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EN
TORNO A PRINCIPIOS ORIENTADORES
Estrategias
para enfrentar la corrupción |
Por:
Dr. Juan de Dios Parra
EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN combate a la corrupción
sólo será eficaz si combina los esfuerzos del sector
público y el privado, del Estado y la sociedad civil.
Se requiere movilizar recursos de todo orden, educativos e institucionales.
Debe ordenarse en torno a ciertos principios orientadores.
El principio
de la probidad.
Debe ser el norte
para la actuación de toda persona en la vida social .
Es misión del Estado velar porque las medidas preventivas
y de castigo de la corrupción se encuadren eficazmente
dentro de este principio básico. Para llevarlo a la práctica,
se debe diseñar y ejecutar una "política nacional
de ética pública", capaz de asumir esta tarea
como permanente e intrínseca a la gestión estatal.
Debe traducirse, además, un elemento básico de
la cultura y modo de vida de la sociedad.
El sistema educativo
puede ser estratégico en esta materia. Es preciso vitalizar
la enseñanza de la ética en todo nivel. Un medio
adecuado es la creación de una cátedra de moral
pública en las carreras que preparan a los estudiantes
para actividades de interés colectivo. Ello requiere el
desarrollo de programas idóneos ilustrados con casos concretos
que ponen en cuestión la ética, los cuales se ven
a diario en el ejercicio profesional.
Pero esta educación
ha de trascender las aulas universitarias para proyectarse a
la vida nacional y a la opinión pública. Ello puede
ser parte de una política global, fomentada por los sectores
privado y estatal.
Existen experiencias
en algunos países, como el U.S Office of Government Ethics
que, a través de programas audiovisuales, informa y difunde
en distintos ámbitos los contenidos básicos de
la ética pública.
Al mismo tiempo,
es necesario un esfuerzo para crear mecanismos de autorregulación
en los poderes públicos y los organismos privados. En
cuanto a la esfera privada, puede implantarse en los colegios
profesionales, sindicatos, gremios y organizaciones sociales.
Puede ser la
forma más apta para velar por la honestidad de sus integrantes,
educando, denunciando y sancionando las irregularidades. Lo mismo
vale para las instituciones públicas.
La corrupción
supone soluciones perversas a los conflictos de intereses. Un
adecuado régimen de incompatibilidades para los agentes
públicos es necesario para cautelar eficazmente la primacía
de interés general. Muchos países han optado por
fortalecer sistemas de inhabilidades específicas, que
evitan que un funcionario intervengan en materias relacionadas
con un interés privado incompatible. Por otra parte, el
traspaso de funcionarios del sector público al privado
también es fuente habitual de conflictos: por ejemplo,
cuando se encargan a un ex empleado público tareas que
suponen relaciones con la institución del Estado en que
antes se desempeñaba. Algunos países han reaccionado
estableciendo prohibiciones transitorias .
El principio
de la responsabilidad
Debe inspirar
otro tipo de medida. En referencia a los agentes públicos
se acostumbra a distinguir entre la responsabilidad civil, penal,
administrativa y política. La distinción es relevante.
Puede derivar
en medidas disciplinarias, obligación de indeminizar perjuicios,
o incluso privación de libertad. Sin embargo, para tener
más garantías de responsabilidad, debe progresarse
en la consolidación de un régimen de servicio público.
Ello supone un adecuado sistema de selección de los funcionarios
y un sistema de incentivos y calificaciones basado en el mérito.
Si se quiere
exigir una conducta intachable, debe existir absoluta claridad
sobre los deberes y derechos delos empleados. En este sentido,
puede ser útil la adopción de un código
de ética de aplicación general en que se contempla
las materias anteriores. Una medida como ésta fomenta
la cultura de la probidad y la responsabilidad. Muchas veces
los funcionarios incurren en conductas irregulares, no por mala
fe sino por ignorancia.
El principio
de transparencia
Es sabido que
la corrupción prolifera cuando las actividades se desarrollan
en la opacidad y la reserva. Una herramienta útil para
lograr mayor transparencia es la de establecer como obligatoria
una declaración jurada de patrimonio, intereses y actividades.
Para que sea más eficaz es deseable que sea prestada ante
un ministro de fe, tanto en el momento de acceder al cargo, como
cuando expira en sus funciones. La declaración debe ser
pública con el fin de conocer y sancionar su eventual
falsedad. Asimismo, debe permitirse el acceso de todo ciudadano
a las estadísticas e informes de las dependencias de gobierno.
La ley debe reglamentar el derecho a la información e
indicar cuándo ésta debe ser considerada confidencial.
Este cuerpo normativo debe establecer las sanciones por la negativa
a entregar información.
El financiamiento
de la actividad política constituye una de las materias
menos reguladas en América Latina. L as conexione e influencias
entre el mundo político y el económico tienen contornos
difusos y poco transparentes. Resulta imprescindible repensar
los actuales sistemas de financiamiento de la política.
Sin conocimiento y fiscalización, se termina afectando
el prestigio de la democracia. Debe garantizarse la debida transparencia
y publicidad de los ingresos y gastos de los Partidos Políticos.
