Ecuador DEBATE Nº 64
La sensación de engaño y la constatación de varios sectores sociales que hay una brecha intolerable entre sus expectativas y las condiciones en las que realmente viven o sobreviven, generan una masa crítica dispuesta a la protesta.
Precisamente, varios sectores sociales que residen en la ciudad de El Alto, vecina de la ciudad de La Paz, encarnan el perfil ya descrito; por otra parte, los mecanismos represivos que utilizó el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada desde Septiembre, alentaron la formación de un gran movimiento social, organizado a partir de las juntas vecinales y con una rígida disciplina interna que explica, en gran medida, el éxito alcanzado.
2. El Escenario, los Actores y las Estrategias
El escenario del conflicto fue configurándose desde Septiembre con el inicio de una "huelga de hambre" auspiciada por dirigentes de la CSUTCB, leales a Felipe Quispe. La principal demanda: la liberación inmediata de un dirigente campesino acusado de asesinato, junto al cumplimiento inmediato de las decenas de puntos convenidos en gestiones anteriores y que, supuestamente, beneficiarían al ámbito rural del país.
Lo que en realidad buscaba Quispe era recuperar legitimidad entre sus bases. Una convocatoria previa a bloqueo de caminos había fracasado rotundamente, incluso en Achacachi donde el dirigente era fuerte. Encerrados en el auditorio de Radio San Gabriel, los campesinos inician una huelga política con objetivos bastante discutibles.
Sin embargo, la huelga coincide con un paro cívico en la ciudad de El Alto contra la implementación de un par de formularios municipales que, según dirigentes vecinales, tenían como propósito incrementar los impuestos de inmuebles. El éxito de la medida alienta a organizar otro paro; esta vez, en contra de la venta del gas por un puerto chileno.
Paralelamente, los campesinos de Achacachi deciden bloquear el camino hacia Sorata, dejando incomunicados a centenares de turistas que habían concurrido a la fiesta del pueblo. Esto ya planteaba un problema al gobierno que decidió negociar directamente con Felipe Quispe, en la certeza que un acuerdo terminaría con el conflicto. Además, el tiempo corría en contra suya, pues, el viernes 19 de Septiembre estaba anunciado el paro en El Alto que, según Evo Morales, inauguraba la guerra del gas.
El día señalado la ciudad de El Alto paralizó casi totalmente sus actividades y se organizó una marcha que llegó a la ciudad de La Paz, bajo consignas como las siguientes: "El gas nos pertenece por derecho, recuperarlo e industrializarlo es un deber"; "No a la venta del gas, industrializar hasta vencer"; "Tambores de guerra en defensa de nuestro gas", etc. Probablemente, el slogan más interesante es el primero; su potencialidad radica en evocar, en una sola frase, distintos imaginarios. La sustitución de la palabra "mar" por "gas" permite activar un profundo sentimiento boliviano relacionado con nuestra mediterraneidad a causa de la injusta guerra con Chile y, además, coloca nuevamente en el tapete el complejo problema de nuestra relación con ese país que, desde la perspectiva de amplios sectores de la sociedad, tiene una deuda histórica con Bolivia2. No hay que olvidar que, desde la escuela, se imparte la idea que los chilenos nos arrebataron una salida soberana el Océano Pacífico, condenándonos al subdesarrollo. Ahora bien, para mucha gente, no era posible que se eligiese un puerto chileno para exportar el gas, beneficiando al usurpador. En este sentido, un conjunto de elementos simbólicos que unen a los bolivianos estaban cobrando nuevamente carta de ciudadanía, más allá de su carácter simplista y, en ocasiones, definitivamente chauvinista.
Por su parte, el gobierno había llegado al convencimiento que detrás de estas movilizaciones se escondían grupos y partidos que pretendían derrocar al Presidente y, en consecuencia, dispuso la utilización del ejército y la policía, en primer lugar para disuadir pero también con el objeto de amedrentar.
El 20 de Septiembre se interrumpen, casi sin posibilidad de solución, las escasas líneas de comunicación con los dirigentes campesinos leales a Felipe Quispe y con varios sectores sociales en conflicto. Ese día, se dispone un operativo militar policial, para rescatar a más de seiscientos turistas de la localidad de Sorata, atrapados casi una semana por el bloqueo campesino en Warisata.
Se menciona que existieron presiones de las representaciones diplomáticas de EEUU, Alemania, Inglaterra, etc., para proceder al rescate de ciudadanos de esos países atrapados en Sorata. El convoy militar arriba al citado pueblo sin mayores inconvenientes, pero en el retorno se produce una emboscada campesina que desemboca en un enfrentamiento armado. Las fuerzas combinadas se abren paso hasta Warisata y desde allí a la ciudad de La Paz, dejando tres muertos en el bando campesino.
Desde una perspectiva objetiva, al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada no le quedaba otra alternativa de proceder de esa forma, a raíz de la radicalización de un bloqueo en el que la violencia campesina fue por demás evidente. Asimismo, es un hecho incuestionable que Felipe Quispe ya no mandaba en la provincia Omasuyos (no se movió durante todo el conflicto del Auditorio de Radio San Gabriel) y, por lo tanto, eran remotas las posibilidades de que llegando a un acuerdo con el citado dirigente, se levantara el bloqueo en Warisata. Los testimonios de los turistas rescatados fueron utilizados para mostrar la brutalidad de los métodos sindicalistas y, para un sector de la opinión pública, quedó clara la estrecha relación entre los campesinos de esa parte del Departamento de La Paz con grupos subversivos de origen internacional3.
2 Cfr. Suárez, Hugo José: Una Semana Fundamental: 10 18 Octubre 2003; Muela del Diablo Editores; La Paz, 2003; (p. 33).
3 Los campesinos utilizaron armas de largo alcance y dispararon con precisión contra los militares, hiriendo a varios. La pregunta que el gobierno se encargó de instalar entre la opinión pública fue: ¿de dónde salieron esas armas y cómo era posible que simples campesinos actúen utilizando tácticas de guerra? La respuesta objetiva indicaba que dichas armas fueron sistemáticamente sustraídas de los cuarteles militares instalados en el Altiplano Central y que los francotiradores fueron conscriptos, entrenados precisamente en tácticas de guerra. En este sentido, la presencia de grupos subversivos ligados a Sendero Luminoso o el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) operando en Bolivia era una probabilidad remota. Lo real era la ausencia de las instituciones estatales del orden en la región de Omasuyos. En efecto, desde los conflictos del año 2000, la policía, los jueces, subprefectos, etc., fueron expulsados de las comunidades rurales y se instaló un tipo de justicia y administración comunitaria que, en los hechos, ha resultado más abusiva, corrupta y violenta. Es este tipo de "usos y costumbres" los que reivindican con gran entusiasmo Álvaro García Linera, Raúl Prada y otros que se han convertido en los promotores de la violencia social desde la guerra del agua en Cochabamba.
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