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IMPARCIALIDAD
E INDEPENDENCIA
Los jueces y el Estado de Derecho
Por: Dr.
Roberth Puertas Ruiz
Fundación Fabián Ponce
LAS
IDEAS DE LIBERTAD y de
derechos se profundizó a raíz de las revoluciones
Americana y Francesa, lo que afectó no solo a las instituciones
feudales preexistentes, sino también a los jueces que
se constituían en una "aristocracia de la toga",
en la cual los cargos judiciales eran considerados propiedad
privada que podía ser adquirida, vendida e incluso heredada.
En Francia
"La aristocracia de la toga"
apoyó a la aristocracia terrateniente, rehusándose
a aplicar nuevas leyes, interpretándolas para favorecer
a sus protegidos y entorpeciendo su ejecución. De allí
que la revolución francesa propuso la separación
de poderes (ejecutivo-legislativo y judicial) y la obligatoriedad
del juez de limitarse a aplicar la ley para prevenir los abusos
y evitar la interferencia con las autoridades administrativas.
EE. UU. e Inglaterra
En Estados Unidos e Inglaterra
sucedió lo contrario y los jueces eran una enorme fuerza
progresista que velaba por el individuo, por lo que la concepción
del juez garante de las libertades se volvió parte sustancial
de la comunidad y nunca hubo temor alguno a su capacidad de legislar,
a través de las sentencias.
Latinoamérica
Heredó el sistema francés,
en que los jueces se limitan a aplicar mecánicamente la
ley, sin compromiso alguno con las personas ni con el Estado
de Derecho que en teoría garantiza sus derechos. A tal
punto han llevado esta práctica, que durante las dictaduras,
los jueces no defendieron a los individuos e incluso aplicaron
normas abiertamente violatorias a los derechos humanos y contrarias
a las constituciones.
Pasado el periodo de dictaduras
parecía que Latinoamérica entraba en un proceso
sin retorno de democratización de sus instituciones.
Se proclamó la vigencia
del Estado de Derecho y con ello se asumió el deber de
garantizar el respeto a los derechos fundamentales de la persona
en sus relaciones privadas, así como el deber de protección
de esos derechos frente al arbitrio de los titulares del poder
estatal.
Para ello, era necesario contar
con un poder judicial fortalecido e independiente de quienes
detentan el poder estatal (otras funciones del estado, partidos
políticos y/o caudillos) y tener a la ley como fundamento
de su actuar.
Imparcialidad,
independencia
y vigencia del Estado de Derecho
A pesar de los progresos normativos
y declarativos realizados hasta la actualidad, la función
judicial no ha sido capaz de garantizar su propia independencia
y con ello su imparcialidad. La inercia ha continuado y poco
o nada se ha hecho para que la justicia deje de ser un mito.
Es más, continúan como ayer, dependientes de nuevos
actores e intereses particulares que obstaculizan la búsqueda
del bien común.
En un Estado de Derecho son los
jueces los responsables de que la autoridad de la ley sea una
práctica diaria y no un discurso vacío. Son los
jueces los llamados a someter a personas y autoridades al imperio
de la ley y con ello garantizar la seguridad jurídica
en la sociedad. De allí su responsabilidad con la vigencia
del estado de derecho y la inclaudicable búsqueda por
parte de la sociedad de "buena" función judicial
comprometida con este objetivo, sin olvidar que no puede existir
una buena función judicial sin buenos jueces; esto es,
jueces que apliquen las leyes con honestidad, independencia,
imparcialidad y capacidad.
Amigo lector: ¿Cree Usted
que en el Ecuador vivimos en un Estado Social de Derecho como
lo proclama la Constitución de la República en
su artículo primero y que los jueces cumplen con su papel
de hacerlo realidad?.
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