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Debido a estos procesos
históricos y estructurales de marginación, esta
forma de resolución de disputas ha sido localizable en
mayor medida en contextos rurales aunque no de manera exclusiva,
presentándose ante el rebasamiento tolerable de las condiciones
de precariedad y de lucha contra la muerte, de igual manera se
entiende el por qué dicha reacción es dirigida
contra cualquier amenaza potencial a la integridad comunitaria,
sea esta simbólica, social o material (por ejemplo los
casos de robo de imágenes religiosas, de brujería,
robo de infantes-robachicos-o de la intrusión de
agentes externos que se perciben en el imaginario como peligrosos)
(Shadow y Rodríguez-Shadow 1991).
Ahora bien, la otra vertiente incluye a los linchamientos aparecidos
en el contexto de la reestructuración económica
de los 80, posibilitados por los escenarios de fragmentación
social, incremento de la pobreza urbana, migración transnacional,
desempleo, deserción escolar, crisis agrícola y
delincuencia, el de los parias urbanos sin acceso a satisfactores
y servicios, el del México roto, cuyo esfuerzo
es ordenar desde abajo, lo que se percibe como un desorden
inducido por las configuraciones recientes (Zermeño, 1996).
A ambos momentos los atraviesa como forma común la débil
solidez en el ejercicio institucional de la gobernabilidad, pero
sobre todo la dificultad de obtener justicia de manera pronta
y expedita. A este respecto, en un estudio sobre la vulnerabilidad
del Estado de derecho en México, el penalista Rafael Ruiz
Harrel (2000) concluye que para 1996 el número de posibles
delincuentes que merecían sanción fue de 1, 675,
000, los que al pasar por el proceso judicial reducían
su número a 110, 337 detenidos, cantidad que representaba
el 6.6%. De estos 110.337 el total que quedó sujeto a
proceso fue de 47.883 es decir el 2.8%. Entonces se tiene que
de cada 1.000 delitos cometidos quedaron impunes 971, el 97%.
La procuración
de justicia tiene limitaciones estructurales. Por un lado se
tiene la falta de capacitación, la falta de personal que
atienda en las procuradurías, bajos salarios de la policía
judicial, mala selección de los Ministerios Públicos,
falta de profesionalización en la investigación
de los delitos, además de haberse convertido en instituciones
clientelares y corruptas. Esto da como resultado que no haya
la capacidad suficiente de dar cauce a las demandas de justicia,
que no haya la posibilidad de que se investiguen todos los delitos
denunciados. Ahora bien, estos datos nos llevan a la siguiente
reflexión, si constitucionalmente el Estado expropia la
violencia privada y canaliza los desagravios a través
de las instituciones correspondientes, ante la impunidad generada
por la incompetencia en la procuración de justicia y la
corrupción del sistema político, lo que se perfila
es la privatización del derecho penal, el tomar la justicia
por propia mano, acto " en el que el impulso procesal lo
tiene que hacer la víctima ante la pasividad, negligencia
o corrupción de las autoridades" (Zepeda, 2000:173)
En este punto coinciden juristas sobre la proliferación
de linchamientos: "graves fallas, irregularidades, prácticas
de corrupción, falta de profesionalización y leyes
obsoletas que caracterizan la inoperabilidad de las instituciones
del ramo, en las cuales la población ya no confía."
(Contreras, 1996)
RESULTADOS
Los resultados preeliminares que se presentan a continuación
fueron obtenidos de la revisión hemerográfica,
de diarios y revistas de circulación local y nacional,
las fuentes consultadas han sido: La Jornada, Reforma,
La crisis, Proceso y la agencia Detrás
de la Noticia.
La investigación
ha tomado un período de diecisiete años, de 1984
al 2000. Durante este período se han recabado 186 casos
de linchamientos o intentos de linchamientos. En la siguiente
tabla se puede observar que el 63.9% del total de los casos
corresponde a linchamientos cometidos en zonas rurales, el 27.3%
fue cometido en zonas urbanas, mientras que el 8.7% restante
se cometió en zonas conurbanas (Tabla I).
Tabla I. Porcentaje
(%) de linchamientos cometidos en
zonas urbanas, rurales y conurbanas.
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ZONA |
PORCENTAJE
DE LINCHAMIENTOS |
- Urbana
- Rural
- Conurbana
- Total de casos
|
- 27.3
- 63.9
- 8.7
- 186
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Un punto importante en
el fenómeno, sobre todo en cuanto a las violaciones a
los derechos humanos, es aquel que se relaciona con la muerte
de los inculpados. De los casos de linchamientos encontrados
en la investigación el 30.2% terminó con la muerte
de la víctima, si consideramos los casos donde aparte
de las muertes se presentaron también heridos e ilesos
el porcentaje se incrementa a un 40%. Los casos donde la víctima
salió ilesa debido a la intervención de las autoridades
o por desistimiento de los participantes corresponde al 25.3%
de los linchamientos. Hubo un 32.4% de los casos en donde las
víctimas solo fueron heridas.
El linchamiento termina
con la muerte de la víctima en un 30.2 %, si se considera
el porcentaje de víctimas muertas en casos dónde
también hubo heridos e ilesos, el número de muertes
se aproximaría al 40%; el 25.3% de ilesos tiene relación
con el rescate de la víctima por parte de autoridades
o por desistimiento. (Tabla II)
Tabla II. Porcentaje
de personas muertas, heridas e ilesas en
los linchamientos cometidos en México durante el período
1984-2000
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RESULTADO |
PORCENTAJE |
- Ilesos
- Heridos
- Muertos
- Muertos y Heridos
- Muertos e Ilesos
- Porcentaje total
|
- 25,3
- 32,4
- 30,2
- 4,9
- 4,9
- 97,7
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Nota: En el 2.3% de los
casos no se reportó el estado de la víctima
Del porcentaje total de
muertes ocurridos en los linchamientos registrados durante la
investigación, el 30.1% de las muertes se presenta en
casos ocurridos en la zona rural. El 5.9% corresponde a muertes
ocurridas en la zona urbana durante el desarrollo del fenómeno.
En los linchamientos llevados a cabo en la zona conurbana solo
el 2.1% culminó con la muerte.
El hecho de que en las
zonas urbanas se han presentado un menor número de casos
de deceso en las víctimas del fenómeno, cuando
se compara con la zona rural, se puede deber a la mayor rapidez
de los
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