Ecuador DEBATE Nº 47
CONFLICTIVIDAD SOCIAL: Marzo - junio 1999
La conflictividad social y política del tercer cuatrimestre del gobierno demócrata popular puede ser caracterizada a partir de dos grandes nudos problemáticos: en primer término, una polarización regional de la política (en la que el enfrentamiento entre Guayaquil y el Gobierno Central ha tomado muchas veces matices violentos) que ha agudizado, como nunca antes, el debate y la necesidad de viabilizar formas de descentralización y/o regionalización del Estado y la Nación; y, en segunda instancia, un frontal rechazo a la política estatal, sobre todo en lo relativo al manejo de la crisis bancaria, de parte de numerosos grupos sociales y partidos políticos de oposición.
En efecto, durante el período noviembre-febrero se ha registrado el mayor índice de conflictos en lo que va del período gubernamental de Mahuad. Se observa un aumento de su porcentaje, con respecto al cuatrimestre anterior, que representa una tasa de crecimiento del 39%. Cabe recordar que el período estudiado vio suceder -entre otros incidentes- el congelamiento de los depósitos bancarios, la deblacle del sistema bancario nacional, la crisis -que cobró un inesperado tinte regional- del Banco del Progreso, numerosas paralizaciones, huelgas y bloqueos del sector de la transportación, del sector salud, de los maestros, y algunas disputas paralizantes entre los principales poderes del Estado en torno de la puesta en funcionamiento de los instrumentos más idóneos para manejar la crisis fiscal.
No sorprende por ello que durante los meses de marzo y abril, y como efecto de la decisión gubernamental de congelar los depósitos bancarios -como medida preventiva para evitar una escalada alcista en el precio de la divisa norteamericana- hayan tenido lugar en Guayaquil dos grandes marchas en contra de las prácticas centralistas del régimen (esa era la principal acusación de los líderes de ambas protestas). La primera tuvo lugar el 22 de marzo y fue provocada por la decisión de Fernando Aspiazu de no abrir las puertas del Banco del Progreso. De allí canalizó una reacción de marcados tintes regionalistas contra el gobierno central, al que acusó de responsable de la medida. La segunda, del 8 de abril, fue liderada por las Cámaras de la Producción -la marcha de "los crespones negros"- en contra de la posible aplicación de nuevos impuestos.
Número de Conflictos por Mes
Meses Frecuencia Porcentaje Marzo 74 25.52 Abril 76 26.21 Mayo 73 25.17 Junio 67 23.10 Total 290 100.00% Las observaciones anteriores dan luz para entender el ordenamiento de los principales actores sociales y políticos que han generado importantes niveles de conflictividad en el país. Así, en primer término cabe resaltar que los trabajadores y los sindicatos aparecen aún -tal como en el cuatrimestre anterior- como los principales opositores a la administración de Jamil Mahuad: sus acciones y postulados políticos han producido el 40% del total de conflictos registrados. En un segundo plano es conveniente llamar la atención sobre la actuación de los partidos políticos en la generación del 15% de los conflictos observados: al igual que en el período pasado, conservan un alto perfil en la producción de turbulencia social, hecho que habla a las claras de las malas y beligerantes relaciones entre el poder ejecutivo y legislativo del Estado.
En otro nivel se ubican los conflictos generados por las reivindicaciones de los denominados "grupos locales" y las "organizaciones barriales" -en conjunto han sido protagonistas del 11% de la conflictividad registrada: ello hablaría a las claras de la reactivación de protestas populares y sobre todo de la forma en que la crisis económica, la peor en la reciente vida democrática del país, ha incidido en la cotidianidad de los grupos sociales y las comunidades de los más recónditos lugares del país. Se constata la profundidad de la crisis cuando la conflictividad social desborda los mecanismos institucionales fijados para su expresión y pasa a localizarse en los tejidos infinitesimales de la sociedad, en las esferas micro-políticas de la nación.
