Ecuador DEBATE Nº 63
HISTORIA DE UNA ACUSACION (POR EL MOMENTO) ABORTADA: ACTORES Y MOTIVACIONES
Fernando Bustamante
Queda claro que en estos momentos, la ID y el PSC se han convertido en guardianes de un orden político en el que su papel es central, y en el cual podrían aspirar a convertirse en una coalición consociativa dominante. La alianza establecida por estos partidos en contra de Gutiérrez se arraiga en poderosas motivaciones estratégicas de antiguo origen y por tanto, no pueden entenderse como resultado de caprichos momentáneos o disputas coyunturales. Los factores personales, en definitiva, solo juegan un rol importante si la estructura de la situación es tal que permita que el papel de los humores pueda tomar importancia.
Al momento de escribirse estas líneas, el Presidente de la República, Coronel Lucio Gutiérrez parece haber sorteado con éxito un intento de destituirlo mediante un juicio político en el seno del Congreso Nacional.
La acusación fue patrocinada por una abigarrada y aparentemente dispar coalición de partidos políticos, que incluyen a los Social Cristianos, Izquierda Democrática y Pachakutik. Los cargos contra el Presidente Gutiérrez incluían el delito de peculado, por haber supuestamente utilizado fondos públicos en la promoción de los candidatos de su partido (la Sociedad Patriótica 21 de Enero), durante la campaña correspondiente a las recientemente realizadas elecciones municipales y provinciales. Adicionalmente, Pachakutik ha logrado incorporar a la acusación por peculado la de "traición a la patria", por haber permitido o consentido que naves de guerra estadounidenses interceptaran y hundieran navíos de bandera ecuatoriana que transportaban presuntos inmigrantes ilegales ecuatorianos, con destino a los Estados Unidos.
Aunque la acusación parece haber fracasado en reunir los votos necesarios para seguir adelante con el juicio, sus promotores han indicado que seguirán buscando la manera de reavivarla. Más allá de que logren o no sus objetivos, es tal vez el momento de analizar las razones por las cuales los distintos actores se han embarcado en una confrontación tan drástica y tratar de entender porqué la circunstancial oposición ha debido recurrir a un intento tan extremo en la búsqueda de sus objetivos. Por otra parte, todo indica que el Presidente puede todavía utilizar los considerables recursos clientelares a disposición del jefe del poder Ejecutivo y recurrir a las tradicionales prácticas de intentar romper la disciplina de los partidos opositores mediante ofertas dirigidas a los intereses particulares de determinados legisladores y de sus circunscripciones. De hecho, a estas alturas es evidente que los acusadores van a tener serios inconvenientes en mantener su bloque unido y llevar adelante sus intentos. En todo caso, es preciso tener presente el precedente que constituye la destitución y encausamiento penal del ex vice-presidente Dahik: aunque este fue absuelto por el Congreso, los acusadores se valieron de una acción judicial en su contra para conseguir su alejamiento del poder y de la política nacional. Es factible imaginar una maniobra de última instancia, por medio de la cual, un informe de Contraloría o de alguna otra autoridad fiscalizadora, diera pie para que la Corte Suprema, -o cualquier otro tribunal, emita un a orden de arresto contra Gutiérrez, aún sin el precedente de un voto parlamentario en su contra. Dada la profunda confusión que envuelve a las jurisdicciones en el orden legal, la debilidad del estado de derecho, y dada la extrema politización de la justicia y de la propia Corte Suprema, incluso un acto audaz de alguna instancia judicial, podrías ser interpretado como suficiente razón y justificación para seguir adelante con el derrocamiento (con apariencias legales) del Presidente en ejercicio.
En el artículo que sigue se intentará realizar un análisis de las motivaciones y estrategias que subyacen a este nuevo intento de desestabilización política, que, al igual que otros anteriores, (1997 y 2001) se intenta cubrir con un manto de legalidad, o al menos de seudo-legalidad. Estas apariencias de legalidad, por cierto, cumplen funciones ideológicas y prácticas muy importantes, pero se intentará mostrar que en realidad nada tienen que ver con un efectivo acatamiento del estado de derecho, o peor aún, con algún intento de preservarlo de abusos Presidenciales o de la corrupción gubernamental. Más allá de la suerte que puedas correr el juicio político a Gutiérrez, es talvez el momento de detenerse y entender cuáles son las dinámicas de poder que subyacen a esta intentona y la lógica de los actores involucrados, y en especial de los tres partidos patrocinantes de la acusación.
