Ecuador DEBATE Nº 64
 
 TEMA CENTRAL

acumulación mundial se trasladó hacia América Latina con la crisis de la deuda externa en 1982. Desde entonces los más o menos tímidos experimentos desarrollistas liderados por el Estado han sido sistemáticamente desmontados en beneficio de un modelo centrado en la re-articulación del mercado mundial luego de un largo período proteccionista, la re­primarización de la economía en regiones enteras de la periferia, la reducción de los controles e inversiones públicas en la economía y la eliminación de las restricciones estatales a la libre circulación de bienes y capitales. La violencia de las reestructuraciones neoliberales resulta en tensiones en la organización y funciones del Estado y en cambios profundos en la cultura política de los actores sociales. En síntesis, ayer como hoy vivimos las dificultades de la readecuación política a un cambio sustancial del patrón de acumulación mundial, regional y nacional5.

Ambas reestructuraciones implicaron presiones muy concretas sobre la organización y funciones de los estados nacionales. A la mutación de inicios del siglo XX correspondió el lento desmontaje del orden oligárquico en América Latina, orden ligado al mundo del librecambio inglés. La erosión del Estado oligárquico en Ecuador fue uno de los procesos más tardíos y prolongados del continente. Se produjo en dos actos. La primera fase de transformaciones (1920 ­ 1948), ocurrió al amparo de una crisis económica y política muy prolongada en la que ningún grupo logró arrancar el poder estatal de las manos de la oligarquía terrateniente en descomposición. La segunda fase de transformaciones se produjo bajo el impulso de las dictaduras militares de 1963 y de 1972, que promulgaron las leyes de reforma agraria y la nacionalización del petróleo. Los ingresos sin precedentes por exportaciones petroleras hicieron palidecer los auges agro-exportadores del pasado, pero, sobre todo, brindaron al Estado ecuatoriano los medios para garantizarle cierta autonomía y las fuerzas suficientes para arrinconar a las oligarquías regionales que habían comandado su destino a lo largo del siglo. Desde entonces los nuevos grupos dominantes debieron encontrar modos alternativos para hacerse del control de las herramientas de negocios con y desde el Estado. El período intermedio entre las dos fases se caracterizará en lo económico por la lenta modernización inducida por el desembarque súbito y casi milagroso de las plantaciones bananeras.

Mientras el Estado oligárquico tuvo una duración plena de 60 años (de 1860 a 1920), el Estado moderno en su versión más laxa, habrá durado apenas 30 (de 1964 a 1995) . La transición estatal que desmontó el Estado oligárquico fue muy larga, duró alrededor de 50 años; pero la fase crítica de turbulencia e inestabilidad duró un poco más de 25 años (1920 a 1948). La fase actual de turbulencia dura ya diez años, desde 1995. En ambos casos el inicio de la transición fue forzado por largos períodos de crisis económica aguda en los que el recambio del modelo de acumulación obligaba a adecuaciones más o menos dolorosas. En la primera transición la crisis económica estuvo en el origen de su desencadenamiento, mientras en la segunda, la crisis empezó años antes y la ha acompañado con momentos de agravamiento coyuntural. En ambos casos la señal y el impulso inicial de los cambios vino del exterior. En la primera fue el verdadero castigo a los precios del cacao a partir de la Primera Guerra Mundial, en la segunda nació del aumento de las tasas de interés en Estados Unidos a inicios de los años 1980. Ello dio origen a la crisis de la deuda y a la readecuación del papel del Fondo Monetario Internacional que desde entonces actúa como un verdadero "ministerio de finanzas de la periferia".

Pero las presiones internacionales no actúan en el vacío. Las estructuras no se mueven solas. Hay actores sociales específicos cuyos intereses se encuentran o se enfrentan con las presiones que vienen del centro. La primera fuerza social destacada en el proceso de transición estatal que desmontó el Estado oligárquico fue el ejército. Armado del poder concentrado del ejército y sostenido por emergentes, aunque todavía débiles, clases medias urbanas, surgió un impulso transformador que tuvo su primera hora durante la revolución juliana (julio de 1925) y su momento culminante con las políticas corporativistas del General Enríquez Gallo (1938). Las dictaduras de 1963 y de 1972 culminarían con mayor éxito lo que empezaron las dictaduras posteriores al fin de la era liberal. ¿Qué diferencias existieron entre ambos períodos modernizadores?

