Ecuador DEBATE Nº 59
año 2000, mediante el canje de los bonos Brady por los bonos global, en lo que significó el primer caso en América Latina, de ese tipo de reestructuración de la deuda externa acordada bajo la iniciativa.
Ello significa simplemente que un país pobre y necesitado de capitales para financiar su proceso de desarrollo y el mejoramiento de las condiciones de vida de su población, está nuevamente remitiendo esos capitales hacia sus acreedores. Esa tendencia es el resultado de la lógica de funcionamiento de los mercados financieros internacionales, de las políticas de las instituciones financieras internacionales, de la coyuntura económica mundial y de sus efectos sobre las corrientes de capital hacia las economías pequeñas de América Latina, del nivel del riesgo país del Ecuador y de su limitada capacidad para atraer inversiones.
Desde luego que las percepciones del riesgo país están definidas por múltiples factores económicos, políticos e institucionales, relacionados con características estructurales y de la política económica aplicada en el Ecuador.
Por lo tanto, lo antes expuesto significa que, independientemente de la política cambiaria que aplique, en este caso la adopción de la dolarización, el Ecuador necesita generar un excedente de divisas muy significativo (equivalente, en promedio en los últimos tres años a 1.700 millones de dólares por año, cerca del 8% del PIB) para cubrir sus compromisos de endeudamiento externo. Según declaraciones oficiales recientes, en el presente año el país prevé cancelar por servicio de la deuda externa casi 2.200 millones de dólares.
Bajo dolarización la liquidez de la economía, es decir la cantidad de dinero que permite mover las actividades económicas en el país, está determinada por la capacidad de la economía para obtener dólares, en otras palabras, por el saldo de la balanza de pagos; el mismo está en función del saldo de la balanza comercial, los flujos unilaterales por concepto de remisión de recursos que los emigrantes envían al país (que se ha convertido en un rubro muy importante de la balanza de pagos del Ecuador en los últimos años, pasando de 200 millones de dólares en 1993 a 1.084 millones en 1999 y llegando a 1.432 millones en el 2002) los flujos netos por inversión extranjera directa (esto es descontando las remisiones de utilidades), y los flujos financieros por concepto principalmente de préstamos externos. Más adelante revisaremos la evidencia empírica de estos indicadores, para evaluar las tensiones que enfrenta la economía y las perspectivas previsibles para la dolarización.
Antes es preciso señalar que si se adopta una perspectiva de más largo plazo, en realidad si ha existido una clara orientación de la política económica en la última década en el Ecuador, las elites económicas y políticas, junto a un conjunto de tecnócratas que han cumplido su sueño, vinculándose a las instituciones financieras multilaterales, han impuesto el esquema ortodoxo y neoliberal; bajo dicho esquema, el Estado debía abandonar todas las actividades no admitidas dentro de los manuales del "nuevo" catecismo; en consecuencia, el gasto de inversión pública (incluyendo en las empresas) ha declinado sistemáticamente; puesto que su destino era ser vendidas, se les retiraba excedentes periódicamente, se redujo su autonomía de gestión, se limitaba su capacidad para un manejo empresarial adecuado y se convirtieron en parte del botín político cada relevo de gobierno.
En el plano comercial, se asumía ingenuamente (¿?), que la reducción de las barreras arancelarias y para arancelarias generaría automáticamente una reasignación de recursos, particularmente de la inversión hacia sectores con ventajas comparativas, manteniendo una inserción óptima en la economía mundial.
Se olvidaba, sin embargo, que ello significaría una profundización de la especialización productiva y comercial del Ecuador en sectores primarios con bajo valor agregado, cuya participación y condiciones en el comercio mundial no han cesado de deteriorarse en las últimas décadas, acentuando los niveles de vulnerabilidad económica y de inestabilidad de los ingresos por exportaciones. Más aún si este proceso se daba en el marco de una evolución económica sumamente frágil y de un entorno internacional que se orientaba claramente hacia una recesión o un crecimiento mucho mas lento.
En cuanto a la privatización de las empresas públicas, el Ecuador pretendió entrar al proceso cuando la tendencia y las condiciones del mercado habían cambiado; varios intentos de vender empresas públicas en América Latina fracasaron o se realizaron con precios muy castigados. Luego de las experiencias poco exitosas en varios países de la región, en el Ecuador, al igual que en Costa Rica y Uruguay existe gran resistencia para dar este paso. Frente a ella, las elites han intentado vías indirectas y menos evidentes para lograrlo, entre las cuales ocupa un lugar destacado su asfixia económica, mediante cargas o restricciones económicas y políticas adicionales y el boicot a sus inversiones, que entorpecen una sana gestión de las empresas. Desde luego que no se puede olvidar la injerencia política y la corrupción en su gestión como otros factores, que no son privativos del sector público ni tampoco inamovibles, como elementos que distorsionan el manejo de las empresas públicas.
La situación que se presenta en Ecuador es demostrativa de estas vías: así, la generación y distribución de energía eléctrica en el país (salvo alguna excepción) maneja tarifas muy elevadas y una acumulación de deudas entre distribuidoras y generadoras, y con Petroecuador, en el caso de las termoeléctricas; o el retroceso de la producción petrolera, con la acumulación de pozos dañados o cuya tasa de producción está en declinación, por falta de mantenimiento y de un manejo adecuado, evidencian dramáticamente los resultados de una política, que quiere llevar inexorablemente a su privatización, por diversas vías. A título referencial cabe recordar que Chile no ha privatizado el cobre (al menos completamente), ni México su petróleo.
Desde otra perspectiva, es verdad que en el Ecuador no se han completado la mayoría de los acuerdos y programas firmados con el FMI (mecanismo de reforzamiento y consolidación de un modelo que ha operado en toda América Latina), debido a alguno de los tres factores siguientes o a cierta combinación de los mismos: choques externos transmitidos por las vías comercial o financiera; el impacto de procesos políticos y de la corrupción sobre la economía; y, en menor medida, la resistencia de diversos sectores a las reformas estructurales y al ajuste.
Más aún, en el Ecuador el neoliberalismo, como esquema teórico y de política económica se ha aplicado con características particulares inherentes a las especificidades de las estructuras económicas y políticas nacionales, como de las clases dirigentes marcadas por su orientación al rentismo, a usar al Estado como instrumento para su enriquecimiento directo y para un manejo clientelar y sin la más mínima rendición de cuentas a la sociedad. Todos los manejos ilegales, fraudulentos y discriminatorios asociados al salvataje bancario cuyo costo para el país rebasó los 6.000 mil millones de dólares y provocó una caída de casi el 30% del PIB en 1999, es una de las evidencias más recientes.
El paso a la dolarización no implicó prácticamente ningún cambio en el esquema de política económica, menos aun en el comportamiento de las elites. Muchos pensaron que la dolarización, por si misma, traía estabilidad y transformaba a la economía ecuatoriana en competitiva y dinámica, desoyendo múltiples voces que clamaban por la introducción de cambios fundamentales en el funcionamiento del Estado y de las empresas.
La bonanza artificial que se registró en el primer año bajo dolarización, no coadyuvó para que se produjeran dichos cambios. Esa bonanza se explicó por la recuperación del crecimiento, luego de la
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