Ecuador DEBATE Nº 51
CONFLICTIVIDAD SOCIO-POLÍTICA
Julio Octubre 2000
La matriz de conflictividad social y política en el país, durante el último cuatrimestre, arrastra en lo fundamental los efectos, pugnas y alineamientos de los diversos actores políticos con respecto a su posición frente a dos nudos problemáticos : el tema de las reformas institucionales propuestas desde la Ley Trole II y la enredada elección del Presidente del Congreso Nacional
En el período julio-octubre del 2000 se observa, en primer término, un fuerte descenso de la turbulencia socio-política en relación con el cuatrimestre anterior. Así, de 227 acciones conflictivas registradas en el ciclo marzo-junio se ha pasado a la cifra de 179 en el presente. Se trata de un decrecimiento de aproximadamente el 22 por ciento. La baja intensidad del conflicto político estaría vinculada a la localización eminentemente institucional (sea a nivel del Congreso Nacional o de las relaciones laborales públicas) de sus fuentes de origen. La actuación de los movimientos sociales y otros grupos organizados y de oposición a la política gubernamental ha tenido un perfil más bien bajo.
El hecho de que el 'grueso' de la conflictividad social se concentre en los meses de agosto y septiembre (cerca de 60 por ciento de total registrado) revelaría además la incidencia de la pugna inter-partidista con respecto a la elección de las dignidades del Parlamento Nacional en la producción de la turbulencia política del período considerado.
Número de Conflictos por mes FECHA Frecuencia Porcentaje JULIO / 2000 39 21,79 AGOSTO / 2000 50 27,93 SEPTIEMBRE / 2000 53 29,61 OCTUBRE / 2000 37 20,67 Total 179 100,00 Las observaciones anteriores se hacen más evidentes al estudiar el registro del género de los conflictos. Si se toman las acciones beligerantes producidas en torno de los partidos políticos y sus relaciones con el ejecutivo (el 23 por ciento) y aquellas gestadas con referencia a las burocracias públicas (cerca del 18 por ciento) se puede concluir acerca de la localización institucional del conflicto político.
Cabe anotar, en esta perspectiva, que se registra un importante incremento de la conflictividad asociada a los partidos con respecto al cuatrimestre anterior. En el ciclo marzo-junio este indicador llega apenas al 14 por ciento mientras en el presente, como queda dicho, supera el 23 por ciento. Sin duda, la problemática y dolorosa construcción de un exiguo consenso con respecto a las candidaturas aptas para postular a la presidencia del Congreso constituye el motor dinamizador del apuntalamiento de los partidos políticos en el protagonismo del debate y la opinión pública nacionales.
Los intensos debates en el seno del legislativo con respecto a la agenda reformista del ejecutivo encarnada en la ley Trole- marcan la pauta en la producción de la conflictividad institucional. En relación al mismo foco problemático se observa la preeminencia de la actuación de los sindicatos públicos uno de los principales actores afectados por la puesta en marcha de las reformas- como vector propulsor de las coaliciones anti-reformistas es elocuente en el período analizado.
Género de Conflicto GENERO Frecuencia Porcentaje CAMPESINO 13 7,26 CIVICO REGIONAL 18 10,06 INDÍGENA 24 13,41 LABORAL PRIVADO 21 11,73 LABORAL PUBLICO 32 17,88 POLITICO LEGISLATIVO 19 10,61 POLITICO PARTIDISTA 14 7,82 PUGNA DE PODERES 7 3,91 URBANO BARRIAL 31 17,32 Total 179 100,00 Cabe por otro lado destacar que a pesar de las consultas populares con respecto a la posibilidad de instituir regímenes autonómicos en diversas provincias de país y a pesar de la nueva activación por la vía de la puesta en circulación de Proyecto de Ley de Autonomías por parte de CONAM- del campo discursivo de la reforma del estado con relación a este tema, la beligerancia cívico regional conserva los mismos niveles que en el período anterior (en los dos casos con un porcentaje cercano al 10 por ciento). Interesante señal de que la cuestión autonómica y el conflicto regionalista a ella asociado concentra y expresa una pugna aún restringidamente localizada en torno de las elites locales, provinciales y los fragmentos dispersos de actores nacionales (si aún cabe la expresión) confusamente interesados en la reconstrucción de los andrajos de algo parecido a un estado-nación articulador. La baja conflictividad regional, en este sentido, constituye una poderosa evidencia de que la retórica confrontacionista propugnada desde las constelaciones regionales y el mismo sentido del rediseño institucional del estado que sus demandas invocan, no terminan por ser asumidos y asimilados como proyectos globales e integradores de las sociedades locales involucradas.
