MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DEL 2002

 
 
 
 Contenido

Presentación
 
I Los primeros habitantes
 
II Las Sociedades indígenas
 
III Conquista Española
 
IV El apogeo del orden colonial
 
V La consolidación de la sociedad criolla
 
VI La Independencia
 
VII La Fundación de la República
 
VIII De la República Católica a la Revolución
 
IX La Revolución Liberal
 
X La Revolución Juliana
 
XI La Historia Contemporánea
 
XII Historia del espacio y
el territorio
 
XIII Vertientes históricas
 
XIV Documentos históricos
 
XV Propuesta de Programa para la enseñanza de Historia

 

La Historia Contemporánea

 
EL PRESIDENTE
José Velasco Ibarra
Ofreciendo un discurso.
Junto a él, el vicepresidente Jorge Zabala Baquerizo.
Foto: Taller Visual.
Por su alianza política con sectores de izquierda, así como por su negativa a romper con Cuba, el gobierno de Arosemena (1961 - 63) ya no sólo se vio cercado por la crítica situación económica, sino por la reacción interna de la derecha y la Iglesia, en medio de un clima de agitación social acusado de extremista y bajo supuesto aliento del "comunismo internacional" y particularmente del castrismo cubano. Las encubiertas acciones de os servicio de inteligencia norteamericanos se unieron a las reacciones políticas internas, que obligaron a la ruptura con Cuba y crearon un situación insostenible para el gobierno, hasta que los militares decidieron intervenir.
 
La Junta Militar (1963 ­ 66) que se instauró estuvo integrada por Ramón Castro Jijón (Marina), Marcos Gándara Enríquez (Ejército), Luis Cabrera Sevilla (Ejército) y Guillermo Freile Posso (Aviación). En las circunstancias de la época, el anticomunismo fue uno de los rasgos que caracterizó a la Junta, influida por las estrategias continentales norteamericanas orientadas con igual política. En consecuencia fue perseguida la izquierda, reprimidos los movimientos laborales, sociales y estudiantiles e intervenidas las universidades. La dictadura acogió, además, el programa norteamericano "Alianza para el Progreso" e inició las reformas estructurales que otorgaban al Estado un papel activo en la economía.
Ello desencadenó las resistencias de las oligarquías tradicionales y principalmente la de los terratenientes, heridos con la reforma agraria. En abril de 1965, la reacción del gran comercio Guayaquileño produjo la 'guerra del arancel". Al año siguiente la beligerancia se agudizó. Los comerciantes decidieron no pagar impuestos, detener importaciones, no sacar sus mercaderías de la aduana y realizar un paro, que coincidió con la agitación generalizada. De tal manera, que, cuando en marzo del 66 se produjo la incursión de fuerzas especiales en la Universidad Central, la indignación general llegó a sus límites y los militares se vieron forzados a dejar el gobierno.
 
Designado Presidente Provisional (29 ­ III ­ 66) por una junta de notables, Clemente Yerovi Indaburu concentró esfuerzos en un plan de retorno constitucional , que culminó con la reunión de la Asamblea, en la que fue designado Otto Arosemena Gómez como Presidente Interino (16 ­ XI ­ 66). El nuevo gobierno articuló los intereses económicos de las oligarquías serrana y costeña y se alió políticamente con la derecha de los conservadores y socialcristianos. Se caracterizó, entonces, por un abierto respaldo a la gran empresa privada e incluso a las inversiones extranjeras, que condujeron a lesivas concesiones petroleras para el país (como la explotación del gas del golfo otorgada al consorcio fantasma ADA) y a la paralización de la reforma agraria. En consecuencia, fueron meramente publicitarias la negativa de Arosemena a suscribir el Acta de Punta del Este (Uruguay), sus críticas a la política estadounidenses y sus cuestionamientos al programa Alianza para el Progreso.
 
