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LA DESIGNACIÓN
DE JUECES
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE EE.UU.
juro
solemnemente |
Por:
Robert S. Barker*
JOURNALUSA
- Periódicos electrónicos
del Departamento de Estado de los Estados Unidos - Abril 2005
EN 1791, CUANDO EL TRIBUNAL
SUPREMO
de Estados Unidos llevaba menos de dos años de existencia,
uno de sus miembros originales, John Rutledge, renunció
a fin de presidir el tribunal supremo de su propio estado, Carolina
del Sur. Cuatro años después, el primer presidente
del Tribunal Supremo federal, John Jay, renunció para
ser gobernador de su estado, Nueva York. En 1800, cuando el presidente
John Adams le pidió a Jay que regresara a el Tribunal
y lo nominó nuevamente como presidente del tribunal, Jay
declinó, comentando que el Tribunal Supremo carecía
de "energía, peso y dignidad". En efecto, durante
la primera década de funcionamiento del Tribunal Supremo
(1790-1800), cinco de los primeros 12 miembros que prestaron
servicio en el Tribunal renunciaron, mientras que otros tres
nominados (incluido Jay en 1800) declinaron ya sea su designación
como miembros del Tribunal o su promoción a presidente
del tribunal. Aunque una o dos de estas renuncias fueron por
razones personales, la mayoría refleja un consenso de
que, como había dicho Jay, el Tribunal carecía
de "energía, peso y dignidad".
Esa percepción
cambió pronto a medida que comenzó a aumentar la
influencia del Tribunal Supremo. La trascendente decisión
del Tribunal en 1803 en Marbury v. Madison, estableciendo la
"revisión judicial" (es decir, la facultad de
los jueces a negarse a aplicar estatutos que ellos mismos determinen
que son contrarios a la Constitución), y la notable habilidad
del Tribunal desde entonces para mantener su independencia de
las otras ramas del gobierno, le han dado al Tribunal Supremo
de Estados Unidos gran prestigio y autoridad en la ley y en la
política estadounidenses.
Selección
de los magistrados
Debido a la importancia
del Tribunal Supremo, el proceso por el cual se escoge a sus
miembros tiene necesariamente gran significado. La Sección
1 del Artículo III de la Constitución inviste al
poder judicial del gobierno nacional (o "federal")
de "una Tribunal Supremo, y de cortes inferiores que pueda
establecer el Congreso de tanto en tanto", estipula que
los miembros del Tribunal Supremo, como los otros jueces Federales,
permanecerán en el cargo de por vida mientras guarden
buena conducta, y garantiza que no se les reducirán los
salarios durante su permanencia en el cargo. La Sección
2 del Artículo II establece que el presidente de Estados
Unidos " nominará y, con el consejo y consentimiento
del Senado, designará a los jueces del Tribunal Supremo".
Alexander Hamilton,
quien fue un miembro influyente de la Convención de 1787,
que elaboró la Constitución, explicó la
prudencia del proceso de designación en The Federalist,
Nº 77:
Respecto a esta
unión del Senado con el Presidente, en el artículo
de las designaciones, en algunos casos se ha sugerido que serviría
para darle al presidente una influencia indebida sobre el Senado,
y en otros que tendría una tendencia opuesta - lo cual
es prueba fuerte de que ninguna de las sugerencias es cierta.
Desde 1789, cuando el presidente George Washington inició
el proceso, los presidentes han hecho un total de 148 nominaciones
al Tribunal Supremo. De éstas, seis fueron declinadas
por los nominados, 12 fueron rechazadas por el Senado, nueve
fueron retiradas por el presidente (por lo general debido a la
oposición en el Senado) y en cinco el Senado no actuó
(y consiguientemente quedaron sin efecto). Por lo tanto, históricamente,
aproximadamente cuatro de cada cinco nominaciones presidenciales
han tenido éxito.
