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COMBATE
A LA CORRUPCIÓN JUDICIAL
Realidades
y propuestas
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Por: Dr. Manuel Villoria
Universidad Rey Juan Carlos - Instituto Universitario Ortega
y Gasset
Madrid, España
Una organización
ineficaz
Por lo general, la duración
media de un proceso penal se sitúa entre 2 y 4 años
y de un proceso civil entre 3 y 5. En caso de apelaciones se
pueden llegar a varios años. Estos retrasos implican,
al final, un alto grado de impunidad. El bajo rendimiento, el
ausentismo laboral, y la desorganización sistemática
son parte de las causas del colapso.
La precariedad
del empleo.
Los jueces son nombrados en muchos
casos por criterios partidistas, sin pruebas que acrediten el
mérito y la capacidad. Muchos de ellos están en
situación interina, con lo que no tienen un puesto fijo
de trabajo y queda su continuidad al albur de las decisiones
políticas. La posibilidad de cese a los tres o cuatro
años de los contratados temporales es muy alta, salvo
que tengan adecuadas conexiones políticas. La inamovilidad
es rara y siempre susceptible de revisión.
Desprecio
de la Ley.
La actuación diaria de
los jueces y personal administrativo de los juzgados está
plagada de irregularidades en el respeto a los plazos, en la
consideración a los detenidos, en la debida custodia de
los documentos, en la protección de datos personales,
en la protección de testigos, etc.
Amiguismo.
La diferencia de trato en función
de la amistad con el juez o con miembros de la carrera judicial
está generalizada; la presencia de correligionarios políticos
o de familiares de políticos de relieve es fundamental
para entender el contenido errático de las sentencias.
Delegaciones.
En ocasiones, los jueces delegan
en terceros la redacción de sentencias o la gestión
de los procesos, reduciéndose con ello la ya de por sí,
baja calidad de las resoluciones.
Abogados
corruptores.
Los abogados más prestigiosos
son, lógicamente, quienes ganan los casos, pero ello se
consigue con una buena red de relaciones y un abundante flujo
de dinero, que acaba, en gran parte, en manos de los jueces corruptos.
La capacidad y los conocimientos jurídicos no bastan e,
incluso, son redundantes.
Silencio.
A pesar de que en privado los
empleados del sistema judicial, desde magistrados a administrativos,
son conscientes del drama y lo comentan, en público casi
nadie osa levantar su voz y denunciar la corrupción generalizada.
Jerarquía
judicial cooptada.
Aun cuando existan jueces profesionales
y no politizados en el nivel inferior del sistema, la Corte Suprema
o en el Poder Judicial están conformadas por personas
elegidas en función de afinidades partidistas y que actúan
con lealtad política. Como quiera que la carrera de los
jueces depende de ellos, la afinidad política es determinante
en los ascensos e, incluso, en la permanencia tranquila en los
puestos.
Propuestas
Es difícil hacer propuestas
concretas sobre tan complejo tema, pero nos arriesgaremos a ello.
1. Se
estima que todo intento de mejora debe partir de hacer un análisis
sistémico.
Tras él, se deberán definir las prioridades y caminos
idóneos.
2. Es
preciso garantizar la consolidación de los avances alcanzados
antes de iniciar pasos más ambiciosos.
3. Es
preciso combatir efectivamente el soborno, con ello se lucha
contra los corruptores externos, causantes de muchos de los males
internos.
4. Es
ineludible reforzar la independencia judicial, para ello es preciso
introducir sin excepciones la selección por mérito
y garantizar la inamovilidad de los jueces.
5.
Debe potenciarse el gobierno judicial independiente, de manera
que se eviten al máximo posible las interferencias partidistas
en la selección, carrera y régimen disciplinario
de los jueces, que garanticen la presencia de jueces honestos
en el órgano.
6.
Debe apoyarse, también, el asociacionismo judicial, de
manera que frente a las redes externas de corrupción los
jueces opongan sus propias redes de autoayuda.
7. Hay
que involucrar a la sociedad civil en el control de la independencia
judicial y en su defensa. Así, asociaciones cívicas
deben estar presentes en los procesos selectivos para jueces
ordinarios y para miembros de la Corte Suprema, investigando
los curricula y controlando que las pruebas son idóneas.
Además de que se pueden televisar los procesos selectivos
de miembros de la Corte Suprema. La experiencia dominicana en
esta materia fue muy positiva.
8.
Publicitar los casos de corrupción ya juzgados y mostrar
a la ciudadanía que la impunidad no existe. Fortalecer
la imagen de los jueces y fiscales honestos, crear campeones
morales.
9. Romper
las redes de abogados corruptos y potenciar la deontología
en los Colegios de Abogados.
10. Internacionalizar
la lucha contra la corrupción, buscando la ayuda en organismos
multilaterales y Estados colaboradores, y denunciando a los Estados
donde el dinero encuentra paraísos que facilitan su opacidad.
11.
Garantizar al Poder Judicial los recursos mínimos requeridos
para cumplir con el cometido que le corresponde.
12.
Establecer indemnizaciones frente a las dilaciones excesivas
en la resolución de procesos.
13. Fomentar
la eficacia judicial introduciendo mejoras en la gestión
y programas de calidad.
14.
Garantizar el control del rendimiento de los jueces y asegurar
políticas de personal justas y estratégicas.
15.
Hay que potenciar la justicia de proximidad, que involucra a
la ciudadanía en la impartición de justicia y desbloquear
una gran parte del colapso judicial.
Conclusión
La corrupción judicial
no puede ser obviada por ningún Gobierno, pues constituye
uno de los elementos fundamentales para el desarrollo de la corrupción
sistémica. Cualquier país que quiera enfrentarse
al problema de la corrupción debe dar prioridad al análisis
y combate de la corrupción judicial. Una dejación
de este importantísimo problema puede dar lugar a que
países con corrupción media, o incluso baja, descubran
a medio plazo que el sistema se ha descompuesto y la impunidad
de los criminales se ha generalizado.
Circunstancia que pone en peligro
la propia razón de ser del Estado, que comienza por garantizar
el monopolio de la violencia legítima.
Otro impacto negativo, de amplio
alcance, de la corrupción judicial es el deterioro del
mercado y la consiguiente generación de desconfianza y
ausencia de inversión.
No obstante, esta corrupción surge y se desarrolla en
un entorno político y social que debe ser estudiado convenientemente
antes de iniciar medidas exclusivas de combate a la corrupción
judicial.
En concreto, en países
con corrupción cercana a la sistémica, la lucha
contra la corrupción judicial debe resolver problemas
previos antes de poder implantar medidas eficaces para reducirla.
Así, será preciso un acuerdo con los partidos políticos
más importantes a efectos de que éstos disminuyan
su voluntad de control y uso de las instituciones. En general,
una buena estrategia de lucha contra la corrupción judicial
debe ir acompañada de otras medidas que potencien y complementen
las virtualidades de las actuaciones específicas tomadas
para reducir la corrupción de los jueces.
Para garantizar una justicia
honesta y eficaz es necesario que ciertos principios previos
se garanticen por el sistema. Así, la independencia judicial,
la imparcialidad o la transparencia. Sin ellos, no será
posible configurar medidas eficaces de lucha anticorrupción.
Las propuestas para reducir o eliminar la corrupción judicial
se fundamentan en los principios citados, y de ellos extraen
las actuaciones concretas.
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