Ecuador DEBATE Nº 47
EL IMAGINARIO DEMOCRÁTICO EN EL ECUADOREL IMAGINARIO DEMOCRÁTICO EN EL ECUADOR
Pablo Andrade A.*
La representación de la nación en términos puramente contractuales ha conducido históricamente a tres tipos de problemas: primero, la desestabilización de la nación en el espacio y el tiempo; segundo, tal concepción genera la necesidad compulsiva porque los ciudadanos renueven continuamente sus actos de lealtad a la comunidad política; tercero, dadas esas condiciones se produce una politización general de la sociedad, y con ella el conflicto prolifera y deviene incontrolable.
Casi desde su inauguración en 1979, la democracia ecuatoriana ha sido descrita como "en crisis". Periodistas, políticos, intelectuales y académicos, ecuatorianos y extranjeros, han señalado que la democracia no ha llenado las expectativas originales, o que ella confronta problemas graves que comprometen su estabilidad presente y, posiblemente, su continuidad futura . En apoyo de esos argumentos, la literatura de la crisis invoca una serie de hechos e imágenes; recesión económica, pobreza creciente, incertidumbre política, corrupción e "ingobernabilidad" están ahí para justificar el diagnóstico. Simultáneamente a esa elaboración de diagnósticos, intelectuales, políticos y académicos categorías no siempre fáciles de distinguir en el caso ecuatoriano- han buscado explicaciones y soluciones a la(s) crisis, construyendo discursos que anticipan y otorgan sentido a la acción política en democracia. Este ensayo identifica las formas en las cuales las nociones de "democracia" e "instituciones democráticas" han llegado a tener sentido en el discurso político ecuatoriano.
La democracia es una innovación radical en el Ecuador. Como se examina más adelante, es en el proceso de disolución de las significaciones del antiguo régimen -llevado a cabo durante la segunda mitad del presente siglo, pero especialmente en la década de los setenta- que instituye el imaginario democrático contemporáneo. La primera parte del ensayo retorna hacia el régimen militar (1972-1979) y los primeros años del régimen civil (1980-1984) para describir las formas en las cuales los símbolos y sentidos de la nación, la representación política y los derechos fueron originalmente articulados. Por falta de un mejor término, llamo a la forma en que esos términos imaginarios tempranos fueron articulados "el discurso democrático original". Sugiero que dicho discurso intentó instituir la sociedad política como una nación contractual, y al conjunto de la sociedad ecuatoriana como vinculada a un conjunto estrecho de significaciones y modos de representación.
La segunda parte del artículo se ocupa de otro, más reciente, modo de articulación del imaginario democrático, el discurso de la "gobernabilidad". La noción de gobernabilidad no es privativa del debate político ecuatoriano, sin embargo, la obsesión del discurso de la gobernabilidad con el rendimiento del sistema político ha adquirido matices particulares en el Ecuador. En Ecuador, el discurso de la gobernabilidad intenta otorgar sentidos a conflictos y problemas que han emergido de la disolución de la ecuación entre sociedad política, representación, y nación tal como fueron imaginados en el discurso democrático original.
El discurso ecuatoriano de la gobernabilidad articula, e intenta responder a, dos conjuntos diferentes de dificultades. En primer lugar, está la necesidad de estabilizar un régimen político que ya no puede proclamarse representativo de la sociedad. Al ofrecer una imagen de la sociedad que no puede ser representada plenamente por el estado, el discurso de la gobernabilidad funciona como parte del descubrimiento de las múltiples disyunciones entre la sociedad y la sociedad política. En segundo lugar, el discurso busca formas de reducir las distancias entre representante y representado, y entre los propios representados. Al efectuar esa doble operación, el discurso de la gobernabilidad propone a la sociedad una imagen de sí misma reconciliada en el estado. Nuestra discusión muestra que el discurso aspira a "reparar" y detener el despliegue de las dimensiones de la sociedad mediante la institución de formas miméticas de representación de la sociedad civil en el estado.
Torno luego mi análisis hacia el examen de las demandas avanzadas por el movimiento indígena ecuatoriano durante los noventa. A partir de un discurso étnico, el movimiento indígena ha buscado reformar la sociedad política ecuatoriana , de manera tal que ésta garantice la representación política de los pueblos indígenas. La noción de "derechos colectivos" es central a esas apelaciones, como muestro más adelante, bajo esa divisa las demandas de los pueblos indígenas combinan una política del reconocimiento de su diversidad étnica y una política de la diferencia. Una vez más, mi análisis presta atención a las interacciones entre la aparente universalidad de esas demandas y políticas, y las visiones no-indígenas de la democracia; en este sentido, sostengo que la forma en la cual el movimiento indígena enuncia sus demandas por representación continúa las imágenes de representación y de los derechos presentes a lo largo de todo el debate político ecuatoriano. Sin embargo, detenerse en la mera "comprobación" de tal continuidad sería banal; en el análisis debe considerar, además, las potencialidades que tales demandas y políticas abren para la creación de nuevas articulaciones de la democracia en el Ecuador.LA NACION DEMOCRATICA
El 10 de Agosto de 1979 señala el comienzo de la democracia en el Ecuador; tras este hecho yacen dos procesos históricos importantes: primero, la fecha recibe su sentido con relación a un período histórico discreto; entre 1971 y 1978, las Fuerzas Armadas en el poder, la clase política y la clase dominante se embarcaron en un largo y complejo proceso de transición desde el régimen militar al gobierno civil . El segundo proceso, más importante desde nuestra perspectiva, es la inauguración de la democracia como una nueva forma de sociedad, la cual no puede analíticamente reducirse a un sistema electoral o en general, a un sistema de instituciones. En este último sentido, la democracia ecuatoriana debe verse en relación a un trasfondo histórico que sólo parcialmente coincide con la "transición" de los tardíos años setenta.
La conciencia de los propios actores, de esa transición y del primer regimen civil, acerca de la distancia histórica entre la inauguración del régimen civil y la democracia aparece en lo que he llamado el discurso democrático original. La democracia en esta primera encarnación fue vista como un proyecto, aún mas, como un proyecto nacional. Los trabajos de Osvaldo Hurtado, escritos durante esos años, capturan las múltiples dimensiones de esas imágenes . Hurtado presenta el proyecto democrático como el aspecto político de la larga marcha hacia la modernidad en el Ecuador (1976: 229-31, 1980: 33); en este primer sentido, la democracia aparece como la culminación de un conjunto de procesos que primero construyeron una sociedad moderna, y que ahora deben conducir a establecer formas adecuadas para su representación, esto es, un sistema político democrático. Desde esta perspectiva, por tanto, la historia (política y social) del Ecuador funciona como una prehistoria cuya lógica ha sido gobernada por dos metas: la creación de la sociedad (moderna) y la construcción de instituciones políticas representativas.
