Ecuador DEBATE Nº 49
CONFLICTIVIDAD SOCIO-POLITICA
NOVIEMBRE 1999 - FEBRERO 2000La imparable crisis fiscal del Estado y las perversas repercusiones que ello tiene en la fragilidad salarial de grandes sectores poblaciones emerge como un potente campo de agudización de la crisis social del país, más aún considerando el futuro escenario de la dolarización que iguala los precios del mercado nacional según los estándares internacionales.
La coyuntura política del cuatrimestre analizado está profundamente marcada por los sucesos ocurridos desde mediados del mes de enero del 2000; a saber, el levantamiento indígena-militar que culminó con la destitución presidencial de Jamil Mahuad el 21 de enero y la posterior sucesión del entonces vice-presidente Gustavo Noboa. Cabe anotar, sin embargo, que a pesar del intenso desorden jurídico e institucional que tales acontecimientos ocasionaron en el ordenamiento político del país, el índice de conflictos registrados (decremento del -6.3%) es menor que el cuatrimestre anterior e incluso que la morfología del conflicto no revela una especial intensificación de salidas violentas para su resolución.
En el cuatrimestre noviembre 1999 - febrero 2000 se puede observar claramente el impacto de la sublevación indígena-militar al constatar que prácticamente el 40 por ciento de los conflictos detectados tuvieron lugar en el curso del mes de enero. Incluso, en el siguiente mes, febrero, la turbulencia política y social decae en más de veinte puntos (se sitúa en torno del 16%). Primera evidencia del escaso "campo radioactivo" establecido en torno del derrocamiento presidencial: no se produjo algo así como un efecto expansivo del conflicto constitucional que amenazó la institucionalidad democrática reinante.
Tal declive del conflicto ha ocurrido aún a pesar del decreto de dolarización emitido por Mahuad días antes de su destitución, más como salvavidas político que como resultado de un tipo de decisión técnica, ampliamente discutida y consensuada dentro de los funcionarios del régimen. Al parecer, estamos frente a un escenario en que la dureza de la medida, sumado el enorme vacío informativo sobre los contenidos, mecanismos y efectos de su puesta en marcha, ha inmovilizado y dejado sin capacidad de reacción a los grupos sociales organizados y a la sociedad civil en general. Sin duda se trataba de un escenario poco previsto, incluso dentro de los propios funcionarios y co-idearios del ex-presidente.
El cuatrimestre analizado, entonces, registra el más bajo índice de conflictividad desde mayo de 1999.
Número de Conflictos por mes
FECHA Frecuencia Porcentaje Noviembre / 1999 51 21.52% Diciembre / 1999 60 25.32% Enero / 2000 89 37.55% Febrero / 2000 37 15.61% Total 237 100.00%
Esta lectura es corroborada por el hecho de que, al estudiar el cuadro que sitúa el género del conflicto, se evidencia el intenso repunte de indígenas y campesinos en el protagonismo de la agitación socio-política del país. En efecto, de un índice cercano al 8 por ciento en el período julio-octubre 1999, pasan a encausar el 14 por ciento de los conflictos observados.Cabe resaltar, en el mismo rubro temático, el intenso descenso que los sectores productivos y laborales privados registran en la producción del conflicto socio-político: así, su visibilidad se ha reducido prácticamente a la mitad entre el período anterior y el presente (de 36% a 18%). Mucho de este descenso puede ser explicado por el apoyo y apuntalamiento que la mayoría de los sectores empresariales del país otorgaron al proyecto de dolarización como nuevo modelo de conducción financiero, fiscal y de desarrollo del país. El consenso que no se pudo producir por vías dialógicas y negociaciones 'cara-a-cara' ha sido gestado como efecto indirecto, no intencionado, de una medida de corte netamente político.
Del mismo modo cabe enfatizar que -al igual que en el cuatrimestre anterior- los principales gestores de la turbulencia social del país se encuentran en el sector laboral público (un cuarto del conflicto observado corresponde a sus acciones). Las protestas y paralizaciones, sin vías precisas de negociación, en los sectores de la salud, la educación y de los gremios petroleros explican este fenómeno. La imparable crisis fiscal del Estado y las perversas repercusiones que ello tiene en la fragilidad salarial de grandes sectores poblaciones emerge como un potente campo de agudización de la crisis social del país, más aún considerando el futuro escenario de la dolarización que iguala los precios del mercado nacional según los estándares internacionales.
