Ecuador DEBATE Nº 62
FUERZAS ARMADAS ECUATORIANAS: 2004
Diego Pérez Enríquez*
El endurecimiento de las acciones militares per sé, no va a solucionar ninguno de los problemas de defensa y seguridad que amenacen al país. Al contrario, limitar la respuesta únicamente a un endurecimiento de este tipo podría redundar únicamente en la exacerbación de una oleada de violencia anti gobiernista y anti militarista
Los primeros meses del año 2004, evidenciaron la relevancia que mantienen las Fuerzas Armadas como un actor político determinante en el ejercicio de la democracia ecuatoriana. Este rol político data de la fundación misma del Ecuador y tiene una base legal configurada por ese espacio "gris" que representa la enunciación de las misiones de la institución en el actual artículo 183 de la Constitución1. Considerar como parte de su misión garantizar el ordenamiento jurídico del país permite que la actuación militar se justifique cuando ese orden se vea amenazado en cualquiera de los ámbitos que componen la vida de un Estado.
Los límites alrededor del "desorden" que amenazaría su vida son definidos por la misma institución castrense. Esto lleva a que la intervención militar en política sea abordada como una misión básica e ineludible especialmente cuando la solidez institucional y el respeto de los gobernantes a los fundamentos del Estado de derecho no son elementos esenciales del sistema. Y, cuando la sociedad desde sus imaginarios concibe a la institución militar como profesional, sólida, con capacidad ejecutiva y poseedora de un valor moral indiscutible, es decir, todo aquello que las instituciones políticas civiles no son, los espacios de intervención se legitiman y no enfrentan contestación por parte de los individuos comunes.
Estos elementos conducen a pensar en el Ecuador como una "democracia protegida" 2, donde la intervención política de los militares no es vista como un elemento anómalo y externo al ejercicio civil de la misma, sino considerada una situación permanente y en muchas ocasiones añorada cuando no está presente.
La actuación militar se rige dentro de los marcos legales que imponen la Constitución, la Ley de Seguridad Nacional y los reglamentos relacionados. Pero también existe un componente operacional que determina los marcos de acción de la institución. Dentro de éste se pueden considerar sus planes estratégicos y las políticas diseñadas para dar cumplimiento a sus objetivos institucionales. La política de defensa nacional publicada en 2002 apareció en parte como un elemento dentro de los planes estratégicos realizados en 1997 y luego en 2001, pero respondió también a una maniobra política que permitió a la institución legitimar públicamente sus espacios de actuación, reservarlos a futuro y también clausurar cualquier posterior intento de debate amplio sobre el rol militar en la vida civil ecuatoriana.
LA POLÍTICA DE LA DEFENSA NACIONAL DEL ECUADOR
1998 es el punto de quiebre entre un rol monolítico e incontestado de la actuación militar en todos los aspectos de la vida civil, y los primeros cuestionamientos que llevaron a la institución a formular un documento que recogiera las diversas demandas de los civiles. Hasta ese año el gran tema de la defensa nacional era la protección de la frontera con Perú, un conflicto histórico que permitió la creación de muchos espacios de intervención, de exclusividad militar y de secretismo absoluto. Los temas de "interés para la seguridad nacional" excluían cualquier posibilidad democrática de control pues se consideraba que al tratarlos podían politizarse y por lo tanto poner en peligro la misma existencia del Estado.
La consolidación de un acuerdo de paz con el Perú el 26 de noviembre de 1998 permitió que la sociedad comenzara a preguntarse sobre cuáles debían ser las funciones que a partir de ese día debían tener las Fuerzas Armadas, pues la principal amenaza ante la que el Ecuador debía defenderse había desaparecido. No obstante, el nuevo marco constitucional inaugurado también en ese año el 10 de agosto permitía a la institución castrense mantenerse con sus funciones de protectora de la democracia. Así, 1998 puede definirse como la representación de la continuidad jurídica frente al rol de los militares en la sociedad, pero el inicio de un período de una remota preocupación social sobre las funciones de las fuerzas armadas en el país.
Debe tenerse en cuenta, no obstante, que históricamente la tendencia de esta institución ha sido preservar sus espacios tradicionales de intervención y por ello el fin de la amenaza peruana no podía representar la terminación de la captación de los espacios políticos civiles. En esta lógica las coyunturas externa e interna que se desataron a continuación permitieron a la institución redefinir sus funciones en la forma y mantener sus capacidades políticas como elemento de fondo. En 1999 la aparición del Plan Colombia empujó a Fuerzas Armadas a pensar en la necesidad de planificar sus acciones en un marco defensivo que permita contener un posible desborde del conflicto interno colombiano. En el ámbito interno en cambio, ya se podían notar los primeros indicios de politización y del "re-despertar" político que vivía la institución. Los recientemente retirados generales Paco Moncayo y René Yandún habían sido elegidos diputados e iniciado una carrera política que los llevaría a la alcaldía de Quito y la prefectura de Carchi, respectivamente.
Los años que siguieron, en lo externo se manejaron con una estrategia defensiva y de no involucramiento que mantiene viva la sensación de vulnerabilidad, permitiendo que ante la amenaza existencial para el Estado cualquier actuación sea válida , mientras que en lo interno el protagonismo político fue in crescendo hasta llegar a la alianza de un grupo de militares con el movimiento indígena para el golpe del 21 de enero del 2000. A partir de ese momento, se puede pensar, la gravitación política de los militares alcanzó su cenit dentro del nuevo período democrático ecuatoriano, por ejemplo el nuevo Presidente juró su cargo en el Ministerio de Defensa, mientras la población sentía que las Fuerzas Armadas eran quienes al final habían facilitado la salida de un Presidente considerado corrupto y causante del caos que vivía el país. Sin embargo, esa desembozada actuación política y, poco tiempo después la aparición de probables casos de corrupción dentro de la institución abrieron un frente que comenzó a debilitarla a los
* Licenciado en Ciencias Políticas y Derecho por la Universidad Internacional del Ecuador y Magíster en Relaciones Internacionales con mención en Política Internacional por la Universidad Andina Simón Bolívar. Investigador de las relaciones civiles militares en el Ecuador.
1 La función militar siempre se la ha asociado con una función política como demuestra lo enunciado por la Constitución de 1835 donde señala que una de las funciones de las FFAA es "...mantener el orden interior y sostener las instituciones, las leyes y el gobierno". Cita realizada en MONCAYO, Paco, Fuerzas Armadas y Sociedad, Corporación Editora Nacional, Quito, 1995.
2 Esta noción la enuncia Carlos de la Torre en Populist Seduction in Latin America: The Ecuadorian experience, quien citando la tesis de Brian Loveman indica como el papel de las Fuerzas Armadas llega a ser gravitante dentro del funcionamiento político del país, hasta el punto de dar vía libre a sucesiones presidenciales, aunque estén teñidas por la inconstitucionalidad (ej, el caso de Bucaram en 1997). Esa capacidad de imponer visiones o agendas a espacios propios de los civiles puede percibirse en otros aspectos como la utilización de fuerzas militares para labores de seguridad o la indefectible presencia de militares en los directorios de varias empresas estatales consideradas estratégicas.
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