Ecuador DEBATE Nº 62
ANTIPOLITICA, REPRESENTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA
César Montufar*
El cuestionamiento a la democracia representativa liberal, se encuentra enraizado en tradiciones antipolíticas y, en una crisis de representación. Sin embargo, las propuestas de democracia participativa, parecen ser una variante de recursos corporativos y medios de presión particularistas. La democracia representativa no excluye la participación, sino que supone diversos mecanismos de colaboración con la autoridad legítimamente constituida, petición independiente de cuentas, expansión de derechos e innovación política. No se ignora que un fuerte obstáculo se halla constituido por partidos políticos que tienden a expresar conducciones personalizadas e impulsan intereses privados.
El artículo 26 de la Constitución del Ecuador establece el ámbito y alcance de la participación política de los ciudadanos y ciudadanas. No limita la participación al marco establecido por la representatividad sino que abre un espectro amplio de derechos políticos tanto en la esfera de la participación ciudadana en instancias representativas del gobierno (elegir y ser elegidos; desempeñar funciones públicas) como en ámbitos directos de acción (consultas populares, fiscalización de los actos del poder público, revocatorias del mandato, presentación de proyectos de ley) 1. La Constitución ecuatoriana, de este modo, configura un espacio significativo para que la iniciativa ciudadana incursione en esferas de influencia sobre el poder público. Constitucionalmente hablando, la ciudadanía en el Ecuador no se agota en un ejercicio pasivo de derechos y obligaciones; tiene el potencial de proyectarse a esferas de acción que permiten el ejercicio de una ciudadanía activa.
Este texto analiza las posibilidades y limitaciones de la participación ciudadana en democracias en consolidación como la ecuatoriana; realiza una fuerte crítica a la retórica antipolítica que ha ganado terreno en el Ecuador y América Latina y combina el análisis de aspectos conceptuales sobre el papel de los partidos y el carácter de la representación política con un diagnóstico de la crisis de representatividad por la que atraviesan partidos e instancias representativas en el país. El texto busca responder varias preguntas: ¿Cómo la participación de los ciudadanos puede fortalecer el sistema vigente de democracia representativa? ¿Cuál es la relación más apropiada entre partidos y sociedad civil? ¿Cuáles serían las claves de acción para el ejercicio de una ciudadanía activa en el Ecuador? La respuesta a estas interrogantes conduce a pensar la participación ciudadana como un método para fortalecer la democracia a través de la exigencia y ampliación de derechos, el control social y la petición de cuentas, la colaboración con la autoridad y el fortalecimiento de la institucionalidad, y la innovación política. El texto concluye con una reflexión sobre la necesaria articulación entre representación y participación, entre la política representativa de los partidos y la política constitutiva de las organizaciones de la sociedad civil, todo ello en la dirección de construir una democracia con la capacidad de producir los resultados que la sociedad demanda y el de consolidar una institucionalidad política que garantice las libertades fundamentales e igualdad de oportunidades de los ciudadanos.
Antipolítica, representación y partidos
En varios países andinos, la crisis e inestabilidad política de los años noventa trajo consigo una profunda crisis de las estructuras partidarias tradicionales y la emergencia de discursos antipolíticos que desvalorizan la política representativa, asimilan la clase política y los partidos con la corrupción y los acusan de ser los causantes de las crisis nacionales. Los casos más claros de este fenómeno lo constituyen el Perú durante la década de los noventa, Venezuela desde 1998 y Bolivia, país en que a finales de 2003 multitudinarias movilizaciones sociales, con claras connotaciones anti sistémicas, pusieron en jaque al sistema de partidos de ese país. El Ecuador no ha sido la excepción. El discurso antipolítico tiene sus antecedentes en la tradición populista que tomó fuerza en el país desde la década de los cuarenta. Su principal exponente, el cinco veces presidente José María Velasco Ibarra, expresó siempre un discurso anti partidos y anti ideológico. Esa misma posición fue recogida por los militares que tomaron el poder en las décadas sesenta y setenta, los mismos que colocaron a la clase política como obstáculo de sus proyectos reformistas. De igual forma, ya en el período democrático, el mismo lenguaje antipolítico se coló del discurso populista de centro derecha de León Febres Cordero, quien explotó la tradición velasquista para atacar a los partidos de reforma.
En los años noventa, si bien las fuerzas que enarbolaron ese discurso no lograron derrotar definitivamente a los partidos políticos que nacieron y se consolidaron luego del retorno democrático de 1979, la antipolítica si se constituyó en el pasaporte para que grupos emergentes de la sociedad civil, con la intención de convertirse en actores electorales, acceden a puestos nacionales y locales de representación2. Corolario de esta movilización fue la alianza militar-indígena que derrocó en el año 2000 al presidente Jamil Mahuad y que alcanzó la presidencia con el coronel Lucio Gutiérrez en el 2002. Este movimiento se afincó la idea de que los grupos excluidos de la sociedad, encabezados por el movimiento indígena, no se encontraban representados en el sistema de partidos dominante y que, por tanto, debían buscar medios y espacios alternativos de participación política desde la sociedad civil. Esta participación podía expresarse por la vía electoral o por medio de otros mecanismos como el acceso directo a la toma de decisiones pública o el ejercicio de formas directas de revocatoria del mandato bajo el justificativo de que movilizaciones multitudinarias constituyen un dictamen plesbicitario en contra de "gobernantes que traicionaron" las expectativas de sus electores.
En fin, la retórica antipolítica que ha circulado en América Latina con distintos membretes y bajo el auspicio de grupos políticos de diverso signo ideológico promueve la tesis de que los paradigmas tradicionales de la democracia liberal deben modificarse: que la única manera de profundizar y legitimar las democracias vigentes sería establecido formas alternativas de participación política que trasciendan la mediación ofrecida por los partidos. Ello incluiría cada vez más frecuente de fórmulas no institucionalizadas de revocatoria del mandato a los representantes electos, la realización permanente de
* montufar@uasb.edu.ec
1 Los ciudadanos ecuatorianos gozarán del derecho de elegir y ser elegidos, de presentar proyectos de ley al Congreso Nacional, de ser consultados en los casos previstos en la Constitución, de fiscalizar los actos de los órganos del poder público, de revocar el mandato que confieren a los dignatarios de elección popular, y de desempeñar empleos y funciones públicas". Constitución de la República del Ecuador, Art. 26, De los derechos políticos, Quito. Gráficas Universal, 2000.
2 Alrededor del movimiento indígena ecuatoriano y de la movilización de actores gremiales y poblacionales organizados en la Coordinadora de Movimientos Sociales, desde 1995 se articuló un frente político electoral, identificado como Movimiento Plurinacional Pachakutik Nuevo País. Este movimiento tuvo incidencia en la elección para la Constituyente de 1997 y ha participado con candidatos nacionales y locales desde 1996. En 2002, fue parte de la alianza que ganó las elecciones presidenciales con la candidatura de Lucio Gutiérrez.
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