¿Por qué Febres Cordero quiere la destitución de Gutiérrez?
¿Cuál es el propósito estratégico de los distintos agentes involucrados en la acusación constitucional en contra del Presidente Gutiérrez? Para responder a esta pregunta es preciso entender los intereses propios de cada cual y ver la manera como estos intereses se conjugan y convergen sobre una estrategia de derrocamiento (legal, puesto que otras formas son de muy difícil legitimación, sobretodo en un contexto internacional que da un virtual poder de veto a actores extra-nacionales).
Y para ello debemos remitirnos, en primer término a las colectividades partidarias que se hallan asociadas en esta empresa. De ellas, la más importante es el Partido Social Cristiano. Esto tanto por su fuerza intrínseca, por el control que sus líderes ejercen sobre el poder judicial y sobre numerosas autoridades regulatorias y fiscalizadoras y, además, por el enorme peso electoral y financiero que lo respalda.
¿Qué mueve al PSC ha lanzarse en una empresa tan drástica en contra de un presidente que hasta solo unos pocos meses hacía los más denodados esfuerzos por congraciarse con sus dirigentes y por satisfacer todas a sus demandas políticas?. Sobre este punto se pueden establecer algunas observaciones. En primer término no es posible entender la postura del PSC sin comprender, al mismo tiempo, los intereses y la voluntad de su jefe, el ex Presidente León Febres Cordero. De hecho, el PSC opera, -casi por completo-, como un aparato de proyección del poder personal de Febres Cordero y de su círculo íntimo. Aunque es posible separar analíticamente los presuntos intereses del partido como colectividad, de los de Febres Cordero como "líder" personalista; debe tenerse muy en cuenta que, estas diferencias, en la medida en que existen, solo pueden manifestarse en tanto que Febres Cordero y su entorno lo permitan y den paso a la expresión de tales preocupaciones. El PSC, se ha convertido (si alguna vez fue otra cosa), en una organización patrimonialista, donde el poder personal y privado del dirigente es inseparable del de la organización, tomada como un conjunto. En esto, por cierto, el PSC no se halla solo, puesto que a su lado (y en competencia con él) se ubican otros partidos-patrimonio, o empresas electorales privadas, como son el PRE de la familia Bucaram y el PRIAN de la familia Noboa. Es verdad que debe tenerse presente que el PSC interpreta -por lo general con bastante fidelidad- los intereses y la cosmovisión de la elite empresarial Guayaquileña, o al menos de ciertos sectores de ella, quienes se encuentran allegados a la maquinaria política montada por Febres Cordero y Jaime Nebot en el puerto principal. Pero, esta afinidad, pasa no tanto porque el PSC sea un partido de clase, sino por el fuerte inbricamiento de negocios y de empresas entre la "familia" social cristiana y buena parte de la elite del puerto. A ello debe agregarse el peso abrumador de la hegemonía política municipal que termina generando una dependencia estructural entre la empresa privada de Guayaquil y los operadores políticos de la "familia" social cristiana, la cual monopoliza el control de acceso a las decisiones públicas, a recursos y a la protección de los negocios.
De esta forma, es muy difícil separar lo que son los negocios clánicos de la familia extensa y el círculo de deudos de Febres Cordero, del interés partidista y de las necesidades de reproducción (por otra parte, fuertemente marcadas por el clientelismo mercantilista) de una amplia y fuertemente interconectada serie de núcleos empresariales porteños. De esta forma, no es posible distinguir claramente lo que es el interés "personal" o "familiar" del clan Febres Cordero y de sus adláteres, de algún tipo de interés más "universalista" o de clase. De hecho, cabe dudar que la organización social de las empresas ecuatorianas, y, por cierto de las Guayaquileñas, obedezca a un patrón clasista, y no, como puede especularse, a una estructura de redes familísticas interconectadas, pero en ningún caso unidas por una común pertenencia a una determinada posición dentro de la división social del trabajo. Más bien se trata de "núcleos" reticulares de influencia definidos por la pertenencia o adscripción a focos de poder social y de capital político, constituidos, a su vez por el manejo de formas de influencia y de lealtades patriarcales.
La acusación constitucional parece insertarse dentro de estas estrategias que se mueven a medio camino entre lo particular y lo corporativista, ente lo familiar y lo estamental y entre lo personalista y lo comunitario.
<----