Ecuador DEBATE Nº 49
¿Y DESPUES DE LA INSURRECCIÓN QUÉ ....?
Fernando Bustamante
La insurrección indígena-militar del 21 de Enero del presente año, no logró sin duda- sus objetivos confesos máximos. Pero, cabe preguntarse, si instalar en el poder a un "gobierno popular" estaba dentro de la agenda posible para los movimientos sociales y los mandos medios militares que la promovieron.
Parece más realista, en cambio, hacer un balance de sus logros efectivos y de las perspectivas futuras que el inédito golpe de Enero abrió para sus actores. En efecto, la presencia de la CONAIE y de sus aliados (abierta) y del descontento militar (ahora callado) en la escena política nacional, está lejos de haberse evaporado, y estas organizaciones aún poseen ciertas reservas de legitimidad, no demasiado erosionadas por su exhibición de golpismo y de desprecio por el orden constitucional y legal.
Al mismo tiempo, los factores que alimentan su descontento y les granjean simpatías más amplias en muchos sectores, aún persisten. El actual Gobierno de Gustavo Noboa disfruta de una tregua política, apoyada en la alianza (por fin afianzada) entre la Democracia Popular y el Partido Social Cristiano. Pero, esta tregua que entre otras cosas le ha permitido lograr la aprobación de la "ley trolebus" y comenzar la aplicación del plan de dolarización-, va necesariamente a verse tensionada cuando empiecen a sentirse los efectos sociales y económicos de las políticas monetarias y de estabilización que el actual primer mandatario ha heredado de su antecesor en el cargo.La Dolarización y las Elites: un Contexto Ineludible
El plan de dolarización y las reformas conexas, entraña mucho más que la implantación de un nuevo esquema monetario. Representa una verdadera revolución política y económica que requerirá el desmontaje más profundo del sistema de relaciones imperantes entre Estado y sociedad, tal como se hallan constituidas, al menos desde la década de los años setenta.
Las élites sociales ecuatorianas se han precipitado por el camino de la dolarización sin haber aparentemente- medido con un mínimo de previsión las implicancias que ella representa para ellas mismas, y para su modo habitual de existencia. De hecho, una dolarización rigurosamente aplicada, dará al traste con una buena parte de las posibilidades que las élites, a través del Estado, han tenido en el pasado para manipular en su favor las políticas monetarias, cambiarias y de subsidios. Asimismo, el clientelismo político sufrirá muchas cortapisas. La inflación ha sido uno de los mecanismos privilegiados para resolver conflictos distributivos y redistributivos de una manera políticamente viable en el corto plazo. Las prebendas, subsidios y las reparticiones clientelares se han apoyado precisamente en la gran flexibilidad e indisciplina que se ha permitido al sector público, en materias de gasto. La reproducción de buena parte del sector empresarial se ha basado en una compleja maraña de subsidios, protecciones arancelarias, prebendas y rentas políticamente generadas. Este sistema ha podido sostenerse, en buena medida, gracias a la posibilidad que ha tenido el Estado para "acolchar" los efectos sociales de la ineficiencia del sector privado, mediante ciertas políticas redistributivas de tipo populista.
La dolarización ata las manos del Gobierno en este aspecto y requiere por su propia lógica interna- que éste se mueva hacia una posición distributivamente neutral, dejando la regulación de la actividad económica y de la asignación de bienes sociales a mecanismos impersonales y "objetivos". Al no poder disponer de la herramienta del impuesto inflacionario, el fisco dependerá mucho más que nunca de los ingresos generados por los impuestos no inflacionarios y esto implicará una mayor y más real presión fiscal sobre los actores económicos y las personas. En cuanto a las inversiones sociales públicas, la dolarización llevará a un sinceramiento radical de las cuentas públicas. Será mucho más difícil disfrazar la verdadera naturaleza de las decisiones redistributivas que se tomen, lo cual hará inmediata y transparentemente evidente el significado de cada decisión referente a la asignación de los recursos fiscales. Los actores sociales podrán ver con más claridad que ante el balance neto de quienes se benefician y quienes se perjudican con las formas de asignación escogidas. Ante una situación informacionalmente más clara, es posible que los sujetos sociales puedan reaccionar mucho más lúcidamente, pero también más vigorosamente, ante las decisiones que les afecten.
