Ecuador DEBATE Nº 67
político todos los gobiernos provinciales y locales compiten en saquear los recursos estatales, reproduciendo un clientelismo público al interior del mismo Estado.
La fuerza de las movilizaciones indígenas se nutren de la debilidad del Estado y del Gobierno, al mismo tiempo que contribuyen a agravar su debilitamiento, pero también a cuestionar, deslegitimar y precarizar las instituciones democráticas, pues es contra todas ellas que la protesta se ejerce. Por esta razón no se puede pasar por alto la complicidad de un Congreso, que ha demostrado su profunda deslegitimación bajo las protestas de abril del 2005, y cuyas atrofias y crispaciones legislativas en el transcurso del último año, le impiden tomar la más mínima posición y disposición sobre los actuales acontecimientos, convirtiéndose así en cómplice y en parte responsable de ellos. Peor aún, tras haber ejercido un poder pretoriano respecto del Ejecutivo, impidiendo, boicoteando o petardeando su gobierno, ahora asiste inerme y hasta satisfecho al acoso que el Gobierno sufre por parte de las movilizaciones. Muy lejos quedan las intervenciones o iniciativas de mediación que el Congreso desempeñaba hace más de una década. Este desinterés e inercia vergonzosa muestran no sólo la debilidad del mismo Congreso, sino también cuan enquistada se encuentra la clase política en sus propios intereses y privilegios.
Hay que terminar reconociendo que, a pesar de sus limitaciones y contradicciones, y de las críticas que se puedan formular, en el devastado y desolador escenario socio político nacional el movimiento indígena con sus movilizaciones tienen una autenticidad y un realismo muy superiores a las otras ficciones, artificios y esperpentos de la política nacional.
Cabria sostener que el actual Ejecutivo ni siquiera merece una evaluación política, por cuanto que se trata de un gobierno de transición, sólo gracias al cual sobrevive la continuidad democrática en el Ecuador. Aunque bien considerado, desde hace una década todos los gobiernos legítimamente electos han sido derrocados, alternándose con gobiernos de transición, que lejos de gobernar el país y el Estado se limitan a administrar las agendas ordinarias, los conflictos, las empresas y servicios públicos. Ya que la política económica se encuentra ya suficientemente regida y controlada por los organismos financieros internacionales y de las políticas sociales con sus programas se encarga exclusivamente la cooperación internacional, limitándose el Gobierno y el Estado a pagar sueldos y gastos de operación. Por eso basta una coyuntura fuera de lo ordinario como el TLC para que el Gobierno comience a tambalearse.
A la natural inercia para no gobernar o gobernar lo menos posible, como mejor garantía para mantenerse el Presidente en el gobierno, se añade el poder tribunicio del Congreso, cuya única estrategia para fortalecerse y legitimarse a costa del poder del Ejecutivo, es bloquear, impedir o frenar las iniciativas gubernamentales, condenándose también el mismo Congreso a una atrofia y vagancia legislativa, que contribuye a deslegitimar los partidos y la clase política.
La doctrina y el programa de la gobernabilidad habían previsto que una "descentralización" del Estado y una consolidación de los "gobiernos seccionales" no sólo reduciría el poder y recursos del Estado, sino que además bajaría los niveles de la conflictividad social, al desacumularla y desconcentrarla en torno al Ejecutivo, sin embargo los gobiernos seccionales se han servido tanto de la tradicional conflictividad cívico regional como de las más recientes movilizaciones de protesta, para hostigar al gobierno central y esquilmar sus recursos. Pues la voracidad de los gobiernos regionales y locales, incapaces para implementar una política fiscal y tributaria, necesita recursos para financiar el desarrollo y crecimiento de las nuevas burocracias regionales y locales.