Por último, cabe hacer referencia a dos ámbitos de conflictividad: el primero corresponde al mantenimiento de una buena parte de agitaciones de carácter cívico-regional (17%) que estaría vinculado a las presiones de los poderes locales frente a las expectativas del proceso de descentralización; el segundo, de corte más partidario, incluiría a los principales actores políticos del país -partidos, poder legislativo, poder ejecutivo- que conservan el mismo nivel de virulencia que el cuatrimestre pasado (en torno del 15% en conjunto). También es necesario resaltar los conflictos desatados en el área laboral pública con el 25% del total.
Género de Conflicto
GENERO Frecuencia Porcentaje CAMPESINO 8 3.38% CIVICO REGIONAL 40 16.88% INDIGENA 24 10.13% LABORAL PRIVADO 43 18.14% LABORAL PUBLICO 60 25.32% POLITICO LEGISLATIVO 12 5.06% POLITICO PARTIDISTA 14 5.91% PUGNA DE PODERES 9 3.80% URBANO BARRIAL 27 11.39% Total 237 100.00%
En efecto, en lo que respecta al "sujeto del conflicto", y en correspondencia con lo mencionado en los párrafos inmediatamente anteriores, son los sindicatos y trabajadores del sector público los que encabezan el registro de actores productores de conflicto (25% en conjunto). El protagonismo al respecto evidencia, del mismo modo, la presencia de indígenas, campesinos, "grupos locales" -con lo que se alude al corte regional y específicamente espacializado de ciertas protestas- y partidos políticos como los dinamizadores centrales de la agitación socio-política del país en el período analizado.Particular reflexión merece el surgimiento de las Fuerzas Armadas en la producción de la conflictividad: si en el cuatrimestre anterior no se registra su participación en ningún momento, en el presente que analizamos, el índice alcanza prácticamente al 4 por ciento del total de casos observados. Sin duda, este indicador tiene que ver con la participación de los mandos medios de las FF.AA (coroneles y tenientes coroneles) en el derrocamiento de Mahuad y en la conformación de un triunvirato cívico-militar. A pesar del incremento registrado cabe enfatizar que, aún cuando estamos hablando de un problema de destitución presidencial por una vía no constitucional, tal aumento es mínimo en relación con la dimensión histórica y política de los hechos y que -tal como lo han repetido los líderes de la CONAIE y los propios militares implicados- en ningún momento se hizo uso de la fuerza para desencadenar los hechos y para su posterior resolución.
Sujeto del Conflicto
SUJETO Frecuencia Porcentaje CAMARAS DE LA PRODUCCION 5 2.11% CAMPESINOS 8 3.38% EMPRESAS 16 6.75% ESTUDIANTES 13 5.49% FF.AA. 9 3.80% GREMIOS 16 6.75% GRUPOS HETEROGENEOS 15 6.33% GRUPOS LOCALES 25 10.55% INDIGENAS 24 10.13% ORGANIZACIONES BARRIALES 14 5.91% PARTIDOS POLITICOS 31 13.08% POLICIA 4 1.69% SINDICATOS 19 8.02% TRABAJADORES 38 16.03% Total 237 100.00%
En lo que concierne al problema del "objeto del conflicto" se vuelve a encontrar la expresividad de lo acontecido el 21 de enero. En efecto, el primer orden de encausamiento de la disrupción socio-política en el país obedece a un rechazo frontal a las políticas estatales (más de un 40 por ciento de los casos observados) implementadas por los gobiernos de Mahuad y Noboa y a las reiteradas denuncias de corrupción en torno de la administración de la crisis bancaria (casi 22 por ciento de los casos registrados). Precisamente estos fueron los nudos articuladores, en términos discursivos, que conjuntaron a las fuerzas militares con las indígenas. La idea de una suerte de saneamiento ético de la política (en confrontación con la sombría gestión del salvataje bancario emprendida desde el Estado), y el directo rechazo al deterioro de las condiciones de vida por el incesante incremento de los precios de los productos de primera necesidad, ponen a las claras la necesidad -evidenciada a partir de los sectores "sublevados"- de resolver la cuestión democrática en el Ecuador no sólo en términos de la formalidad institucional que la soporta sino de un nuevo marco de relaciones entre ésta y el tema de la justicia social.La incidencia del movimiento del 21 de enero es tal que rubros (relativos a cuestiones salariales y financieras) que en otros períodos condensan y explican mucha de la agitación social producida, en este cuatrimestre apenas han generado reacciones de disgusto y abierta confrontación.