En suma, la dolarización va a castigar duramente la estructura prebendaria y rentista en la que se asienta la economía política ecuatoriana, y por otro lado hará mucho más difícil el uso de mecanismos redistributivos clientelares y populistas para dar viabilidad política a la citada estructura tradicional. Es probable que muchos sectores especialmente aquellos dependientes de mercados internacionales- sufran duras consecuencias y dificultades para sobrevivir. Las clases trabajadoras y no propietarias, por otra parte, recibirán un doble impacto: por la reducción de prestaciones consideradas como derechos adquiridos, y por el desempleo que traerá aparejado el disciplinamiento darwiniano al que se verá sometida la empresa privada. Esto se verá políticamente agravado por el incremento de la transparencia distributiva que afectará a las políticas de gasto público.
Es sorprendente que las élites ecuatorianas no hayan dado hasta ahora muestras de haber comprendido que para grandes y mayoritarios sectores de ellas, la dolarización es una amenaza letal, que las obligará a sobrevivir exclusivamente sobre la base de su competividad y de su dependencia de recursos en los cuales el país tiene ventajas comparativas estáticas (recursos naturales o mano de obra barata). Si ha de juzgarse por el precedente histórico, éstas han sido ventajas insuficientes para dar competitividad al sector privado ecuatoriano en su conjunto. El resultado será que la empresa privada nacional deberá someterse a una reingeniería drástica, o especializarse en nichos muy específicos de mercado. Para reestructurarse de esta manera, necesitará acceso fácil y abundante a los mercados de capitales, pero esto no parece factible a corto plazo, debido a la muy baja confianza que el país despierta en estos mercados. La experiencia internacional indica que la confianza es un factor que depende de muchas variables (no solo la gestión macroeconómica) y que toma mucho tiempo en afianzarse. Contrariamente a la ilusión de muchos, el mero ajuste de variables tales como la inflación, tasa de cambio, tasa de interés y balanza de pagos; no es suficiente para dar un país una imagen confiable ante los inversionistas potenciales. Estos exigen también ciertos parámetros políticos, sociales, institucionales y jurídicos, y además esperan mucho tiempo antes de sentir que tales cambios favorables se hallan suficientemente consolidados: ellos no se conforman con mejorías de corto plazo o con avances potencialmente reversibles.
Por tanto, el sector privado deberá enfrentar las demandas de reestructuración y disciplinamiento en las peores condiciones posibles y con muy pocas perspectivas de lograr en su conjunto- un éxito mínimo. La dolarización casi parece, para ellos, una especie de suicidio de clase, en aras de imponer y someterse a una racionalidad sistémica férrea, impersonal y brutalmente selectiva. Es difícil imaginar que la empresa privada haya súbitamente decidido convertirse a un altruismo tan extremo. Más probable es que sus dirigentes corporativos, simplemente, no hayan tenido tiempo ni perspectiva para calibrar la magnitud del paso que apoyan. Cabe preguntarse que ocurrirá en las Cámaras cuando los efectos selectivos de la dolarización empiecen a hacerse sentir y a diezmar a sus socios. Otro puede decirse de los partidos políticos, cuando calibren la magnitud de la abdicación que han hecho de sus tradicionales posibilidades de acción política, y que han sido aquellas por y en las cuales han medrado y desarrollado sus formas históricas de intermediación social.La Herencia de Enero
Las secuelas de la insurrección del 21 de Enero deben ser analizadas teniendo lo anterior como trasfondo. La aplicación de la dolarización va a profundizar los problemas de liderazgo político de las élites corporativas y políticas y lo hará contra el telón de fondo de una ya muy considerable pérdida previa de legitimidad social.
