Ecuador DEBATE Nº 63
Parece claro, a estas alturas, que el partido Social Cristiano, y el clan de Febres Cordero, en particular, han llegado a la conclusión de que la permanencia de Gutiérrez en la Presidencia ya no es redituable bajo las actuales condiciones. Durante el período que va entre agosto del 2003 y Julio del 2004, el PSC se abstuvo de atacar a Gutiérrez ("concederle apoyo" parece un término excesivo), a cambio de la disposición de este a dejar que los dirigentes del PSC dictaran las políticas públicas en función de sus intereses seccionales y grupales. Sin embargo, las concesiones que Gutiérrez estaría dispuesto a hacer parecen haber alcanzado un tope y el brutal chantaje Social Cristiano habría llegado al punto que prácticamente impedía al presidente y su propio "entourage" captar los recursos y privilegios necesarios para montar su propia red clientelar, usando para ello su control de aparato público formal.
El juicio político a Gutiérrez puede ser una estratagema para presionar al Presidente y "ponerlo en su lugar"; o sea, para obligarlo a negociar en desventaja. Es sintomático que la acusación sea presentada a los pocos días de las elecciones de locales que se celebraron en el mes de Octubre del 2004. Los Social Cristianos parecen haber llegado a la conclusión que el veredicto de las urnas confirmaba plenamente su papel como primera fuerza política a nivel nacional. Pero, al mismo tiempo, y contrariamente al discurso y los análisis hechos por la prensa y los medios de comunicación; el Presidente considera haber logrado su objetivo de salvar la existencia de la Sociedad Patriótica. El hecho de haberlo logrado aún después de año y medio de desgastante gestión presidencial, indica bien a las claras que los tradicionales recursos del clientelismo y de la munificencia patricia, siguen siendo eficaces a la hora de obtener votos , sobretodo en áreas rurales, pequeñas ciudades y provincias alejadas de los grandes centros demográficos, políticos y económicos de la nación. El mensaje es claro: si se controla recursos estatales, si se dispone del aparto del poder, si es posible movilizar recursos gubernamentales, financieros o de otros tipos; no importa el juicio de la opinión pública, ni tampoco la calidad del discurso político, la ideología y la coherencia de las propuestas: siempre será posible consolidar una clientela electoral y una red de apoyos sociales construida sobre la base de las prácticas tradicionales del mecenazgo cívico del poderoso. Es la misma enseñanza que se desprende el relativo éxito del clan Noboa Pontón para lograr una significativa votación, que le permite acercarse o igualar al PRE en materia de apoyo ciudadano.
De esta forma, se hace posible colegir, que una permanencia más prolongada en el poder, por parte de Lucio Gutiérrez, podría permitirle consolidar sus actuales avances y proyectarlos con más fuerza aún, en el futuro mediato. La dificultad se agrava por el hecho de que el alto precio del petróleo y una economía con algún dinamismo, pueden procurarle a la caja fiscal un alivio prolongado. Con las variables macroeconómicas bajo control y con holgura económica, el Ejecutivo podrá ir orientado parte de sus fondos y de sus márgenes de maniobra financieros hacia la construcción de una maquina electoral que le convertiría en un contendor complicado en futuras lides electorales. En otros términos: Lucio Gutiérrez es débil, pero podría dejar de serlo y existen ciertos factores que harían temer la posibilidad de que el actual gobernante estuviese en condiciones de lograr forzar su entrada en el círculo estrecho de los "grandes electores" de la política Ecuatoriana (junto con Febres Cordero, Nebot, Bucaram, Noboa Pontón, Borja y el movimiento indígena).
Pero, existen otros potenciales focos de interés en desestabilizar al Presidente Gutiérrez o someterlo mediante una brutal extorsión. Parece evidente- aunque el tema pertenece a aquel oscuro y soterrado mundo de las conspiraciones mafio-palaciegas-, que en algún momento el Presidente Gutiérrez decidió enfrentar a la máquina social cristiana, en vez de seguir sometiéndose a ella. Es posible que los asesores de Gutiérrez hayan llegado a la conclusión de que de acuerdo a patrones aparentemente ya bien establecidos- el PSC y Febres Cordero aplicarían la formula del "trapiche" (ya bien probada con otros Presidentes) y que en el momento en que el acosado Primer Mandatario ya no pudiese satisfacer sus siempre crecientes e insondables exigencias; procederían a "deshacerse" de él para reemplazarlo con otro funcionario más dúctil y capaz de hacer nuevas concesiones.