Objeto del Conflicto
OBJETO Frecuencia Porcentaje DENUNCIAS DE CORRUPCION 52 21.94% FINANCIAMIENTO 15 6.33% LABORALES 26 10.97% OTROS 33 13.92% RECHAZO POLITICA ESTATAL 97 40.93% SALARIALES 14 5.91% Total 237 100.00%
En lo que hace alusión a la localización del conflicto social en el período analizado se presentan algunas variaciones respecto de las tendencias anteriores.
En primer término, el peso de la conflictividad social ha vuelto a expresarse en la región de la Sierra (cerca del 55 por ciento de los casos registrados). La región litoral ha dejado de ser el mayor espacio de localización de la beligerancia social -aunque sigue concentrando más del 43 por ciento del total de conflictos-. Este cambio, obedecería, directamente, al levantamiento indígena militar de enero. La extracción geográfica del movimiento indígena y el imaginario espacializado que asocia a los edificios-íconos de los poderes del Estado (Carondelet, el Palacio Legislativo, etc.) con la propia idea de detentar y controlar el poder a nivel nacional hacen que, tal como se dio en los hechos, los más duros e intensos actos de "toma del poder" y, en general, de protestas contra el defenestrado régimen hayan tenido lugar en la región inter-andina.
Número de Conflictos por regiones
REGION Frecuencia Porcentaje AMAZONIA 4 1.69% COSTA 102 43.04% INSULAR 1 0.42% SIERRA 130 54.85% Total 237 100.00%
La tesis anterior se corrobora al observar que la provincia que ha concentrado, en mayor envergadura, la conflictividad producida en el período noviembre 1999 - febrero 2000 es la de Pichincha (incluso ha crecido la tasa de conflictos de 33 por ciento en el período anterior a más del 40 por ciento en el que se analiza).Guayas mantiene un alto nivel de productividad de conflictos (35%) y se observa un repunte de provincias como Tungurahua y Cotopaxi. Una vez más, los sucesos del 21 sustentan y dan forma a todas estas pequeñas modificaciones y relocalizaciones de la agitación socio-política del país.
Número de Conflictos por Provincias
LUGAR Frecuencia Porcentaje AZUAY 11 4.64% CHIMBORAZO 3 1.27% COTOPAXI 6 2.53% EL ORO 3 1.27% ESMERALDAS 5 2.11% GALAPAGOS 1 0.42% GUAYAS 84 35.44% IMBABURA 2 0.84% LOJA 1 0.42% LOS RIOS 2 0.84% MANABI 8 3.38% PASTAZA 3 1.27% PICHINCHA 97 40.93% TUNGURAHUA 10 4.22% ZAMORA CHINCHIPE 1 0.42% Total 237 100.00%
En otro orden de factores, al observar la intensidad de los conflictos registrados -expresión de las modalidades de encausamiento y visibilización de las demandas y presiones de los diferentes actores sociales- se pueden observar nuevamente los efectos de lo sucedido en enero. Así, una vez más -como ha sido una regularidad histórica en el país desde el retorno a los regímenes civiles- las formas de enunciación de malestar social se han producido bajo la forma de paros, huelgas, marchas, protestas y bloqueos: casi el 50 por ciento del total de actos conflictivos registrados han adoptado esta modalidad de expresión. Tal dato alude a la serie de manifestaciones que se dieron como marco previo a los sucesos del 21 de enero y a los actos que tuvieron lugar ese mismo día. La manifestación del descontento ciudadano tiene un espacio público de expresividad.Cabe anotar, además, el intenso repunte del vector "juicios" como efecto y expresión de la agitación social producida en el mes de enero. Con respecto al cuatrimestre anterior este índice se ha duplicado y ello tendría relación con la serie de acciones legales y penales que empezaron a decretarse en contra de los líderes y principales implicados en el derrocamiento de Mahuad. Así, es de conocimiento público los juicios planteados en contra de los militares rebeldes, de ciertos diputados que apoyaron el movimiento y de dirigentes sociales e indígenas involucrados en el asunto.