Es preciso tener en cuenta que las dirigencias indígenas y sociales no han sufrido una perdida comparable de legitimidad a raíz de su intentona golpista de Enero. Para amplios sectores de la opinión pública, la revelación de sus tendencias anti-constitucionales y putativamente anti-democráticas, no constituyen un motivo central de escándalo. El sistema contra el cual atentaron no es visto por muchos como genuinamente representativo. Atacarlo, no es, por tanto, una afrenta a valores democráticos sustantivos. Por otra parte, ya es evidente que para un gran número de ciudadanos, los valores centrados en ideas tales como "estado de derecho", "institucionalidad", "democracia representativa", "constitucionalidad"; carecen de mayor sentido o de ascendiente real. El ethos democrático representativo se halla muy poco arraigado y la relación que la mayoría tanto entre las élites como entre la población- mantienen con estos conceptos es de corte más bien maquiavélico-instrumental. En otras palabras, no existe o es muy débil la presencia de una religión cívica centrada en tales valores. Si la democracia constitucional y representativa no es para la mayoría un valor último y preeminente, un acto que la vulnere no es tampoco el pecado capital cívico que sería en otras latitudes.
En realidad, mucho más peligrosa para la CONAIE y sus amigos, es una reacción adversa basada en otros dos tipos de valores cívicos "realmente existentes" en la cultura política ecuatoriana: el clasismo y el racismo. Lo que ha asustado a muchos sectores de las clases medias acomodadas y de las élites, no ha sido el carácter inconstitucional y anti-democrático de la intentona de Enero. Lo que aterra a estos grupos, es sobretodo el temor a la victoria y ascendiente de una coalición "plebeya" que pueda socavar su hegemonía socio-política hasta ahora nunca seriamente cuestionada. Al mismo tiempo, y potenciando al temor clasista, se han revitalizado viejos fantasmas atávicos de corte racista y etnocéntrico. Para muchos, la escena de un triunvirato sostenido en los ponchos indígenas y en las muy mestizas bayonetas de los coroneles rebeldes, permitió la re-animación de prejuicios raciales que normalmente se camuflan en la cómoda normalidad de la rutina diferencial que empapa de cabo a rabo a las relaciones sociales cotidianas en el Ecuador. Es fácil disfrazar el racismo corriente en situaciones en que la sociabilidad inter-étnica se halla regulada por un paternalismo habitual o por la seguridad de que cada cual "mantendrá su lugar".
El renacimiento racista nos permite descubrir lo que siempre ha estado allí, pero que solo en emergencias muy raras necesita desplegarse a la vista de todos. De hecho, el movimiento indígena ha encontrado hasta la fecha una baja resistencia por parte de las élites. Estas han jugado a darle a la dirigencia indígena un acomodo dentro del sistema corporatista y clientelar del Estado ecuatoriano. Por años ha parecido posible dar a los indígenas un tratamiento parecido al que se ha otorgado a otros grupos de interés "nuevos" que han buscado forzar su entrada en el sistema de reparto clientelar. Al lado de las oligarquías tradicionales, bien podía intentar agregarse una oligarquía de poncho, que desarrollara sus propias jurisdicciones corporativas en el marco usual de la institucionalidad republicana nacional.
Pero muy distinto es cuando estas nuevas organizaciones de base étnica, dan la impresión de querer convertirse en detentoras del poder, o al menos en actores centrales del Estado. Esta posibilidad representa el espectro de una drástica inversión del mundo, de una redefinición revolucionaria de las bases y de los actores del poder. Esto parece inaceptable para grandes sectores, que si bien pueden concordar con los indígenas en sus críticas a la corrupción y a las injusticias del sistema, están muy poco dispuestos a ponerse bajo la égida del "otro" cultural, con el fin de realizar los cambios confusa pero ardientemente deseados. En suma, la CONAIE y sus amigos corren peligro de deslegitimación no por anti-demócratas (las conductas anti-democráticas son muy fácil y rutinariamente aceptadas cuando vienen de las élites tradicionales) o golpistas, sino por "longos" o "cholos" que no aceptan mantener su lugar cosmológicamente determinado "sub specie aeternitatis" (desde siempre).
