Ecuador DEBATE Nº 67
Gobierno y democracia entre pruebas de fuerza debilidades extremas
J.Sánchez Parga*
Los gobiernos democráticos resistieron en sus inicios (década de los 80) los conflictos sociales por muy violentos que fueran, pero ya desde mediados de los años 90 comenzaron a tambalearse bajo el nuevo ciclo político de la protesta, que en parte resultado de una progresiva desconsolidación de la democracia por efecto de las políticas neoliberales; dicha protesta a su vez ha ido debilitando cada vez más los sucesivos gobiernos democráticos. Según esto las recientes pruebas de fuerza a las que el gobierno se encuentra sometido por parte de las movilizaciones sociales e indígenas y por otros sectores son tanto expresión de la debilidad gubernamental y democrática como factores de su debilitamiento y deslegitimación; todo ello constreñido y crispado por coacciones, intereses y dinámicas externas.
Cuatro actuaciones principales tienen lugar en el actual escenario del país: una movilización indígena, cuya fuerza y amplitud no se habían conocido desde hace más de un año; un gobierno desconcertado entre la pérdida del libreto de una Asamblea Constituyente, que le había servido de coartada para justificarse y legitimarse sin necesidad de gobernar, y los urgentes dilemas impuestos por la firma del TLC con Estados Unidos; un Estado cada vez más saqueado en sus atribuciones, recursos y competencias, y finalmente, vinculado con todo lo anterior, una secuencia interminable de corrupciones, torpezas y transgresiones en todos los organismos públicos e instituciones democráticas. Y finalmente como trasfondo el preludio de una campaña electoral, que lejos de abrir resquicios de perspectivas y esperanzas tiende más bien a ensombrecer el futuro social y político del país.
La articulación de todos estos fenómenos sugiere comprenderlos y explicarlos como consecuencias de un crónico debilitamiento del Estado y la democracia, pero también como factores de su creciente deslegitimación y precarización. Ya que si los Estados se fragilizan y las democracias se "desconsolidan" por efecto de las fuerzas e intereses, que gobiernan o más exactamente dominan y controlan el nuevo ordenamiento global del mundo, bajo la influencia de automatismos y constreñimientos externos, una tal fragilización estatal y desconsolidación democrática se convierten en botín cada vez más propicio y presa cada vez más fácil de fuerzas e intereses internos, que se nutren del despojo del Estado y se benefician del desmoronamiento de las instituciones democráticas.
Las recientes movilizaciones indígenas responden a una particular coyuntura nacional tanto como a una coyuntura interior del movimiento indígena; pero no pueden ser descontextualizadas de una dimensión más histórica y estructural, en cuanto parte y expresión del ciclo político de la protesta, que desde mediados de la década de los 90 ha sucedido a los clásicos conflictos sociales. En tal sentido, hay que tener en cuenta que por sus mismas determinaciones intrínsecas, y más allá de las intenciones de sus actores, la protesta posee una fuerza reactiva, enervante de todos los otros poderes, antigubernamental y antidemocrática, y por consiguiente con un potencial desestabilizador de magnitudes variables, dependiendo de las circunstancias.
Las movilizaciones indígenas, que han comenzado a agitar las regiones de la Sierra y del Oriente durante el mes de marzo tienen mucho de singular, pero tanto su fuerza como sus alcances son resultado de acumulaciones anteriores. En primer lugar, dichas movilizaciones no representan un violento retorno tras el largo período de más de un año de ausencia en el escenario nacional, ya que el movimiento indígena ya no había participado en el derrocamiento del Presidente Gutiérrez en abril del 2005. Lejos de desgastarse en continuas movilizaciones, el movimiento indígena parece reforzarse con sus intermitencias. Si bien suponen una prueba de fuerza del movimiento indígena, una suerte de memorándum de su existencia en el país, un reforzamiento de la posición de Luis Macas como nuevo Presidente de la CONAIE, las movilizaciones recientes tienen mucho de singular; ya que por primera vez una única protesta en contra del TLC agota la agenda y domina las movilizaciones sin ningún otro componente de reivindicaciones específicamente étnicas.
En este sentido la prueba de fuerza del movimiento indígena ha tenido un primer éxito al provocar el Estado de emergencia decretado por el Gobierno. Esto puede generar una escalada en el ciclo de la protesta, que puede hacer imprevisibles las consecuencias y desenlaces de las movilizaciones. Tanto el gobierno como los mismos indígenas tienen la experiencia de que se sabe cómo y por qué surge una protesta pero nunca puede prever sus resultados.
Aunque se trata de una protesta de carácter y contenido nacional, al impugnar la firma del TLC, el protagonismo de las movilizaciones indígenas no aparece acompañado por los otros movimientos sociales, al menos en sus inicios, convirtiéndose así en los únicos interlocutores con el Gobierno y el resto de la sociedad. Frente a las acusaciones de desinformación y el reproche de desconocer las implicaciones y los alcances del TLC, los dirigentes indígenas parecen expresar una disposición popular muy generalizada y generalizable: no se necesita poseer una mayor información para saber que del TLC no serán más que perdedores. De ahí que su protesta contra el TLC es sobre todo el reto y rechazo contra el Gobierno y contra un Estado impotentes e incapaces para protegerlos del TLC y sus consecuencias. Mientras que el Gobierno |transcurrió gran parte del año pasado ofreciendo y postulando un dudoso referéndum o plebiscito sobre una dudosa Asamblea Constituyente, rehusa someter a consulta popular la firma del TLC.
De otro lado el gran reproche del Gobierno a las protestas indígenas y populares en contra del TLC incurre en un típico error político: acusar al pueblo de ignorar lo que rechaza, cuando el pueblo siempre conoce muy bien lo que reivindica y quiere mientras que no necesita conocer con todas las informaciones y detalles del caso lo que no quiere1.
Si las movilizaciones indígenas contribuirán a debilitar aún mucho más un gobierno, que nació debilitado, pero que podía gozar de la tregua que le confiere el ser un gobierno de transición, de ellas pueden beneficiarse los gobiernos provinciales y locales, algunos en poder de dirigentes indígenas o de Pachakutik, muy bien dispuestos a negociar recursos, aprovechando las medidas de fuerza, lo que comporta buenas inversiones electorales en los umbrales de la campaña. La negociación económica y política de los conflictos sociales no es nueva en el país, muy por el contrario forma parte inherente a la misma lógica de no-solución de los conflictos, los cuales al no ser resueltos se convierten en objeto perverso de todo género de negociaciones. Sin embargo este fenómeno tiene costos políticos muy elevados por agravar el debilitamiento de un Ejecutivo que en menos de un año ha tenido cinco ministros de Gobierno y tres de Finanzas; y también tiene costos económicos, ya que por medio del chantaje
* Investigador principal del CAAP.
1 Esta misma figura política se produjo en países europeos a propósito de los plebiscitos sobre la Constitución Europea; frente al rechazo ciudadano, los gobernantes democráticos culparon a la falta de información a quienes votaron en contra de lo que supuestamente no conocían, sin suponer que el voto en contra hubiera sido mucho mayor si los ciudadanos hubieran estado mejor informados. Y prueba de ello es que las consultas populares fueron eliminadas en países donde habían sido previstas.
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