Cabría destacar, finalmente, la conservación de una tendencia ya expresada en el cuatrimestre anterior, a saber, la actuación política opositora y conflictiva de las cámaras de la producción y de los empresarios: en el intervalo estudiado han sido partícipes del 8% del total de conflictos registrados.
La vuelta a la "escena pública" de estudiantes, campesinos e indígenas, que registran índices más altos de participación que en períodos pasados, es una señal poderosa de una crisis política que convierte todo lo que toca en conflicto, disenso, bloqueo y oposición contumaz.
Número de Conflictos por Sujeto del Conficto
Sujetos Frecuencia Porcentaje CAMARAS DE LA PRODUCCION 11 3,80% CAMPESINOS 8 2,80% EMPRESAS 12 4,80% ESTUDIANTES 14 4,80% FUERZAS ARMADAS 1 0,30% GREMIOS 22 7,60% GRUPOS HETEROGENEOS 12 4.10% GRUPOS LOCALES 17 5,90% INDIGENAS 10 3,40% ORGANIZACIONES BARRIALES 20 6,90% PARTIDOS POLITICOS 44 15,30% POLICIA 3 1,00% SINDICATOS 44 15,20% TRABAJADORES 72 24,80% TOTAL 290 100,00% La reactivación de las actuaciones políticas de determinados actores puede ser visualizada de manera evidente en el género de los conflictos: tanto aquellos que corresponden al ámbito de lo laboral público como los referidos a la cuestión laboral privada registran -en conjunto- un notorio crecimiento, bordean el 55% del total de conflictos registrados, con relación a los períodos anteriores. A las paralizaciones y protestas de los sectores de la salud, de educación, de las municipalidades, se suman los ininterrumpidos llamados de atención por parte de los gremios empresariales y bancarios en torno a las medidas económicas del régimen sobre todo en materia de su política tributaria.
Funcionarios del Estado con misiones diplomáticas en el exterior, médicos, enfermeras, maestros, empleados públicos y municipales, ven cada día como sus salarios -cuando llegan a tiempo- se vuelven cada vez más exiguos e inservibles. Todos ellos aparecen a la vez como víctimas y señales elocuentes del intenso desgaste del Estado-nación, de su incapacidad para equilibrar soluciones técnicas y arreglos políticos de largo alcance para crear mínimos márgenes de certeza, previsibilidad y movilidad a los actores sociales. Cada uno de nosotros hemos visto reducida a su mínima expresión la posibilidad de generar expectativas y planes de largo plazo, edificar un "plan de vida" en el cual elaborar imágenes de un presente habitable y de un futuro no menos digno. Se necesitan mecanismos para reducir la complejidad y la incertidumbre de los sistemas económicos, sociales y políticos, sin embargo las instituciones creadas para esos fines -públicas y privadas- no han enrumbado sus actuaciones en función de estos objetivos, por el contrario, han producido altos niveles de incertidumbre y miedo, elementos que tal vez pueden ser vistos como las orientaciones de valor dominantes en el Ecuador de fin de siglo.
Nuevamente, a nivel del género de los conflictos ocurridos en el período marzo-junio, resulta pertinente llamar la atención sobre el corte regional que durante todo el gobierno demopopular ha adquirido la conflictividad social y política del país. Prácticamente 13% de la turbulencia social ocurrida ha sido protagonizada por movimientos cívico-regionales, si a ello se añaden las protestas ya mencionadas de los sectores productivos privados (asentados sobre todo en el litoral del país), tenemos un escenario de clivages y divisiones regionales que han sido activadas, sobre todo, en negociaciones políticas o debates técnicos por las élites económicas (cámaras de la producción, y ciertos banqueros) y las élites políticas (sobre todo las vinculadas con el Partido Social Cristiano) guayaquileñas como una estrategia de legitimación -sin incidencia en lo nacional- de una política opositora dramáticamente encerrada sobre sí misma.