En realidad, no es en el ámbito de los valores democráticos en donde se produce la esición entre las élites y la coalición indígena-sindical. En ese terreno ambos sectores podrían perfectamente encontrar mucho más terreno común de lo que la diferencia de lenguaje permitiría suponer. De hecho, ya el populismo ha proporcionado una matriz moral en la cual élites y "masas" han podido encontrar a lo largo de la historia, un terreno de comunicación más o menos satisfactorio. El actual sistema económico-político es precisamente- la expresión de ese histórico encuentro y complicidad entre las élites y los elementos subordinados. Las rupturas entre ambos sectores al menos en el pasado- han girado no en torno a la conveniencia o justicia del prebendalismo paternalista, sino en torno a las fórmulas redistributivas precisas que era necesario de continuo renegociar. La estrategia popular ha sido la de movilizar sus recursos estratégicos con el fin de asegurarse una mayor "sensibilidad" de las élites patronales y de inclinar en el margen, y en su favor, los balances de poder entre las opuestas cúpulas corporativas. En ningún caso se ha tratado de una movilización a favor de la democracia como tal, o en pro de una drástica redefinición de la manera de gestionar el poder social y político. Por el contrario, siempre se ha tratado de buscar como mejorar la propia posición dentro del pacto corporativista (y para empezar: ser admitidos en éste).
Es probable el siguiente escenario: la aplicación de la dolarización traerá aparejadas consecuencias dolorosas tanto para las élites tradicionales, como para las capas populares, y sobre todo para aquellas mejor organizadas que han podido acceder a ciertos derechos y prestaciones, los cuales dependen, en buena medida de la acción del débil Estado de bienestar creado en los años de la bonanza petrolera. Este desenlace constituiría en condiciones "normales"- la ocasión ideal para la reconstitución de una resistencia populista inter-clases destinada a revertir o erosionar las políticas modernizantes asociadas a la dolarización. Esta coalición podría eventualmente ser aplastantemente mayoritaria y articular a los caciquismos patronales con el corporativismo estatista, volviendo a aislar (como ocurrió en los últimos meses de la administración Mahuad) a los grupos tecnocráticos cosmopolitas que constituyen el núcleo duro del proyecto dolarizador.
Pero, aquí es donde entran los efectos del golpe de Enero. Mucho depende de la profundidad del "trauma etno-clasista" experimentado en aquella ocasión por las élites blanco-mestizas. En efecto, el escenario esbozado permitirá aquilatar -entre otras cosas-, cual es la importancia relativa que tienen en el imaginario elitista, la preservación de intereses corporativos adquiridos, por un lado, y los prejuicios y terrores atávicos ligados al racismo. De ser más fundamental lo primero, no es imposible una renegociación prebendaria entre el bloque político dominante y las dirigencias indígenas y sociales; en caso contrario, es posible que el Ecuador se hunda en una confrontación trilateral catastrófica, que tendría como protagonistas al Gobierno, por una parte, a los movimientos sociales, por otra, y a las dirigencias gremial-empresariales por su lado.
Es posible que el Gobierno y las dirigencias elitistas que por el momento lo apoyan, estén jugando en estos momentos a preparar la primera de las situaciones anotadas. Parece prioritario para cualquiera de los dos sectores, posicionarse frente al movimiento indígena-sindical, antes de que el maremagnum de la dolarización los envuelva a todos. Es significativo que las élites se hayan abstenido cuidadosamente de perseguir a los dirigentes de la revuelta de Enero, o de lanzar una campaña de desprestigio y aislamiento político en contra de la CONAIE y sus amigos. Las semanas posteriores al fallido intento revolucionario eran ideales para intentar desarbolar a las organizaciones sociales. Pero esta caza de brujas nunca se produjo (¿en que país del mundo unos golpistas indudables como los Sres. Vargas y Solorzano pueden circular libremente y seguir dedicados a sus actividades políticas normales?), y más bien ha dado paso a una serie de esfuerzos delicados y prudentes para reinsertar a los rebeldes dentro de la lógica de la negociación corporativista intra-élites. Una estrategia de co-optación preventiva parece estar a la orden del día, y ella debe tener como fin desmovilizar de antemano la temida reacción indígena y popular frente a las radicales transformaciones que se avecinan y que caerán sobre sus cabezas en los próximos meses.