La teleología del proyecto democrático coexiste, sin embargo, con un segundo sentido del proyecto; éste es un plan conceptual, conscientemente diseñado, cuyas instituciones deben "consolidarse" en el presente para asegurar su permanencia en el futuro. Esta segunda significación establece al interior del proyecto una política de transición. Mediante una política de la teleología el proyecto democrático se vuelve contiguo a los símbolos del desarrollo y la igualdad de los ciudadanos, no solo ante la ley, sino también respecto de su derecho a participar de los beneficios del desarrollo. Una representación de la democracia como encarnación de la sociedad contractual articula esos sentidos (1980: 46-47).
El proyecto democrático es contractual en varios sentidos: primero, la democracia resulta de un acto de voluntad del pueblo ecuatoriano; segundo, la noción de "opción" imanente a la voluntad es contigua con la noción de la racionalidad del ciudadano-elector; tercero, tanto elección como razón dependen del hecho de que la gente es un sujeto soberano; cuarto, en consecuencia, la nueva sociedad política aparece como una construcción artificial (y en este sentido "plenamente moderna"). Aún más, el contractualismo del discurso puede reclamar su base en "la realidad"; en Enero de 1978, como parte del proceso de transición, el pueblo ecuatoriano (ciudadano-elector-soberano-racional) votó en un plebiscito por una forma política nueva (la Constitución de 1978), en lugar de una forma política antigua (la Constitución de 1945).
Singer ha observado que la "complicidad" entre las (auto) compresiones contractuales y culturales de la sociedad articulan la (auto) representación moderna de la nación (1996: 309, 312). Curiosamente, el discurso democrático original ecuatoriano parecería caer más en la vertiente contractual de la sociedad moderna que en su corriente cultural, aun -para ser preciso, particularmente- cuando la imagen de la "nación ecuatoriana", omnipresente en el discurso, es tomada en cuenta. El sentido de esta peculiaridad debe buscarse en la historia de la nueva forma social.En "El Poder Político..." Hurtado formula esa no coincidencia entre la sociedad política ecuatoriana y la nación ecuatoriana (con su pueblo y territorio) como resultado de la organización política del antiguo régimen (1976: 144). La totalidad del discurso de "El Poder..." se mantiene como una larga demostración de esos hechos. Sin embargo, el discurso prosigue, el presente (1976, inicialmente, luego 1979) abre nuevas oportunidades para la realización de la nación mediante la creación de una nueva sociedad política. Hurtado, al igual que otros intelectuales ecuatorianos contemporáneos (por ejemplo, Cueva: 1974), arranca sus esperanzas de los "signos" de la modernidad de la sociedad ecuatoriana. En primer lugar, el "sistema de hacienda", que sujetaba a los campesinos con vínculos de dependencia personal y política había desaparecido, abriendo espacio para la generalización de formas contractuales de interacción. Adicionalmente, otras transformaciones habrían aproximado la sociedad ecuatoriana a la imagen de la sociedad moderna, racional e individualista. Contrastando las condiciones del Ecuador en 1949, al cual califica de "empobrecido, abúlico y conformista", con aquellas prevalecientes en el país en 1975, Hurtado escribe (1976: 282-283):
"Los cambios alcanzan tales magnitudes que las previsiones más optimistas de los economistas y planificadores se han quedado cortas ... las exportaciones anuales superan la barrera de los mil millones de dólares, suma superior al valor de las exportaciones realizadas en los 130 años del período histórico anterior; un acelarado crecimiento de la producción fabril permite crear las bases de una industria petroquímica, siderúrgica y automotriz en las que hace poco nadie habría soñado . . . la [población] urbana se acerca al 50 por ciento . . . es considerable el desarrollo de la educación primaria, secundaria y universitaria . . . la energía eléctrica instalada es de 500 mil KW, cifra que se triplicará en pocos años más; por todos lados soplan vientos de progreso en un país que parece finalmente haber despertado"Como habíamos señalado previamente, esa entusiasta descripción de los cambios ocurridos en la sociedad ecuatoriana de los setenta no es excepcional, todo lo contrario, en 1976 la imagen del Ecuador como sociedad moderna aparece una y otra vez en las representaciones de la sociedad ecuatoriana incluyendo las artes, especialmente la arquitectura, y los discursos generados por las Fuerzas Armadas en el poder y la derecha oligárquica. La interpretación varía con respecto al sentido hacia el cual estaría cambiando la sociedad, pero no necesariamente en relación a la substancia y extensión del cambio; junto al discurso democrático, la izquierda marxista veía la nueva situación como el desarrollo total del capitalismo, y por tanto bien como el cumplimiento de las condiciones necesarias para la revolución, o como una nueva fase en la historia de la dominación (Cueva, op. cit.); la derecha, por su parte, veía la modernidad recién adquirida como un signo de la necesidad de liberar al nuevo sector industrial y empresarial del "intervencionismo" del estado (Conagahan y Malloy: 1994, 129-132; García: 1991, 203-205). Aún más importante, estas imágenes rivales competían entre sí públicamente .
Las interpretaciones conincidían no sólo en pintar a la sociedad ecuatoriana como diferente al pasado, sino también en describir tal pasado como un orden ilegítimo. Siguiendo a Lefort, podemos decir que para los actores de la nueva sociedad "una gran mutación histórica" estaba ocurriendo; se sigue, entonces, que una nueva forma de dar sentido y poner en escena el espacio social estaba emergiendo (1986: 14). Cuál fue la forma de orden simbólico que se dejaba atrás? Cuáles fueron las significaciones imaginarias que el nuevo orden imaginario estaba de-ligitimando?. Daríamos fuera del blanco si contestamos que se trataba de la dictadura militar; como los actores mismos tenemos que responder "el régimen oligárquico" o "la sociedad tradicional", o incluso "el feudalismo". Cualquiera sea la etiqueta empleada para designar el viejo orden, el sentido detrás de ella permanece constante: lo que quedaba atrás era una sociedad política basada en la exclusión de la mayoría de la población, la preminencia del privilegio sobre el derecho y la jerarquía sobre la igualdad, la permanente presencia de divisiones regionales potencialmente explosivas. Además, no podemos perder de vista que esa sociedad política fue caracterizada desde el punto de vista privilegiado de la (futura) sociedad democrática como "despótica".