¿Qué
clase de personas han sido nominadas y designadas? ¿Y
por qué alrededor del 20 por ciento de las nominaciones
no tuvieron éxito?
Cada nominación
al Tribunal Supremo involucra una interacción única
de consideraciones legales, políticas y personales; no
obstante, es posible hacer algunas generalizaciones. Primero,
los nominados al Tribunal Supremo siempre han sido abogados.
Aunque la Constitución no requiere esto, el sentido común
demanda que quienes tengan el deber principal de interpretar
y de aplicar la ley tengan ellos mismos buen conocimiento de
la ley. Segundo, los nominados por lo general han sido aliados
personales del presidente, miembros prominentes del partido político
del presidente, o juristas que simpatizan con las posiciones
del presidente sobre las cuestiones legales importantes de la
época. Así, por ejemplo, Roger Brooke Taney, una
figura importante en la oposición del presidente Andrew
Jackson a la existencia de un Banco Nacional de Estados Unidos,
fue designado presidente del Tribunal Supremo por Jackson en
1836; y Abe Fortas, un estrecho colaborador del presidente Lyndon
Johnson, fue designado a el Tribunal por Johnson en 1965.
Muchos designados
han sido personajes políticos importantes por derecho
propio: Salmon P.Chase, designado presidente del Tribunal Supremo
por Abraham Lincoln en 1863, había sido gobernador de
Ohio; Charles Evans Hughes, primero designado a el Tribunal por
William Howard Taft en 1910, era gobernador de Nueva York; El
primer designado de Franklin D. Roosevelt a el Tribunal (en 1937)
fue el senador Hugo L. Black de Alabama, y otro designado posterior,
Frank Murphy, había sido gobernador de Michigan.
Earl Warren era
gobernador de California cuando Dwight Eisenhower lo nombró
presidente del Tribunal en 1954. Un caso más notorio fue
cuando el presidente Warren G. Harding nombró en 1921
al ex presidente Taft como presidente del Tribunal Supremo.
Algunas veces
los presidentes han designado a miembros del partido de la oposición.
De esta manera, el presidente Lincoln, un republicano, designó
al prominente demócrata Stephen J. Field como miembro
del Tribunal en 1863. En 1940, el presidente demócrata
Franklin Roosevelt elevó al miembro del Tribunal Supremo
Harlan Fiske Stone, un republicano, a la presidencia del tribunal.
En 1945, el presidente demócrata Harry Truman designó
al senador republicano Harold H. Burton, de Ohio, como miembro
del Tribunal . En 1956, tres semanas antes de la elección
presidencial, el presidente republicano Eisenhower designó
al demócrata William J. Brennan. Hay más ejemplos
de este "bipartidismo"; sin embargo, aunque bipartidistas,
estas designaciones no obstante fueron políticas, pues
se las hizo para conseguir apoyo popular o legislativo para el
presidente.
La práctica de designar políticos prominentes al
Tribunal Supremo ha declinado marcadamente durante el último
medio siglo. Los presidentes recientes han tendido a nominar
hombres y mujeres que ya eran jueces en ejercicio. De los nueve
miembros actuales en el Tribunal , seis de ellos (John Paul Stevens,
Antonin Scalia, Anthony M. Kennedy, Clarence Thomas, Ruth Bader
Ginsburg y Stephen G. Breyer) eran jueces federales de apelaciones
en el momento de su designación, y otros dos (Sandra Day
O'Connor y David H. Souter) eran jueces estatales de apelaciones.
En la actualidad la prominencia política de un nominado
o nominada es menos importante que su compatibilidad filosófica
con el presidente.
