Ecuador DEBATE Nº 51
"PUGNA DE INTERESES" Y DESCONSOLIDACION DE LA DEMOCRACIA
Equipo Coyuntura CAAP
El juicio y censura política del Superintendente de Bancos; las amenazas de las Cámaras empresariales de ''revocar el mandato'' del Congreso; y, las exigencias de las regalías petroleras por parte de las FFAA en noviembre del 2000, han puesto de manifiesto en qué medida la "pugna de poderes" ha degenerado en una abierta ''pugna de intereses'', mostrando cómo los intereses privados de los diferentes grupos y sectores se han vuelto tan incompatibles entre si, como contrarios al bien común e interés nacional.
La función fiscalizadora del Congreso sirvió menos para censurar a un miembro del gobierno y denunciar su ilegal nombramiento, que para escenificar la tupida conspiración de acusaciones y venganzas y ajustes de cuentas entre grupos económicos y de intereses privados. Demostrando con ello que no hay institución democrática que no se convierta en escenario para la representación de intereses privados. Ya no son únicamente los sectores populares desde sus manifestaciones callejeras los que piden una revocación del mandato presidencial, es también la clase dirigente desde sus organismos de influencia y poder político los que amenazas con revocar el mandato parlamentario.
Este equívoco entre '''pugna de poderes'' y "pugna de intereses" es muy significativo del uso privado de las instituciones públicas, al que ha dado lugar nuestra versión y utilización de la democracia, o de cómo los poderes e intereses económicos se sirven de los poderes políticos y de las instituciones democráticas, para seguir ejerciendo con todavía mayor legitimidad y eficacia su dominación y régimen de enriquecimiento. Este fenómeno ha tenido además el efecto perverso de atribuir a los políticos y clase política el fracaso de la democracia ecuatoriana, cuando quienes directa e indirectamente han gobernado el país desde el Ejecutivo así como desde el Congreso, durante las dos últimas décadas, fueron los poderes económicos y grupos de interés privado o los simples "insolentes recaderos de la oligarquía" . Tal fenómeno es muy sintomático del por qué y del cómo la democracia ecuatoriana (y en general en los países andinos) no ha logrado los más mínimos y elementales niveles de consolidación; pero también es muy revelador de lo que podríamos consideramos su contradictoria desconsolidación..
Desconsolidación democrática
Una versión "duracionista" ha considerado que las democracias se consolidan por una simple sobrevivencia en el tiempo, y en la medida que resisten a todas las amenazas y atentados contra su institucionalidad. Esta versión podría fundarse sobre el presupuesto de que en la transición las instituciones democráticas comienzan a funcionar con su propio poder y sus específicas normatividades, reforzándose en su constante y regular ejercicio, al mismo tiempo que los poderes de las personas, de las grupos y clases dirigentes se supeditaban progresivamente a los poderes institucionales. Sin embargo, al cabo de dos décadas de retorno al gobierno democrático es necesario comprobar una situación contradictoria: las democracias duran pero lejos de consolidarse, sus instituciones se encuentran cada vez más sometidas al poder e intereses de personas, de familias, de grupos privados y sectores de interés económicos. La deslegitimación que impide la consolidación de las democracias consiste en "la creciente ruptura entre la formalidad de las normas y las conductas de toda suerte de actores políticos" . Si las democracias resisten es "casi por defecto" (almost by default) , y a pesar de que sus instituciones funcionan antidemocráticamente: con gobiernos que no gobiernan, parlamentos con más representación privada que política, con elecciones que eligen candidatos pero no los legitiman, con instituciones de justicia que sirven para el linchamiento político y las venganzas privadas.
Las instituciones democráticas han dejado de ser lo que representan y representan lo que no son, y el "orden democrático" (Portantiero), cuya finalidad era ordenar - sin impedir - cualquier desorden social (económico, político y cultural), se ha convertido en un desorden democrático capaz de desordenar cualquier otro orden y ordenamiento sociales. Y entre los peores efectos de este desorden político no se suelen reconocer los masivos y generalizados encubrimientos y malentendidos que rodean todos los hechos y procesos políticos. Por ejemplo, el de la representación política, creyendo que la alternativa a los déficit y deterioros de la representación política es una mayor participación política, ignorando que ésta presupone un mejoramiento de la calidad de aquella .