El primer intento resultó relativamente aislado y las herramientas corporativistas creadas a su amparo, aunque discernibles en el futuro político del país, fueron extraordinariamente limitadas. Suele decirse que el Ecuador está comandado por un corporativismo gremialista. La verdad es que estamos muy lejos de la estructura de estados corporativos como el argentino, el mexicano e incluso de los potentes mecanismos corporativos del Estado boliviano. Aunque el corporativismo tiene su origen social en las prácticas conservadoras de los partidos católicos, la verdad es que en toda América Latina fue el resultado de alianzas de clases dispares dirigidas por el ejército para vencer las resistencias de oligarquías tradicionales excesivamente poderosas. El bonapartismo estatal resultante fue siempre en el Ecuador una solución parcial y secundaria, aunque no deleznable. De hecho, en el ejército actual se concentra todavía gran parte del esfuerzo industrialista y desarrollista estatal desplegado durante el siglo XX. La Dirección de Industrias del Ejército (DINE) tenía más de un centenar de empresas a su cargo todavía en 1995 (García 1994, Santana 2004). Sus resistencias al proceso de privatizaciones de áreas estratégicas o de industrias controladas por ello son bien conocidas. También es difícil negar la importancia crucial del ejército en las crisis políticas recientes. Pero a diferencia del pasado, ya no pueden tomar directamente el control del gobierno. Los golpes de Estado, aunque posibles, parecen improbables.

Las clases medias emergentes, que en la transición estatal pasada tuvieron en el ejército su palanca fundamental, hoy se han diversificado como sector social. Son mucho más heterogéneas aunque no dispongamos de estudios específicos para Ecuador sobre su configuración más precisa. Han crecido en número y diversificado su representación política. Al mismo tiempo, sufren gran parte de la crisis del recambio estatal. A lo largo del siglo XX crecieron al amparo del empleo público y de la extensión de los servicios educativos. Pero ahora están obligadas a reinventarse en el sector comercial y de servicios productivos directos. El recambio está plagado de peligros atemorizantes en el contexto de la polarización económica que promueven las políticas económicas neoliberales. Pero su representación política es muy fragmentada y han aparecido además del ejército y algunos partidos políticos, otras estructuras de representación como las ONG, que se vinculan a proyectos sociales extraordinariamente variados de gobiernos y agencias de cooperación internacionales.

Quizás una buena forma de aproximarse a su nuevo protagonismo social sea examinar brevemente su acción política reciente. Las clases medias, al menos en Quito, se movilizaron masivamente en la destitución de Abdalá Bucaram. Las marchas de febrero de 1997 combinaron la masiva presencia de clases medias con la de las clases populares. Contra Lucio Gutiérrez también se movilizaron masivamente el 16 de febrero de 2005 aunque sin un concurso equivalente de clases populares. Pero esas mismas clases medias no se movilizaron contra Jamil Mahuad en 1999. Permanecieron llamativamente en casa. Ni en marzo, ni en julio, ni en diciembre y enero del 2000. No se movilizaron a pesar de la profundidad de una crisis económica sin paralelo en el siglo XX, del mayor desfalco bancario conocido, de la firma inconstitucional del acuerdo de la Base de Manta, del rompimiento constante de la legalidad por la aplanadora legislativa y de la imposición de la dolarización que contradecía explícitamente el artículo 264 de la Constitución. Ni las políticas neoliberales en su expresión más dura y con sus efectos más perversos; ni el simple rompimiento de la legalidad hicieron que estas clases medias quiteñas se movilizaran. Eso no quiere decir que estuvieran a favor de esas medidas. Las encuestas de fines del año 1999 mostraban un masivo repudio al gobierno. Entre los repudiantes se encontraban sin duda las clases medias quiteñas.

En realidad todo indica que estas clases medias tienen un gran repudio y temor al autoritarismo real, o incluso al verbal y potencial. Rechazan el autoritarismo real de León Febres Cordero y Jaime Nebot. En el caso de Abdalá Bucaram y Lucio Gutiérrez, las clases medias repudiaron el autoritarismo verbal de Alfredo Adoum y su equivalente actual, Bolívar González. Lo más insoportable es que ese autoritarismo está combinado con la huachafería, la vulgaridad, la ineptitud y la incapacidad intelectual. Mahuad era


5 Formulado con este lenguaje, puede parecer una tesis de viejo marxismo trasnochado, pero en realidad la derecha más moderna en el Ecuador analiza la cosas en una perspectiva curiosamente similar. El ejemplo más claro es el del discurso inaugural de la Asamblea Nacional Constituyente de 1997 realizado por Osvaldo Hurtado, en el que la estabilidad política luego de haber sido concebida como el producto de la modernización, se convierte ahora en su condición (Montúfar 1999: 229-7). Otro ejemplo es el reciente texto de Roberto Santana (2004: 248) sobre las dirigencias étnicas ecuatorianas: "En los hechos, el problema principal del Ecuador, que retroalimenta el modo "perverso" de funcionamiento del sistema político está en la imposibilidad de reciclaje económico, o dicho de otra manera, en la incapacidad de afirmar un nuevo modelo económico". Termina su artículo llamando a la dirigencia étnica a apoyar decisivamente las políticas de liberalización económica, de apertura al exterior y de privatización de todas las empresas públicas incluidas las de las Fuerzas Armadas (p. 257).
6 En su versión estricta, apenas 20, sea desde 1964 a 1982, sea desde 1975 a 1995.

 
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