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Injerencia
Política en la Corte Suprema
Dr.
Walter Freire Chávez
FERDERACION NACIONAL DE ABOGADOS DEL ECUADOR
LA
FEDERACIÓN NACIONAL DE ABOGADOS,
por medio de su presidente; el Dr. Walter Freire Chávez;
convocó con carácter de urgente a los 21 presidentes
de los Colegios de Abogados del país con el objeto de
analizar el conflicto e invasión de funciones que se suscitó
entre la Corte Suprema de Justicia y el Consejo nacional de la
Judicatura.
Inexplicable
pugna
Profundo malestar y rechazo ha
causado entre los treinta y dos mil jurisconsultos del país,
la sórdida e inexplicable pugna que se viene dando entre
determinados miembros de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo
Nacional de la Judicatura, los cual desacredita y profundiza
aún más la desconfianza ciudadana en una Institución
que debe estar por encima de toda sospecha, por tratarse de ser
una Función llamada a dar transparencia en la seguridad
jurídica de los ecuatorianos y extranjeros, expreso Walter
Freire.
Intervención
de la partidocracia
El que la Corte Suprema de Justicia
quiera seguir con los nombramientos de los Magistrados y demás
funcionarios de la Función Judicial, demuestra fehacientemente
la total injerencia e intervención de la partidocracia.
La soterrada intención de oponerse a un mandato constitucional
claro y categórico, no es otra cosa que la demostración
fehaciente de la intervención e injerencia de la partidocracia
que sigue metiendo sus tentáculos al viejo y corrompido
estilo de décadas pasadas, a despecho de un pronunciamiento
definitivo y terminante del pueblo, que mediante consulta popular,
proclamó la absoluta independencia y profesionalidad de
la carrera judicial.
Falencia en
la Adminsitración de Justicia
Esto explica el porque aún
después de una año se pueden designar los Delegados
Distritales del Consejo Nacional de la Judicatura en ninguna
parte del país, ni tampoco han podido llenar las vacantes
o creaciones de magistrados a nivel nacional, creando una seria
falencia e inopia en la administración de justicia, no
pudiendo sancionar ni resolver miles de denuncias en las provincias,
que deben ser conocidas en primera instancia por los Delegados
Distritales provocando la crueldad de los reclamos de la sociedad
civil y la consiguientes impunidad.
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