Ecuador DEBATE Nº 64
se intentará esbozar algunas ideas al respecto, para terminar con similares consideraciones respecto a las medidas que podrían ayudar a crear esas condiciones que hagan posible el imperio de la ley.
El estado de derecho es una construcción altamente compleja que requiere un conjunto de condiciones no solo jurídicas sino que también políticas, sociales y culturales. Este estado debe asentarse en un tipo de sujetos que sea capaz de vivir la ley como libertad. Si la ley es solo pura imposición externa, ella no puede regir sino en la medida en que hay una fuerza exterior que la garantice. La primera trinchera del estado de derecho está anidada en la subjetividad misma de los actores. No se puede imponer el acatamiento general del estado de derecho a unos sujetos cuya constitución como tales no se base en la idea del yo como intrínsecamente constituido como micro-cosmos de la ley.
Pero, al margen de estas consideraciones antropológicas, que ya se han hecho en otro lugar7, es más útil desde el punto de vista de la política referirse al armazón institucional que sabotea la posibilidad del estado de derecho. Este armazón está constituido en buena medida por reglas del juego que se reproducen al margen y por fuera de la ley, o, en otros casos, son consecuencias de nichos y fugas presentes en el seno mismo de la ley.
En resumidas cuentas, el problema central es que el sistema político está constituido funda-mentalmente (aunque no de manera exclusiva) por dos tipos de actores anti-constitucionales: las mafias y las corporaciones, que en muchos casos se disfrazan de "partidos políticos". De hecho, buena parte de los partidos políticos no son sino empresas familiares, o bien, aunque en menor medida, expresiones electorales del poder de ciertos gremios. La familia extensa (consanguínea o por alianzas) convertida en aparato de poder político, se constituye técnicamente en mafia. La ética de la mafia a su vez, es totalmente contraria a la ética de la ciudadanía. Esto es porque la ley de la mafia no es de tipo estatal, sino de tipo patriarcal. En la ley de la mafia, el principio fundamental y legitimador del mando es el derecho del padre, expresado en la figura del "patrimonio": conjunto de derechos, poderes y propiedades que derivan de la condición paterna.
El jefe político en este sistema, es ante todo un patriarca: gobierna el estado, al mismo título en que gobierna su familia, y sus derechos, poderes y atribuciones son del mismo orden que el patrimonio del dueño. Al ser el poder político del mismo orden que el patrimonio, no existe una diferencia o sepa-ración entre la esfera de lo público y de lo privado. No hay más constitución que el jus utendi y abutendi del dueño o propietario (pater familias) y su voluntad subjetiva así como su moral privada se constituyen en fuente de facto de todo derecho.
En suma, el primer problema de la ley en Ecuador, es que propiamente no existe un espacio público de derecho público. El espacio del derecho público se halla colapsado y expropiado por el derecho privado del propietario, entendido como patriarca, que deriva su derecho de su posición en una red de linajes. A su vez, la posición del patriarca se desarrolla a través de la acumulación de lealtades. El patrimonio del patriarca no consiste tan solo en bienes, sino que se desarrolla a través del control de voluntades. En realidad, la mafia es una máquina para generar y conservar acatamientos. Los bienes materiales, son, en buena parte, un medio instrumental para la acumulación de estas lealtades. Buena parte de la rapacidad del padrino mafioso estriba en el hecho de que la red familística no es un mecanismo eficiente para la producción o para la acumulación económica propiamente dicha. En realidad la mafia es un sistema de acumulación de adhesiones a la cabeza de familia, que parásita el entorno económico a fin de extraer de él los medios para reproducir estas lealtades.
Por ello es que los sistemas mafiosos solo pueden reproducirse cuando hay un entorno excluido sobre el cual pueden arrojarse los costos de reproducción de la fidelidad. Este entorno puede ser internacional, natural (la explotación de recursos derivados de los dones no ganados de la naturaleza) o social.
