Ecuador DEBATE Nº 61
sustituir por esta vía la pérdida de flexibilidad cambiaria. Mientras tanto, velando por el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por Ecuador, la reforma tributaria propuesta apunta a reducir la dependencia fiscal hacia el petróleo. Para ello, se buscaría ampliar los ingresos tributarios, entre otras cosas, al incorporar a más personas como sujetos de tributación. Por otro lado, y como mecanismo para forzar el ajuste fiscal, en la Carta de Intención se señala expresamente que el Ecuador no podrá financiarse a través de una facilidad petrolera, dejando a la emisión de bonos como una de las pocas fuentes de financiamiento no corrientes. Esta emisión incrementa la deuda interna, especialmente con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que repetidas veces ha debido comprar bonos. Debe mencionarse que una de las exigencias del Fondo apuntaba a la eliminación del subsidio al gas, pero gracias a la acción del movimiento indígena, se tuvo que dar marcha atrás (por lo menos temporalmente).
En la Carta se estableció que "el superávit fiscal primario tendrá que mantenerse en un nivel alto a partir del año 2004 y en adelante". Este es un sello infaltable en las políticas de austeridad del FMI, pues entre las metas del acuerdo consta la consecución de un elevado superávit primario (es decir sin considerar el monto que se destina al pago de la deuda) equivalente al 5,2% del PIB en el 2003 y de 5,5% en el 2004: el más alto de toda América Latina; mientras que en Argentina, por ejemplo, el gobierno de Nestor Kirchner está negociando con el FMI un superávit primario de no más del 3%, que es considerado un esfuerzo desmedido.
Cuatro meses después de la aprobación de la Carta de Intención, presentada insistentemente por el coronel como uno de los logros más importantes de su gobierno, el Banco Mundial hizo pública su "Estrategia de Asistencia al País" (Country Assistance Strategy, CAS), en la cual manifiesta su voluntad de abrir una cartera de créditos para un portafolio de programas por más de mil millones de dólares a ser desembolsados durante el período 2003-2007. Complementariamente, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) comprometería recursos por algo más de mil millones de dólares. Y la Corporación Andina de Fomento (CAF), "se suma al coro de buenas intenciones" -como calificó a esta serie de ofrecimientos el economista Pablo Dávalos- prometiendo un cuantioso paquete de ayuda crediticia de casi 2 mil millones de dólares.
En suma, la política económica del gobierno de Gutiérrez, como ha sucedido con diversos grados de intensidad desde inicios de los años ochenta, se nutre de los mandatos fondomonetaristas, al tiempo que prioriza el servicio de la deuda externa. Esto provoca una continuada sangría de recursos y la pérdida de soberanía en el manejo económico. Esta política corrobora aquella aseveración de que los gobiernos en el Ecuador, en especial en estos años neoliberales, son simples administradores de los intereses y las políticas impuestas desde afuera. A partir de lo que representan las Cartas de Intención, la democracia ecuatoriana, en amplios aspectos de la vida nacional, se ha convertido en un mero trámite de aplicación de políticas ajustadas a los intereses del FMI, los acreedores de la deuda externa y del mismo Washington.
El recambio del movimiento indígena por partidos oligárquicos
Los ejes fundamentales enunciados, de la política económica del gobierno deben ser analizados en el marco de la alianza política con las fuerzas de izquierda que viabilizaron el triunfo electoral de Gutiérrez. Para los organismos multilaterales, a la cabeza el FMI, era importante que este gobierno, con esa conformación política, procese las reformas estructurales que todavía estuvieren pendientes. Era la primera vez que los indígenas accedían al gobierno en una alianza y era necesario consolidar su institucionalización. De ahí que, la Carta de Intención extrema una agenda que había sido fuertemente cuestionada por el movimiento indígena, su oposición a tales medidas, fueron la causa de las movilizaciones sociales que causaron incluso la destitución de dos presidentes: Abdalá Bucaram en 1997 y Jamil Mahuad en el 2000. Al plegar desde el inicio de su gestión a la práctica fondomonetarista, se comprobó que el proyecto de Gutiérrez era incompatible con el movimiento indígena y que el fin de la colisión era cuestión de tiempo. La conformación del equipo de gobierno con los indígenas, explica la mayor tolerancia del FMI en la primera revisión de la Carta de Intención a fines de julio/2003. Otra explicación aparece por el lado de la geopolítica: el Ecuador juega un papel preponderante dentro de la lógica del Plan Colombia diseñado por los EEUU. Además, hay el deseo de apuntalar a la dolarización al menos hasta que el Ecuador cumpla con la totalidad del ajuste estructural.