En 1968 se realizaron las elecciones y triunfó, por quinta vez, José María Velasco Ibarra, aunque los resultados reflejaban el declive del caudillo. Nuevamente su administración resultó inestable, conflictiva y vinculada, como antaño, a poderosos círculos económicos. Aunque el Presidente se mostró firme en la defensa de las 200 millas de mar territorial (varios atuneros norteamericanos fueron detenidos) y dio inicio a la participación del Ecuador en el Pacto Andino (1969, que proyectó la integración subregional con Venezuela, Colombia, Perú, y Chile), Una vez más acumuló la creciente reacción interna y la beligerante lucha estudiantil. En mayo de 1970 el gobierno decretó un presupuesto de emergencia, nuevos tributos, aumentó los recargos de estabilización monetaria, fijó impuestos a las ventas y eliminó exoneraciones industriales. Las Cámaras de la producción decidieron acudir ante la Corte Suprema para suspender tales decretos por inconstitucionales. Esa segura decisión jurídica anticipó el golpe de estado, que sobrevino tras la destrucción de la imprenta de la Universidad Central, en medio del generalizado malestar popular y las encolerizadas protestas estudiantiles, motivadas incluso por el asesinato de Milton Reyes, presidente de la FEUE (Federación de Estudiantes Universitarios Ecuatorianos).
 
El 22 de junio de 1970 Velasco proclamó su dictadura. Las universidades fueron clausuradas y reorganizada la Corte Suprema. En agosto, se decretó la devaluación monetaria (S./25.00 por dólar). Más tarde, Guayaquil se conmocionó con la prisión y deportación del Alcalde Francisco Huerta Montalvo y del Prefecto Asaad Bucaram. Al año siguiente el gobierno debió afrontar tanto un levantamiento militar, como la huelga nacional de los trabajadores. En medio del descalabro económico y del adverso clima político, el anuncio del retorno al orden constitucional para junio de 1972 pareció renacer esperanzas. Las candidaturas fueron definiéndose. Pro sólo la de Asaad Bucaram, caudillo indiscutible de la populista Concentración de Fuerzas Populares (CFP), preocupó al régimen, que intento descalificarla con el argumento de que Bucaram no era ecuatoriano. Sin embargo, una vez más los militares decidieron intervenir para derrocar a Velasco Ibarra, el 15 de febrero de 1972.
 
Dictaduras militares y "Petrolerismo"
Entre 1972 y 1979 se sucedieron dos dictaduras. La presidida por el general Guillermo Rodríguez Lara (1972 ­ 1976) se constituyó como gobierno Nacionalista y Revolucionario de las Fuerzas Armadas, proclamó una Filosofa y Plan de Acción y adoptó un nuevo Plan de Desarrollo. Además, inauguró una nueva política petrolera basada en los conceptos de recurso estratégico, soberanía, nacionalismo y autoridad militar. En consecuencia, el gobierno militar puso en vigencia la Ley d Hidrocarburos, revirtió al estado antiguas concesiones, fueron revisadas contratos con las compañías extranjeras, se crearon CEPE (Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana), TRANSNAVE (Transportes Navieros Ecuatorianos), FLOPEC (Flora Petrolera Ecuatoriana), Ecuador ingresó a la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), se dispuso la participación accionaria en el consorcio Texaco - Gulf, etc., hasta llegar a una situación en la cual prácticamente el Estado controlaba el 80% de la actividad petrolera en el país.
Con el inicio de las exportaciones de crudo (agosto de 1972) comenzaron a crecer los recursos nacionales. Más todavía con el espectacular incremento de los precios internacionales del petróleo en años posteriores. Sólo las exportaciones realizadas entre 1972 ­ 74 llegaron a equivaler a un monto de ingresos similar a las exportaciones ecuatorianas de los 140 años anteriores de vida republicana, pues los precios del barril exportado saltaron de US $ 2.56 a US $ 13,9. Semejante riqueza, administrada desde el Estado, permitió un sólo cierta independencia gubernamental de los grupos de poder económico (principalmente agroexportadores), sino también la consolidación del papel intervencionista del Estado en la promoción del desarrollo económico, esbozado tempranamente con la Junta Militar del año 63. Gracias a los recursos petroleros, nuevamente se dio prioridad a la industrialización bajo el esquema proteccionista de sustitución de importaciones y se amparó el crecimiento empresarial en todos los órdenes de la economía. Se enfatizó también en la reforma agraria, aunque ya sin las prioridades del proceso de los 60. Además, el país amplió su participación en el proceso de integración subregional iniciado con el Pacto Andino.
 

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