En estas condiciones a un Gobierno políticamente exangüe las recientes movilizaciones, primero las regionales en la Costa y Amazonía, y más recientemente las indígenas, le provocan unas alarmas e intimidaciones, en parte comprensibles y en parte excesivas, que sin embargo pueden degenerar en situaciones imprevisibles. Ya que nunca es más temible un poder que cuando más inerme y despojado se encuentra de su fuerza.
En esta coyuntura donde convergen la violencia de las movilizaciones del movimiento indígena y las debilidades gubernamentales en torno a la firma del TLC, la actual situación puede volverse muy propicia, para que se abra o amplíe una brecha que divida políticamente la sociedad nacional en un radical antagonismo. Habría sido pedir demasiado al Gobierno, que hiciera del TLC la oportunidad para generar ciertos acuerdos y consensos nacionales, pero tampoco cabía esperar que el Gobierno propiciara con su torpeza e inanición una tal polarización de las opiniones y posiciones respecto del TLC, y los enfrentamientos que ya se ha producido.
Ante la deplorable experiencia de los sucesivos gobiernos democráticos de la última década y frente al precario perfil del actual Presidente y su gestión gubernamental, nada se entiende mejor que el desdén, desinterés y desprestigio que rodean las promociones de las candidaturas a la Presidencia para las elecciones del mes de octubre. Y todavía más paradójico y vergonzoso es que sea en medio del conflicto de la actual coyuntura, con toda su trama y su tramoya, que los partidos y candidatos preparen sus estrategias de campaña electoral. Insensibles e indiferentes a la concreta y presente realidad del país. Precisamente en estos momentos comienzan a desplegarse los primeros escarceos de una campaña o pre-campaña (?) poblada tanto de candidatos espontáneos o tentativos, recién arrivados a la arena política, como de reincidentes y derrotados de elecciones anteriores.
La atrofia de la clase política es de tal índole que le impide seguir reproduciéndose y poder dar a luz a nuevos políticos: y así propicia cada vez más que sean quienes sin ser políticos ni querer ser políticos hagan política, convirtiendo de esta manera la política en un perverso equívoco, que se presta a las más perversas utilidades. Por eso hoy el político ni se avergüenza ni disimula todos sus esfuerzos por privatizar lo público, aprovechándose de la política.
En este sentido no hay lugar de la democracia que como las elecciones acuse mejor el desorden democrático: hoy los mejores candidatos posibles ni siquiera se presentan a las elecciones y de presentarse no tendrían probabilidad alguna, mientras que sólo los candidatos de la desesperación popular o los desesperados por "llegar al poder" pueden abrigar alguna esperanza electoral. El descrédito o las pocas garantías que ofrece el repertorio de candidatos sería la mejor muestra de cómo la política y la democracia han sido incapaces de producir una clase política, que inspire mínimas confianzas y esperanzas en la ciudadanía; más bien ocurre todo lo contrario: la democracia nacional ha ido quemando a sus mejores políticos, mientras que los peores han perdurado incombustibles, sin dejar de renacer de las cenizas de sus propios errores y fechorías.
Pero el descrédito de los candidatos ha contagiado ya a la misma institución democrática de las elecciones. Mientras que diez años antes la sociedad cifraba en las elecciones, sobre todo presidenciales, todas sus expectativas de cambio y de mejoramientos, en la actualidad cunde la convicción de que los resultados electorales proporcionarán peores gobiernos y gobernantes.
De este modo un círculo muy pérfido tiende a perpetuar la desconsolidación política de una democracia, que se degrada en cada nuevo proceso electoral, cuyos resultados contribuirán a su vez al progresivo deterioro de la democracia, sin que se visualice solución posible. Según esto, aun sin confesarlo, lo que más preocupa no es el futuro de la democracia sino su duración. Lo peor de todo es que la democracia, la realmente existente, siga durando.
Aunque la irrupción del poder judicial en el escenario político del país no es nueva, su presencia parece haberse ido consolidando, precisamente en la misma medida que se desconsolidan las otras instituciones democráticas. Mientras que antes la actuación del poder judicial en la escena política respondía a flujos
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