Finalmente, "pugna de poderes" y conflictos "político-partidistas" y "político-legislativos" suman más del 15% del total de conflictos registrados. Ello evidencia, además de la repetidísima estrategia cortoplacista y electorera de los partidos -siempre es mejor negocio formar parte de la oposición que colaborar con el gobierno de turno-, la deplorable estrategia política que el presidente y su cercano círculo de asesores han puesto en juego a la hora de comunicar, defender y poner en circulación cada uno de sus proyectos de reforma política o económica. Se ha querido suplir con argumentaciones de corte tecnocrático las necesarias mesas, foros y demás mecanismos de interlocución y negociación políticas en el curso de las cuales los "otros" (opositores) conocen con anticipación los diferentes proyectos y eventualmente pasan a ser parte de las fórmulas de gobierno.
Número de Confictos por Género del Conflicto
Género Frecuencia Porcentaje CAMPESINO 8 2.80% CIVICO REGIONAL 36 12,40% INDIGENA 10 3,40% LABORAL PRIVADO 39 13,40% LABORAL PUBLICO 119 41,00% POLITICO LEGISLATIVO 12 4,20% POLITICO PARTIDISTA 22 7,70% PUGNA DE PODERES 10 3,40% URBANO BARRIAL 34 11,70% TOTAL 290 100,00% Los señalamientos anteriores cobran validez al apreciar las motivaciones que originaron los conflictos socio-políticos en el país. Así, el alto índice de 34% de los conflictos registrados obedecieron directamente a manifestaciones de disgusto e inconformidad con respecto a la gestión gubernamental (recordar que en el cuatrimestre anterior este porcentaje se situaba en torno del 28%). Se trata de un indicador que da luces sobre la forma en que el gobierno ha ido minando sus posibilidades de construir "adeptos", generar actores políticos que coadyuven y sean partícipes de sus líneas de reforma y direccionamiento del país. Las disputas al interior del partido gobernante (entre el vicepresidente y la ministra de finanzas por ejemplo) son señales claras de una conducción política excesivamente centrada en el presidente y su círculo cercano y que por tanto no permite ampliar el debate y el consenso necesarios para legitimar las medidas adoptadas.
Lo anterior y la no recuperación del presupuesto del Estado (asunto que habla mal del impuesto del 1% a la circulación de capitales) habrían causado que casi 25% de los conflictos registrados sean originados por un deficiente manejo de la cuestión salarial en el país. Las recurrentes paralizaciones de los sectores de la salud y la educación, sobre todo, en miras a denunciar el incumplimiento en el pago de sus haberes por parte de la administración central y el índice de conflictos originados por problemas de financiamiento (deudas a municipios, empresas públicas, seguro social, etc.) dicen bastante sobre los perversos efectos que el déficit fiscal tienen en la integración y el equilibrio social del país.
Número de Confictos por Objeto del Conflicto
Objeto Frecuencia Porcentaje DENUNCIAS DE CORRUPCION 39 2,80% FINANCIAMIENTO 45 15,60% LABORALES 7 2,40% OTROS 28 9,70% RECHAZO POLITICA ESTATAL 99 34,10% SALARIALES 72 24,80% TOTAL 290 100,00% Como ya lo mencionamos, la conflictividad social del Ecuador ha adquirido un marcado tono regionalista, en el que las oposiciones Sierra-Costa, Quito-Guayaquil, centralismo-descentralización han marcado las directrices de gran parte del debate político relativo a la gestión del gobierno de Mahuad. En este sentido no sorprende que se ratifique una tendencia que viene madurando desde los tiempos en que el Fenómeno del Niño dejó destrozada gran parte de la región litoral del país: hablamos de la constatación de que la Costa aparece nuevamente como la principal fuente de conflicto y tensión social y política en el país (casi el 50% del total de conflictos registrados).
