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EL CASO FYBECA
Responsabilidad del Estado
Por: Dr.
Marco Navas Alvear
Profesor de la PUCE y de la UCE
Las viudas de muertos y desaparecidos
del caso Fybeca en su larga y tortuosa búsqueda por la
justicia, se han reunido con el gobernante del Ecuador quien,
según informaciones de varios medios de prensa les habría
ofrecido ayuda económica traducida sea en dinero o bien
con la entrega de bienes que permitan sustentar necesidades familiares,
como viviendas, por ejemplo.
Estas noticias nos llevan a formular algunas reflexiones respecto
del lo que es y cómo debe entenderse la responsabilidad
del Estado frente a los vulgarmente conocidos como crímenes
de Estado.
¿Las
violaciones a los derechos humanos son responsabilidad
del Estado?
Las violaciones a los derechos
humanos hechas por acción de agentes (entiéndase
cualquier tipo de funcionario en el sentido más amplio)
del Estado, o bien por omisión de estos, es de responsabilidad
del Estado, es un hecho que ya nadie puede discutir actualmente.
Cuando tales violaciones no son procesadas adecuadamente por
los sistemas de justicia nacionales es que las mismas pueden
plantearse ante instancias internacionales de protección
como la tan mencionada en estos días "Corte Interamericana
de Derechos Humanos". Pero antes de ello, cada caso que
es escogido, llamémoslo técnicamente "admitido"
por la Corte pasa por un proceso sumamente largo, en el cual,
la estrategia más bien es o debería ser-,
que el Estado acusado solucione el caso, antes de ir a la Corte.
Cómo lo hace: mediante una reparación, uno de cuyos
aspectos y de ninguna manera el central, es lo monetario.
Pero bien, a mi juicio y basado
en la literatura que dispongo y uso en mi cátedra universitaria,
lo más correcto sería hablar de "hecho ilícito
internacional" por violación a los derechos humanos,
más que de crimen de Estado, vocabulario que ha sido progresivamente
desechado por instancias internacionales, básicamente
el Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas,
entre otras cosas, por los problemas que existiría en
la tipificación de las conductas a ser consideradas como
"crímenes".
El llamar a una violación
crimen o simplemente violación, de cualquier modo no altera
el hecho cierto de que opera la responsabilidad del Estado, tanto
en el ámbito nacional cuanto a nivel internacional. No
se puede olvidar que tal responsabilidad podría plantearse
en caso de que el sistema de justicia no procese adecuadamente
el caso, por ejemplo, por haber obstado el debido proceso legal
o el acceso a recursos adecuados y efectivos. Desgraciadamente,
la cada vez más frecuente apelación a los sistemas
internacionales es reflejo claro de la situación de colapso
que vivía ya nuestra Justicia, definitivamente agravada
por el saqueo de que ha sido víctima, presa de intereses
particulares de grupos y personas.
¿La
reparación monetaria es suficiente?
Si es cierto lo que dice la prensa,
y en una sociedad de prensa libre así debemos presumir,
no podía esperarse nada menos desatinado de parte del
actual gobernante ecuatoriano que "ofrecer plata" a
"las dolores". Qué patético realmente
que tanto dolor, las ilusiones truncadas y todo el sentimiento
de impotencia producto de la impunidad vayan a traducirse en
"plata", o al menos que quienes nos gobiernan piensen,
en su corto, muy corto entender de nuestra realidad, que esa
es la solución más práctica para evitar
el escándalo internacional. Por cierto, que si la justicia
va como va y no solo que colapsa sino que muere día a
día, no va a ser uno sino varios casos los que el Estado
va a tener en instancias internacionales, recordemos y sin
hacer comparaciones entre personajes- qué paso con el
número de casos de Perú durante el régimen
de Fujimori.
La reparación de una violación
como estas debe empezar por hacer justicia y disolver lo más
posible ese sentimiento de impotencia. Pero, a opinión
del ex magistrado de la Corte de Costa Rica Antonio Augusto Cancado
Trinidade "el sentido histórico de las reparaciones
es que ellas también permiten superar la venganza o la
justicia privada", en otras palabras no solo hay un sentido
individual sino uno social, localizado en la memoria histórica.
Para ello, el estado debe tomar una serie de medidas y no solamente
entregar una casita o firmar un cheque. Estas tienen que enderezarse
a restablecer el orden jurídico quebrantado. ¡Ojalá
se entendiese así!. Aunque mejor sería decir: ¡Ojalá
se entienda así¡
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