias del país. Cabe anotar el hecho de que debido a la severidad de las medidas adoptadas, el índice de popularidad del Presidente de la República ha descendido notablemente (por debajo del 20%, según últimas encuestas). No está demás señalar que este descenso se origina más por fallas políticas y comunicativas al interior del régimen que por la constitución de discursos opositores legitimados y ampliamente difundidos dentro de la sociedad. OBJETO DEL CONFLICTO OBJETO Frecuencia %  Denuncias de Corrupción 53 25.5% Financiamiento 37 17.8% Laborales 9 4.3% Otros 34 16.3% Rechazo Política Estatal 58 27.9% Salariales 17 8.2% Total 208 100.0% Resulta necesario hablar sobre la consolidación de una tendencia que tuviera sus orígenes a raíz de los problemas surgidos por la destrucción de amplias zonas de la región litoral del país. Se trata de la constatación de que la Costa aparece nuevamente como la principal fuente de conflicto y tensión social y política en el país (casi el 50% del total de conflictos registrados). La configuración territorial del conflicto tiene ahora como eje de disturbios y beligerancia a las provincias litorales. Este dato se corresponde con aquel que evidenciaba el apuntalamiento de los sectores productivos y privados del país como uno de los principales protagonistas de la oposición al régimen en el período analizado. El hecho de que la provincia de Guayas aparezca como la principal productora de conflictos (41.3%) parece sostener adecuadamente esta idea. Cabe destacar, sin embargo, que la región andina del país presenta un altísimo crecimiento en su nivel de conflictividad política (alcanza el 42% del total de conflictos) con respecto del cuatrimestre anterior (solo llegaba al 32%): si se piensa que las bases políticas y electorales del actual gobierno estaban asentadas sobre todo en esta región, puede concluirse que la legitimidad y el apoyo al régimen han tenido un deterioro exacerbado y violento en los últimos meses. El piso político del gobierno es cada vez más frágil. NUMERO DE CONFLICTOS POR REGIONES REGION Frecuencia % Sierra 89 42.78% Costa 100 48.07% Amazonía 7 3.36% Insular 1 0.49% Nacional 11 5.3% Total 208 100.0% NUMERO DE CONFLICTOS POR PROVINCIAS PROVINCIA Frecuencia % Azuay 4 1.9% Cañar 1 0.5% Carchi 2 1.0% Cotopaxi 1 0.5% Chimborazo 3 1.4% El Oro 1 0.5% Esmeraldas 1 0.5% Galápagos 1 0.5% Guayas 86 41.3% Loja 2 1.0% Los Ríos 2 1.0% Manabí 10 4.8% Morona Santiago 4 1.9% Nacional 11 5.3% Pastaza 2 1.0% Pichincha 73 35.1% Tungurahua 3 1.4% Zamora Chinchipe 1 0.5% Total 208 100.0% En general, en lo que se refiere a la intensidad del conflicto -que expresa las modalidades de visibilización de las demandas y presiones de los diversos sectores sociales- se puede constatar que con respecto al período anterior las acciones concretas, del tipo huelgas, marchas, bloqueos, han tenido un acelerado descenso: pasan del 53.4% anterior al 34.6% actual. Parecería ser que los sujetos sociales han desarrollado algún tipo de estrategia de negociación con el gobierno nacional o con las autoridades locales puesto que la mayoría de las acciones planificadas han quedado reducidas a la forma de amenazas (32.2%). Por otro lado, cabría suponer que debido al Estado de Emergencia declarado en la provincia del Guayas, por la ola delictiva de carácter violento que se registró en los últimos meses en tal región, algunos ítems como detenciones y desalojos evidencian cierto crecimiento con respecto al período anterior. INTENSIDAD DEL CONFLICTO INTENSIDAD Frecuencia % Amenazas 67 32.2% Bloqueos 3 1.4% Desalojos 14 6.7% Detenciones 10 4.8% Estado de Emergencia 2 1.0% Heridos/Muertos 6 2.9% Invasiones 2 1.0% Juicios 6 2.9% Marchas 14 6.7% Paros/Huelgas 18 8.7% Protestas 37 17.8% Suspensión 24 11.5% Tomas 5 2.4% Total 208 100.0% En lo que concierne a las modalidades de procesamiento de los conflictos sociales y políticos en el período noviembre-febrero y a las instancias estatales que se han encargado de su administración, se observa que se mantiene y crece la tendencia a tratar de negociar y resolver los conflictos por vías dialógicas y, tal vez incluso, por medio de los mecanismos institucionales diseñados para ello: así, el 57% de los conflictos observados han sido negociados favorablemente. Del mismo modo, se aprecia que el índice de represión está a la baja aunque todavía mantiene una peligrosa presencia (casi el 7%). Llama la atención, sobre todo, la persistencia de conflictos cuya resolución se aplaza o de plano queda "archivada" políticamente. Se trata de un indicador que se vincula con la capacidad de la sociedad y del estado de poner entre paréntesis, postergar o ignorar por completo las reivindicaciones de ciertos actores. La disolución de los conflictos sociales por la vía del olvido representa una peligrosa "cartera vencida" en las relaciones entre ambos espacios institucionales de la política y da piso para sostener que tales tensiones se acumulan en otros lugares, y por tanto pueden eclosionar de formas violentas e insospechadas en detrimento de los intereses nacionales. DESENLACE DEL CONFLICTO DESENLACE Frecuencia % Aplazamiento Resolución 64 30.8% Negociación 81 38.9% Positivo 12 5.8% Detenciones 37 17.8% Represión 14 6.7% Total 208 100.0% En lo que se refiere al nivel institucional del gobierno que se encarga de administrar y resolver los conflictos sociales que ocurren en el país, cabe hacer alusión a tres