Por todos los sitios cunden las quejas sobre la crisis de representación política, y como siempre ocurre, en lugar de buscar las causas reales se encuentran las consecuencias imaginarias en sus chivos expiatorios: los partidos políticos y el Congreso. Es más difícil reconocer los condicionamientos sociales de la representación política y su crisis. Si la clásica "estructural heterogeneidad" de las sociedades latinoamericanas siempre impidió que las grandes diferencias y desigualdades pudieran ser políticamente representables, en la actualidad tal representación política se ha vuelto casi imposible. Por muy particulares y privados que sean los intereses, en la medida que estos tienen una objetividad social, siempre pueden ser objeto de agregaciones entre ellos, de compatibilidades y complementariedades, de negociaciones, transacciones y acuerdos. Tal ha sido siempre el trabajo de la representación política: producir intereses comunes y relativamente compartidos a partir de la diversidad de intereses económicos y sociales privados y particulares.
En la actualidad, sin embargo, al no haber consolidado la democracia sus instituciones de representación política (partidos y Congreso), ésta se ha encontrado bloqueada o al menos dificultada por un doble fenómeno: de un lado, la colosal acumulación y concentración de riqueza legitimada por los principios dominantes del neoliberalismo, y de otro lado el brutal empobrecimiento de las dos últimas décadas, sabia y administrativamente anestesiado por la pobretología del FMI y del Banco Mundial, han permitido que los intereses privados, cada vez más incompatibles entre si, se volvieran cada vez más contradictorios con cualquier posible interés público y bien común.
Tanto la lógica implacable del mercado (y su dominante ideología neoliberal), que impone al moderno desarrollo capitalista el imperativo de sus necesidades, como los masivos y extremos empobrecimientos, que la pobretología también dominante ha traducido en necesidades insatisfechas, han transformado la sociedad moderna no en una sociedad de intereses sino de necesidades. Pero a diferencia de los intereses, que tienen una objetividad social y son por ello políticamente representables, las necesidades son productos imaginarios del deseo, carentes de objetividad social, y por consiguiente no pueden ser objeto de una representación política.
La representación política (sustancial a la democracia, que anticipa y prepara la democracia moderna) deja de ser realmente política, para convertirse en representación de intereses privados bajo la apariencia y el amparo políticos, pervirtiéndose en una doble fase. En primer lugar, se confunde y suplanta la representación política, propia del derecho público, con la representación particular del derecho privado, corrompiendo aquella en la forma de democracia delegativa, y según la cual los intereses privados sólo pueden ser representados por otra persona, que suple la presencia del representado, el cual siempre puede exigir un "rendimiento de cuentas" y revocar la delegación de su representante. La representación política, por el contrario, no reside en la persona del representante sino en su acción política, y no está sujeta a otra rendición de cuentas ni a otra revocación de su mandato que no sean las establecidas por la constitución; ya que electo como representante de intereses privados sólo puede actuar legítimamente en representación de un interés colectivo o nacional. En segundo lugar, cuando aquellos representantes de intereses se convierten en representantes de necesidades, esta transformación trágicamente teatral de la representación política por identificaciones imaginarias ha dado lugar a la proliferación de los más exóticos, pintorescos y estrafalarios liderazgos carismáticos y espontáneos de la política .
El fracaso de la representación política, inherente al fracaso de la misma democracia, lejos de ser reconocido ha sido objeto de malentendidos, al pretender suplantar más que suplir todos los defectos de la democracia representativa por una supuesta democracia participativa, trasladando a esta los defectos de ésta, ya que se entiende la participación más como usurpaciones y despojos del poder y de los recursos públicos que como una real participación, que sólo puede ser sinónima de compartir aquello en lo que se participa. Lo que por otra parte resulta muy coherente con el creciente desinterés por cualquier forma de participación pública y política, por la obvia razón de que no es el poder político ni las instituciones públicas lo que realmente interesa compartir, sino esos otros poderes que al margen de dichas instituciones políticas se sirven de ellas, y las instrumentalizan, para reproducir su dominio y un régimen de creciente acumulación de riqueza. De esta manera, al mismo tiempo que se legitima democráticamente un dominio más eficaz sobre la sociedad y una mayor concentración y acumulación de riqueza, simultáneamente se deslegitiman las instituciones democráticas. La democracia se ha convertido así en la gran coartada para los enriquecimientos más desenfrenados, para el sometimiento de todo aparato y recurso públicos a los intereses privados.