Perspectivas InmediatasCabe preguntarse ahora cual puede ser la posible estrategia del bloque liderado por la CONAIE ante estos escenarios. En primer término, se debe partir del hecho de que sus líderes siguen manteniendo una oposición frontal no solo a las políticas macro-económicas populares entre las élites, sino al sistema político en su conjunto. La CONAIE & al. pueden esperar confiadamente que la crisis política y social asociada a la dolarización, al manejo de la crisis bancaria y a la crítica anti-política contra los partidos, va a permitirles contar con una gran reservorio de simpatía en el seno de la opinión pública. Mucho depende también del análisis final que los movimientos sociales y los indígenas hagan del desenlace de la insurrección del 21 de Enero. Podríamos suponer algunas lecciones probablemente extraídas por el movimiento indígena:
pasada la resaca del ilusorio triunvirato y de la fantasía, que por algunas horas, pudieron abrigar de haber tomado el poder; los dirigentes indígenas podrían darse cuenta de que después de todo, su movimiento logró algo que nunca antes había ocurrido en el país: que una organización indígena juegue un rol protagónico en el derrocamiento de un Gobierno. La CONAIE mostró una alta capacidad de movilización, audacia táctica y una gran fuerza de presión. Esto significa que su presencia nacional es más vigorosa ahora que antes de la insurrección. Debe agregarse a esto otro hecho: las organizaciones indígenas han logrado adquirir una nunca antes soñada centralidad en la conducción de los movimientos y clases populares, al menos en la sierra Ecuatoriana. La dirigencia indígena se ha convertido en el interlocutor popular del poder, desplazando definitivamente a otras formas de expresión y de articulación de los intereses de las clases subordinadas;
b) Por otra parte, es perfectamente posible que muchas de las bases y de los dirigentes indígenas consideren que los acontecimientos de Enero han demostrado que sus organizaciones ya no pueden depositar confianza en instituciones blanco-mestizas, o en posibles alianzas con grupos de la élite. La conducta de los Altos Mandos de las FFAA, aunque perfectamente lógica desde su perspectiva, puede ser vista como una traición militar a una alianza que muchos militantes soñaban decisiva y sincera. La nostalgia de una nueva revolución juliana, aupada en los hombros de la oficialidad subalterna, frente a un Alto Mando incapacitado o carente de resolución para actuar; parece desvanecerse progresivamente. Una posible consecuencia de esta percepción es que la CONAIE y sus aliados, terminen por encerrarse en una postura proclive a alianzas populares más estrechas, sectarias y radicalmente centradas en la autenticidad y en la identidad. Tal desenlace, haría más difícil que el Gobierno y las élites consigan la cooperación de la dirigencia indígena en un proyecto corporatista preventivo, destinado a castrar los potenciales insurreccionales del movimiento étnico.
Las dirigencias indígenas y sociales en realidad enfrentan el problema de definir su estrategia futura, desde estas dos lecciones: la constatación de su creciente poder y la igualmente creciente desconfianza hacia el mundo institucional y las élites blanco-mestizas. Debería agregarse a estas lecciones una mayor consciencia del peligro que corren de reavivar pasiones racistas, en caso de salirse de los marcos de la negociación paternal-corporativista, para sumirse frontalmente en una lógica anti-sistémica y re-fundacional. Desafortunadamente, hasta el presente no hay claros indicios de que los dirigentes de la CONAIE hayan percibido esta amenaza y las muy próximas que conlleva el uso de un lenguaje político fundamentalista y maximalista.
