Ecuador DEBATE Nº 64
público) que me parece que es el más importante: De hecho contiene cuatro capítulos y 13 artículos. Su contenido central es la constitución de CORYCEP a través de delegados de varias agrupaciones gremiales y un delegado del Presidente de la República. Se establece un mecanismo de veedurías ciudadanas, y una comisión para revisar las deudas contraídas desde 1976.
El título IV (del apoyo de los organismos e instituciones públicas y privadas) se refiere a disposiciones para que el CORYCEP tenga acceso a la Información. Y el quinto (del financiamiento y el presupuesto) se refiere al presupuesto de esta entidad.
Una vez descrito el contenido de esta propuesta no puedo dejar de expresar la sensación de un vacío enorme. Existen múltiples otras posibilidades para encarar el tema de la deuda, que no son abordadas - el tema de la condicionalidad, -de las garantías del Estado a sectores particulares. Los mecanismos legales para subordinarse a otras jurisdicciones y soberanías. Nada de eso está presente. En realidad toda la propuesta da la impresión que no actúa efectivamente sobre los mecanismos de endeudamiento. Las frases en que se menciona que el crédito internacional puede tener un importante rol en el desarrollo nacional, desconciertan un poco, puesto que toda la documentación que el propio grupo ha aportado muestra más bien el rol fundamental en agudizar el sub-desarrollo del país.
Pero una vez que anotamos lo que nos hace falta regresemos a lo que la propuesta si contiene. El núcleo de la propuesta de ley es la creación de un organismo: el "CONSEJO NACIONAL DE RACIONALIZACION Y CONTROL DEL ENDEUDAMIENTO PUBLICO.
En resumen se pretende enfrentar el problema del endeudamiento con la creación de una nueva instancia de control. Esto es volver a caer en un error terriblemente repetido en las estrategias que en el Ecuador hemos utilizado para enfrentar la corrupción. Crear nuevos organismos de control, que no sólo duplican funciones absolutamente claras, sino que además lo que hacen es multiplicar las ocasiones y las oportunidades para el tráfico de influencias, el entorpecimiento de los trámites, y en muchos casos también la corrupción.
Pero veamos un poco más las características de esta nueva comisión. Su conformación es básicamente la de una lógica corporativa, son gremios, organizaciones que representan algún tipo de intereses particulares las llamadas a formar parte de este nuevo organismo de control.2 Muchas de ellas no tienen por su especificidad y sus funciones mayores relaciones con estos temas. Ninguno de estos sectores tiene funciones específicas que le permitan asumir un rol relevante en este tema.
Al contrario se trata de organizaciones gremiales que deben ser pluralistas y cada uno con sus tareas centrales. Al llevarlos a asumir responsabilidades técnicas en torno a temas tan diferentes se los está distrayendo de sus tareas naturales. Lo lógico es que en cualquiera de estos niveles existan opiniones diferentes respecto a temas como éstos. Veamos el caso de la Universidad. Su función específica no la de tomar partido respecto a un tema como éste sino la de propiciar un adecuado debate de alternativas y las diversas posiciones que respecto a éste y otros problemas se presenten en el país. Los gremios profesionales no tienen por función pronunciarse sobre estos temas su lógica es la de velar por sus intereses particulares, y su racionalidad sería que actúen buscando que su participación en tal instancia produzca beneficios y réditos a sus representados. Eso está en contradicción con la función de control, que debe aplicar normas y criterios, con absoluta independencia de los intereses de quien ejecuta el control.
Por otra parte esta colección de gremios no tiene una representatividad democrática. Las Universidades, los gremios, y muchas de las organizaciones de la llamada sociedad civil, no sólo que articulan a fracciones muy reducidas de la población total del país, sino que además tienen en la generación de su representatividad mecanismos que con frecuencia pueden ser calificados de no democráticos y que corresponden más a la dinámica de control de poder y distribución de algunos beneficios que tal poder puede asegurar.
Los éxitos de estas representaciones, (es decir de los líderes y sus organizaciones) no dependen usualmente del vínculo real con los ciudadanos, sino que con frecuencia lo determinante es la capacidad para acceder a recursos que legitimen las funciones de mediadores de servicios y discursos. La que ahora se llama sociedad civil, en muchos casos no es más que un conjunto de intermediarios especializados en canalizar y obtener recursos.