La crisis institucional es tan profunda como paradógica, ya que en vez de buscar la solución en el constante fortalecimientos de las instituciones, se busca en aquellas personar y grupos, líderes o liderazgos, cuyos supuestos carismas son siempre proporcionales a su capacidad de imponerse sobre las instituciones y deslegitimarlas todavía más. Así se perpetua un círculo bien vicioso, según el cual cuanto mayor es la deslegitimación institucional tanto más se requieren y proliferan aquellos lideres que más contribuyen a neutralizar y desacreditar las instituciones
En este contexto, la pregunta más obvia y más difícil de responder es: por qué duran las democracias latinoamericanas ? Por un lado parecen tan consolidadas que son capaces de resistir sus propios golpes y autogolpes, los derrocamientos y fugas de sus presidentes, la más absoluta corrupción de sus instituciones, con la desaparición de partidos políticos, la profusión de líderes más o menos carismáticos y efímeros, y hasta el regreso de los militares a la política por vía democrática. Por otro lado, estos y otros muchos y diversos fenómenos muestra cómo la duración de la democracia sólo es posible a costa de una progresiva perversión de la legitimidad y eficacia democráticas. Y si la deslegitimación es grande la ineficacia es todavía mayor y peor, ya que en la actualidad los grandes problemas de nuestras sociedades cada vez se resuelven menos por medios democráticos.
En contra del fundamental principio de sociología política, según el cual no se puede hacer una democracia donde hay mucha desigualdad social, ni una monarquía donde hay mucha igualdad social, las democracias latinoamericanas han servido durante las dos últimas décadas para legitimar la más colosal concentración y acumulación de riquezas junto a la más masiva producción de pobreza, que haya tenido lugar en tan breve tiempo. Este fenómeno sólo es posible, precisamente porque las instituciones democráticas en lugar de ejercer sus específicos poderes, de aplicar sus normatividades específicas, de funcionar democráticamente, sirvieron de soporte a poderes de personas y familias, grupos y sectores, que con mayor eficacia y legitimidad reprodujeron su dominación y su régimen de enriquecimiento.
Los tradicionales poderes de dominación y explotación, sin soportar el sometimiento completo a las instituciones democráticas, tampoco estaban en condiciones ni interesadas en quebrar con su poder el orden democrático, optando más bien por un procedimiento intermedio: sin destruir las instituciones democráticas (leyes, organismos, normas, procedimientos...) las sometieron a sus intereses y las utilizaron como armas e instrumentos de domino y enriquecimiento. En este sentido, tanto nacional como internacionalmente, y gracias a la creciente desconexión entre régimen político y régimen de acumulación capitalista, la democracia se ha convertido en el mejor modelo de gestión y administración tanto de los conflictos y de la lucha de clases como de la dominación "soft" y de la más fulgurante acumulación de riqueza. Y estos mismos recursos de poder y de riqueza que legitiman las modernas democráticas son los que a su vez permiten la relativamente exitosa gestión y administración de la imponente masa de pobreza generada por el modelo de la globalización.
