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MECANISMOS
PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN
La
protección de los derechos humanos |
Centro por la Justicia
y el Derecho Internacional - CEJIL
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Gaceta No. 20
LOS
NIVELES DE CORRUPCIÓN
existentes en el hemisferio y la gravedad de este flagelo son
mundialmente conocidos. En la Cumbre Extraordinaria de las Américas
celebrado en enero de 2004 en Monterrey, México, los Estados
firmantes de la Declaración de Nuevo León reconocieron
"que la corrupción y la impunidad debilitan las instituciones
públicas y privadas, erosionan la moral de los pueblos,
atentan contra el estado de derecho y distorsionan las economías
y la asignación de recursos para el desarrollo."
Durante la Asamblea General de la Organización de Estados
Americanos (OEA) que se celebró este año en Quito,
Ecuador, los Estados Miembros de la OEA discutieron el borrador
de una declaración sobre desarrollo social y democracia
y su incidencia en la problemática de la corrupción.
La Declaración de Quito incorporan una perspectiva respetuosa
de los derechos humanos.
Uso responsable,
democrático y honesto del poder
La corrupción, en sus
distintas manifestaciones, atenta directa e indirectamente a
una serie de derechos humanos reconocidos a nivel internacional.
Transparencia Internacional ha definido la corrupción
como un abuso del poder confiado por la ciudadanía destinado
para el beneficio privado. En muchos casos este abuso genera
violaciones a los derechos humanos, con lo cual la corrupción
es, en sí misma, una violación a estos derechos.
La plena vigencia de los derechos humanos no solamente puede
eliminar el impacto nocivo de la corrupción, sino también
asegurar el uso responsable, democrático y honesto del
poder. Existen varias instancias en donde la corrupción
actúa como fuente de violaciones a los derechos humanos.
Los DESC
Los actos de corrupción
pueden afectar directamente el goce de los derechos económicos,
sociales y culturales (DESC) de personas individuales. También,
los DESC son indirectamente violados cuando existe corrupción
en las instituciones encargadas de la realización progresiva
de estos derechos. El artículo 13 de la Carta Democrática
Interamericana dice que "la promoción y observancia
de los derechos económicos, sociales y culturales son
consustancias al desarrollo integral, al crecimiento económico
con equidad y a la consolidación de la democracia en los
Estados del Hemisferio".
Cuando un Estado, o un agente
de Estado, utiliza recursos públicos para su enriquecimiento
personal (recursos que podrían ser utilizados para incrementar
el acceso general a la educación, a servicios de salud
o para bajar el índice de desempleo), se deteriora la
realización de los derechos sociales violando así
sus obligaciones internacionales al respecto. Grupos en una situación
de vulnerabilidad frente a la discriminación, como las
mujeres, los pueblos indígenas y los afro-descendientes,
con frecuencia sufren más los impactos negativos de la
corrupción.
Corrupción
judicial
La corrupción en el sistema
de justicia es probablemente la manifestación de este
problema que más afecta a lo derechos humanos. Un sistema
judicial corrupto que otorga impunidad a viola dores de derechos
humanos, que no es imparcial y que limita el acceso a la justicia
rápida y efectiva, fomenta una cultura donde los violadores,
pasados y futuros, pueden seguir menoscabando e Estado de Derecho.
La impunidad es en sí misma una forma de corrupción
que destruye la confianza de la sociedad en las instituciones
democráticas.
Los actos de corrupción
encuentran un escenario propicio de acción cuando un importante
número de derechos se encuentran restringidos, como son
las áreas de participación política, acceso
a la información pública, libertad de ex presión
y la garantía del debido proceso y acceso a la justicia;
todo elemento esencial para la democracia y el desarrollo social
de la región. Los Estados de la región han hecho
varias declaraciones reconociendo las estrechas relaciones entre
el respeto a los derechos humanos, la democracia y una sociedad
libre de corrupción.
En la Carta Democrática
Interamericana, los Estados de la región reconocieron
que la corrupción debilita la democracia, ya que afecta
directamente a los elementos esenciales de su carácter
representativo, que son, "entre otros, el respeto a los
derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al
poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho;
la celebración de elecciones periódicas, libres,
justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión
de la soberanía del pueblo; el régimen plural de
partidos y organizaciones políticas; y la separación
e independencia de los poderes públicos" (Artículo
3). Además, reconocieron la necesidad de combatir la corrupción
para lograr la democracia representativa: "La democracia
representativa, condición indispensable para la estabilidad,
la paz y el desarrollo de la región, por su naturaleza,
exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio
de las funciones públicas, así como los actos de
corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio."
(Preámbulo, Convención Interamericana Contra la
Corrupción).
La defensa
y promoción de los derechos humanos
Es una herramienta esencial para
luchar contra la corrupción y para el fortalecimiento
de las democracias de la región. Por eso, los compromisos
de los Estados en materia de derechos humanos deben ser incorporados
a la lucha contra este flagelo. Combatir la corrupción
y respetar los derechos humanos son metas complementarias. El
pleno respeto y la promoción de los derechos humanos fortalecen
la política anticorrupción de los Estados de la
región. Combatir la corrupción nutre la democracia
y el desarrollo social y económico, garantías de
los derechos humanos. Una sociedad que respeta universalmente
y indivisiblemente los derechos humanos es una sociedad con mejores
armas para lucha contra la corrupción.
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