Ecuador DEBATE Nº 61

COYUNTURA

Ecuador: El coronel mató pronto a la esperanza   Alberto Acosta* "A veces me pregunto si el mundo está siendo gobernado por personas inteligentes que nos están embromando o por imbéciles que hablan en serio". Mark Twain El antecedente del levantamiento del 21 de enero del 2000, la participación por primera vez del movimiento indígena en el gobierno y la idea de un cambio de tendencia política en la región, derivado del triunfo de Inacio Lula Da Silva en Brasil y de la posición "latinoamericanista" de Hugo Chávez en Venezuela, levantaron muchas ilusiones en torno al coronel Gutiérrez, quien había abierto la puerta a la esperanza a través de sus reiterados ofrecimientos de cambio. Sin embargo, las expectativas de un nuevo rumbo fueron rápidamente liquidadas. Cuanta razón tuvo Zonia Palán(1), al dudar del ofrecimiento del flamante presidente de la República formulado el día de su posesión el 15 de enero del 2003, cuando solemnemente afirmó que "cambiamos al país o morimos en el intento", pues, como ella comprendió oportunamente, "la suscripción de la Carta de Intención con el FMI y los compromisos adquiridos con este organismo hacían retroceder a unos y meditar a otros, sobre el futuro del nuevo gobierno"(2). La configuración de un nuevo gobierno neoliberal En primer lugar, el nombramiento de Mauricio Pozo como ministro de Economía, conocido por sus vínculos con el sector financiero y su posición ideológica, autoreconocida como "ortodoxa, conservadora y prudente", fue un anuncio prematuro de que se habían archivado posibles cambios en la política económica del nuevo gobierno. Luego, el hecho que ratificó los lineamientos ideológicos y políticos neoliberales, fue la pronta firma de una nueva Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en febrero y la rápida aprobación del crédito contingente por parte de dicho organismo. Y finalmente, alejándose aún más de su imagen política de la campaña electoral (es decir del proceso y de las alianzas que lo llevaron a la Presidencia), el coronel Gutiérrez configuró una forma particular de gobierno en la que, si bien compartía ministerios entre su Partido Sociedad Patriótica, su principal aliado Pachakutik, e incluso el Movimiento Popular Democrático (MPD), prácticamente anuló desde el principio la mayoría de opciones de cambio impulsadas por el movimiento indígena. Así, por ejemplo, la gestión de la lidereza indígena Nina Pacari en la Cancillería no armonizaba con el simplismo empresarial de Ivonne Baki en el Ministerio de Comercio Exterior; del mismo modo, el líder indígena Luis Macas en Agricultura y Pozo en Economía aparecieron como dos extremos irreconciliables. La Carta de Intención firmada en febrero del 2003, la décimo tercera suscrita con el FMI en los últimos veinte años, tomó la forma de un compromiso de gran alcance sobre la política económica a seguir por parte del gobierno, fijando así los rasgos que adoptaría éste en varios campos. De facto, esta Carta sintetiza no sólo un programa económico, sino que constituye un verdadero plan de gobierno, en el que se refleja el grado de sumisión del gobierno al esquema fondomonetarista. En efecto, expresiones como "el gobierno mantendrá estrechas relaciones con el FMI, incluyendo temas sobre la adopción de medidas que podrían ser necesarias para alcanzar los objetivos del programa, de acuerdo con los procedimientos del FMI", revelan la decisión franca y abierta del gobierno de someterse al Fondo y permitir su intervención directa en la política económica nacional. Por supuesto, el nuevo acuerdo no presentó ninguna novedad respecto de los ya tradicionales ajustes del Fondo. Como acertadamente señala Rafael Correa, "desde la óptica del Consenso de Washington, todo empieza y termina con el problema fiscal". En consecuencia, "la política económica del actual régimen no tiene nada nuevo, y por el contrario, es la más ortodoxa expresión de la corriente de pensamiento dominante en las últimas dos décadas en Latinoamérica".(3) Atendiendo a las exigencias del acuerdo, coincidentes con una política de extrema austeridad fiscal, el gobierno puso "nuevamente en marcha los ajustes de precios de los servicios eléctricos y telefónicos", elevó "los precios de los combustibles en un 25% en promedio" y se comprometió a mantener "un congelamiento de salarios". Asimismo, en medio de las elevadas cotizaciones en el mercado internacional, el gobierno fijó "un precio de 18 dólares como promedio del barril de petróleo" para incrementar el monto de los recursos destinados al servicio de la deuda externa. Además, se planteó "reducir el número de servidores públicos (en un 10%) y la masa salarial nominal del gobierno central en el presupuesto del 2004 con respecto al presupuesto del 2003". Por último, en vez de la duplicación ofrecida en campaña, Gutiérrez estableció un incremento de apenas 3,5 dólares al bono solidario para los sectores más pobres (este bono pasó de 11,5 a 15 dólares), y dispuso que "el IESS no concederá nuevos préstamos a sus afiliados". Con tales medidas, el gobierno busca incrementar sus ingresos y limitar el gasto público, para obtener así la tan ansiada estabilidad fiscal y cumplir con los compromisos externos. A más del contenido de austeridad antes mencionado, que pesa particularmente sobre los sectores medios y bajos de la población, el gobierno se comprometió a salvaguardar los intereses del capital comercial y financiero internacional, asegurando en la carta que "no incurrirá en nuevos atrasos, sean internos o externos, ni impondrá nuevas restricciones al comercio internacional". También, el gobierno se comprometió, hasta el final del 2003, a eliminar "todos los atrasos externos no reprogramables" (así como los atrasos internos) con miras a mantener una relación armónica con los organismos financieros internacionales. Esto constituye un serio problema para el país, puesto que uno de los mayores obstáculos que atraviesa la dolarización es la salida de divisas por concepto de déficit comercial y servicio de la deuda. Incluso en la presentación de la proforma presupuestaria del año 2003 se reconoce que "el país se volvió exportador neto de divisas, financiando de esta manera al resto del mundo". En la Carta se propone entregar la administración de las empresas de distribución eléctrica, además de Andinatel y Pacifictel, a "sociedades internacionales de prestigio". Igualmente, se busca privatizar los principales campos en explotación de petróleo y las pensiones jubilares, a más de la reprivatización de los bancos rescatados por el Estado en la crisis de 1998-1999. Otra de las exigencias del FMI tiene que ver con la instrumentación de reformas legales, sobre todo en lo laboral y tributario, para lo cual en la mencionada Carta se establecen plazos que debe respetar el Congreso Nacional. Esto compromete el proceder del legislativo siendo atentatorio a los procesos democráticos. La reforma laboral implica perjuicios e incluso la renuncia de derechos adquiridos por parte de los trabajadores, lo que se quiere es reducir la masa salarial del sector público y ampliar la jornada de trabajo a 44 e incluso 48 horas; es decir, se busca flexibilidad laboral para tratar de * Economista, diplomado en la Universidad de Colonia, Alemania. Consultor internacional y del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS-FES) en Ecuador. Asesor de organizaciones indígenas y sociales. Profesor universitario. Dirección electrónica: acosta@ildis.org.ec 1 Economista, fallecida prematuramente en junio 2003. 2 Palán, Zonia; "Ecuador: 100 días de la carta de intenciones con el FMI", La Insignia, 25 de abril del 2003 (www.lainsignia.org). 3 Correa, Rafael; "La Política Económica del Gobierno de Lucio Gutiérrez", Revista Íconos, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Quito, abril del 2003.  <----  ---->