Esta contradictoria desconsolidación de la democracia, que cuanto más dura más se pervierte sin dejar de durar, quedaría incompleta si no se tiene en cuenta la racionalidad de la globalización. No hay que olvidar que la "tercera ola" de democratización en el mundo, que a inicios de los años 80 tiene lugar como resultado de una exportación democrática, sigue reproduciéndose como un imperativo y una coacción desde el Norte sobre el Sur, y condicionando toda la cooperación internacional; y no hay foro internacional en el que no se repita la misma advertencia: sin legitimidad democrática no hay ayuda para el desarrollo .Según esto, la democracia reducida a sus requisitos más formales y procedimentales, como serían la libertad de expresión, el multipartidismo y las elecciones competitivas (poco importan que no haya libertades que expresar ni partidos capaces de competir con candidatos improvisados o espontáneos y que las elecciones hayan dejado de legitimar gobernantes y representantes), no tendrían otra finalidad que legitimar poderes, de los que poco importará después la legitimidad de su ejercicio, y en tal sentido se generaliza la evidencia de que "la promoción democrática de los gobiernos del Norte, es parte de un amplio y hegemónico proyecto de dominación global" .
La democracia más que un régimen de gobierno y un ideal de sociedad políticos se ha convertido en un modelo de administración política de la sociedad muy funcional y estrechamente vinculado al modelo de administración económica. De ahí que la democracia y el mercado se metabolicen y transfusionen en un mismo esquema de regulaciones e ideales. Que la democracia se convierta en el régimen de gobierno hegemónico y más homogéneo en el mundo, la democracia global, a su vez garantiza la globalización de otros muchos procesos y dispositivos de la acumulación y concentración de poder y riqueza. Siendo esta imponente globalización de poder y riqueza lo que permite la gestión y administración de las exclusiones, violencias y pobrezas suficientemente localizadas y focalizadas.
Poco importa que las democracias de países como el Ecuador o los andinos se deterioren y degraden, deslegitimándose hasta sus peores extremos, con tal de que perduren; ya que mientras los costos y penas de su precariedad y descomposición se internalizan y se pagan en cada país, las ventajas y los saldos se externalizan en beneficio de la globalización; o más exactamente de sus beneficiarios.
Desafíos de la legitimidad
Si la institucionalidad, o la transferencia de poderes, competencias y eficacias, de las personas y grupos privados o sectores sociales particulares a los organismos, leyes y normatividades democráticos constituye el principio que determina la democracia y la diferencia de cualquier otro régimen político, si "una forma de gobierno institucional puede ejercer una fuerte influencia en la totalidad del sistema político" , y si la crisis democrática por consiguiente debe interpretarse como una crisis institucional, esta "depresión institucional" (Institutinal Stress), como caracteriza C. Conaghan la democracia ecuatoriana, responde a dos factores que operan en estrecha correspondencia: por un lado, el creciente despojo de los poderes y competencias institucionales por parte de poderes privados y grupos particulares ; y por otro lado, la cada vez más crónica y generalizada deslegitimación institucional, que consiste en producir y resolver problemas y crisis no democráticos por procedimientos antidemocráticos.
Este "dilema de legitimidad", que comporta una espiral de desinstitucionalización, consiste en recurrir a procedimientos o "golpes" anti-institucionales de muy diverso calibre según las circunstancias, para resolver problemas y crisis, que pueden ir de la más extrema violencia civil o armada hasta las más agudas crisis económicas. Lo que siempre acarrea a mediano y/o largo plazo problemas más graves de los que se intentaba resolver ("by achieving its purpose, it lost its purpose") . Por tales procedimientos contra el poder de las instituciones y en defecto de dicho poder institucional la democracia ecuatoriana, como las andinas, funcionan cada vez más antidemocráticamente: ''democracy reverts back to its oldway" (Metin Heper, p. 114).
En la historia nacional y en la crónica de sus episodios particulares resulta muy fácil verificar cómo se opera la privación del poder de las instituciones por parte de personas, grupos, sectores, clases sociales; desde las fracciones de clase más dirigentes y dominantes hasta los movimientos populares. Lo que incluso ha pervertido la interpretación y la práctica del principio democrático, según el cual la soberanía está en el pueblo, pero que no justifica las actuaciones del pueblo contra las instituciones democráticas garantes de dicho principio. Fenómeno que ya Aristóteles calificó de "tiranía del pueblo" .