La presencia permanente de Jose María Velasco Ibarra en la política ecuatoriana entre 1933 y 1972 facilitó la asociación entre despotismo y antiguo orden. Interpretaciones contemporáneas del Velasquismo han puesto en duda las caracterizaciones marxistas de este movimiento populista como la variante ecuatoriana de la modernización junker (Cueva: 1974), o como la manifestación superestructural de la reconstitución de la hegemonía de los terratenientes (Quintero: 1980) . Los mismos estudios coinciden en describir la ideología velasquista como un producto antagónico de la erosión del régimen oligárquico, y una nueva articulación de algunos de los temas de la ideología oligárquica; es este último aspecto el que nos interesa.En la década de los treinta Velasco había identificado (articulado) la nación con una comunidad natural: el pueblo ecuatoriano. La definición de Velasco del pueblo, sin embargo, se mantenía en contra de la imagen de nación cultural articulada por la ideología oligárquica; a diferencia de la versión aristocrática de la nación, la nación de Velasco era "el pueblo sencillo", o incluso "la chusma". Los pobres constituían la "verdadera" comunidad natural, cuya grandeza había sido negada por el ejercicio aristócratico del poder. Los términos del discurso de Velasco contra el régimen oligárquico, aún en su terminología, son paralelos a los empleados por los revolucionarios franceses de 1789. Sin embargo, a diferencia de estos últimos Velasco buscó crear una nueva forma de régimen aristocrático, uno que debía reflejar, proteger y ampliar las virtudes del pueblo .
El contractualismo de la nueva sociedad política imaginada en el discurso democrático originario emerge como una reacción frente al proyecto velasquista y las significaciones del antiguo régimen. La artificialidad que el proyecto democrático articula busca impedir cualquier posible identificación de la nación consigo misma a lo largo de las significaciones dibujadas en las ideologías velasquista y oligárquica. No sólo eso, la nueva sociedad debe ser concebida en términos artificiales para marcar una ruptura simbólica con un pasado en el cual la comunidad natural fue la base del despotismo.
La representación de la nación en términos puramente contractuales ha conducido históricamente a tres tipos de problemas: primero, la desestabilización de la nación en el espacio y el tiempo; segundo, tal concepción genera la necesidad compulsiva porque los ciudadanos renueven continuamente sus actos de lealtad a la comunidad política; tercero, dadas esas condiciones se produce una politización general de la sociedad, y con ella el conflicto prolifera y deviene incontrolable . En Ecuador, el primer problema fue asumido como ausente gracias a procesos tempranos de identificación de la nación con un cierto territorio ; la ciudadanía, por su parte, fue asumida mediante la identificación de los ciudadanos ecuatorianos con las libertades civiles liberales.El tercer aspecto, sin embargo, permaneció como problemático; la noción de "una nación en (un camino particular de) desarrollo" suplió las funciones de la representación cultural de la nación. De esta manera, se hacía depender a la nueva sociedad política de los atributos de un modelo de desarrollo. En este punto necesitamos volver a la transición de 1976-1978. La Constitución de 1978, "reflejaba un sesgo reformista" especialmente en cuanto a abolir las representaciones funcionales en el Congreso, extender el sufragio universal y mandar el desarrollo de un sector de "propiedad comunal" de la economía (Conagahan and Malloy: 1997, 93-94)
El "sesgo reformista" consistió básicamente en la identificación entre el rol del estado en una economía planificada y el "destino" de la nación. Vagamente articulada entre 1948 y 1972, y firmemente implantada durante la fase inicial del régimen militar (1972-1976), la visión reformista proponía el rol del estado como agente de cambio, y describía al desarrollo económico como instrumento para alcanzar dos metas: la formación y consolidación de un sector moderno, fuerte, nacional de la economía, y la integración del Ecuador en la economía internacional en una posición de relativa autonomía. El gobierno militar de 1972-1976 aquellas metas y perspectivas en dos documentos fundamentales, considerados como planes racionales de acción . En tales documentos, el gobierno militar "establecía su compromiso con mejorar las condiciones de vida de los pobres, aumentar el empleo, usar los recursos naturales eficientemente, y alcanzar un desarrollo económico igualitario entre las regiones" (Conaghan: 1988, 81. La traducción es mía). La Constitución de 1978 retuvo esas tendencias; dicho simplemente, la Constitución de 1978 intentaba instituir la visión reformista como el contenido de la democracia.
La nueva nación y su representación política (el estado), por tanto, fueron instituidos como un proyecto nacional de/para la sociedad. La sociedad democrática podría usar el nuevo "sistema político" como instrumento para alcanzar una meta lúcida, esto es el desarrollo con su promesa de una sociedad bien organizada. Los trabajos de Hurtado, especialmente en "El Poder..." pero también en el "Plan Nacional de Desarrollo de 1980", están plagados de alusiones a las ventajas y necesidad de "la planificación", así como por constantes referencias a los "técnicos", los "planificadores" y el estado como agentes de cambio. La racionalidad y transparencia de la planificación aparecen como los estandartes de la modernidad plena de una sociedad basada en relaciones contractuales e imperativos éticos quasi-Kantianos.
Qué implican tales concepciones respecto al problema de la representación política? En una sociedad política contractual y plenamente racional la voluntad soberana del pueblo es equivalente a su representación; esto es, la sociedad política en su constitución su "anatomía", por así decir- refleja una sociedad nacional en armonía. El discurso democrático originario ecuatoriano proclama tales principios legitimadores, pero de una manera débil. Debemos conservar en este punto el sentido de "proyecto" que permea el discurso. En tanto que proyecto, el discurso articula la representación presente como legítima pero en transición hacia formas nuevas "plenamente" democráticas de representación. Estas instituciones "verdaderas" de la democracia (partidos políticos y parlamento) son vistas bien como en estado de latencia, embrionarias, o bien como revelando en su composición remanentes del viejo orden. En este sentido, la representación tenía que ser construida, y esta meta es delegada a la única institución democrática ya existente: el estado. Esta es la razón por la cual a lo largo de "El Poder . . ." y el "Plan Nacional de Desarrollo" se insiste en la necesidad de desarrollar un sistema de partidos políticos, en que una de las metas del primer gobierno democrático es conducir a una reforma política (Hurtado: 1976, 190-191, 230-231, 236-240, 1980: 23-46). Mientras tanto el estado (incluso el ejecutivo, porque en este imaginario el parlamento no representa necesariamente la voluntad popular) debe permanecer como la encarnación de la soberanía popular, con todas las fortalezas y debilidades que tal posición implica .
Resumiendo lo dicho, el proyecto democrático articuló dos entidades en proceso de devenir reales bajo el yugo de una tercera entidad que ya existía: el estado. Por una parte, el estado funciona en el discurso como garante de la comunidad futura, en la medida que el estado persiga una cierta vía de desarrollo. Adicionalmente, el estado suple a la nación contractual, racional, con una forma de representación. La capacidad del proyecto para instituir un orden legítimo depende, entonces, de tres condiciones: su habilidad para proponer al estado como encarnación de la voluntad soberana; su competencia para mantener la identidad entre un proyecto de desarrollo y la modernidad de la nación (cultural); su capacidad para extender la legitimidad de una parte del estado (el ejecutivo) a otros componentes (el parlamento y el poder judicial) y para estructurar un sistema de partidos. Por tanto, el discurso democrático original intentó instaurar un conjunto estrecho de significaciones dentro de un marco simbólico potencialmente débil. En estas condiciones, intentos por definir una vía diferente de desarrollo, definiciones no contractuales de la nación, o incluso un modo particular de conducta del ejecutivo, podrían devenir bien sea antagónicos con la institución de la sociedad política, o ilegítimos.
