Ecuador DEBATE Nº 64
Octubre Negro BOLIVIANO
Marcelo Varnoux Garay*
Los acontecimientos de Octubre del 2003 en Bolivia, con un lamentable saldo de muertos y heridos, significó el fin del sistema de "democracia pactada", que sustentará a la democracia boliviana por más de dos décadas, así como el descrédito de los partidos políticos. La sucesión presidencial y la distancia del gobierno de los intereses partidarios plantea un nuevo escenario para recomponer el sistema político y resolver los problemas de exclusión étnicas, regionales que acompañan a la historia boliviana desde el inicio de la república. El surgimiento de un "sentido común" contra la violencia impidió mayor tragedia.
1. El Contexto
Para comprender en su verdadera dimensión los acontecimientos acaecidos el mes de Octubre de 2003 y que culminaron con la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada a la Presidencia de la República, es preciso en primer lugar abandonar la mitología que se ha tejido, desde entonces, alrededor de unos movimientos sociales elevados a la categoría de sujetos políticos conscientes de su papel en el proceso ya mencionado.
Lo de Octubre representa, además de la fisura sin posibilidad de solución que ha sufrido todo el sistema político, la culminación de un proceso de conflictos sociales, crecientemente violentos e incontrolables, suscitados desde el año 2000. Es decir, y más allá de las especulaciones teóricas de los promotores intelectuales de la violencia social, los hechos que se desarrollaron, especialmente, entre el 10 y el 17 de ese mes, encajan perfectamente en la dinámica que adquiere un conflicto social desde el punto de vista de la teoría. En este sentido, probablemente lo excepcional aquí sean los detalles y la forma en que finalmente toda una sociedad resolvió una situación extremadamente delicada.
Entre Febrero y Octubre del año 2003, el sistema político boliviano vive una especie de paréntesis que no es debidamente aprovechado por los partidos en función de gobierno para enmendar un conjunto de conductas y prácticas que tenían como objetivo fundamental, la promoción de intereses particulares y de grupo, distintos y alejados del interés colectivo. El cuoteo del poder y la prebenda habían erosionado peligrosamente no solo la legitimidad de los partidos, sino la institucionalidad democrática.
Gonzalo Sánchez de Lozada eligió la peor opción: continuar apoyándose en una coalición parlamentaria sustentada en la lógica del "toma y daca", y en las Fuerzas Armadas para evitar, hasta donde sea posible, la insurgencia de protestas capaces de cristalizar en movimientos sociales. Naturalmente, la estrategia mencionada estaba destinada al fracaso porque no existía la voluntad de afectar una forma de gobernar que una buena parte de la ciudadanía percibía como ajena a sus intereses y necesidades más urgentes. En términos sencillos, junto a las formas groseras e indignantes que adquirían las disputas por cargos en la administración pública, el ciudadano no sentía realmente la democracia en sus bolsillos.
Ahora bien, en la vereda de los partidos de oposición las cosas no estaban mejores, ya que ninguno de ellos (MAS, NFR ó MIP) expresaba la esperanza del cambio. Rehenes de unos liderazgos de cuarta categoría, con visiones de país que, por ridículas o ingenuas, repetían lugares comunes y, en el fondo, no planteaban nada nuevo; nada que pudiera ofrecer al país una salida sensata a la crisis económica y política.
En Agosto el gobierno consigue incorporar a la coalición a la NFR, con el evidente propósito de fortalecer su presencia parlamentaria y resolver varios temas pendientes; desde el déficit fiscal hasta la elección de un puerto para exportar el gas a Norteamérica. La aparente gobernabilidad parlamentaria no tiene, en este caso, un correlato en el nivel social. Efectivamente, ¿de qué sirve una mayoría parlamentaria si no se consigue detener la velocidad de un proceso que está minando la legitimidad y la autoridad del Estado? Los socios de la coalición oficialista, cada uno a su modo, se autoengañan de forma dramática.
El MNR cree que ha sumado políticamente, y esto, le reportará beneficios a mediano plazo, cuando comiencen a cristalizar las "obras con empleos". El NFR tiene la certeza que ha realizado un "buen negocio" y, de paso, mira con optimismo el futuro político de su líder; el MIR está convencido de haber engañado a movimientistas y eneferistas, porque ha cedido poco y todavía tiene el control de áreas estratégicas del aparato estatal: en suma se siente indispensable. Y si las cosas van mal, piensan todos, ahí están los militares para "sostener" la democracia.
En estas circunstancias, el tema del gas se convierte en el caballo de batalla de la alicaída oposición política y de varios dirigentes sindicales que buscaban en primer lugar protagonismo para escalar dentro de sus respectivas organizaciones, o consolidar su liderazgo1.
Y es que la ciudadanía presume que la venta del gas se ha definido a sus espaldas, contra sus intereses; en consecuencia, se multiplican las voces exigiendo la anulación del supuesto negocio. Además, se recuerda con insistencia lo que aconteció en el pasado, cuando valiosos recursos naturales fueron prácticamente regalados y no contribuyeron a elevar el nivel de vida de los bolivianos.
* Cientista político. Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de La Paz (La Paz, Bolivia), Presidente de la Asociación Boliviana de Ciencia Política.
1 Es ilustrativo el caso del dirigente Jaime Solares, elegido en un Congreso de la Central Obrera Boliviana plagado de tensiones, como Secretario Ejecutivo (máximo cargo de dicha organización). Se multiplicaron las denuncias respecto a que el citado dirigente había sido paramilitar en el gobierno de facto de Luis García Meza; varias entidades sectoriales no estaban de acuerdo con su elección y bloquearon el aval legal, por parte del Ministerio de Trabajo, de la directiva Cobista. Solares, por su parte, consiguió resistir los movimientos generados en contra suya y solicitó, en reiteradas oportunidades, reunirse con las autoridades de Trabajo para resolver el asunto del reconocimiento oficial de su directiva. Finalmente, optó por sumarse de forma radical a la demanda supuestamente general, de evitar la exportación del gas por un puerto chileno, sumando la exigencia de abrogar el D.S. 24806 que otorgaba la propiedad de los hidrocarburos, en boca de pozo, a las empresas petroleras transnacionales.
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