Esto dará lugar a una suerte de fuego cruzado extremadamente contradictorio, al que se encuentra sujeta la crisis democrática por parte de todos los antagonismos sociales: por una lado, si los poderes privados y de las clases dirigentes se sirven de las instituciones democráticas y de las mismas leyes para asegurarse un siempre mayor régimen de dominio y de enriquecimiento, por otro lado, la reacción opuesta de las clases populares, sectores subalternos a los llamados "movimientos sociales" consistirá en enfrentarse con las mismas instituciones democráticas percibidas como instituciones hostiles, contrarias a sus intereses e instrumentos de la dominación de clase.
Sin embargo, que la democracia garantice la más legítima y eficiente dominación de clase, ni excluye ni impide que sea también la democracia el régimen político que ofrece las mayores posibilidades y mejores condiciones para una participación de toda la sociedad en el poder político y el producto social.
Las soluciones anti-institucionales
Los procedimientos anti-institucionales se han rutinizado tanto en la cotidianidad política, que ya sus efectos más perniciosos pasan completamente desapercibidos, y sólo en determinadas coyunturas rebasan sus acumulaciones, para estallar en las grandes crisis y crispaciones políticas. Por eso es necesario visualizar los nefastos efectos de las grandes soluciones anti-institucionales para poder despejar su interna lógica política.
Ampliando este enfoque de pensar políticamente en la coyuntura (en lugar de pensar la coyuntura política), es decir los hechos y procesos políticos que dan lugar al actual escenario político, es importante contextualizar la situación de la democracia ecuatoriana en el mismo horizonte de los otros países andinos, donde a pesar de las particularidades, y la mayor o menor relevancia de algunos aspectos, los fenómenos son comunes. No olvidemos que también la democracia peruana, como la ecuatoriana, tiene en el exilio sus dos últimos Presidentes de la República; y también en ambos países, como en Venezuela, se pensó que líderes carismáticos podrían salvar las democracias de sus crisis. En incluso fue recurriendo a medidas autoritarias y anti-constitucionales o "golpes de Estado" institucionalistas, que se cifraron las esperanzas de fortalecer las mismas instituciones democráticas.
La parábola de Fujimori es muy elocuente. Su fulgurante y espectacular victoria electoral y su posterior auto-golpe, con la clausura del Congreso, de la Corte Suprema, y demás medidas desinstitucionalizadoras contaron con un altísimo apoyo y legitimación popular, ya que se confió en su persona y su gobierno una suerte de refundación y fortalecimiento de las instituciones democráticas. Pero al cabo de ocho años todas las instituciones democráticas, incluso aquellas que no parecían tan corruptas como las FFAA, aunque fueran ya muy pretorianas, se encuentra en una crisis y descrédito mucho más grave.
De ahí que Fujimori tendría necesidad, para gobernar, de poderes tan absolutos, que no le permitían consolidar las instituciones democráticas y competir con ellas, en las que siempre hubiera encontrado obstáculos e impedimentos. Si con todo el poder y legitimidad inicialmente acumulados hubiese iniciado un gobierno que fortaleciera las instituciones democráticas, actuando siempre bajo la ley, necesariamente habría tenido de someter y supeditar su eficiencia y eficacia políticas a la legalidad; cuando de hecho fue siempre el éxito de sus políticas (económicas, antiterroristas...) lo que le garantizó una relativa legitimidad a costa de la legalidad.
El balance resultó sin embargo muy negativo, ya que la legitimidad de Fujimori se muestra hoy extremadamente adversa, y además de la bancarrota democrática y moral deja una bancarrota financiera con un saldo de 500 millones de dólares de los más de 9.000 millones ganados con las las privatizaciones y ventas de recursos públicos.
No muy diferente se presenta la trayectoria y orientación política del Presidente Chávez en Venezuela, cuya "democracia bolivariana" intenta construirse no tanto sobre las ruinas de la "democracia liberal" sino a costa de toda institucionalidad democrática. Por el contrario, y por mucho que a algunos consuele la actual crisis electoral en los EEUU, hay que rendirse ante la evidencia de que a pesar de las irregularidades ocurridas y las tensiones suscitadas, tanto las instituciones (políticas, judiciales y administrativas) han funcionado con eficacia y competencia, como ha sido generalizada la credibilidad en ellas.
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