A pesar de todo, los términos imaginarios originales, débiles como podían ser, establecieron una relación de la sociedad consigo misma. Esta "reflexividad social" fue ejercida en y mediante los sitios en los cuales la tensión entre las significaciones imaginarias y lo "real" es decir los límites de lo que puede ser articulado y representado- aparecía. Los discursos de la gobernabilidad y la política étnica tematizaron esos lugares/límite, y en este sentido los consideramos como intentos de dar forma al despliegue de las nuevas dimensiones del espacio social, inauguradas en/por el proyecto democrático.LA GOBERNABILIDAD Y LA REPRESENTACION DE LA NACION
La confrontación con la ideología neoliberal y discursos étnicos erosionaron la legitimidad de las articulaciones establecidas en el discurso democrático originario. Empezando en 1984 los gobiernos neoliberales han roto la identidad entre el modelo reformista de desarrollo, el estado y la nación. El neoliberalismo separó la sutura imaginaria entre el estado y la soberanía del pueblo. El estado dejó de ser el representante "natural" de la nación, para ser transformado en su enemigo . Por su parte, al avanzar demandas por el auto-gobierno, los discursos étnicos han contestado la imagen de una (futura) sociedad única. Las ciencias sociales ecuatorianas reaccionaron ante esos desarrollos construyendo discursos que buscaban describir y explicar primero la disyunción entre el estado y el pueblo, y luego el desenvolvimiento de otras dimensiones sociales que tal grieta revelaba. El discurso de la gobernabilidad emerge en el contexto del descubrimiento de que la sociedad ecuatoriana no era ni contractual ni plenamente racional .
El discurso de la gobernabilidad sostiene que la disyunción entre las formas existentes de representación (encarnadas en el estado y el sistema de partidos) y la "realidad" social no es ilusoria o irracional, sino palpable y aprehendible; mantiene que la distancia entre política y "realidad" es tan amplia que el "sistema político" existente no puede continuar proclamándose legítimo. De hecho, este discurso encuentra la causa de la "inestabilidad crónica" de la democracia ecuatoriana en la "arquitectura institucional del sistema". El lenguaje del realismo político es central al discurso de la gobernabilidad. El campo de la política constituye una de las dimensiones del espacio social; la política, en tanto que producción de políticas tiene que llenar determinadas funciones sociales. Las dos funciones básicas de la política serían, primero, proveer legitimidad al orden social, y segundo, estabilizar el orden social .
La concepción del estado, especialmente del ejecutivo, como el lugar del poder es coexistente con ese realismo del discurso. El discurso "operacionaliza" la noción de soberanía popular contenido en el discurso del proyecto democrático. El sistema político, en lugar del estado, obtiene su legitimidad mediante la "agregación" de voluntades colectivas que emanan de manera dispersa desde la sociedad civil. A su vez, el estado puede "colocar" legitimidad al conjunto del sistema político, o por efecto de alguna incongruencia puede inducir efectos de "desligitimación" (Verdesoto: 1991, 502).
Hay una diferencia sutil entre el discurso democrático original y el discurso de la gobernabilidad. El primero proclama su legitimidad en base a un acto fundacional, esto es, el plebiscito de 1978 y la Constitución resultante. El discurso de la gobernabilidad, en cambio, debe negar la legitimidad del presente para legitimar sus propias pretenciones por un acto fundacional. Un documento que puede considerarse ejemplar del discurso de la gobernabilidad en parte porque fue escrito como su síntesis- dice (Verdesoto: 1996, xi):
Buscamos hacer conciencia sobre la necesidad de refundar al país . . . la modernización es una necesidad de la nación y no es propiedad de ninguna posición política, ni social . . . Hay que estabilizar económica y políticamente al Ecuador . . . el país pide una reforma política profunda, que debe convertirse en un compromiso para refundar al Estado y al Sistema Político . . . Esta nueva institucionalidad debe erradicar la corrupción y crear un Estado y una sociedad transparentes. Se trata de tener eficientes sistemas jurídico y parlamentario tanto como una nueva organización de la Función Ejecutiva . . .Por la vía de una complicidad peculiar el discurso debe reconocer que el orden establecido posee legitimidad y simultáneamente ocultar tal reconocimiento. La maniobra que permite al discurso resolver esa paradoja es condenar la legitimidad del orden al pasado; el orden fue legítimo en algún momento, pero ya no lo es más. La evolución de la sociedad deviene historia política, para ser más preciso, deviene historia de la democracia, aún más, se convierte en la historia de la decadencia de la democracia (Verdesoto: 1990, 269-271).
Afirmar que el orden social está en proceso de disolución (o que tiene una legitimidad perversa) es una aseveración fuerte, en consecuencia, el discurso debe "probar" su validez mediante la articulación de la "realidad social" como una colección de "hechos" que "muestran" las grietas en el orden presente. No sólo eso, el discurso debe "demostrar" que los resquebrajamientos en el orden social son producidos al interior del propio orden social. El discurso encuentra el instrumento para llevar a cabo esas operaciones en el lenguaje de los sistemas, tomado de la teoría política empírica, la sociología política, la antropología y la economía.El discurso de la gobernabilidad imagina a la sociedad como dividida básicamente en dos esferas: la sociedad civil y el estado; la sociedad civil es el reino de los "modos informales de representación" y el lugar donde la auto-organización de la sociedad ocurre a través de grupos de interés, sindicatos, y las organizaciones de los movimientos sociales; a su vez, el estado es el reino de las "instituciones formales", esto es de la ley y del "sistema político" (congreso y partidos) . La "crisis de representación", esto es la disyunción radical entre esos dos reinos, ocurre a dos niveles: el sistema político es ilegítimo en un primer nivel en tanto que ha dejado de proveer las articulaciones necesarias entre las voluntades particulares de los grupos de la sociedad civil; en consecuencia, un segundo nivel de ilegitimidad ha emergido, la política y las decisiones políticas han devenido excesivamente autónomas y opacas (Verdesoto, 1996: 5-9, 1991: 512-17; Echeverría: 1993, 168-169).