Confirmación
del Senado
La Constitución
no establece un criterio para la aprobación o rechazo
de nominados por el Senado; por lo tanto, cada senador o senadora
puede aplicar sus propias normas. El primer nominado al Tribunal
Supremo que fue rechazado por el Senado fue John Rutledge en
1795. Rutledge, uno de los miembros originales del Tribunal ,
había renunciado en 1791. Cuatro años después,
cuando el presidente Washington lo nominó como presidente
del Tribunal muchos senadores se opusieron a Rutledge debido
a su ruidosa crítica en 1794 de un controversial tratado
entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Otras nominaciones
fracasaron por una variedad de razones: Alexander Wolcott fue
rechazado en 1811 debido a una combinación de oposición
partidista y de dudas bipartidistas sobre su capacidad. En 1844
y 1845, el presidente John Tyler hizo seis intentos de llenar
vacantes en el Tribunal , cinco de los cuales no tuvieron éxito.
Tyler, un demócrata que había sido elegido vicepresidente
en la boleta del partido Whig (predecesor de los republicanos)
sucedió en la presidencia a William Henry Harrison cuando
éste murió, pero carecía de una base política
suficientemente fuerte en ninguno de los dos partidos para asegurar
una acción favorable en el Senado.
Varios nominados,
como Ebenezer Hoar en 1870 y Wheeler H. Peckham en 1894, fueron
rechazados debido a que su oposición a demandas de influencia
política había molestado a senadores poderosos.
En 1930 el Senado rechazó la nominación de John
J. Parker por el presidente Herbert Hoover en medio de acusaciones
de que el nominado estaba en contra de los sindicatos. En 1969
y 1970 el Senado rechazó a dos de los nominados del presidente
Richard Nixon por críticas a la calidad personal y posiciones
filosóficas de los nominados. Todas las partes coinciden
en que la derrota de Robert H. Bork en 1987, nominado por el
presidente Ronald Reagan, se debió a consideraciones de
filosofía judicial. En suma, los nominados rechazados
lo fueron por una amplia variedad de razones partidistas, personales
y filosóficas.
La Constitución
no especifica el tamaño del Tribunal Supremo; el número
de miembros siempre ha sido determinado por estatuto federal.
El Congreso originalmente fijó el número de jueces
del Tribunal en seis. Desde entonces en distintos momentos ha
habido tantos como 10 miembros o tan pocos como cinco. Por lo
general el tamaño del Tribunal ha tenido como base consideraciones
de eficiencia judicial, pero en una ocasión notable el
motivo fue político. En 1866 el Congreso estipuló
que se redujera el número de miembros del Tribunal , por
atrición, de 10 a siete, para impedir que el presidente
Andrew Johnson hiciera designaciones a el Tribunal Supremo. En
1869, después que Johnson dejó el cargo, el número
de miembros fue elevado a nueve y así ha permanecido desde
entonces.
Indepedencia
judicial
Mientras los
conflictos mencionados ilustran los aspectos políticos
de las designaciones del Tribunal Supremo, otros dos fenómenos
demuestran realidades más profundas y más importantes:
la primera es que cualesquiera sean las circunstancias de su
designación, los miembros del Tribunal Supremo, una vez
en el cargo, han mostrado constantemente independencia respecto
a las ramas políticas del gobierno, incluso independencia
de los mismos presidentes que los designaron. Por ejemplo, en
1902, el presidente Theodore Roosevelt designó a Oliver
Wendell Holmes (h) al Tribunal . Menos de dos años después,
en un caso contra monopolios de importancia considerable para
el programa de Roosevelt, Holmes votó contra el presidente.
En 1952, cuando la confiscación de las principales plantas
siderúrgicas del país por el presidente Truman
fue desafiada con argumentos constitucionales, el Tribunal Supremo
falló contra el presidente por votación de 6 a
3. De los cuatro jueces que habían sido designados por
el propio Truman, dos votaron contra él. Earl Warren,
designado presidente del Tribunal Supremo por el presidente Eisenhower,
votó contra las posiciones de Eisenhower con tanta frecuencia
que el presidente, tras dejar el cargo.