La actuación de las coaliciones indígenas y campesinas recobra cierto vigor en este período; así, si en el ciclo pasado la suma de sus acciones conflictivas se colocaba apenas en torno de 14 por ciento del total registrado, se puede observar que en este cuatrimestre sobrepasa el 20 por ciento. Esto, a pesar del fracaso del levantamiento indígena que había sido convocado por la dirigencia central de la CONAIE en el mes de septiembre. Por otro lado cabe destacar la nítida emergencia de los conflictos de matriz 'urbano-barrial' que concentran más del 17 por ciento de la turbulencia social desatada en el período julio-octubre del 2000.
Estas colocaciones son corroboradas el descomponer el cuadro que presenta la composición de los actores protagónicos de conflicto.
Sujeto del Conflicto SUJETO Frecuencia Porcentaje CAMARAS DE LA PRODUCCION 2 1,12 CAMPESINOS 13 7,26 EMPRESAS 9 5,03 ESTUDIANTES 1 0,56 FUERZAS ARMADAS 2 1,12 GREMIOS 4 2,23 GRUPOS HETEROGÉNEOS 4 2,23 GRUPOS LOCALES 14 7,82 INDÍGENAS 24 13,41 ORGANIZACIONES BARRIALES 30 16,76 PARTIDOS POLÍTICOS 40 22,35 POLICIA 2 1,12 SINDICATOS 13 7,26 TRABAJADORES 21 11,73 Total 179 100,00 Los partidos políticos (22%), y los gremios, sindicatos y trabajadores (cerca del 22 %) emergen como los principales filtros de expresión de la conflictividad socio-política de país. En segunda instancia se ubica a las actuaciones de las agrupaciones indígenas y campesinas con la producción de más del veinte por ciento de la conflictividad social. Un tercer orden de turbulencia alude a las acciones desplegadas por las organizaciones barriales (cerca del 17%) y los grupos locales (cerca del 8%). Podría pensarse que este espacio de conflictividad está vinculado con la puesta en vigor de la Ley de Juntas Parroquiales que ciertamente ha propiciado una serie de movimientos y realineamientos políticos en el nivel de lo local.
En lo que concierne al registro de los conflictos según su foco de generación se pueden apreciar los efectos de la presentación, por parte del Ejecutivo, de la Ley Trole II destinada a la definitiva resolución de todos los puntos pendientes en las agendas de modernización de la economía y la política nacionales que, de modo tortuoso y problemático, trata de instaurarse desde inicios de la década del noventa. El 36 por ciento de lo conflictos registrados corresponden a acciones de rechazo y oposición a la política estatal, anclada como ya se insinuó en la voluntad de profundizar y concluir el ciclo modernizador desde el dominante enfoque neoliberal.