En todo caso, las redes mafiosas, que toman la vestimenta del partido político (los partidos ecuatorianos, casi sin excepción, son también de simulacro: son organizaciones de otro orden, que aparentan ser la institución reconocida por los sistemas poliárquicos de la traición liberal occidental), crecen y se mantienen en el proceso de circulación de lealtad y en su acumulación. Lealtad que puede ser fácilmente transformada en capital cuando es necesario, pero que no es capital, en el sentido estricto y económico del término. Así, la corrupción no es una alternativa: el patriarca debe, por fuerza, derivar recursos estatales hacia su red clientelar y para ello, la rapiña es consecuencia inevitable. El fraude no es una opción, es una férrea necesidad que se impone objetivamente a cualquiera que quiera entrar en el juego político. El que no roba los dineros públicos para repartirlos entre sus deudos y parientes (reales o simbólicos), senci-llamente no tiene la posibilidad de controlar voluntades, y por tanto de acumular crédito político y acceder a cargos públicos. Es por eso que debe insistirse que los padrinos no roban sobre todo y en primer término para acrecentar sus fortunas. Las fortunas son el medio por el cual el patriarca obtiene los recursos para redistribuir en las clientelas.
El padrino es ante todo un mecena cívico: un procurador de recursos para sus deudos. Incidentalmente, el patriarca puede "cobrar" una comisión, o sea quedarse con porcentaje de lo que arrebate al erario o a otras instancias de las cuales es parásito. Pero, lo fundamental de su acción es asegurarse el control del proceso de redistribución: tener los medios para poder forzar la gratitud de los beneficiarios de su gestión. Esto es lo que se traduce en votos y poder político. El padrino de mafia es incidentalmente rico, pero la lógica fundamental de su acción es convertirse en un intermediario de la redistribución de los fondos estatales hacia clientelas particulares, que, de esta forma, transfieren su lealtad, desde un impersonal y abstracto estado o "res pública", al concreto patrón con el cual se establece una relación personalizada y responsable (mediada por códigos de honor más o menos caballerescos). Debe quedar claro, pues, que el padrino no es un empresario en el sentido capitalista de la palabra: su acción no está fundamentalmente orientada a la ganancia crematística personal. Su función es en cierto modo comunal: un servicio ante una red familística y de deudos más o menos masiva, de los cuales es el agente procurador.
El poder de las redes mafiosas estriba, precisamente, en que no son la expresión del egoísmo aislado de sus miembros, sino que responde a una lógica comunal de mutuo socorro de las partes, en un sistema de red centrada en el patriarca. El patriarca cuida de sus seguidores como un padre puede (al menos imaginariamente) cuidar de sus hijos. Solo así puede el padrino asegurar la lealtad de cientos de miles o de millones de seguidores que buscan una protección patriarcal sobre sus vidas.
Pero, no es solo la mafia el principio organizador central de la actividad política en el Ecuador. Un segundo sistema es el corporativismo. En esta estructura, el derecho y la jurisdicción aparecen como radicados en la organización profesional o del interés sectorial respectivo. Lo característico del derecho corporativo, es que las personas tienen un status jurídico particular en función de su pertenencia o no pertenencia al grupo. Por tanto, todo derecho en este caso, es un privilegio o prebenda derivada de la pertenencia a esta agrupación de intereses particulares.
El corporativismo se presenta dondequiera que el asunto de interés ciudadano es entregado a la jurisdicción de un grupo interesado particular (normalmente un grupo privilegiado "curador" del asunto o al que se considera particularmente situado para interesarse o ser afectado por el tema). De esta forma, la ley y el derecho parecen como derecho y ley privativa, valida para quienes tienen el status de pertenecer al grupo corporativo particular. El grupo corporativo es un grupo de status al que se pone como curador del asunto de interés público y al cual se concede acceso privilegiado.,- legal y político-, al manejo del área bajo su tuición.
7 Fernando Bustamante; "La Cultura Política y la Ciudadanía en el Ecuador", en CORDES /PNUD; "Ecuador: Un Problema de Gobernabilidad", CORDES/PNUD, Quito/Ecuador; 1997
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