A poco de iniciado el gobierno, a raíz del nuevo ajuste decretado por el presidente Gutiérrez, son observables momentos de reacción social, aunque sin la virulencia mostrada contra gobiernos anteriores, en tanto los grupos sociales comprometidos con el régimen y que en años precedentes habían resistido al ajuste neoliberal, se vieron, de una u otra forma, imposibilitados o al menos limitados para expresar su descontento. De todas formas, la primera mitad del año transcurrió entre paros y manifestaciones por parte de maestros, médicos, bananeros, maiceros, petroleros, etc., revelando que la "luna de miel" entre el gobierno y los movimientos sociales fue corta y que las relaciones con sus aliados resultaron tormentosas. No sorprende, entonces, que las frágiles alianzas electorales hayan terminado en una ruptura del gobierno con el MPD en julio y luego en agosto con Pachakutik, su aliado más fuerte y coherente. Desde entonces, el coronel Gutiérrez ha tenido que enfrentar crecientes manifestaciones en su contra, que culminaron hacia el final del año con una huelga de los maestros, que también fueron sus aliados en sus inicios.
En suma, la falta de lineamientos ideológicos sólidos, si alguna vez estos existieron(4), llevó al gobierno a transgredir sus ofrecimientos de campaña buscando el apoyo de tiendas políticas otrora opositoras, como el Partido Social Cristiano (PSC). Recuérdese que desde hace varios meses, el gobierno ha mantenido una alianza tácita con este partido, y ambos han establecido ciertas agendas en común. Además, el PSC, ha consolidado su poder en el Tribunal Constitucional, en gran medida también en las Cortes de Justicia y en el Tribunal Supremo Electoral; incluso cuenta con un bloque parlamentario suficientemente grande como para bloquear o alentar muchas iniciativas legislativas.
Este acercamiento entre el Gobierno y la derecha fue uno de los detonantes para la ruptura de la alianza del Partido Sociedad Patriótica y el movimiento indígena. Pues no debe olvidarse que desde un inicio, Pachakutik cuestionó (aunque toleró...) el acuerdo con el FMI. Y fue justamente el acuerdo con el FMI, decidido aún antes de que se instale el nuevo gobierno, el que cerró prontamente la puerta a la esperanza por un cambio, tal como lo había prometido insistentemente el propio coronel Gutiérrez.
En este complejo contexto, desde fines del 2003 se consolida un ambiente cargado de autoritarismo e intolerancia. Así, no sorprende que el segundo año de gobierno haya empezado con nuevas tensiones sociales, agravadas por varias acciones violentas, aun no esclarecidas.
Carlos de la Torre señala, "hay que recordar que (Gutiérrez) nunca tuvo credenciales democráticas. Su carrera política inició con un golpe de Estado y luego se presentó como alguien ajeno a las fuerzas políticas. Pero sus acciones hacen ver que no tiene una vocación democrática entendida en el respeto a las instituciones y a las opiniones de los otros. Más bien tiene una concepción autoritaria. Además, tiene
4 Recuérdese el confuso discurso de posesión del coronel Gutiérrez el 15 de enero del 2003 definiéndose ideológicamente como hombre de derecha y de izquierda.
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