aspectos: a) la centralización del manejo de los asuntos políticos por parte del presidente y su gabinete se mantiene prácticamente intocada (alcanza el 28.4%); b) lo anterior se complementa con el hecho de que entre los conflictos manejados por instituciones como la Policía y las FFAA, estos alcanzan más del 19% del total registrado, índice que es más alto que aquel correspondiente a la intervención de los Gobiernos Provinciales y los Municipios en conjunto (12%). Aparece así evidenciada la debilidad de los poderes locales y otras instancias descentralizadas de poder a la hora de hacer frente a procesos de negociación con las legítimas demandas de las ciudadanías. El efecto delincuencializador de las reivindicaciones políticas vuelve a aparecer en esta oportunidad; c) la última consideración tiene que ver con la renovada presencia del poder legislativo en la resolución de conflictos, el 13%, índice que no se había alcanzado para nada en los últimos meses del interinazgo y en los primeros del régimen demopopular. Se trata de un aspecto que podría explicar el amplio margen de conflictos negociados y de otros que se limitaron a la forma de amenazas, y al mismo tiempo, abre el interrogante -que hasta ahora se constituye en un campo totalmente desconocido por las ciencias sociales del país- sobre el tipo de relaciones, directas, personalistas, instrumentales, que se establecerían entre los diputados provinciales y sus respectivos electorados. Estamos frente a uno de los agujeros negros de la política ecuatoriana.` INTERVENCION ESTATAL INTERVENCION Frecuencia % Gobierno Provincial 6 2.9% Judicial 7 3.4% Legislativo 27 13.0% Militares/Policía 3 1.4% Ministros 20 9.6% Municipio 24 11.5% No Corresponde 45 21.6% Policía 37 17.8% Presidente 39 18.8% Total 208 100.0% En suma, el cuatrimestre noviembre-febrero pone en evidencia las limitaciones políticas de un tipo de consensos que se construyen sin intenciones incluyentes y sobre la base de agendas predefinidas según intereses corporativos y de corto plazo, escasamente asentados en posturas técnicas y programas ideológicos consolidados. Los acuerdos fabricados por fuera de la escena pública y negociados entre dientes (en secreto) por las élites de las instancias involucradas aparecen como desencadenantes de una conflictividad beligerante entre los principales poderes del Estado. DISTRIBUCION DE CONFLICTOS POR SUJETO DEL CONFLICTO Y GENERO DEL CONFLICTO Período: Noviembre 1998 - Febrero 1999 SUJETO DEL G E N E R O D E L C O N F L I C T O CONFLICTO CAMPESINO INDIGENA CIV. REGION URB. BARRIA ABORAL PUB ABORAL PRI POLIT. PARTI POLIT. LEGIS  PUGNA PODER TOTAL  Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % GREMIOS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 5,3 7 15,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 4,8 EMPRESAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,8 17 37,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 18 8,7 SINDICATOS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 22,8 5 11,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 18 8,7 ORGANIZACIONES BAR 0 0,0 0 0,0 0 0,0 25 73,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 25 12,0 ESTUDIANTES 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 26,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 4,3 TRABAJADORES 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 34 59,6 11 24,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 45 21,6 CAMPESINOS 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 1,0 INDIGENAS 0 0,0 9 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 4,3 GRUPOS LOCALES 0 0,0 0 0,0 10 47,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 4,8 GRUPOS HETEROGENEO 0 0,0 0 0,0 10 14,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 4,8 CAMARAS DE LA PROD 0 0,0 0 0,0 1 4,8 0 0,0 0 0,0 5 11,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 2,9 POLICIA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 10,5 , 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 2,9 PARTIDOS POLITICOS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 16 100,0 17 100,0 7 100,0 208 100,0 TOTAL 2 100,0 9 100,0 21 100,0 34 100,0 57 100,0 45 100,0 16 100,0 17 100,0 7 100,0 208 100,0 DISTRIBUCION DE CONFLICTOS POR INTENSIDAD DEL CONFLICTO Y GENERO DEL CONFLICTO Período: Noviembre 1998 - Febrero 1999 INTENSIDAD DEL G E N E R O D E L C O N F L I C T O CONFLICTO CAMPESINO INDIGENA CIV. REGION URB. BARRIA ABORAL PUB ABORAL PRI POLIT. PARTI POLIT. LEGIS  PUGNA PODER TOTAL  Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % BLOQUEOS 0 0,0 1 11,1 1 4,8 0 0,0 1 1,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 1,4 PAROS/HUELGAS 0 0,0 0 0,0 5 23,8 0 0,0 13 22,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 18 8,7 TOMAS 0 0,0 0 0,0 1 4,8 0 0,0 4 7,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 2,4 PROTESTAS 1 50,0 1 11,1 4 19,0 18 25,9 5 8,8 7 15,6 1 6,3 0 0,0 0 0,0 37 17,8 MARCHAS 1 50,0 4 44,4 1 4,8 1 2,9 2 3,5 2 4,4 3 18,8 0 0,0 0 0,0 14 6,7 DESALOJOS 0 0,0 0 0,0 1 4,8 11 32,4 0 0,0 2 4,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14 6,7 AMENAZAS 0 0,0 2 22,2 6 28,6 2 5,9 12 21,1 18 40,0 6 37,5 16 94,1 5 71,4 67 32,2 DETENCIONES 0 0,0 1 11,1 0 0,0 0 0,0 7 12,3 1 2,2 1 6,3 0 0,0 0 0,0 10 4,8 HERIDOS/ MUERTOS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 2,9 2 3,5 0 0,0 3 18,8 0 0,0 0 0,0 6 2,9 INVASIONES 0 0,0 0 0,0 0