Comentó
que su designación de Warren había sido "el
peor error tonto que cometí como presidente". En
1974, en el caso Estados Unidos v. Nixon-que se refería
a la negativa del presidente Nixon de entregar grabaciones de
la Casa Blanca reclamadas judicialmente, argumentando razones
de privilegio ejecutivo-tres de los cuatro jueces que habían
sido designados por Nixon votaron contra él, mientras
que el cuarto se recusó.
El segundo fenómeno
de importancia primordial-relacionada estrechamente con el primero-es
que el pueblo estadounidense espera y demanda que el Tribunal
Supremo sea independiente de las ramas políticas del gobierno.
En 1805, la mayoría jeffersoniana en la Cámara
de Representantes, con la intención de someter al poder
judicial (que a la sazón estaba dominado por jueces de
persuasión federalista), presentó cargos para el
juicio político del miembro del Tribunal Supremo Samuel
Chase. De acuerdo con la Constitución, la cuestión
fue sometida entonces a juicio ante el Senado, donde los jeffersonianos
tenían mayoría de 25 a 9, más de las dos
terceras partes requeridas para destituir al funcionario impugnado.
Sin embargo, suficientes jeffersonianos votaron por Chase y éste
fue absuelto. Ningún otro miembro del Tribunal Supremo
ha sido sometido a juicio político, y la controversia
del caso Chase perdura como prueba de que la independencia judicial
es más importante que la ventaja partidista.
Un ejemplo aún
más notable ocurrió en la década de 1930.
Entre 1933 y 1936 el Tribunal Supremo declaró inconstitucionales
muchas leyes promulgadas como parte del programa Nuevo Trato
del presidente Franklin D. Roosevelt para revivir la economía
estadounidense durante el período de la Gran Depresión.
En 1936 Roosevelt fue reelegido abrumadoramente y sus partidarios
ganaron grandes mayorías en ambas cámaras del Congreso.
Poco después de su reelección, Roosevelt anunció
su intención de tratar con los problemas del Tribunal
Supremo proponiendo legislación que le permitiría
designar hasta seis miembros adicionales. La mayor parte de la
reacción popular y en el Congreso fue hostil al plan del
presidente, y no se lo adoptó. Aunque el pueblo y sus
representantes estaban a favor de las políticas económicas
de Roosevelt, consideraron que la independencia del Tribunal
Supremo era más importante que los desacuerdos políticos
del momento.<.P>
En la actualidad
hay nuevamente controversia sobre la jurisprudencia del Tribunal
Supremo. Sin embargo, el debate es sobre si esta o aquella decisión
es fiel a la Constitución. Tal debate es saludable y,
en efecto, necesario en una sociedad libre y democrática.
Pero virtualmente no hay desacuerdo sobre la deseabilidad de
la independencia del poder judicial respecto a las otras ramas
del gobierno; en esto, como sobre la sabiduría del método
para escoger a los miembros del Tribunal Supremo, las lecciones
de la historia son claras y positivas.
Quizás
la garantía última tanto de la independencia judicial
como de la fidelidad judicial sea la adherencia simultánea
del pueblo a la democracia y al imperio de la ley. Hace más
de un siglo, el jurista e historiador británico James
Bryce, en su estudio clásico del gobierno estadounidense,
The American Commonwealth, concluyó su discusión
del poder judicial con estas palabras: "Tarde o temprano
llegamos a la gente; de su prudencia y de su moderación
dependerá finalmente la estabilidad del sistema de gobierno
más sagaz que se haya imaginado".
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Robert
S. Baker es profesor distinguido de la Facultad de Derecho de
la Universidad Duquesne en Pittsburgh, Pensilvania. Durante 12
años se ha desempeñado como presidente de la Comisión
de Derecho Internacional del Colegio Interamericano de Abogados;
como catedrático Fullbright enseñó derecho
constitucional en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina,
y es autor de La Constitución de Estados Unidos y su Dinámica
Actual (que se publicará en 2005).
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