Por otro lado, llama la atención el importante incremento de la conflictividad socio-política en relación a denuncias de corrupción. Si en el período marzo-junio este campo temático había condensado el 20 por ciento de total de los conflictos registrados, en el ciclo julio-octubre se acerca al 29 por ciento. La recurrente activación y aclaración de numerosos episodios relativos a las irregularidades de la administración de los bancos ecuatorianos y al soporte económico y político que desde el Estado se diera a tales instituciones en el marco de los preparativos escénicos del juicio al Superintendente de Bancos- constituirían en lo fundamental los vectores desencadenantes de malestar de la población en torno al tema de la corrupción. La impunidad de casi la totalidad de los delitos cometidos puede convertirse en el futuro más que en una 'piedra en el zapato' de la democracia y ser el filtro central de su decadencia institucional y descrédito simbólico.
Como se advirtió en un inicio, los dos nodos problemáticos anteriores evidencian que el núcleo de la conflictividad en el país en el período analizado se condensa en torno de la institucionalidad estatal. Se advierte que el contexto político para la entrada en vigencia de nuevo paquete reformista propuesto desde el Ejecutivo es, por decir lo menos, inestable. Las reformas en materia de privatizaciones, flexibilidad laboral, adecuación estatal, etc., con las que el modelo dolarizador podría sostenerse en el tiempo- encuentran poca receptividad en la sociedad y su activación no promete un panorama menos beligerante. La escasa densidad política de las coaliciones gobernantes, reflejada en la gaseosidad del apoyo parlamentario de los partidos afines al régimen, auguran incluso escenarios de mayor confrontación en cada etapa de las negociaciones para viabilizar las reformas.
Objeto del Conflicto OBJETO Frecuencia Porcentaje DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN 51 28,49 FINANCIAMIENTO 19 10,61 LABORALES 5 2,79 OTROS 33 18,44 RECHAZO POLITICA ESTATAL 64 35,75 SALARIALES 7 3,91 Total 179 100,00
Por último cabe anotar que al sumar las causas salariales y laborales de generación de conflictividad se llega apenas al 6 por ciento; este mismo indicador tuvo un registro del 22 por ciento en el ciclo anterior. En este nivel se puede suponer que la mínima estabilización que ha experimentado la economía nacional en los últimos meses, ha menguado en parte la fuente de conflictividad relativa a este tema.En lo que hace referencia a la localización de conflicto, tal como sucedió en el cuatrimestre anterior, la Sierra y sobre todo Pichincha- condensan cerca del 60 por ciento de los conflictos registrados. Este dato se corresponde con la idea, mencionada antes, de la preponderancia institucional en tanto matriz de producción de conflictos ya que la parte 'dura' de la parafernalia estatal se despliega desde la capital del país,
Lo anterior es más elocuente si se observa que, incluso, la conflictividad desatada desde Guayas ha disminuido en más de seis puntos con respecto al período pasado (se ubicaba en 32% y ahora corresponde al 25%). Por su parte el incremento de la turbulencia social en Pichincha experimenta un vertiginoso ascenso: de 37 por ciento en el ciclo pasado al 51 en el presente.
Número de Conflictos por Provincias LUGAR Frecuencia Porcentaje AZUAY 8 4,47 BOLIVAR 2 1,12 CAÑAR 5 2,79 CHIMBORAZO 4 2,23 COTOPAXI 1 0,56 ESMERALDAS 3 1,68 GUAYAS 45 25,14 IMBABURA 1 0,56 LOJA 1 0,56 LOS RIOS 6 3,35 MANABI 2 1,12 MORONA SANTIAGO 2 1,12 PASTAZA 2 1,12 PICHINCHA 91 50,84 SUCUMBIOS 4 2,23 TUNGURAHUA 1 0,56 ZAMORA CHINCHIPE 1 0,56 Total 179 100,00
En otro orden de elementos, al estudiar la intensidad de la conflictividad socio-política de país expresión de las modalidades de visibilización de las demandas y presiones de los diversos sujetos sociales- se constata que paros, protestas y suspensiones alcanzan más del 40 por ciento de las acciones beligerantes registradas. Resulta notorio, sin embargo, que cerca de 23 por ciento de los conflictos haya permanecido en un nivel latente bajo la forma de amenazas (este indicador representó apenas el 17 por ciento en el cuatrimestre anterior).
