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Descentralización:
Pros y Contras
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PROS |
CONTRAS |
| Méritos
democráticos (el poder político más cerca
a los ciudadanos) |
Participación
electoral más baja en los niveles local y regional (una
tendencia general). |
| División
vertical de poderes (para evitar concentración del poder
y posibilidades de malversaciones) |
A menudo
mayores riesgos de corrupción y malversación administrativa
en los niveles local y regional . |
| Efectos suavizadores
en conflictos (el aspecto de accesibilidad al poder político
de grupos minoritarios). |
Cambios
políticos e institucionales radicales son más fáciles
llevar a cabo con un sistema centralizado (es decir, un sistema
de coordinación del estilo-militar desde arriba). |
| Posibilidades
de mejorar la eficiencia a través de experimentos en diferentes
centros de decisión. |
Ciudadanos
reciben servicios y/o tratamiento diferente en distintas regiones
(es decir, una ruptura del principio de igualdad). |
| Provisión
de oportunidades para partidos y facciones opositores de ejercer
medidas de poder político. |
Riesgos
de una profundización de una separación y desolución
del Estado Nacional. |
Con respecto al argumento
relacionado a la corrupción y la posible malversación,
Hadenius destaca que la descentralización requiere la
creación de un aparato eficiente de control7. Yo sugeriría que un sistema
fundamentado en la corrupción constituye un inmenso obstáculo
en las ambiciones de aliviar la pobreza. Es decir, los ciudadanos
con recursos económicos son favorecidos por un sistema
corrupto, y los sectores marginalizados son privados de las posibilidades
de lograr mejoras en sus condiciones socio-económicas.
Como se mencionó, en la tabla, la democratización
al nivel local puede ser crucial para el grado y las perspectivas
de gobierno democrático al nivel nacional. Así
que los argumentos a favor de un sistema político descentralizado
se relacionan sobre todo a la democratización y mejoras
en la eficiencia institucional. El quinto argumento a favor de
la descentralización es particularmente relevante en este
estudio; Diamond enfatiza las oportunidades políticas
para los partidos de la oposición y asimismo, una apertura
hacia la pluralización política como un objetivo
de las reformas descentralizadoras.
Los Casos: Venezuela
y Bolivia
El sistema político
y partidista venezolano ha experimentado profundas y amplias
transformaciones a partir de 1989, año que se considera
como una encrucijada en la moderna historia democrática
del país. Durante el gobierno del Presidente Carlos Andrés
Pérez en 1989, se presentó un programa macro-económico
que incluía medidas que golpeaba fuertemente a los sectores
populares marginales. La situación culminó en una
semana de disturbios y protestas violentas contra el contenido
del programa. La mayoría de los analistas sociales y políticos
opinan que las actitudes de los venezolanos hacia el sistema
democrático, sus instituciones y representantes cambiaron
drásticamente en 1989. El descontento social y político
y la crisis de credibilidad hacia los dirigentes políticos
tradicionales había llegado a tal extremo que parecía
que no había más remedio que cambiar la estructura
del Estado y sus instituciones de manera radical. Un proceso
de descentralización del gobierno se inició con
las elecciones de alcaldes municipales y gobernadores estaduales.
En Venezuela se introdujo
la descentralización como el resultado del creciente descontento
político en el contexto de la crisis económica,
pero también como la ambición de democratizar el
mismo Estado y el sistema político. Para confrontar la
profunda crisis de legitimidad del sistema político se
creó en 1984 durante la presidencia de Jaime Lusinchi
la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado
COPRE-. Se dirigió directamente a los mecanismos
de participación democrática, inclusive el traspaso
de poder de toma de decisiones del nivel central a los niveles
municipal y estatal. La amplia corrupción entre políticos,
jueces y empresarios empeoró la situación y los
políticos opositores así como académicos
y "ciudadanos normales" culparon a los "corrompidos"
como responsables del casi general deterioro de las condiciones
socio-económicas de la población.
En Bolivia, uno de los
países más pobres y socialmente diversos del hemisferio
occidental, la Ley de Participación Popular (LPP)
fue aprobada en el Congreso el 20 de abril de 1994. Gonzalo Sánchez
de Lozada del partido Movimiento Nacional Revolucionario
(MNR), formó una alianza con los centro-izquierdistas
Movimiento Bolivia Libre (MBL) y los populistas Unión
Cívica Solidaridad (UCS), y fue electo presidente
para el período 1993-1997. Su plataforma electoral denominada
Plan de Todos, en el cuál prometía una "economía
social de mercado" como alternativa a la continuidad rígida
del New Economic Policy. El plan incluía siete
fundamentos: atracción de inversiones, creación
de empleos, ensegurar la estabilidad económica, mejorar
la salud y la educación, estimular la participación
popular, y; cambiar el papel del gobierno y combatir la corrupción8. Durante su administración
las leyes de participación popular (LPP) y la descentralización
administrativa (LDA) fueron aprobados. El territorio boliviano
fue subdividido en 314 municipios, a cada uno se le garantizaba
una cantidad de dinero per cápita de los recursos nacionales.
Conocido como el principio de coparticipación,
el 20% del presupuesto nacional se distribuiría entre
los gobiernos locales (las Alcaldías municipales). En
este proceso, comunidades indígenas y de campesinos, así
como organizaciones vecinales lograron estatus legal como representantes
de sus poblaciones constituidas a través de Organizaciones
Territoriales de Bases (OTB). Las OTBs de un cantón
elige representantes de un Comité de Vigilancia
(CV). El CV juega el papel de supervisor de gastos y presupuestos
municipales. Como en Venezuela, los ciudadanos eligen directamente
su alcalde y sus consejales quienes forman parte
del Consejo Municipal y organizan las operaciones diarias del
municipio y con la responsabilidad de coordinar la gran mayoría
de demandas locales, como educación, obras sanitarias,
infraestructura, irrigación y facilidades de deportes9. Cada gobierno municipal tiene
que preparar su Plan Municipal de Desarrollo, basado en el Manual
de Planificación Municipal Participativa (desarrollado
por el Vice-Ministerio de Participación Popular), y asimismo
están obligados a presentar un Plan Operativo Anual (POA).
En resumen, estas reformas fueron tan radicales que prácticamente
no dejaron a nadie indiferente: para sus promotores las reformas
son "revolucionarias", y para los críticos son
casi una obra del diablo (malditas)"10. Como parte de una maniobra política,
Sánchez de Lozada nombró vice-presidente a Víctor
Hugo Cárdenas (del partido indígena del altiplano
conocido como el Movimiento Katarista MRTKL, activo desde
los años 1970). Como lo expresó Sánchez
de Lozada: "tenemos que incluir los indígenas, porque
en otro caso arriesgamos confrontar un movimiento como el Sendero
Luminoso en el Perú"11.
5Hadenius,
2001 b: 134-139.
*
Diamond, 1999: 121-122. (Este quinto punto es presentado por
Diamond; los restantes puntos de la tabla son de Hadenius.)
6Este
quinto punto en contra es particularmente relevante considerar
en el análisis de Bolivia, con las comunidades Aymara
y Quechua las cuales representan un tan alto porcentaje de la
población, y entre ellos hay ambiciones de recrear Estados
Naciones de Aymara y Quechua. Cultural y económicamente,
los llanos de Santa Cruz presentan un panorama muy distinto,
así como las regiones de los indígenas, Guaraní
y Amazónicos.
7Hadenius,
2001 b: 134-139.
8Gamarra,
1997: 385.
9Centellas,
2000.
10Blanes,
1999.
11Lee
van Cott, 2000: 144.
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