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La
Dirección Nacional de Mediación
Por:
Eduardo Zurita GIl
Defensoría del Pueblo
MÁS ALLA DEL MARCO
LEGAL
en el que basa su funcionamiento y en el que constan los objetivos
institucionales derivados de la Constitución de la República
y Ley Orgánica de la Defensoría, la Dirección
Nacional de Mediación de la Defensoría del Pueblo,
fue creada para precisar el rol mediador del Defensor del Pueblo.
En nuestra óptica la Defensoría cumple dos funciones
fundamentales: defender y mediar. Lo cual se traduce en la práctica
en una doble condición, en dos momentos o situaciones
distintos: cumple el papel de defensor -o intermediador- cuando
protege los derechos del más débil frente al agresor,
y es mediador cuando, como tercero imparcial, ayuda a las partes
a que arriben a la solución de un conflicto.
El rol mediador
está tan identificado con el ombudsman, que en países
como Francia su denominación obedece a la institución
del "Mediador Francés".
En muchos casos la capacidad del Defensor se reduce a iniciar
acciones, como fórmula para resolver conflictos; la mediación,
en cambio, posibilita su resolución en un marco ágil,
económico, y democrático, pues el poder de arribar
a un acuerdo radica en las partes.
Cultura
del diálogo
Otro objetivo
primordial es desarrollar y mantener la cultura del diálogo,
como método de realización de la justicia e instrumento
para alcanzar un apropiado clima de convivencia social.
En la asistencia de mediación en la Defensoría
del Pueblo, la dinámica del procedimiento se vigoriza
y genera singulares experiencias. Las resumimos en breve recuento,
sin ocultar el peso ideológico y la propia cosmovisión
que acompaña nuestros conceptos y acciones; más
que con afán moralista, como necesidad de buscar respuestas
a dificultades que obedecen a toda nueva empresa:
Avaricia,
ambición y codicia devienen en corrupción e inescrupulosidad.
Desde la óptica
de las relaciones de producción, se ha dividido a la sociedad
en explotados y explotadores; no obstante desde un análisis
causal de las conductas, bien se podría partir entre avaros,
codiciosos y ambiciosos, y los demás que los toleran.
La causa más
prosaica es el dinero y en última instancia el poder.
A estos impulsos estimula la democracia del capital en que vivimos,
que adoctrina hasta la conciencia de los más pobres. No
es extraño -en la experiencia de mediación que
hemos vivido- encontrar extremos resentimientos, odios y revanchas
en conflictos entre marginados de la sociedad -quizá por
que defienden con angustia lo poco que poseen-.
Estas actitudes
hacen que, so pretexto de proteger de un nuevo vínculo
a su padre viudo, sus hijos le arrebaten sus bienes; que hermanos
se despojen entre sí; o que un abogado extorsione a una
joven que ha perdido su brazo, víctima de un accidente,
y forzándola a un acuerdo de mediación, se alce
con la mitad de la indemnización. Cuantos casos infamantes
vivimos casi a diario en nuestra tarea. Por más que, sin
tomar partido, procuramos con enorme esfuerzo arribar a soluciones
óptimas, sentimos, a veces, que la imparcialidad es casi
imposible.
Si estos hechos se dan, independientemente de la posición
social o económica de la gente, las altas esferas del
poder político o económico, en donde la "corporación"
es el dios de mayor culto, esos pecados se han tornado en virtudes
capitales. La codicia, la avaricia, la falta de escrúpulos
para inventar dobles moral y discurso, repletan las talegas de
los jinetes de la corrupción que dirigen la sociedad.
Mientras por
un lado promueven centros de mediación y pregonan la sabiduría
del diálogo, por otro, cuando, a solicitud de un grupo
de damnificados de una catástrofe provocada por una gran
compañía, les invitamos a audiencia de mediación
para encontrar un acuerdo más justo, nos envían
una cortés nota excusándose, porque "los están
atendiendo individualmente en las judicaturas del cantón".
