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UNA
PERMANENTE EXPLOTACIÓN AL PAÍS
Los
contratos petroleros
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Por: Dr. Carlos Galarza
Tobar
Analista en economía petrolera Investigador Económico
UIDT - PETROECUADOR
LA
LEY DE HIDROCARBUROS
dictada en 1971, luego del conocimiento y la certeza de la existencia
de yacimientos representativos en la cuenca oriental del Ecuador,
se ampara en la necesidad del desarrollo económico del
país y los preceptos constitucionales de inalienabilidad
e imprescriptibilidad en la propiedad de los recursos naturales,
entre otros asertos reglamentó la explotación de
los yacimientos de petróleo mediante la regulación
de los contratos con las compañías petroleras que
exploraron el oriente ecuatoriano en la década anterior
entre las que destacaron por sus hallazgos Texaco y Gulf.
En la ley y la reglamentación
de los contratos petroleros, se consideró fundamentalmente
los principios de legalidad, equidad y retribución, al
igual que los conceptos básicos de rentabilidad y riesgo
en la conmutación de prestaciones reciprocas y dinámicas
entre el país poseedor de los recursos naturales y las
Compañías Petroleras propietarias del capital,
valorando la propiedad, oportunidades y riesgos que cada una
de las partes poseía y asumía en la explotación
de este primordial insumo del desarrollo mundial.
En la explotación de recursos
perecibles, al igual que en todo tipo de contrato la rentabilidad
depende de la optimización de la relación ingresos
/ costos, que deben ser crecientes los primeros y decrecientes
los segundos, y del riesgo asumido fundamentalmente en la exploración.
El manejo apropiado por los contratistas de las variables que
intervienen en la relación determina la equidad en el
contrato; los ingresos no son más que el producto de la
cantidad producida por el precio, siendo la cantidad, el producto
del esfuerzo de inversión de los contratistas; y el precio
el resultante de la demanda del mercado y por tanto no manejables
por los contratistas. Por el lado los costos y la disminución
de los mismos son variables de competencia exclusiva de los inversionistas;
la retribución del riesgo es convenida por las partes.
Los contratos
petroleros
Bajo esta concepción los
contratos petroleros solo han considerado en parte los conceptos
de proporcionalidad en el reparto de la renta entre el estado
y la contratista, dependiendo de los intereses y circunstancias
particulares de los gobiernos que han manejado estrategias coyunturales
en las que impera, con mayor fuerza, la tendencia inconstitucional
de traslación de los recursos petroleros a las compañías
privadas mediante tácticas contractuales en las que se
incluye la privatización. Es así que los contratos
en una progresiva degradación incluyen: la tendencia a
congelar los parámetros de calculo (dinámicos por
naturaleza) en perjuicio del estado, generan garantías
de ampliación de participaciones por variaciones de dichos
parámetros, relativan las variables económicas,
se negocia en función de "modelos" estáticos
mediante formulaciones que alteran los conceptos técnicos
y apartan la relación contractual de la realidad y sus
objetivos, ejemplo los contratos no incluyen en sus cláusulas
participación o modificación por movimientos de
la variable precios y las fallidas introducciones o interpretaciones
de la ley sobre formas contractuales.
Los contratos de concesión
fueron aquellos por los cuales el Estado otorgaba un área
de terreno para la inversión por parte de la compañía
a su propio riesgo en la detección de petróleo,
de ser localizada en esa área la existencia de los hidrocarburos,
éstos debían ser comercializados por las empresas
privadas y el estado recibía una regalía por ser
propietario del bien y haber cedido la explotación del
recurso, reservándose por soberanía la regulación
tributaria (porcentajes de impuesto a la renta, regalías
y participación laboral) como herramientas para hacer
efectivos los principios de equidad, proporcionalidad y rentabilidad.
El modelo funciono en forma correcta
con las Compañías Texaco y Gulf por 20 años
en la explotación de los mas grandes campos que ha tenido
y tiene el país, a las cuales para equiparar el reparto
de utilidades entre el estado y el capital privado generados
por el incremento de precios, se incrementaron las tasas de regalías
e impuesto a la renta hasta el 18.5% y 87.31% respectivamente.