Aún más, el discurso propone que la crisis de representación, la ilegitimidad del sistema político, regresa contra lo representado, la sociedad, creando una situación de "decadencia de la sociedad, inestabilidad e incertidumbres política y económica" (Verdesoto, 1996: 14-17). La salida de tal estado está en encontrar mecanismos institucionales que provean a la sociedad de formas adecuadas de representación. No es sorprendente, entonces, que la mayor del discurso de la gobernabilidad se concentre en proponer y resolver problemas de diseño institucional. A pesar de la diversidad de tales diseños éstos tienen un elemento en común, cualesquiera sean las instituciones (formales) (a ser) adoptadas ellas deben corresponder exactamente a las disyunciones de la sociedad civil. En este aspecto, el discurso de la gobernabilidad intenta conjurar el peligro de la extinción del estado-nación que las reivindicaciones étnicas parecen amenazar.El discurso de la gobernabilidad proclama que la representación debe garantizarse ("extenderse") a todos los grupos corrientemente excluidos del aparato administrativo del estado. La búsqueda de la transparencia y armonía entre el representante y el representado es la marca peculiar del discurso ecuatoriano de la gobernabilidad; sólo un "sistema político inclusivo" podría lograr tales metas. Los conceptos de "sociedad civil" y "participación política" han sido despegados de sus significaciones contemporáneas y re-articulados a lo largo de las líneas de los poderes intermedios":
. . . es una obligación de la política y de los partidos políticos asumir las formas en que la sociedad incuba democracia, al interior de todas las formas donde nace el poder y, por consiguiente, robustecer su posibilidad de delegación. Esto significa que las formas institucionalizadas o no, emergentes y consolidadas, tradicionales o innnovativas, de los movimientos y organizaciones sociales, así como de todos los sectores sociales, pueden tener acceso a la política . . . proporcionando, con su participación, armonía al sistema social y al sistema político y alimentándolo temáticamente . . . igual tratamiento deben recibir las organizaciones cívicas, que cumplen funciones dentro de las sociedades regionales (Verdesoto, op. cit.: 154-155)
Aún cuando las nociones de "gobierno inclusivo" y "poderes intermedios" (que el discurso llama "ciudadanías sociales") pueden trazarse hasta Tocqueville y Montesquieu , su origen en el discurso político contemporáneo tiene orígenes más recientes. Por un lado, el discurso de la gobernabilidad se alimenta de la oposición al gobierno del Presidente Febres Cordero en 1984, que fue pensada en términos análogos a la situación de las fuerzas democráticas chilenas . Por otro, del discurso de la contestación a la representación de la nación ecuatoriana como nación cultural que el movimiento indígena ha impulsado desde 1990. El "gobierno inclusivo" del discurso de la gobernabilidad es una combinación entre una concepción organicista de la sociedad y el mecanicismo de la teoría de sistemas: la política es una forma de integración, la democracia una manera de reconstituir la comunidad (Verdesoto, 1996: 154). La noción de "consenso" establece un puente entre el naturalismo de las "ciudadanías sociales" con la artificialidad de la ingeniería institucional.
La democracia, se sostiene, está basada en un consenso, o por lo menos en mecanismos para alcanzar un acuerdo consensual; la imagen del acuerdo es al mismo tiempo ambigua y ubicua. La imagen del consenso es a veces asumida como ya existente en formas mínimas o áreas discretas de tensión social, otras veces el consenso funciona como la meta de la vida política. Puesto de manera simple, el discurso sostiene que la armonía social, al menos en una forma mínima, emergerá al final de un largo, complejo, y paciente proceso de negociación. Las instituciones democráticas son el marco necesario para ese proceso .
La figura del consenso sirve, además, para medir los éxitos o fracasos de la democracia. Una democracia "en crisis" o "inadecuada", sostiene el discurso de la gobernabilidad, es aquella que en lugar de producir mecanismos para la negociación de conflictos sociales, obstruye esos procesos; inversamente, el descubrimiento de los puntos en los cuales el sistema político se encuentra "bloqueado" se convierte en el primer punto de la agenda de investigación/acción del discurso. Dado que la legitimidad del orden social como un todo depende del rendimiento del sistema político, remover tales obstáculos es la prioridad política por excelencia.
A pesar de su apariencia casi habermasiana o lechneriana, el discurso de la gobernabilidad busca instituir la esfera pública y la política bajo la lógica compulsoria de la produción de decisiones consensuales, esto es trata de fortalecer el núcleo de la toma de decisiones mediante la incorporación de la periferia de la esfera pública ordinaria (informal) al estado . En contraste, la teoría de Habermas de la "democracia deliberativa" busca conservar la tensión entre la multiplicidad de las esferas públicas arraigadas en el mundo de la vida, por una parte, y la esfera pública mucho más formalizada, por otra; de hecho, es esa tensión la que encarna y garantiza la emergencia de voces disidentes; se pueden alcanzar decisiones consensuales, pero únicamente como "productos co-laterales" .
El discurso propone la necesidad de construir al estado como "bien público" (commons), entendiendo por tal necesidad el deseo de volver al estado permanentemente visible a la sociedad, y a la sociedad transparente para el estado. Para alcanzar tales metas, la sociedad debe ser organizada para el bien común, y éste debe definirse alrededor de la noción de "derechos sociales". En consecuencia, el discurso mantiene que el derecho de los individuos y grupos sociales al acceso igualitario a la riqueza social tiene precedencia sobre otro tipo de libertades (Verdesoto, 1996: 14-17; Sánchez Parga, 1998: 35-63). Es en nombre de los derechos sociales que el discurso busca una "institucionalización" de la sociedad en la cual la igualdad política compensaría las diferencias económicas entre grupos y clases. Aquí la noción de "ciudadanías sociales" se constituye en el piso sobre el cual el discurso de la gobernabilidad intenta legitimar su visión del derecho. El análisis de la noción de "ciudadanías sociales" muestra que ésta describe modes cuasi-comunales de socialización afirmados en formas colectivas de auto-representación, las que se propone deben alcanzar su representación política en estructuras de gobierno (Sánchez Parga, op. cit.: 50-63; Verdesoto, idem). Es en este sentido que el discurso de la gobernabilidad se revela como una forma elaborada de organicismo.
Para concluir nuestra discusión sobre el discurso de la gobernabilidad, podemos verlo como funcionando mediante las grietas de las articulaciones imaginarias propuestas por el discurso del proyecto democrático original. El discurso de la gobernabilidad efectúa un modo de descubrimiento de la auto-reflexividad de la sociedad que, como habíamos visto, fue inaugurada por el intento del proyecto democrático original de imaginar una sociedad contractual. Entrampado, como está, en una concepción de la democracia como instrumental al logro del bien común, y de la política como tecnología institucional, el discurso de la gobernabilidad ataca la posibilidad de instituir la democracia como régimen imaginario en el cual el lugar del poder se encuentra vacío . Como hemos visto, este discurso intenta parar el proceso de disolución de las marcas de certidumbre proceso sin el cual la democracia como régimen es inimaginable- mediante la institución/ institucionalización de formas de representación que puedan "mimetizar" la realidad social; esta meta, a su vez, fuerza al discurso a volcarse hacia una visión neo-organicista de la sociedad. Desde esta perspectiva, entonces, el lugar del poder se encontraría vacío sólo respecto a la rotación de los gobernantes, pero al mismo tiempo ese lugar se encuentra ya ocupado por una serie de poderes intermedios que pueden proclamar un derecho (natural?) a esos derechos políticos de representación. Dicho llanamente, mediante acuerdos institucionales el discurso de la gobernabilidad busca limitar el juego de las significaciones en la democracia.
