Ecuador DEBATE Nº 57
FINANCIAMIENTO DEL GASTO PUBLICO: ENTRE EL FMI Y LAS CUENTAS PENDIENTES DEL SALVATAJE BANCARIO
Wilma Salgado
La disyuntiva planteada en torno al futuro financiero del país se halla enmarcada dentro de dos opciones: ceder a la presión del FMI y de los acreedores internacionales y locales de la deuda pública -aumentando las cargas a la población o emprender acciones para recuperar la cartera vencida de las instituciones financieras sometidas a control estatal y así esclarecer las cuentas de quienes participaron en dichas operaciones. La opción que asuma la administración del Coronel Lucio Gutiérrez nos dará luces respecto a las intencionalidades de cambio o de continuidad.
El nuevo gobierno del Ecuador, que asume sus funciones en el 2003, confronta múltiples desafíos, entre los que se encuentra la posible negociación de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, acuerdo sobre el cual el gobierno saliente ha venido trabajando sin llegar a concretarlo, debido a que el FMI habría pretendido: "imponer condiciones inaceptables, que de ser aceptadas, debilitarían nuestras frágiles democracias"1, según las declaraciones públicas realizadas por el Presidente, en la 57 asamblea de las Naciones Unidas que tuvo lugar en New York en Septiembre del año en curso.
Las condiciones calificadas de "inaceptables" por el gobierno saliente, se refieren al tradicional paquete de medidas aconsejado por el FMI, por el cual se extraen recursos financieros desde el conjunto de la población, para asegurar el pago del servicio de la deuda externa, mediante el aumento de los precios de los bienes y servicios públicos: gasolinas, gas, energía eléctrica, teléfonos, al mismo tiempo que se reducen las remuneraciones de los empleados públicos y se expropian los bienes públicos mediante su privatización.
En el Ecuador existen sin embargo, cuentas pendientes por recuperar, de las políticas de salvataje y saneamiento bancario aplicadas desde 1998, que dieron lugar a masivas transferencias desde el conjunto de la población, que en consecuencia se empobreció, a favor de los ex accionistas bancarios, responsables de la quiebra de los bancos que actualmente se encuentran en manos de la AGD. Dichos ex accionistas, después de recibir grandes cantidades de recursos financieros desde el Banco Central y el Ministerio de Finanzas, entregadas con el argumento de impedir la quiebra de los bancos, de todas maneras los declararon en quiebra y los entregaron al Estado, para que se haga cargo de devolver los depósitos a los depositantes perjudicados, tarea que el último gobierno ha venido asumiendo con fondos públicos, mientras al mismo tiempo, las empresas vinculadas, esto es de propiedad de los mismos ex accionistas bancarios se han negado hasta ahora, a pagar la mayor parte de los créditos pendientes con los bancos en manos de la AGD. De esta manera, los ex accionistas han logrado hasta ahora, trasladar los pasivos al Estado, conservando la propiedad de los activos.
En efecto, hasta ahora, los ex accionistas bancarios conservan la propiedad de las empresas en donde se encontraba concentrado el crédito concedido con los depósitos del público y mientras da paso a una condonación de hecho de las deudas de las empresas vinculadas, deducible de la lentitud en las acciones para recuperar dicha cartera vencida. En forma adicional, ni los ex- accionistas bancarios, ni las autoridades e instituciones responsables del manejo de las operaciones de salvataje y saneamiento bancario, han rendido cuentas sobre el uso de ingentes recursos entregados como créditos de liquidez desde el Banco Central y /o a través de los bonos AGD, emitidos por el Ministerio de Finanzas, ni de los créditos externos contratados con el mismo fin.
La magnitud de las cifras implicadas en tales operaciones en total (incluyendo los depósitos congelados) ascendieron a una cifra superior a los 8 mil millones de dólares, muestra la necesidad incuestionable de acciones concretas para recuperar la cartera vencida, así como, de acciones para esclarecer las cuentas de las instituciones que participaron en dichas operaciones, antes de aplicar un nuevo paquete de medidas recomendadas por el FMI.
Hay que resaltar la presión que ha venido ejerciendo el FMI para que se apliquen medidas para recaudar recursos hacia servir la deuda externa, así como su oposición a que se destinen a salud y educación, el 10% de los recursos provenientes de los futuros ingresos por la venta del petróleo que será transportado por el OCP, lo que contrasta con la omisión y olvido por parte de este organismo, de la recuperación de la cartera vencida de las empresas vinculadas, así como del esclarecimiento de las cuentas de las instituciones involucradas en las operaciones de salvataje y saneamiento bancario.
Esta disyuntiva, entre ceder a la presión del FMI y de los acreedores internacionales y locales de la deuda pública, aumentando las cargas a la población, emprender acciones para recuperar la cartera vencida de las empresas de propiedad de los ex accionistas y esclarecer las cuentas de las instituciones que participaron en dichas operaciones, constituye a mi juicio, el eje que definirá si el próximo gobierno es un gobierno de cambio, o si cambiamos de gobierno para seguir en lo mismo.
La presión por la firma de un nuevo acuerdo con el FMI proviene no solamente de la comunidad financiera internacional, que quiere estar segura de que el país continuará pagando puntualmente el servicio de la deuda, sino también de poderosos grupos económicos locales tenedores de papeles de deuda externa, de los deudores de la banca en manos de la AGD, y beneficiarios en general de las políticas aplicadas en el país.
En este artículo, se presenta en primer lugar un análisis del nuevo papel que viene cumpliendo el FMI en los países en desarrollo, desde los años ochenta, para mostrar que éste no se enmarca dentro de los objetivos declarados al momento de su creación, reflexionando luego sobre los riesgos que conllevaría para el gobierno entrante aceptar las condiciones impuestas por el FMI, en la coyuntura económica por la que atraviesa el Ecuador, y la necesidad de emprender acciones para recuperar la cartera vencida así como para esclarecer las cuentas pendientes de las instituciones que participaron en el salvataje y saneamiento bancarios, como un mecanismo idóneo para financiar el gasto público, y resarcir los daños ocasionados a la mayoría de la población en la última crisis financiera.
1 Ver: "El presidente Noboa fue crítico en la 57 Asamblea". El Comercio, Sábado 21 de septiembre del 2002, p. 2-A.
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