Ecuador DEBATE Nº 70
¿Queremos vivir juntos?: Entre la equidad y la igualdad
Analía Minteguiaga/René Ramírez**
En la definición contemporánea de las políticas de enfrentamiento a la pobreza, se privilegiaron intervenciones públicas basadas en el concepto de equidad. Esta concepción no ha conducido a reducir la desigualdad, puesto que se ha ignorado que la pobreza está situada en la sociedad y no es un atributo de individuos atomizados.
Introducción: La política social en el debate contemporáneo
En las últimas dos décadas las intervenciones sociales del Estado han pasado a ocupar un lugar destacado en el debate público, específicamente en el contexto de los recientes procesos de transformación de las tradicionales funciones del Estado y de su vínculo con la sociedad civil.
En esta discusión diferentes definiciones de política social se han puesto en juego tanto desde el espacio académico como de aquel especializado no vinculado a universidades e instituciones de investigación sino a organismos internacionales. Tales definiciones han estado necesariamente conectadas con aquellas otras referidas a la "problemática social" sobre la que se debe intervenir (es decir, cuál es la cuestión social de la época)1. Así, como sucede con otras nociones que están lejos de ser inequívocas, las conceptualizaciones en torno a la política social han mostrado hasta qué punto sus nominaciones forman parte de un proceso político de construcción y, por ende, resultan un objeto de disputa que no puede escapar a las condiciones histórico-sociales de su producción.
Danani ha propuesto una definición de política social que permite capturar adecuadamente estas diferencias. Afirmando la necesidad de señalar un importante punto de partida sostiene que "las políticas sociales hacen sociedad o sociedades, según sean los principios que las orientan" (2004: 11). Es decir, hacen sociedad en el sentido "de que se orientan (producen y moldean) directamente a las condiciones de vida y de reproducción de la vida de distintos sectores y grupos sociales y que lo hacen operando especialmente en el momento de la distribución secundaria del ingreso2" (idem).
Teniendo en cuenta estos elementos nos interesa llamar la atención sobre aquella noción de política social que se ha vuelvo dominante en el debate de estos últimos años. Una definición que ha hecho hincapié en la sindicación de la pobreza como la problemática social más importante a ser resuelta y ha privilegiado a la equidad como el principio central y prácticamente único que debe orientar a las intervenciones en este campo3. Bajo ambos elementos (la pobreza como la nueva cuestión social y la equidad como principio rector de distribución) la construcción de sociedad que se lleva a cabo asume particulares características. Se trata básicamente de una sociedad que se conforma a partir del cambio de prioridad del principio igualitario de "dar a todos lo mismo" a una en el que resulta más importante el "dar más a los que menos tienen". El nuevo principio se basa en una praxis discriminatoria "positiva", que intenta capturar las diferentes necesidades para alcanzar la igualdad. En la sociedad de la "equidad" se parte de la "carencia" y la garantía del acceso individual (cobertura) de los más vulnerables a ciertos bienes y/o servicios considerados "básicos" e "indispensables". Desde esta noción de política social se asume como supuesto que la operatoria de diferenciación "afirmativa" de "necesidades" y "sujetos pobres" es la que conduce a la igualdad.
En esta línea también habría que decir que la equidad se vuelve un principio dominante porque permite el tratamiento tantas veces reclamado de una trato diferencial (también en términos de discriminación positiva) de cuestiones que aluden a la problemática del respeto de la diversidad socio-cultural y étnica de las poblaciones. En muchos casos se habla de políticas a favor de la equidad en términos de atención a los indígenas o a los discapacitados, por ejemplo. En igual sentido se habla de equidad cuando se postulan políticas que tengan en cuenta la problemática del género o la generacional.
La hegemonía que ha alcanzado esta visión ha llevado a la imposibilidad de pensar la política social de otra manera. En realidad lo que parece no poder pensarse desde un lugar diferente es la misma cuestión social. En este sentido, desde perspectivas igualitaristas se ha tendido a formular una definición más amplia de la problemática social así como otros principios orientadores de la acción estatal. Desde aquí la construcción de sociedad daría otro resultado. En primer término, la cuestión social se centraría en la construcción de un lugar común, de un espacio en el que todos puedan encontrarse y reconocerse como
- * Este artículo forma parte de un trabajo más amplio coordinado por René Ramírez y titulado Igualmente Pobres, desigualmente ricos: entre el bienestar, la felicidad y la ¿envidia?, próximo a publicarse este año.
- ** Analía Minteguiaga es investigadora del Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires, Argentina; René Ramírez es docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Ecuador y Subsecretario General de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo del Ecuador.
1 Para Grassi (1999), el problema da cuenta de la definición y los términos con que la sociedad nomina, describe y aún, especifica el contexto de su referencia causal (económico, cultural, etc.) y los ámbitos de responsabilidad por su solución o su intervención en lo social. Tales problemas bajo determinadas condiciones y en momentos históricos concretos se cristalizan en cuestiones que involucran al conjunto social y al accionar del Estado en la legitimación de sus definiciones. De esta forma, el estudio de las políticas sociales deberá dar cuenta de aquellos procesos que permiten comprender (Bourdieu, 1999) los problemas que dan lugar a las cuestiones sobre las que se vuelve necesaria la intervención estatal.
2 Esto significa que ese proceso de configuración de las condiciones de vida no opera en el circuito de la distribución del ingreso directamente derivada del proceso de producción, por la vía de la retribución a los factores (distribución primaria), sino por mecanismos de redistribución que se le superponen. Esto implica establecer una distinción entre las políticas sociales y aquellas políticas denominadas más estrictamente como "económicas" y, parcialmente, entre las políticas sociales y las laborales ya que estas últimas al regular directamente los ingresos del capital y el trabajo, se desenvuelven principalmente en la esfera de la distribución primaria (Danani, 2004: 12). 3 Es importante aclarar que, en términos generales, en buena medida durante el funcionamiento del paradigma de política social previo a los ´80 y ´90, no todos los campos de política social (salud, educación, seguridad social y asistencia social) funcionaron bajo la idea de una prestación universalista e igual para todos. Por ejemplo, en el caso de la asistencia social en general la norma fue el tratamiento diferencial según sectores "necesitados": los pobres, los ancianos, los discapacitados, etc. Asimismo, una parte importante de la política de salud, aunque esto varía según los casos nacionales, tampoco aplicó aquel esquema igualitarista y ligado a la atención de la subjetividad "ciudadana" como por ejemplo aquel que privilegió la categoría de "trabajador que participa en el mercado formal de empleo" (Hintze, Neufeld y Grassi, 1994).
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