Intensidad del Conflicto
INTENSIDAD Frecuencia Porcentaje AMENAZAS 52 21.94% BLOQUEOS 13 5.49% DESALOJOS 2 0.84% DETENCIONES 8 3.38% ESTADO DE EMERGENCIA 2 0.84% HERIDOS / MUERTOS 4 1.69% INVASIONES 1 0.42% JUICIOS 29 12.24% MARCHAS 20 8.44% PAROS / HUELGAS 37 15.61% PROTESTAS 43 18.14% SUSPENSION 13 5.49% TOMAS 13 5.49% Total 237 100.00%
En lo que concierne a las modalidades de procesamiento y gestión de los conflictos sociales en el período analizado, y a las instancias estatales que se han hecho cargo de su manejo, se puede constatar la escasa capacidad "negociadora" entre las partes dirimentes.
Los porcentajes demuestran una reversión de las tendencias "negociadoras" de cuatrimestres pasados, ya que apenas se han manejado dialógicamente el 36 por ciento de los conflictos ocurridos (en el período anterior este índice se situaba en torno del 55 por ciento). De ellos, un 5 por ciento ha tenido una resolución positiva (en el cuatrimestre anterior tal tasa era del orden del 21 por ciento). Es importante destacar, así mismo, que los índices de represión aumentaron notablemente (del 3 al 8 por ciento de los casos observados).
Todo ello, sumado al hecho de que un 56 por ciento de los conflictos han sido postergados o se han bloqueado las negociaciones, o de plano, no han sido consideradas como objeto mismo de interlocución, constituye una situación que abre un abanico de interrogantes respecto a las intensas fracturas y cuentas sin saldar que quedan en el escenario post-derrocamiento de Mahuad. El movimiento del 21 de enero habría abierto grandes fisuras y sospechas entre los principales actores políticos del país, y entre estos y la ciudadanía que no han conseguido ventilarse públicamente y que, por lo tanto, han bloqueado la formulación de estrategias comunicativas de dirimencia de las diferencias políticas y perturbaciones sociales presentes.
Desenlace del Conflicto
DESENLACE Frecuencia Porcentaje APLAZAMIENTO RESOLUCION 78 32.91% NEGOCIACION 74 31.22% NO RESOLUCION 41 17.30% POSITIVO 11 4.64% RECHAZO 14 5.91% REPRESION 19 8.02% Total 237 100.00%
Al estudiar el cuadro sobre el tipo de intervención estatal desplegada para manejar y resolver los conflictos sociales ocurridos cabe destacar los siguientes factores: a) en el período final de su mandato, Mahuad prácticamente dejó de inmiscuirse personalmente en la administración de los conflictos sociales (sus intervenciones bajan del 14 al 8 por ciento entre los dos últimos cuatrimestres). Ello es evidencia de la profunda ilegitimidad y desgaste de su presencia al frente del gobierno nacional; b) los ministros (20%) y las fuerzas represivas, policías y militares, (30%) ocuparon el espacio dejado por el presidente. El poder ejecutivo, entonces, controló -más por una vía delincuencializadora que política- los desórdenes sociales acaecidos durante los meses en cuestión; c) este perfil de centralización en la negociación de los conflictos sociales se completa al observar que los gobiernos descentralizados, provinciales y municipales, apenas participan en el procesamiento del 5 por ciento de éstos.La actuación de los otros poderes del Estado, legislativo y judicial, es mucho menos preponderante que aquella del Ejecutivo (entre los dos suman 19 por ciento de casos en que han sido parte de la resolución de la agitación social).
Intervención Estatal
INTERVENCION Frecuencia Porcentaje GOBIERNO PROVINCIAL 6 2.53% JUDICIAL 29 12.24% LEGISLATIVO 17 7.17% MILITARES / POLICIA 36 15.19% MINISTROS 46 19.41% MUNICIPIO 7 2.95% NO CORRESPONDE 44 18.57% POLICIA 34 14.35% PRESIDENTE 18 7.59% Total 237 100.00%
En suma, cabe concluir insistiendo en el profundo impacto de los sucesos del 21 de enero en la morfología y composición de la conflictividad socio-política del país en los primeros meses del nuevo año. Cabe preguntarse, en el futuro, por la capacidad y los mecanismos de recomposición y re-apertura del diálogo político que deberán gestarse desde el nuevo gobierno nacional con miras a ventilar públicamente las causas y los efectos del movimiento y, sobre todo, como factor de resignificación de la democracia en el Ecuador en contextos sumamente vulnerables en el plano externo e interno.
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