Podría también cuestionarse, el ¿Por qué no se incluyen a otras entidades corporativas? por ejemplo los medios de comunicación, los gobiernos seccionales, los jubilados.
Pensemos además que un comité que decide sobre el endeudamiento externo, tendrá necesariamente una dosis nada despreciable de poder. Esto determina que la dirección y representación formal de estos gremios adquieren un atractivo político muy especial puesto que el delegado a tales funciones estará en condiciones de tomar decisiones importantes para muchos sectores. Aún sin que ésto sea el deseo de los designados, las condiciones son las ideales para que se pidan y se den favores. Para que se desarrollen también las prácticas de tráfico de influencias e inclusive la corrupción. Se trata en realidad de trampas que pueden conducir a tales organizaciones por una pendiente que subordina a un juego de poder y destruye sus posibilidades de cumplir sus funciones específicas.
Por otra parte el poder de veto sobre flujo de recursos que se otorga a estos representantes da a las instancias de dirección de la "sociedad civil" un atractivo totalmente independiente de las funciones gremiales y corporativas. Los gremios en realidad dejan de ser representaciones de ciertos sectores parciales de la sociedad, para convertirse en los mecanismos de acceso a ciertas cuotas de poder.
El carácter fundamentalmente corporativo de estas representaciones. Esto es, todos son representantes de sectores particulares de la sociedad, crea además las condiciones de negociación de toma y daca. Mi voto para aprobar un proyecto a favor de las cámaras, a cambio de otro voto para un proyecto a favor de las Universidades. Son las condiciones para repartir endeudamiento, no para controlarlo. En definitiva la propuesta lo que hace es propiciar un espacio para el juego político-gremial en torno a la deuda externa. En realidad no hace nada para resolver el problema.
Se trata de una confusión frecuente sobre el sentido de la representatividad. En una concepción democrática el representante es alguien que tiene una delegación expresa para un fin específico. La representación gremial tiene dos grandes limitaciones para cumplir este fin adecuadamente. Por una parte representan a veces precariamente a un sector relativamente pequeño de la sociedad. En segundo lugar su encargo, su mandato, es para representar a esas personas en materia específica de su gremio o corporación. No es una representación política.
Por otra parte surge el tema de la competencia. La competencia para tratar de algún tema proviene de varias fuentes. La primera es por una delegación del sistema de representación del conjunto de la sociedad. Por ejemplo quien representa al sistema judicial, o a una entidad de control. Uno de los obstáculos para una adecuada representación son los conflictos de intereses. Quien representa una autoridad que debe tomar decisiones en cierta materia debe tener independencia sobre los temas tratados.
Una segunda fuente de competencia es la que proviene de la capacidad técnica o profesional. Es el caso de un médico que es competente para establecer un diagnóstico o un contador que es competente para establecer un balance. Esta competencia sin embargo es sobre temas técnicos específicos. Si reflexionamos, este tipo de competencia es el que se excluye sistemáticamente de esta propuesta.
Pero eso no es lo que causa mayor preocupación. Pues la propuesta si bien es inútil para controlar la deuda externa, es en cambio muy consistente en el desarrollo de un modelo de gestión política corporativo.
La radicalidad con la cual esta propuesta impulsa este modelo corporativo, es muy fuerte. Se deja a un lado toda la estructura del Estado, no tiene nada que ver en esto ni el poder judicial ni los mecanismos de control. No tienen ningún sitio los mecanismos de un Estado de derecho organizado según los principios de la democracia. Si nuestro interés fuera el de resolver el problema de la deuda, las sugerencias deberían ir en el sentido de entender por qué la contraloría, la procuraduría y hasta el propio congreso
2 Además de un representante del Presidente se incluyen un representante de las Universidades, las Cámaras de la Producción, las Federaciones Profesionales, las Centrales Sindicales, las Organizaciones de Mujeres, las Organizaciones de Derechos Humanos, las Organizaciones Religiosas y los Indígenas.
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