La teoría de los conflictos políticos nos proporciona algunas indicaciones de los factores que en la experiencia histórica-, tienden a maximizar las probabilidades de que un grupo social opte por una estrategia contenciosa, prefiriéndola a otras, tales como la resolución negociada, la flexibilidad unilateral o la evitación del conflicto. Las condiciones que hacen más probable que un grupo prefiera la estrategia contenciosa son las siguientes:a ) la(s) contraparte(s) tienen un historial de haber sido flexibles en el pasado y existe ya un hábito de esperar que en el futuro ese patrón se mantenga. Esto es precisamente lo que ha pasado históricamente desde la formación del moderno movimiento indígena. Las élites sociales y políticas en el Ecuador han mantenido sistemáticamente una estrategia de acomodo, flexibilidad, concesiones y apaciguamiento del movimiento indígena y popular. La CONAIE está acostumbrada a que los Gobiernos cedan frente a ella, a haber experimentado bajos niveles de represión y oposición, y de haber ido acumulando logros y victorias parciales a lo largo de sus ya múltiples "levantamientos".
b)Poco peligro percibido de que la intransigencia provoque reacciones antagónicas vigorosas por parte de terceros originalmente no comprometidos. Hasta Enero del 2000 esa había sido la situación. La CONAIE y sus movilizaciones habían sucitado poca alarma en la opinión pública y eran pocos los que se sentían fundamentalmente amenazados y alienados por el desarrollo del movimiento indígena. Es probable que esto esté en vías de cambiar, y que la CONAIE y sus aliados puedan estar polarizando una oposición mucho mayor que en el pasado. Como vimos anteriormente, la posibilidad de una resaca racista y/o clasista puede hacer peligrar seriamente la política de alianzas o de neutralidad benévola de muchos grupos frente a las demandas de la dirigencia étnica. Lo crucial aquí es preguntarse en qué medida esta última percibe este peligro o lo subestima. En el primer caso, ella tendrá un serio incentivo para buscar una estrategia de resolución de conflicto negociada, en el segundo caso, carecerá de este tipo de inihibición para radicalizar su conducta política.
c) Por último, un factor que con frecuencia influye en las preferencias de un grupo por agudizar las estrategias conflictivas, es la relación entre sus dirigentes y sus bases. Mientras mayor sea la autonomía de estos frente a las segundas, más fácil es co-optar a estos dirigentes o que estos consideren que sus manos están libres para entrar en pactos, que necesariamente significaran un sacrificio para las aspiraciones máximas de sus bases. Una dirigencia altamente controlada "desde abajo" tiende a ser más irreductible que otra que goza de un alto y fácil grado de discrecionalidad. La impresión que los observadores generalmente bien informados tienen, es que la dirigencia de la CONAIE, tiene un grado relativamente alto de libertad de maniobra frente a sus bases. Si ese fuera el caso estaría en buenas condiciones para moderar sus demandas y buscar una salida no contenciosa a sus aspiraciones, utilizando para ello la amenaza insurreccional solamente como carta para negociar en mejores condiciones su inclusión dentro del pacto corporatista-populista.
Sin embargo, más allá de estos factores estratégicos, pueden hacerse sentir otros de carácter más estructural, y que también tienen la capacidad de influir poderosamente en las decisiones que la dirigencia indígena pueda tomar en el futuro próximo. Estos factores inciden en la conflictividad social, y pueden presionar a las cúpulas más allá de cálculos político-tácticos. En primer término, es necesario evaluar hasta que punto para las minorías étnicas, las aspiraciones expresadas a través de la insurrección de Enero, son vitales y decisivas para valores centrales de su existencia. Es posible que aquellas vinculadas a las posibilidades de reproducción socio-económica lo sean, pero, también es posible que el control del poder y la implantación de un modelo político alternativo sean, en último término, dispensables. Si el Gobierno pudiese garantizar la satisfacción del primer tipo de necesidades, se hallaría en buenas condiciones para alcanzar un grado mínimo de paz étnica y social. Desafortunadamente, las condiciones del ajuste y las consecuencias de las reformas al Estado y a la economía, no van a permitirle al Gobierno mucho margen real en términos de concesiones económicas y programas sociales. Ya el ex-Presidente Mahuad intentó ese camino, y padeció las consecuencias de la incapacidad del sector público para cumplir con compromisos apresurados, hechos "para salir del paso". Un conjunto de ofertas y pactos imposibles de cumplir, solo agudizarían la sensación de agravio y engaño entre los grupos supuestamente favorecidos, y convencerían definitivamente a los movimientos de la total inconfiabilidad de la dirigencia nacional blanco-mestiza.
