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Un antecedente significativo
y concreto del malestar del ciudadano y de la crisis de confianza
lo constituye la elección legislativa del 14 de octubre
de 2001, dos meses antes de la renuncia de De la Rúa.
El comicio se caracterizó por la amplitud del voto negativo
y el alcance de la abstención, que registró la
cifra del 41% del padrón electoral entre ausentismo, votos
en blanco y nulos, en total no eligieron candidatos más
de 10 millones de ciudadanos. Con respecto a los anteriores comicios
legislativos los partidos perdieron casi 5 millones de votos.
El promedio nacional de votos en blanco y nulos alcanzó
el 21,1 % (casi 4 millones de personas). La participación
electoral fue del 74%, el índice más bajo desde
1983. Todos sabemos que el poder de los ciudadanos es mínimo
en la democracia representativa y que se manifiesta masivamente
en los actos electorales. Entre las grandes instituciones de
poder de la sociedad emerge el poder electoral. No en vano escribió
Ferrero que "entre todas las desigualdades humanas, ninguna
es tan importante por sus consecuencias ni tiene tanta necesidad
de justificarse ante la razón, como la establecida por
el poder"3. El voto es una herramienta de
poder de los ciudadanos, que en la Argentina se ejercita cada
dos años. Desde este punto de vista es posible pensar
el voto negativo como expresión de protesta y de sanción
y no necesariamente como voto antisistema. Ese voto pretendió
configurar un fuerte llamado de atención a la dirigencia
política, y de esta manera numerosos ciudadanos hicieron
valer su pequeña cuota de poder interrogando a sus representantes.
En esta circunstancia
cabe aclarar que los votantes negativos no se sitúan en
el mismo lugar de aquellos que no concurren a los comicios. Estos
últimos están paralizados por la apatía
absoluta y la pura indiferencia. En cambio, los primeros se sienten
aún convocados por las urnas, interpelados por el juego
del sistema democrático. Fueron, como se dijo, ciudadanos
que expresaron su protesta y buscaron una sanción, y en
ese sentido no fueron desertores de la democracia. Aunque el
voto negativo no fue el voto antisistema que se volcó
en las urnas, sin embargo es conveniente advertir que el terreno
en el que se mueve no es desconocido por las consecuencias que
puede acarrear, una de las más importantes es la deslegitimación
de la democracia. Mientras el voto negativo no adquiera un carácter
permanente y, en consecuencia, no se ingrese a una situación
de nihilismo masivo, no se convertirá en un factor deslegitimante
de la democracia. Sólo el triunfo del escepticismo será
la condena de la democracia. De lo que se trata, pues, es de
no transformar a los ciudadanos en enemigos de la democracia,
para lo cual ella debe comportarse como un régimen sabio
en el momento de regular los conflictos que ponen en riesgo su
propio sistema político. La responsabilidad principal
recae en la dirigencia toda: evitar que un fenómeno probablemente
coyuntural se transforme en estructural. La pregunta continúa
siendo: ¿cómo acercar la política a los
ciudadanos? ¿Cómo restituir a la política
su dignidad y credibilidad?
Deslegitimación
y desinstitucionalización de la política
En el paisaje que venimos
describiendo, la crisis de la política está atravesada
por la emergencia de un doble fenómeno: la deslegitimación
y la desinstitucionalización de la política. Son
dos fenómenos diferentes, aunque entrelazados, vinculados
a la impugnación del concepto política. Como decíamos
antes, la política ha perdido legitimidad, ha perdido
aceptación, los ciudadanos no se sienten convocados por
los hombres políticos y su rechazo proviene del hecho
de que es identificada como política de poder, como simple
maniobra, como mera política de intereses particulares.
En la percepción de la mayoría, la política
se ha separado de los problemas de la vida cotidiana, se ha deshumanizado
y no da respuestas satisfactorias. En cambio, la desinstitucionalización
de la política alude al intento de retirarla de sus canales
tradicionales (parlamento, partidos, comicios) para trasladarla
a las asambleas populares, a la participación directa.
En lugar de las urnas, se prefiere a las calles como ámbito
de la acción política. En ese horizonte flamea
la democracia directa. En esta posición hay un rechazo
a un determinado formato de la política, a los vicios
y defectos antes comentados, a su carácter representativo,
y en este sentido se la deslegitima, pero se la recupera con
otro formato, desde el ejercicio colectivo de la decisión.
En ambos casos se ha perdido la fe en las instituciones y en
los hombres políticos. Con la deslegitimación de
la política se cuestiona a la política como relación
constitutiva de la existencia de todos, como relación
inherente al vínculo social. Se deslegitima, en fin, cuando
las políticas públicas no son aceptadas por el
mal desempeño de los gobernantes. Por eso, legitimar la
política es conectarla con los asuntos humanos para dar
respuestas satisfactorias. El problema es aún más
complejo porque hablamos de legitimar una política democrática
que no se reduce al respeto de las libertades individuales, sino
que también debe comprender el desarrollo del bienestar
colectivo. En cuanto a la desinstitu cionalización de
la política, ella obedece a una tradición, en parte
populista, que repudia la democracia representativa y se arroga
a través de la acción directa la representación
del pueblo. Ya lo sabemos, la política moderna es representativa,
la decisión directa de los ciudadanos en asambleas del
mundo antiguo fue reemplazada por un sistema complejo de decisión
indirecta en el mundo moderno. Lo que también sabemos
es que nunca, al menos en la modernidad, el pueblo, una clase,
ha ejercido el poder reunido en asamblea deliberante. Habría
que buscar la respuesta en el perfeccionamiento de la democracia
representativa.
La política ha sido fuertemente impugnada entre otras
razones por la ausencia de políticas eficaces del buen
gobierno. Si la política es, como sugería muy schmittianamente
Julien Freund, el arte de la decisión, nuestras democracias
con sus débiles desarrollos institucionales y sus dificultades
para conseguir el bienestar general tienen por delante el reto
de mejorar sus capacidades decisorias, para evitar bloqueos y
retrocesos en los procesos de cambio y asegurar las tareas de
gobernabilidad. El problema no es tanto la discusión sobre
las democracias mínimas como la superación de las
realizaciones mínimas. La Argentina ya es una sociedad
dual, nunca como ahora hubo una situación tan extrema
de pobreza y de marginación social, un país que
creció merced a la educación pública y al
ahorro de sus habitantes, con una franja muy ancha de clase media,
se encuentra hoy con 19 millones personas que viven por debajo
de la línea de pobreza (53% de la población), con
9 millones de indigentes (24,8%)4,
y este es un hecho inédito en su larga historia.
- 3 Guglielmo Ferrero,
El poder. Los genios invisibles de la ciudad, Inter Americana,
Buenos Aires, 1943, p. 35.
- 4 Datos del INDEC
(Instituto Nacional de Estadística y Censos), onda mayo
del 2002.
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