Para una correcta aplicación
del principio de inalienabilidad del recurso y considerando la
"no oportunidad" de que el Estado asuma el riesgo,
se incluyeron los modelos de contrato denominados: operaciones
hidrocarburíferas y prestación de servicios, el
primero eliminado para la vigencia del segundo, en el cual los
propietarios del capital por su cuenta y riesgo invertían
en la producción de petróleo crudo y de ser positiva
su existencia, luego de declarada la comercialidad de la explotación
de dicho petróleo, los yacimientos pasan a ser coadministrados
por las compañías y el estado mediante un "Comité
de Administración". La propiedad del petróleo
que se explote es del Estado y las compañías reciben
las alícuotas de su capital y la rentabilidad de las mismas
mediante una sistema de formulas financieras que pretenden considerar
todas las variables y la dinámica mercantil.
Las características fundamentales
de estos contratos: el rédito por parte del estado del
capital puro y la asunción del riesgo exploratorio por
las compañías, a más de la necesidad de
incorporar al mercado volúmenes adicionales de crudo,
determinaron una gran aceptación de este tipo de contrato,
el mismo que se tornó en fracaso por la subjetividad otorgada
a la declaración de comercialidad que significaba la aprobación
de los gastos exploratorios realizados para su pago por parte
del Estado. Transferido el riesgo y fijada la obligación
de pago se "viabilizaron" contratos con la entrega
de campos compartidos o la cesión directa de campos.
Las funciones de cogestión
de los "Comités de Administración" que
incluyen repercusiones directas en el pago del Estado y los costos,
perjudico al Estado y la filosofía de esta modalidad contractual.
El relativo éxito de la
modalidad anterior, bajo la óptica de las necesidades
financieras del estado y la seguridad jurídica se propulsó
la estrategia de simplificar a su más mínima expresión
la filosofía y participación del estado en la explotación
de hidrocarburos con la inclusión en la ley de los Contratos
de Participación, por los cuales el Estado dueño
del petróleo, cede a las compañías privadas
sus derechos de extracción, y el dominio de los productos
de dicha actividad, consecuentemente se incluyen los ingresos
de la renta petrolera que pudo obtener con los otros contratos.
El Contrato de Participación
utiliza un "modelo de negociación" que se fundamenta
en el "congelamiento" de los parámetros de calculo
en los que se encuentran: las decisiones autónomas del
país sobre tributación; los costos de servicios
estatales y diferenciales de calidad y precios, todos estos que
afectan la "economía del contrato", por lo que,
el contrato fija garantías de ampliación de participación
en el petróleo por incrementos de dichos parámetros;
además, desconoce las regalías como participación
obligatoria del Estado. En síntesis en estos contratos
se eliminan toda posibilidad de revisión de la participación
e implantación de estrategias de equidad por parte del
Estado en la distribución del ingreso petrolero.
A cambio el contratista entrega
porcentajes fijos de participación por rangos de producción
de petróleo; y, los valores correspondientes al 25% del
impuesto a la renta. Estos rangos y porcentajes son establecidos
por el Contratista. Este modelo de Contratación se aplica
también para la explotación de los campos compartidos
o unificados y aquellos cedidos para operación, al igual
que para los contratos de campos marginales.
La participación porcentual
que las compañías asignan al Estado en el primer
rango de producción muy ligeramente sobrepasan los porcentajes
de regalías pagadas por los contratos de concesión
y, el Gobierno recibe en pocos casos valores no sustanciales
por impuesto a la renta. La parcialización de estos contratos
determino además que las compañías busquen
cambiarse a este tipo de contrato.
Revisión
de contratos
La incuestionable propiedad del
Estado de los recursos del petróleo, el desbalance contractual
a favor de las empresas privadas, la no consideración
de factores claves como: el precio, la traslación de los
ingresos petroleros a las compañías privadas y
los principios éticos de equidad y transparencia, obligan
al Gobierno a revisar en forma urgente dichos contratos con la
definición de una política oficial que reforme
la vigente, anacrónica e ilógica Ley de Hidrocarburos,
la formulación de un modelo de contrato equitativo que
redituando apropiadamente el capital y el riesgo, permita a las
partes actuar en la dinámica del negocio petrolero evitando
las continuas revisiones que distorsionan la seguridad jurídica
y la participación del país como único dueño
del petróleo.
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