Otro factor que incide en altos niveles de conflictividad social, es el grado de cohesión interna de los grupos en conflicto. Si efectivamente, las minorías indígenas y sus aliados sociales, han alcanzado este grado de cohesión, identidad y autocentramiento, será más probable que tiendan a ver el conflicto político en términos etnocéntricos, absolutistas y como si se tratará de un juego suma-cero de "todo o nada". Esto puede agudizar las tendencias al fundamentalismo entre los indígenas y empujar a favor de la consolidación de un modelo contencioso de lucha socio-política. En condiciones de crisis económica, como las que vive el país, el fracaso personal y las dificultades de la existencia, tienen el efecto, generalmente observado en estos casos; de incrementar la identificación de las personas con su grupo. Los lazos identitarios operan como mecanismo compensador de la vulnerabilidad individual y de la sensación de estar frente a un mundo hostil, amenazante y peligroso. Esta situación va a ocurrir como efecto de la dolarización y el sinceramiento de la economía. Por tanto, puede predecirse, con cierta confianza, que los integrantes de las organizaciones étnicas y sociales, tendrán un incentivo adicional para cerrar filas y desplazar sus frustraciones hacia el ámbito de la identidad y de la dependencia personal respecto a la acción colectiva. Esta situación genera también fundamentalismo, ya que las posturas individuales centradas en la lógica de la pertenencia a un grupo agraviado, tienden a endurecer y radicalizar el maximalismo y a debilitar un enfoque incrementalista de la política.
Ante una situación que va a amenazar derechos adquiridos y el acceso a prestaciones que se creían estables y seguras, el nivel de incertidumbre personal va a incrementarse notablemente, lo que puede fácilmente derivar en la búsqueda de salidas simples y drásticas. En cierta forma, la rebelión de Enero, ya mostró esta deriva hacia la sobre-simplificación de los problemas. El tema de la corrupción, por ejemplo, se convirtió en una especie de mantra obsesivo en boca de los sublevados. Por muy real que sea el problema, es demasido optimista pensar que un problemático Gobierno popular pueda ser la panacea para esta enfermedad o que los problemas del país pueden reducirse y resumirse en la falta de ética cívica de numerosos actores.
Los dados no están echados. Pero no puede ocultarse el hecho de que la dirigencia indígena y social va enfrentar un panorama que le hará difícil tomar el camino de la resolución de conflictos, y que más bien la empujará hacia una estrategia contenciosa. El problema es que si llega a optar por dicho camino, puede, esta vez, y contrariamente a ocasiones anteriores; polarizar a muchos sectores de clase media blanco-mestiza, y precipitar una reactivación de los espectros racistas y de clase, que el paternalismo rutinario permite, en alguna medida, esconder a la vista de un observador casual.
La dificultad para el Gobierno del Presidente Noboa, es también muy seria. La administración necesita llegar a acuerdos a la brevedad, y tomarlos muy en serio. Debe poder comprometerse con cosas que efectivamente pueda cumplir, y que moderen la sensación subjetiva de desconfianza que entre los movimientos sociales y étnicos, la cual no ha hecho sino crecer a lo largo de los últimos acontecimientos. El problema es: ¿a qué puede comprometerse el Gobierno? ¿Qué puede efectivamente cumplir? ¿Y entre aquello que puede cumplir, qué es lo que está en condiciones de incidir eficazmente en aliviar los padecimientos de las bases sociales, de manera a reducir su disponibilidad frente a discursos radicales y fundamentalistas?.
La respuesta a estas interrogantes es vital para la viabilidad del propio Gobierno, y para la futura paz social de la República. Es posible que el Presidente Noboa no tenga muchos ases bajo la manga en este punto, pero la "virtú" del Principe, puede ser entendida (si seguimos a Machiavelo), como la capacidad de jugar bien una mala mano. Pero al fin y al cabo, y en todo caso, el Gobierno está en mejores condiciones y tiene más incentivo que la CONAIE y sus aliados, para ser flexible y buscar llevar a sus contrapartes al terreno de la resolución de conflictos, alejándolas del campo de batalla y de las lógicas propias de la guerra.
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