Número de Conflictos por Regiones
Región Frecuencia Porcentaje AMAZONIA 16 5,52 COSTA 142 48,97 INSULAR 2 0,69 SIERRA 130 44,83 TOTAL 290 100,00 Claramente, los dardos confrontacionistas le llegan al gobierno central desde las provincias de la Costa ecuatoriana, son éstas las que en mayor medida expresan su abierto disgusto contra los perversos efectos de un manejo centralizado y homogenizador de la política, la cultura y la sociedad. Sin embargo, cabe resaltar que el hecho de que la provincia de Guayas aparezca como la principal productora de conflictividad (37%) sugiere que el marcado tono regionalista del debate político está atravesado por una disputa -electoral y simbólica- entre el Partido Social Cristiano, cuyas bases se concentran casi exclusivamente en el Guayas, y el partido Gobernante. La cuestión regional ha sido activada, entonces, con miras a medir, afirmar y legitimar la co-relación de fuerzas políticas en las diversas sociedades locales del país.
Cabe señalar, además, que la región andina presenta un cierto margen de crecimiento anterior como escenario de conflictividad social en el país con respecto al período (alcanza un 45%): si se piensa que las bases políticas y electorales del actual gobierno han estado asentadas sobre todo en esta región del país, puede concluirse que la legitimidad y el apoyo al régimen disminuyen de forma acelerada a medida que avanza el período gubernamental de la Democracia Popular. El deterioro exacerbado y violento de los últimos meses deja ver que el margen de maniobra política del gobierno es cada vez más restringido.
Por último resulta necesario llamar la atención sobre el crecimiento de los conflictos sociales cuyo escenario ha sido la provincia del Azuay: si en el período anterior apenas un 2% de la turbulencia social registrada en el país tuvo como lugar de eclosión a tal provincia, en el presente cuatrimestre su participación alcanza prácticamente el 7%.
Número de Conflictos por Provincias
Lugar Frecuencia Porcentaje AZUAY 20 6,90% CAÑAR 3 1,00% CHIMBORAZO 4 1,40% COTOPAXI 4 1,40% EL ORO 8 2,80% ESMERALDAS 9 3,10% GALAPAGOS 2 0,70% GUAYAS 108 37,20% IMBABURA 2 0,70% LOJA 2 0,70% LOS RIOS 6 2,10% MANABI 11 3,80% MORONA SANTIAGO 1 0,30% NAPO 3 1,00% ORELLANA 3 1,00% PASTAZA 4 1,40% PICHINCHA 89 30,70% SUCUMBIOS 2 0,70% TUNGURAHUA 6 2,10% ZAMORA CHINCHIPE 3 1,00% TOTAL 290 100,00% En otro aspecto, en lo que se refiere a la intensidad del conflicto -asunto que expresa las modalidades de visibilización de las demandas y presiones de los diversos actores sociales- se puede constatar un importante aumento de acciones concretas, del tipo huelgas, marchas y bloqueos, como principal forma de expresar el descontento social: suman, en conjunto, más del 46% del total de conflictos observados. Parecería ser que, al contrario del período anterior, los mecanismos dialógicos entre el gobierno y los diversos sujetos sociales en confrontación con aquel se han reducido drásticamente, por lo que tan sólo el 19% de los conflictos registrados han permanecido en su estado latente (amenazas).
A pesar de lo anterior, los datos recogidos no dan muestra de un aumento en los índices de detenciones y desalojos -más bien han disminuido con respecto al período anterior- por lo que cabe suponer que no se ha "sobre-militarizado" el conflicto social. En este rubro se evidencia un manejo atinado, por decir lo menos, de parte de las autoridades centrales en la gestión de los conflictos políticos.
Número de Conflictos por Intensidad del Conflicto
Intensidad Frecuencia Porcentaje AMENAZAS 55 19,00% BLOQUEOS 17 5,90% DESALOJOS 6 2,10% DETENCIONES 6 2,10% ESTADO DE EMERGENCIA 2 0,60% HERIDOS/MUERTOS 6 2,10% INVASIONES 1 0,30% JUICIOS 15 5,20% MARCHAS 52 17,90% PAROS/HUELGAS 65 22,40% PROTESTAS 33 11,40% SUSPENSION 23 7,90% TOMAS 9 3,10% TOTAL 290 100,00% En lo que se refiere a las modalidades de procesamiento de los conflictos sociales en el período marzo-junio, y a las instancias estatales que se han hecho cargo de su manejo, se puede observar la consolidación de un tendencia "negociadora" entre las partes dirimentes. Así, prácticamente el 50% de los conflictos ocurridos han sido administrados por los mecanismos dialógicos fijados para el efecto y además han tenido un desenlace favorable. Como ya se mencionó, los índices de represión continúan a la baja (6%) , aunque no se trate todavía de un indicador que tranquilice y permita avisorar mejores tiempos para el respeto de los derechos humanos en el país.