DISCURSOS ETNICOS Y LAS DEMANDAS POR LA DIFERENCIAEl levantamiento indígena de 1990, habíamos dicho, marca el fin de la validez de sentido del símbolo de la nación cultural única. Tal marca no se desprende directamente del levantamiento indígena en sí, sino del proceso político para lograr la incorporación de las demandas indígenas en la Constitución ecuatoriana y en el lenguaje de los discursos políticos en circulación hasta ese momento. Como lo revela el relato que hace, desde su posición como representante del gobierno, Ortíz (1991: 108-109), las acciones que permitieron la "institucionalización" de las demandas indígenas partieron del lugar del poder (el gobierno) y condujeron a poner en marcha un proceso que se esperaba incorporara esas demandas en la Constitución. Vale la pena recordar que en el levantamiento de 1990 el movimiento indígena concentró sus demandas en torno a dos ejes: reformas a la estructura de propiedad de la tierra, y el derecho de los pueblos indígenas a la auto-determinación (Macas, 1991: 24-26). La segunda demanda es la que ha pasado al discurso político ecuatoriano , inicialmente a través del proceso de reforma constitucional seguido en 1991 (y que fue interrumpido sin producirse logros mayores); esta demanda buscaba establecer territorios y autoridades indígenas con jurisdicción sobre dichos territorios. Macas (idem: 25), al momento Secretario General de la CONAIE, describe esa demanda en los siguientes términos:
Esta demanda se orienta ... al reordenamiento constitucional y la creación de leyes e instrumentos jurídicos que permitan nuestro derecho a la autodeterminación . . . la autodeterminación consiste en crear un régimen . . . que nos permita tener competencia legal sobre la administración de los asuntos interiores de nuestras comunidades, en el marco del Estado nacional.El movimiento indígena afirma sus demandas en un discurso de diferencia. Los pueblos indígenas, sostienen ese discurso, tienen derecho a conservar, proteger y afirmar su modo de vida. En este sentido, el discurso articula un principio de identidad étnica mediante la representación de los pueblos indígenas como naciones culturales viviendo al interior de un estado-nación que no puede proclamarse como representante de esas naciones culturales sin que previamente las reconozca como: a) existentes y b) diferentes a la nación cultural dominante (Maldonado, 1998: 242 243). Adicionalmente, el discurso afirma que el simple reconocimiento de su existencia es insuficiente, en la medida que los pueblos indígenas, a pesar de estar reconocidos, han sido negados su derecho a perseguir su visión de la buena vida (Macas, op. cit.: 19-20; Maldonado, op. cit.: 248-249) . La demanda de los pueblos indígenas por el derecho al auto-gobierno, fundamentado en su construcción discursiva como "naciones", busca ir más allá del reconocimento mediante la institución de una forma de multiculturalismo que permita a los pueblos indígenas preservar su lenguaje y costumbres, las cuales, el discurso reclama, constituyen "derechos colectivos" .
Más recientemente, el movimiento indígena ha incluído dentro de sus demandas el tema de la ley como separado del problema del derecho. Tal separación se organiza en torno al conflicto entre el discurso del Código Penal ecuatoriano, que sigue la tradición de la ley civil, y que por tanto instaura un conjunto de procedimientos judiciales que el movimiento indígena ve como contrario a la tradición de la ley común (derecho consuetudinario) de los pueblos indígenas. Se propone entonces que ". . . los pueblos indígenas deben regirse a nivel local por sus propias normas sociales tradicionales . . .", o "derecho indígena" (Maldonado, op. cit.: 250).Las demandas por reconocimiento de la jurisdicción del derecho consuetudinario indígena en los territorios de las comunidades permite apreciar la problemática del discurso étnico en torno a la democracia. A primera vista la demanda luce inocente; esta posición aparece simplemente como un complemento lógico al reconomiento de modos de vida tradicionales. Sin embargo, el discurso vincula sus demandas por un "derecho indígena" con lo que denomina "la integración de las comunidades indígenas en el aparato administrativo del estado" (idem). Adicionalmente, el discurso imagina las autoridades tradicionales, al igual que a las comunidades en sí mismas, como naturales y no políticamente constituidas. En conjunto, entonces, las demandas indígenas se deslizan hacia la resbalosa pendiente de la formación de una sociedad segregada, en lugar de una sociedad plural. Después de todo, una sociedad segregada puede definirse como aquella en la cual coexisten asimétricamente dos conjuntos diferentes de leyes, uno para "los nativos" y otro para los "no-nativos", y dos tipos diferentes de autoridad .
Como hemos visto anteriormente, el discurso de la gobernabilidad parece proveer una salida al problema de la segregación. Mediante la articulación de sus demandas con los de otros grupos que también sufren algún tipo de disciminación (mujeres, pueblos negros) o que se encuentran atrapados en situaciones de desventaja económica (obreros, empleados públicos, pobres urbanos) el movimiento indígena podría evitar el verse atrapado en un discurso segregacionista. Sin embargo, al intentar institucionalizar lazos orgánicos con el estado, el discurso étnico arriesga congelar las identidades indígenas emergentes en lógicas etno-culturales, y por tanto cerrar la puerta a una política de convivencia plural.
Como señala Angus (1997: 46), en el contexto de la discusión de las guerras étnicas en Europa Central y Africa, y de la política del multiculturalismo canadiense, la posibilidad de una política de convivencia plural depende no sólo de "arreglos constitucionales" y marcos institucionales; tal política requiere de la institución de un mode de articulación de lo social, en el cual el derecho a la particularidad (identidad y diferencia) es universalizado. Aún más importante, tal derecho debe concebirse como al servicio de una auto-interrogación de las etno-culturas acerca de la validez de sus demandas. El grano de verdad en las demandas del movimiento indígena y en el discurso de la gobernabilidad reside en que la particularidad debe definirse como la condición de la universalidad, e incluso que el estado debe fomentarla ( no sólo "protegerla", a menos que la sociedad plural se conciba como un museo de identidades). Sin embargo, para alcanzar tales condiciones la distancia entre el estado y la sociedad civil, entre representante y representado, no puede (no debe) cancelarse, objetivo al que aspiran como hemos demostrado- los discursos ecuatorianos. Paradójicamente, entonces, el desarrollo de una sociedad de convivencia plural depende del abandono de cualquier demanda fuerte por una identidad cultural fija.CONCLUSION
En este punto llegamos al nudo que junta, a pesar de sus divergencias, a los discursos ecuatorianos sobre la democracia. Como se ha visto, todos ellos aspiran a inmovilizar el conflicto social dentro de límites estrechos; todos ellos rechazan la noción de que en el régimen democrático las demandas de legitimidad están sujetas a una contestación permanente; todos descuidan el tratamiento crítico de las problemáticas de los derechos individuales y la autonomía individual, sin las cuales la democracia es inconcebible. Inversamente, el tema que atraviesa a los discursos democráticos ecuatorianos es la búsqueda de una u otra forma de certeza radical en nombre del bien común (derechos colectivos y/o el desarrollo), como consecuencia los tres discursos aquí examinados terminan proponiendo algún tipo definido de medio para alcanzar la armonía social. Propongo, para terminar, que tras esas similitudes y silencios- yace la carga histórica del discurso oligárquico y de diálogos que los discursos ecuatorianos han establecido con otros discursos latinoamericanos sobre la democracia; explorar esos horizontes históricos y sus transformaciones sobrepasa, sin embargo, los límites del presente ensayo.
