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POLíTICAS,
PRINCIPIOS Y PROTECCIÓN
El
Estado y la familia
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Por: Dr.
Juan Larrea Holguín
Actualidad Jurídica
Corporación de Estudios y Publicaciones
YA
QUE EL FIN DEL ESTADO
consiste en procurar el bien común, no puede desentenderse
de la familia, que forma la estructura más íntima
de la sociedad y constituye su célula fundamental. El
bien común no afecta solamente a los individuos aislados,
sino que se realiza principalmente a través de las varias
organizaciones sociales, y la primera de ellas, por su antigüedad,
su importancia y su necesidad vital, es, sin duda alguna, la
familia.
El Estado debe asumir las diversas
realidades sociológicas, las razas, culturas, idiomas,
principios éticos profesados por las personas, religiones,
organizaciones, etc., y no le corresponde crear estas realidades,
o distorsionarlas, sino aceptarlas como son, con sus características
naturales y respetarlas con sus correspondientes derechos.
Le corresponde al Estado, vigilar,
fomentar, suplir y estimular a las organizaciones menores, para
que, sin desvirtuarse, cumplan sus propias finalidades, encontrando
en el Estado, en sus organismos y autoridades, una ayuda, nunca
tropiezos y dificultades para su progreso y perfeccionamiento.
Sería absurdo, por tanto, que el Estado mirara a la familia
con indiferencia, como si no fuera su elemento constitutivo esencial;
sería indigno que actuara frente a la familia como una
superestructura tiránica, impositiva, que tratara de desvirtuar
las características de la familia; sería intolerable
que el Estado arrebatara a la familia sus propios derechos, suplantara
a ella en el cumplimiento de sus finalidades o pusiera trabas
para alcanzarlas.
Estas diversas actitudes ilícitas,
por desgracia, no han sido infrecuentes en nuestro medio; a veces,
mediante leyes contrarias al Derecho Natural se ha atacado la
estabilidad de la familia. su recta conformación, sus
derechos, como el de educar a los hijos, otras veces, medidas
administrativas o la negligente actuación de algunos funcionarios,
han afectado a la familia.
Política
y principios sanos
Los principios recogidos en la
Constitución suelen ser muy sanos, pero su aplicación
en la legislación secundaria a veces es totalmente contradictoria.
Por ejemplo, hay un abismo entre la "protección a
la familia", y las progresivas facilidades legales para
disolver el vínculo matrimonial.
¿Cómo
se puede hablar de protección a la familia si se debilita
mas y más el matrimonio sobre el que se constituye legalmente
la familia?
Una política sana tendría
que asumir con valentía las obligaciones del Estado frente
a la familia, para protegerla, estimularla y ayudarla en el cumplimiento
de sus finalidades de transmisora de la vida, de creadora de
comunidades, de educadora de niños y jóvenes y
de elemento de estabilidad social.
Siguiendo esa orientación,
las leyes y las autoridades tendrían que facilitar la
celebración del matrimonio y no poner los innumerables
obstáculos que actualmente han creado nuestras defectuosas
leyes.
Inspirándose en esos sanos
principios, el Estado tendría que eliminar, en la medida
de lo posible, lo que atenta contra la estabilidad de la familia
y procurar, mas bien, los medios para robustecer su solidez y
permanencia. Medios económicos, culturales, políticos,
jurídicos, los tiene y en abundancia, pero muchas veces
ni se los conoce ni se empeña nadie en utilizarlos.
Estímulos, desgravaciones
de impuestos, préstamos, facilidades para adquirir vivienda
adecuada, para constituir patrimonio familiar, represión
de la pornografía, de la apología del delito, del
divorcio, del infanticidio, el aborto, el tráfico de drogas
anticonceptivas y estupefacientes... estos y muchos más
son medios al alcance de las autoridades, pero muchas veces falta
la decisión de emplearlos, o se piensa torcidamente respecto
de ellos.
La educación de los hijos
comienza en la familia, y en cualquier edad de la vida requiere
de la colaboración de la familia y nunca se podrá
razonablemente prescindir de ella. Luego, el Estado debe proporcionar
a cada hogar las facilidades para que pueda cumplir adecuadamente
esa función insustituible y que tanta importancia tiene
para el progreso de toda la sociedad y para alcanzar el pleno
desarrollo integral de cada individuo. Aquí se cometen
también muchas injusticias y discriminaciones, favoreciendo
a unos y negando subsidios y derechos a otros.
La política respecto a la familia debe beneficiar a todas
ellas, sin excepción, cualquiera que sea su forma de constitución,
su situación regular o irregular; todas merecen protección,
amparo y estímulo; pero no todas de la misma manera, porque
esto sería profunda mente inmoral, desalentador del bien
y favorecedor del desorden, del abuso, del vicio. Una equiparación
absoluta de cualquier unión irregular con el matrimonio,
no es justa ni con el mismo matrimonio, ni con la familia, ni
con la sociedad toda; no puede traer sino malas consecuencias.
Esta breve enumeración
de problemas -ciertamente muy arduos y complejos-, puede hacer
reflexionar sobre lo mucho que se debe cambiar en nuestra legislación,
en nuestras costumbres y en las actuaciones de algunas autoridades.
Los partidos políticos deberían analizar estos
problemas con serenidad y proponer soluciones concretas, y los
ciudadanos deberían escoger, con conciencia bien formada,
las mejores soluciones.
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