Llama la atención, sin embargo, que aumente el índice de conflictos cuya resolución se posterga o de plano queda "archivada" políticamente. La disolución de los conflictos sociales por la vía del olvido o la omisión constituye una fuente de preocupación adicional en referencia a las formas en que desde el poder central se reconocen y legitiman las reivindicaciones e identidades de los actores sociales en conflicto. Resulta peligroso que la turbulencia social sea procesada por la vía del desconocimiento de las interpelaciones de los "otros" y que por tanto queden en una suerte de "nebulosa", una constelación localizada por fuera de lo político-institucional que evidencia los escasos niveles de ciudadanización presentes en el país.
Número de Conflictos por Desenlace del Conflicto
Desenlace Frecuencia Porcentaje APLAZAMIENTO 96 33,10% NEOGOCIACION 99 34,10 NO RESOLUCION 33 11,40% POSITIVO 44 15,20% REPRESION 18 6,20% TOTAL 290 100,00% En lo que concierne al nivel institucional del gobierno que se encarga de administrar y resolver los conflictos sociales que ocurren en el país, cabe mencionar tres aspectos: a) el presidente ha tenido un perfil bajo en el manejo de la agitación social que ha vivido el país en los últimos meses; su incidencia alcanza apenas al 14% de los conflictos ocurridos (en el período anterior este índice alcanzaba el 19%); b) lo anterior se complementa con el hecho de que los diversos ministerios han debido activar en mayor medida su presencia en la mediación de conflictos sociales (pasan del 9% en cuatrimestre noviembre-febrero al 22% en el período actual); se puede hablar entonces de un cierto principio de delegación de funciones al interior del poder ejecutivo; c) parecería ser que el manejo de los conflictos en el intervalo analizado se ha desplazado a los poderes locales y provinciales (entre las dos instancias suman casi 13% ); si a ello se añade que la mediación del poder legislativo -en la que los diputados provinciales tendrían una importante incidencia- sigue siendo alta (11%), tenemos un escenario de desconcentración política, al menos en la mediación de conflictos sociales, de las tradicionales funciones y prerrogativas que la burocracia central ha adoptado. Se trata de un aspecto que podría explicar el amplio margen de conflictos negociados y de otros que se limitaron a la forma de amenazas.
Número de Conflictos por Intervención
Intervención Frecuencia Porcentaje GOBIERNO 17 5,90% JUDICIAL 16 5,50% LEGISLATIVO 30 10,40% MILITARES/POLICIA 5 1,70% MINISTERIOS 65 22,40% MUNICIPIO 20 6,90% NO CORRESPONDE 70 24,10% POLICIA 26 9,00% PRESIDENTE 41 14,10% TOTAL 290 100,00% En suma, el cuatrimestre marzo-junio pone en evidencia el escaso margen de maniobra política que ha conseguido el regimen de Mahuad a la hora de negociar su agenda de gobierno. Las estrategias de comunicación y concertación continúan siendo el gran déficit del gobierno demócrata cristiano. Esta carencia de instrumentos políticos de deliberación y negociación sumado a una "sobre-regionalización" del conflicto político, gestada sobre todo desde la provincia del GUAYAS, permiten prever que el escenario futuro estará atravesado por un tono beligerante y poco constructivo en las relaciones entre el PSC y la DP. Los partidos denominados de centro-izquierda pasarán de esta forma a jugar un papel clave en el manejo de la política y la economía nacionales.
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