Bibliografía
Ankersmith, F.R., Political Representation. The Aesthetic State in Aesthetic Politics, Political Philosophy Beyond Fact and Value, Stanford University: 1997.
Angus, Ian, Multiculturalism as a Social Ideal in The Border Within, McGill -Queens: 1997.
Benhabib, Seyla, Towards a Deliberative Model of Democratic Legitimacy in Seyla Benhabib, ed., Democracy and Difference, Princeton University Press, Princeton, Mass.: 1996.
Bustamante, Fernando, Problemas de gobernabilidad y democracia en el Ecuador de fin del milenio, Ecuador Debate 42, Diciembre 1997, Quito: CAAP.
Conaghan, Catherine, Restructuring Domination. Industrialists and the State in Ecuador, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh: 1988.
Conaghan, Catherine and James M. Malloy, Unsettling Statecraft. Democracy and Neoliberalism in the Central Andes., University of Pittsburgh Press, Pittsburgh-London: 1994.
Consejo Nacional de Desarrollo, Plan Nacional de Desarrollo 1980 1984 del Gobierno Democrático. Los Grandes Objetivos Nacionales., Gallocapitán, Otavalo: 1980.
Cueva, Agustín, El Proceso de Dominación Política en el Ecuador, Diógenes, México: 1974.
De la Torre, Carlos, La Seducción Velasquista, Ediciones Libri Mundi, Quito: 1993.
De la Torre, Carlos, Populismo, cultura política y vida cotidiana en Ecuador , en Felipe Burbano de Lara, ed., El fantasma del populismo. Aproximación a un tema (siempre) actual, ILDIS - FLACSO, Quito: 1998.
De Toqueville, Alexis, Democracy in America, Volume Two, Fourth Book, n.d.
Echeverría, Julio, "La democracia enfrentada a la complejidad", Ecuador Debate 42, Diciembre 1977, Quito: CAAP.
Echeverría, Julio, La democracia bloqueada, teoría y crisis del sistema político ecuatoriano, Quito: Ediciones Letras, 1997.
Echeverría, Julio, "Crisis y democracia en el Ecuador" en Gabriel Murillo C., ed., Hacia la consolidación democrática andina, Bogotá: Universidad de los Andes, 1993.
García, Bertha, Regionalismo y Modernas Tendencias Políticas in Rafael Quintero, ed., La Cuestión Regional y el Poder, FLACSO - CERLAC, Quito: 1991.
Habbermas, Jurgen, Civil Society and the Public Sphere in Between Facts and Norms, MIT: 1996.
Hurtado, Osvaldo, El poder político en el Ecuador, Otavalo: Gallocapitán, 1976.
Laclau, Ernesto, Emancipation(s), London: Verso, 1996.
Lechner, Norbert, La conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado, Santiago: FLACSO, 1984.
Lefort, Claude, Outline of the Genesis of Ideology in Modern Societies in The Political Forms of Modern Societies, MIT: 1986.
Lefort, Claude, The Question of Democracy in Democracy and Political Theory, MIT: 1988.
Macas, Luis, El levantamiento indígena visto por sus protagonistas en Varios, Indios, ILDIS - Abya-yala, Quito: 1990.
Maiguashca, Juan y Liisa North, Orígenes y Significado del Velasquismo: lucha de clases y participación política en el Ecuador, 1920 - 1972" en Rafael Quintero, op.cit.
Maldonado, Luis, El estado plurinacional, una propuesta del Estado ecuatoriano en Varios autores, Asamblea . . . análisis y propuestas, Trama Social, Quito: 1998.
Mouffe, Chantal, Pluralism and Modern Democracy: Around Carl Schmitt en The Return of the Political, Verso, London: 1993.
Singer, Brian C. J., Cultural versus Contractual Nation: Rethinking their Opposition en History and Theory, October, 1996.
Singer, Brian C. J., Society Theory and the French Revolution, Mac Millan Press, Hampshire - London: 1986.
Sánchez, José, Democracia sin ciudadanía y sociedad civil sin ciudadanos en Varios autores, op.cit.
Verdesoto, Luis, La investigación sobre gobierno y política en el Ecuador contemporáneo en Luis Verdesoto, ed.., Gobierno y política en el Ecuador contemporáneo, ILDIS, Quito: 1991.
Verdesoto, Luis, Temas para una sociedad en crisis: Es posible gobernar desde los consensos?, Foro de la Ciudadanía - Fundación Grupo Esquel - Ecuador, Quito: 1996.
* Ph. D. (c) Social & Political Thought, York University, Canadá.
Para un resumen analítico de este tipo de diagnósticos véase Conaghan y Malloy: 1994 .
Aun cuando en Ecuador la sociedad política nunca fue "absolutista" en el sentido consensual de uso de esta noción, tanto la república original (1825-1895) como su sucesor, el régimen oligárquico (1895-1963), fueron formas de gobierno aristocrático.
Empleo el concepto de "sociedad política", a falta de una traducción apropiada al inglés "polity", para designar al conjunto de instituciones mediante las cuales la sociedad se representa a sí misma en tanto que colectividad política.
Para un análisis de la transición ecuatoriana, véase Conaghan y Malloy: op. cit., 70-99, y Conaghan, 1988.
"El Poder Político en el Ecuador", publicado en el primer año de la transición, 1976, además de su influencia perdurable en el pensamiento político ecuatoriano, es el primer texto que articula explícitamente la noción de democracia como proyecto nacional. Adicionalmente, el plan de desarrollo adoptado por el primer gobierno civil hace propias las ideas fundamentales de Hurtado, lo cual no sorprende dado el protagonismo político de Osvaldo Hurtado tanto durante la transición como en el primer gobierno civil.
La "apertura" iniciada por las Fuerzas Armadas a partir de Enero de 1976 dio lugar a una serie de "diálogos" altamente publicitados y seguidos por la prensa- entre el gobierno, los partidos políticos y grupos de interés, sobre asuntos de "ingeniera" legal y constitucional mediante los cuales la transición al gobierno civil podría tener lugar (Conaghan y Malloy, op. cit.: 91, García, op. cit.: 200-201, Conaghan, 1988: 102-119).
Véase Maiguashca y North: 1990, 143-147, De la Torre: 1993, 228-231.