De esta forma, es posible que los estrategas políticos de Carondelet hayan decidido que era preciso romper con Febres Cordero antes que este iniciará su propio proceso de defección. Ante la inevitable ruptura, parecía preferible golpear primero y atacar antes. Sintomático de ello, ha sido el hecho de que ya antes de iniciarse la campaña electoral el primo del presidente, el diputado René Borbúa, haya abierto hostilidades contra Febres Cordero iniciando una campaña de denuncias en su contra. La aparente decisión de Gutiérrez de usar la AGD para presionar los grandes deudores y el hecho de que familiares y miembros del círculo de Febres Cordero aparezcan involucrados, hace pensar que el líder del PSC siente que este conflicto se ha convertido en una lucha personalizada entre el clan emergente de Gutiérrez y el suyo propio.
De esta forma, Febres Cordero intenta derrocar o poner de rodillas a Gutiérrez a fin de protegerse y proteger los negocios de sus allegados. Pero al mismo tiempo, existen otras perspectivas que podrían estar alimentando el conflicto.
Es preciso tener un enfoque de plazo algo más largo respecto a los intereses que se juegan los Social Cristianos en esta nueva peripecia. Y para ello es pertinente entender el papel crucial que sigue jugando el Estado como foco de la acumulación económica en el Ecuador. El sistema de finanzas públicas sigue siendo el principal centro de acumulación de capitales que tiene el país, especialmente porque a raíz de la dolarización, la inflación ha dejado de ser un importante recurso de renta. Asimismo, las perspectivas de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, Perú y Colombia, amenazan con socavar seriamente al proteccionismo comercial y a los subsidios gubernamentales tradicionalmente establecidos, los que son otra fuente acostumbrada de ganancias rentistas para ciertos sectores mercantilistas de la empresa putativamente privada. El esperado debilitamiento de las barreras proteccionistas así como de la posibilidad de amparar los monopolios mercantilistas (grupos privados o gremiales que cuentan con una protección estatal, bajo la forma de "derechos adquiridos"), amenaza seriamente la viabilidad empresarial de importantes grupos corporativos, sobretodo vinculados al comercio exterior (los que se hallan sobrerepresentados en la elite de negocios establecida en Guayaquil).
En fin, todo el sistema de transferencia de recursos que crónicamente ha fundamentado la relación entre el estado y los grupos gremiales rentistas, se halla crecientemente comprometido. El grupo de Febres Cordero, es uno de los núcleos centrales de este sistema de redes corporativistas y patrimonialistas que han manejado determinada franjas del excedente estatal a partir de su poderío político y gubernamental. El problema acuciante que aqueja a estos grupos, estriba en la necesidad urgente de encontrar fuentes de ingreso y de renta que reemplacen a las tradicionalmente derivadas de la devaluación y del proteccionismo. Las candidatas son básicamente tres: a) subsidios y transferencias directas por la vía de políticas compensatorias y , preferentemente a través de "unidades ejecutoras" y de la privatización del manejo de ciertas franjas del presupuesto fiscal. Esto incluye preasignaciones, corporaciones de desarrollo, programas crediticios, etc., pero sometidos al control de los propios beneficiarios, b) el control del negocio petrolero. Esto no significa un proyecto de privatización: los grupos o redes político-empresariales saben que carecen de los capitales, tecnología y competencias para adueñarse directamente de la industria petrolera. No pueden pretender ser los operadores directos de esta actividad. Pueden, en cambio, constituirse en partícipes de la esperada expansión de la explotación hidrocarburífera, la cual ha vuelto a ser un negocio de enormes perspectivas, a partir de la esperanza (aparentemente bien fundamentada) de un largo período de precios altos, durante los próximos años. ¿De qué forma?: básicamente de dos maneras: I)controlando la parte que el Gobierno central percibe por la vía de regalías y otros pagos: no es necesario controlar los pozos, si se puede controlar una porción de los fondos que estos pozos producen: en este caso, la idea es convertir al Estado en un mero cobrador que luego reasignará los recursos entre las mafias político-empresariales, en función a la capacidad de chantaje político que cada una tenga (y , por cierto, la de Febres Cordero aparece como la más importante). II) La segunda forma, es controlando las políticas y la gestión petrolera del Estado, para así asegurarse que todo participante privado extranjero o nacional deba compartir el excedente bajo la forma de sub-contratos, comisiones, sociedades, participaciones o tercerizaciones. En otras palabras, se trata de convertirse en lo que en inglés se denomina "gatekeepers", o sea, los que controlan el acceso. Los grupos mafiosos político-empresariales, no pueden operar el sector petrolero, pero poseen un recurso poderoso: su control del aparato de toma de decisiones: si pueden optimizar su manejo de este aparato, pueden convertir su control del acceso en rentas y sustanciosos negocios, extorsionando al sector privado para obligarlo a "pagar peajes" como condición de entrada. Estos "peajes" no tienen por que ser ilegales (aunque probablemente incorporen
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