Ecuador DEBATE Nº 64
En este contexto los regímenes democráticos no sólo organizaban políticamente la distribución de riquezas (sociales, económicas, políticas y culturales) sino que propiciaban las demandas y reivindicaciones de una mayor participación en ellas por parte de los más amplios grupos y sectores de la sociedad. La conflictividad inherente a estas demandas en ocasiones violentas, obligaba a las democracias a un gobierno del conflicto y a transformaciones institucionales para su resolución. Y en este proceso el conflicto social políticamente representable debía y podía ser políticamente gobernado y gobernable. Sin embargo por muy intenso que parezca, el conflicto social es siempre gobernable y su violencia se enmarca siempre no sólo limitada por el orden democrático, en el que se expresa y que constituye su condición de posibilidad, sino también porque: a) es políticamente representable y puede ser políticamente gobernable; b) aunque puede desbordar los marcos institucionales establecidos, puede también provocar cambios en las mismas instituciones, hacia los cuales se orientaría siempre el conflicto.
Por esta misma razón también el conflicto social, al ser políticamente representable tendía a fortalecer y legitimar las instituciones democráticas, y en especial los partidos, el Parlamento o Congreso; y además en la medida que el conflicto social lograba ampliar la participación en la sociedad (en términos económicos, políticos y culturales) de sectores cada vez más numerosos, simultáneamente y de manera correspondiente mejoraba su representación política.
En cualquier caso el conflicto social es esencialmente democrático tanto en sus presupuestos, ya que reivindica mayor libertad e igualdad, como en sus efectos, puesto que su producción de intereses y reivindicaciones de mayor participación social activan la representación política, promueven su gobernabilidad democrática y obligan a cambios institucionales del mismo sistema democrático. Por eso el principal "efecto de la institucionalización de los conflictos" es conducir a reformas institucionales y en definitiva "al cambio social"6.
Por esta razón los "movimientos sociales" no se constituyen sino en el conflicto y en un escenario democrático; se forman y operan conflictivamente, ya que las prácticas y discursos en los que se constituyen se enfrentan con otros actores sociales en sus disputas por mayor participación social. Para Touraine "el movimiento social es la acción... socialmente conflictual" (1984:152), no sólo porque se constituye en conflicto con otros actores y fuerzas sociales, sino también porque provoca conflictos transformando el escenario y correlaciones de fuerzas ya existentes; porque se trata siempre de acciones no sólo ligadas al cambio, sino que combaten el mismo cambio en razón de un nuevo orden.
Ahora bien la conflictividad social, el conflicto generado por los movimientos sociales, tendrá intensidades, frecuencias y violencias diferentes dependiendo: a) del tipo de estructura social más o menos igualitaria o desigualitaria, capaz de permitir una mayor o menor distribución de la riqueza; de una clase media más o menos amplia, consolidada y hegemónica, capaz de atenuar las contradicciones entre las diferencias extremas de la sociedad y de identificar mejor ese interés o bien común más ampliamente compartido; b) del modelo de sistema político, actores políticos, clase política, sistema de partidos más o menos capaces de representar políticamente la conflictividad de las reivindicaciones y las demandas de los actores y "movimientos sociales". Sobre todo por esta última razón, como se analiza más adelante, los movimientos sociales se movilizan "reactivamente" y adoptan la forma de protesta, emprendiendo una creciente politización en contra de un sistema y sociedad políticos incapaces de representar sus intereses y reivindicaciones7.
Estos dos factores, sociológico uno y político el otro, poseen una importancia decisiva en América Latina para entender la conflictividad democrática en la década de los 80, que fue la protagonizada por el período de las "transiciones democráticas" y de los "movimientos sociales". Más allá de las diferencias y pocas excepciones, el conflicto social y democrático en América Latina alcanzó umbrales de violenta intensidad precisamente en razón de aquellos factores, que condicionaban tanto las garantías de la transición democrática como la gobernabilidad del conflicto: a) las desigualdades sociales eran tan radicales e irreductibles, que impidiendo en mayor o menor escala toda posible distribución de riqueza, bloquearon y frustraron las demandas y reivindicaciones de más y mejor participación social, protagonizadas por los "movimientos sociales"; b) la ausencia de una sociedad política, de agentes y partidos políticos suficientemente fuertes y consolidados, independientes de las fuerzas e intereses dominantes en la sociedad y no sometidos a sus oligarquías o clases dirigentes, impidió también una real y efectiva representación política de las demandas y conflictos sociales.
Por esta razón ha sostenido repetidamente Touraine que los movimientos sociales en América Latina han sido siempre más políticos que sociales, dando lugar a una fuerte politización de la acción colectiva; "a movilizaciones sociales sin real movimiento social" 8. Estos fenómenos contribuyeron no sólo a una tal radicalización política del conflicto social, que en determinadas circunstancias rebasará los umbrales del orden e institucionalidad democráticos sino también a su progresiva politización. Y por eso el conflicto social reivindicativo y democrático terminará volviéndose conflicto anti-oligárquico, contra la misma clase política, contra los gobiernos y sus políticas, y finalmente contra el mismo Estado.
2. Decline del conflicto democrático
El nuevo orden económico global, que comienza a consolidarse durante la última década del siglo XX, impone también un nuevo modelo de concentración y acumulación capitalista, que en América Latina empieza a implementarse al cabo de inconclusas transiciones democráticas con los gobiernos y políticas neoliberales y sus programas de "modernización del Estado", tendientes a la más amplia privatización de los recursos públicos. Son los mismos gobiernos democráticos, llevando a cabo políticas y programas neoliberales u "oligárquicos", los que inician un nuevo ciclo político de la economía con el gobierno económico de la política9. Gobiernos democráticos, democráticamente elegidos y legitimados, son ellos
6 Alain Touraine, Le retour de l´acteur. Essai de sociologie, Fayard, Paris, 1984: 162. Esto mismo sostenía ya Maquiavelo, para quien en una república son los conflictos los que generan " las buenas leyes e instituciones en beneficio de la pública libertad" (Discorsi sopra la prima dece di Tito Livio, I, 4. Tutte le Opere, Sansoni Edit. Firenze, 1992).
7 En este sentido Touraine declara: "los movimientos sociales serían reacciones al derrumbe de uno de los principales aspectos del sistema social, cuando las instituciones políticas no tienen la capacidad de operar los necesarios ajustes" (La parole et le sang. Politique et Société en Amérique Latine, Edit. Odile Jacob, Paris, 1988: 161).
8 Alain Touraine, Actores sociales y sistemas políticos en América Latina, PREALC, Santiago, 1987:87. El autor no dejará de insistir con frecuencia en que "en América latina no se forman fácilmente actores sociales... se forman actores políticos" (o.c., p.131).
9 Cfr. J. Sánchez Parga, "El ciclo político de la economía y el gobierno económico de la política", en Ecuador Debate, n. 55, abril 2002. La figura de una "democracia oligárquica" no tiene nada de paradójico y más bien se ha reproducido de muchas formas en la historia, expresando cómo un gobierno e instituciones democráticas pueden ser gobernados por fuerzas e intereses económicos, tal y como la analiza Maquiavelo en el cap. 16 de El príncipe bajo el título de "principado civil", que se podría denominar una "república principesca" (la gobernada por la familia Médici y la oligarquía florentina).
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