"La codicia no liga con la bondad; liga con el orgullo,
con la astucia y la crueldad" (León Tolstoi).
Si en los sectores
pobres, la ignorancia es factor de confrontación, entre
los pudientes, que por lo general se precian de haber cursado
los mejores centros educacionales, no existe más excusa
que su obcecada ambición. "La pobreza carece de muchas
cosas; la ambición, de todas" (La Bruyére).
El
poderoso frente al débil
Hemos citado
ejemplos de como se comportan quienes más poseen, frente
a un contradictor indefenso. El ejemplo más significativo
es el caso de una empresa de televisión por cable, que
contrató con un usuario uno de sus productos por el cual
éste abonó trescientos dólares -como aval-
cuando el dólar se cotizaba en dos mil quinientos sucres.
Tres años más tarde el cliente devolvió
el aparato y solicitó la restitución de su garantía.
La compañía le ofreció setecientos cincuenta
mil sucres, cuando el dólar costaba quince mil sucres,
con lo cual habría podido comprar apenas cincuenta dólares.
El consumidor recurrió a la Defensoría y se convocó
a mediación. Luego de una gran controversia se acordó
que la empresa le proporcionaría otro servicio retrotrayendo
el valor de la cuota a la época del anterior contrato,
lo cual significaba que el usuario tendría derecho a dieciocho
meses de servicio a cuenta de la garantía. Parecía
un modelo de resolución. El abogado empresarial llevó
el acta de mediación para la firma del gerente. Oh sorpresa!
La devolvió sin firma porque la empresa consideraba el
acuerdo un mal precedente y prefería ventilar el asunto
ante un juez. El fondo revela la soberbia de no ceder un ápice
de su parcela de poder. La mediación se topa constantemente
con estas circunstancias. El dueño del poder (en particular
un alto porcentaje de banqueros, financistas y grandes empresarios)
prefiere ventilar sus conflictos litigando, pues sabe que su
influencia económica o política le asegura resultados
ventajosos por la vía judicial. La conducta, aparentemente
inexplicable, es la de ciertos funcionarios públicos,
que además de gazmoñera, patentiza la inconsciencia
acerca de su función de servicio. Asumir la función
pública es adquirir responsabilidades y no privilegios.
Las instituciones y los servidores públicos existen para
ser útiles y ayudar a los ciudadanos, no para complicarles
su vida. Sin embargo, actúan como reyezuelos, prepotentes
y autoritarios y como se ha deteriorado tanto la autoridad moral
del mando, la venalidad es la única horma a la que se
ajustan. Muchos funcionarios, por su deformación, burlan
sagazmente la acción de la Defensoría. Su principal
destreza es "ganar tiempo". Concurren a las audiencias,
muestran aparente respeto y colaboración y cuando, transcurridos
varios meses, deben satisfacer la demanda del ciudadano, se declaran
incompetentes o inhábiles para arribar al arreglo necesario.
Alguien ha propuesto,
para la discusión, que la mediación en los conflictos
con la administración pública -por esa naturaleza
pública- debería prescindir de la confidencialidad.
De modo que, luego de convenir la renuncia de la confidencialidad,
el mediador -dados los presupuestos de no llegar a acuerdo y
demostrado el artificio del funcionario- pueda presentar informe
y éste gravite en la determinación de responsabilidades.
En una sociedad proclive a la confrontación y socavada
por la corrupción, el rol defensor debe estar reforzado
por mecanismos coercitivos más eficaces. No se puede desconocer
el avance en mediación; sin embargo, en los casos en que
existe gran desequilibrio de poder, el predominio del más
fuerte frustra la acción mediadora y demanda una defensa
firme y eficiente, y como en el espacio de la Defensoría
del Pueblo, los contradictores son los ciudadanos frente a la
administración, deben dictarse normas que permitan que,
una vez determinada del modo más sumario, la responsabilidad
del funcionario, rectifiquen o revoquen los actos administrativos
y se sancione rigurosamente a su autor.
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