Intensidad del Conflicto INTENSIDAD Frecuencia Porcentaje AMENAZAS 41 22,91 BLOQUEOS 11 6,15 DESALOJOS 5 2,79 DETENCIONES 6 3,35 ESTADO DE EMERGENCIA 1 0,56 HERIDOS / MUERTOS 2 1,12 INVASIONES 1 0,56 JUICIOS 14 7,82 MARCHAS 13 7,26 PAROS / HUELGAS 20 11,17 PROTESTAS 43 24,02 SUSPENSIÓN 12 6,70 TOMAS 10 5,59 Total 179 100,00
La anotación anterior se corresponde con los datos que arroja el estudio de la forma en que han sido procesados los conflictos sociales. Se hace referencia a la forma en que la sociedad gestiona, administra y resuelve sus diferencias. En efecto, el estado latente en que permanecieron un cuarto de las acciones conflictivas registradas, tendría que ver con que las capacidades de negociación y concertación políticas entre los actores en conflicto continúa apuntalándose. Entre conflictos negociados y aquellos de resolución favorable suman cerca del 69 por ciento de total (en el ciclo anterior este dato llegaba al importante 59%). De la misma forma, los índices de represión de las fuerzas del orden siguen manteniendo una tendencia a la baja.Como en el cuatrimestre pasado, el 'agujero negro' de las negociaciones se ubica en el lado del aplazamiento de las resoluciones. Cerca de un cuarto de los conflictos continua siendo archivado y administrado sin una visibilización frontal de las causas, actores e intereses en disputa. Este déficit político alude al escaso reconocimiento y legitimidad de las acciones de protesta de los múltiples 'otros' por parte de las elites estatales.
Desenlace del Conflicto DESENLACE Frecuencia Porcentaje APLAZAMIENTO RESOLUCION 38 21,23 NEGOCIACIÓN 65 36,31 NO RESOLUCIÓN 15 8,38 POSITIVO 58 32,40 REPRESIÓN 3 1,68 Total 179 100,00
En lo que hace referencia a la intervención estatal en la gestión de la conflictividad se puede apreciar que, en consecuencia con la localización institucional de la turbulencia socio-política, el Presidente de la República, su gabinete, y el poder Legislativo han sido protagonistas de la resolución de más del 44 por ciento de los casos registrados.
En este sentido llama poderosamente la atención el alto porcentaje de casos enfrentados desde el Congreso Nacional. Ha sido recurrente el bajo perfil de los partidos y actores legislativos a la hora de encarar los conflictos sociales. Solo como ejemplo en el cuatrimestre pasado apenas intervino en el 5 por ciento de ellos; en este, como se observa, sus actuaciones sobrepasan el 15 por ciento.
Cabe resaltar, finalmente, que la intervención de las fuerzas de orden ha disminuido casi en un cincuenta por ciento con respeto al período anterior. Se trata de un elemento congruente con los altos índices de resolución dialógica y concertada de los conflictos. Cabe esperar que ante la futura y definitiva puesta en juego de los paquetes reformistas se conserven las pautas negociadoras de los principales actores políticos y sociales del país. La discusión ampliada e informada de cada uno de los aspectos y los posibles efectos de las reformas puede contribuir a garantizar y afirmar una cultura comunicativa democrática.
Intervención Estatal INTERVENCIÓN Frecuencia Porcentaje GOBIERNO PROVINCIAL 6 3,35 JUDICIAL 18 10,06 LEGISLATIVO 27 15,08 MILITARES / POLICIA 4 2,23 MINISTROS 20 11,17 MUNICIPIO 7 3,91 NO CORRESPONDE 43 24,02 POLICIA 18 10,06 PRESIDENTE 32 17,88 TRIBUNAL DE GARANTIAS 4 2,23 Total 179 100,00
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