Véase Maiguashca y North: 1990, 148, De la Torre: 1998, 195.
Tales condiciones conducen luego de 1789 al Terror como fantasma que caza a todas las revoluciones modernas. Para un análisis de las tres problemáticas, véase Singer: 1996, 309, 324, 326.
La guerra Ecuador-Perú de 1942, a pesar de sus dolorosas consecuencias para el Ecuador, marcó el punto final de un proceso de definición de fronteras territoriales iniaciado en 1825. Sin embargo, cabe preguntarse si las guerras de la democracia (1981 y 1995) se inscriben en la lógica de la desestabilización espacial de la concepción contractual de la comunidad política.
El análisis de estos autores muestra, además, que el proceso mismo de transición estuvo diseñado de manera que "minara la habilidad de la derecha para dominar el proceso".
Me refiero a "Filosofía y Plan de Acción del Gobierno Revolucionario Nacionalista del Ecuador" y "Lineamientos fundamentales del Plan integral de transformación y desarrollo".
Aún en lo que puede llamarse el "año uno" de la democracia, tales posibilidades y peligros se revelaron, en 1980 el ejecutivo legitimó su decisión de adoptar el Plan Nacional de Desarrollo mediante la apelacióm directa al soberano (el pueblo), a través de un "debate nacional" que Hurtado describe en la introducción del "Plan ..." como un cuasi-plebiscito.
Suspendo por el momento un análisis en profundidad del discurso neoliberal ecuatoriano, en parte porque existen abundantes trabajos que analizan en profundidad sus orígenes y eficacia simbólica entre las élites empresariales ecuatorianas (véase Conaghan: 1988, 1991, 1992, Conaghan and Malloy: 1994), o bien que examinan su consistencia interna, así como las desastrozas consecuencias que las políticas neoliberales han tenido para la economía del país (véase Larrea and North: 1999)
Una de las primeras formulaciones de este discurso aparece en el contexto de un "estado del arte" de las ciencias sociales ecuatorianas con respecto al tema del gobierno y la política; véase Verdesoto: 1991, 52-55.
Verdesoto: 1991, 1996, para una formulación sintética de la perspectiva véase Echeverría: 1993, del mismo autor: 1997 y 1998.
Estas distinciones se asemejan a la discusión de Touraine de la democracia como un orden político, especialmente a su definición del sistema político. Touraine escribe: " la función [del sistema político] es crear unidad a partir de la diversidad y, por tanto, subordinar la unidad a los balances de poder que existen al nivel de la sociedad civil mediante el reconomiento del rol de los partidos políticos que intervienen entre los grupos y clases [sociales], y el estado" (Touraine, 1997: 41. La traducción es mía).
En realidad la analogía con los poderes intermedios, presentes en el pensamiento de Tocqueville y Montesquieu, es puramente superficial, en la medida que estos últimos los poderes intermedios estarían para limitar la consolidación del poder en los polos, mientras que en el discurso de la gobernabilidad parecerían funcionar como "medios de comunicación" entre la cúspide y la base del poder, y por lo tanto se puede argumentar que ayudarían a la consolidación de un poder representativo único. Véase Tocqueville, Democracy in América, fourth book, chap. 1. Agradezco a Brian Singer por haberme llamado la atención sobre este punto.
La fuente de la idea de "consenso" , central en el discurso como se verá más adelante, puede trazarse a los trabajos de Lechner (Lechner, 1984).
Estos sentidos del "consenso" pueden efectivamente encontrarse en la obra de Lechner, sin embargo en el discurso ecuatoriano de la gobernabilidad, el concepto en su dimensión utópica y por tanto irrealizable, ha perdido su vena crítica para reducirse al conjunto de las estrategias de negociación. Para una crítica de esta perspectiva, véase Lechner, op. cit.: 191-204.
Lechner (idem) ha señalado que tal lógica centrada exclusivamente en lo decisional conduce a una tecnologización de la política, la cual erosiona el sentido mismo de la arena pública como espacio para expresar las disidencias.
Habermas (1997: 342-343), por su parte, en la crítica a la reconstrucción de la democracia como circulación de poder político escribe: "tal política contingente, auto-referencial, toma todo lo que necesita para legitimizarse a sí misma y auto perpetuarse"
Benhabib (1996: 84-74) ha discutido este punto extensivamente.
Claude Lefort (1986: 212; 1988:20) propone que en la democracia la posición visible del principio regulador de la sociedad política se encuentra vacía en el sentido que, a diferencia del absolutismo o de los totalitarismos contemporáneos, el poder no se encuentra plenamente identificado con una persona o un grupo de personas (p.ej: el rey y la corte, o el dictador y su partido político o subrogado, al estilo del Chile de Pinochet). La concepción de Lefort sobre la persona es válida también para el caso de personas "colectivas" (como las llamadas "ciudadanías sociales"); adicionalmente Singer (1996: 329, nota de pie de página 55) ha sugerido que la ausencia de un principio regulador visible tiene su contraparte en la posición "invisible" del poder, y que "[si] alguna corriente particular, o un conjunto de corrientes, estuvieran para definir a la nación sin ambigüedad o resto . . . entonces el poder visible [la encarnación del gobierno] podría llenarse más fácilmente . . . " (la traducción es mía).
Curiosamente, las demandas por reforma del patrón imperante de propiedad de la tierra, no han pasado al discurso político ecuatoriano. Esta anomalía, si se considera que dicho patrón puede ser descrito como de alta concentración de la propiedad de la tierra fértil, y por tanto que afecta directamente la reproducción material de los pueblos indígenas, tiene sentido en la medida que las significaciones del símbolo político "reforma agraria" han sido sistemáticamente erosionadas en el discurso político ecuatoriano de los últimos veinte años. Aquí aparece un tema de investigación sobre la brecha entre el imaginario político ecuatoriano y lo real en el Ecuador; es decir, cabe preguntarse cómo un sector entero de problemas estructurales ha dejado de articularse como problemática, o simplemente como un tema político, y además qué funciones cumple tal "ceguera" imaginaria.
La Constitución ecuatoriana de 1978 comienza diciendo que el "Ecuador es un país multicultural", y por tanto reconociendo explícitamente la existencia en el territorio nacional de grupos étnicos.
El discurso del movimiento indígena opone el "multiculturalismo" oficialmente reconocido en la Constitución de 1978 al "pluriculturalismo", en tanto que este recurso discursivo supone la noción de autogobierno (Maldonado, op. cit.: 253). La distinción, útil desde un punto de vista estratégico-político e incluso imprescindible en el contexto ecuatoriano, sin embargo se convierte en un obstáculo "terminológico" para el análisis crítico, es por esta razón que prefiero emplear el término "multiculturalismo", un uso similar puede verse en León: 1997, 100-112.
En su característico estilo enredado Laclau (1997) advierte de estos peligros para la política de la identidad en su análisis del apartheid.
<----