Especial importancia revisten los aportes a las campañas
electorales. En este sentido, un instrumento posible es la exigencia
de una declaración jurada de cada candidato electo, que
señale las fuentes de su campaña, siempre que los
aportes superen un monto relevante.
El principio
de la eficacia
El control y
la regulación deben armonizarse con la eficacia. Los excesos
en ambos sentidos pueden favorecer prácticas corruptas.
Estas pueden ser alentadas por la frondosidad burocrática
y las regulaciones inútiles. Cuando los particulares no
cuentan con reglas claras y razonables en su relación
con el Estado para fines legítimos, acudirán cada
vez más a códigos no regulares de comportamiento.
Por otra parte, la ausencia de mecanismos de control y fiscalización
genera espacios de discrecionalidad arbitraria y finalmente de
impunidad. Por ello, un mecanismo de control y fiscalización
no debe transformarse en una instancia de burocratización
e ineficiencia. Toda herramienta o sistema de control utilizado
debe cumplir con la norma de ser oportuno, eficaz y eficiente.
Es necesario
establecer sistemas que permitan la fiscalización de una
determinada actividad, garantizando al mismo tiempo la racionalidad
en el uso de los recursos. Una instancia idónea es el
Parlamento, el cual, con sus facultades y funcionarios reconocidos
a nivel institucional, debe cautelar por la responsabilidad de
la administración de turno. Otro mecanismo eficaz es el
sistema de auditoria selectivas encargadas por una institución
del Estado a empresas auditoras privadas. Este procedimiento
permite concentrar la atención en organismos que pueden
estar más expuestos a irregularidades. Evita que el sujeto
auditado sea quien encargue la auditoría. Esto refuerza
la independencia y severidad de esta labor. La imposibilidad
de predecir la identidad de los entes que deberán ser
examinados, obliga a realizar una seria gestión contable.
El principio
de la participación.
El éxito
en la promoción de la ética pública depende,
en parte fundamental, del nivel de madurez, compromiso e información
de la sociedad civil para desempeñar un rol contralor
en la materia. Allí donde la ciudadanía no asume
un papel activo en la lucha contra la corrupción, es muy
difícil lograr resultados satisfactorios. Por ello el
Estado debe facilitar condiciones para que se ejerza una rendición
de cuentas en todos los niveles. El control social puede asumir
diversas modalidades según las características
propias de cada sociedad. A veces será a través
de organizaciones no gubernamentales, o en figuras como el Defensor
del Pueblo u "Ombudsman". Se podrá ejercer mediante
organismos públicos, especialmente creados para recibir
denuncias de irregularidades y tomar las medidas del caso.
Los medios de comunicación social cobran especial importancia.
Una oportuna y adecuada información a la opinión
pública puede ser el mejor instrumento de control. No
parece posible una acción concertada contra la corrupción,
que no suponga una prensa independiente, responsable y profesional.
Modelos institucionales
La descentralización
del Estado suele mencionarse como una herramienta eficaz de combate
a la corrupción. Implica un traspaso de poder de los órganos
centrales a las comunidades locales. En un espacio más
reducido se puede ejercer de mejor manera la fiscalización
y el control. El mayor volumen de recursos que pasan a administrar,
los contratos que celebran y los permisos que otorgan, pueden
generar en los gobiernos locales conductas ilegítimas.
Para impedir que lleguen a entronizarse, debe haber adecuados
mecanismos de control, así como una reglamentación
sobre su actividad. La formación del personal del municipio
aparece también como una necesidad impostergable.
Los mecanismos
preventivos para combatir la corrupción constituyen el
principal eje para enfrentar este fenómeno. Sin embargo,
es preciso adelantar una eventual insuficiencia de las medidas
adoptadas. Siempre será necesario contemplar instancias
o instrumentos para una sanción ejemplar.
La creciente
complejidad de las acciones corruptas y su carácter soterrado,
sugieren la necesidad de crear organismos especializados. Una
fiscalía anticorrupción puede estar radicada en
diversas estructuras del Estado. Dependiendo del a organización
de cada país, las alternativas pueden ser un órgano
especializado del Ministerio Público; una instancia dependiente
de un consejo de defensa del Estado; servicios jurídicos
especializados; una fiscalía nacional o general.
El combate a
la corrupción implica, también, perfeccionar la
configuración del delito y de la pena, a fin de hacerlas
aplicables y reducir los ámbitos de impunidad. Especial
atención merecen los delitos de cohecho, malversación
de caudales públicos, prevaricación, fraudes, exacciones
ilegales y negociaciones incompatibles. Por otra parte es necesario
estudiar la incorporación de otras figuras penales ya
recogidas por algunos sistemas jurídicos, como el tráfico
de influencias y el uso indebido de información privilegiada.
Por último,
hay que resaltar el sistema de procedimiento penal. Un combate
efectivo contra la corrupción sería incompleto
si los ordenamientos jurídicos sólo dispusieran
sobre los delitos y penas, pero fuesen deficitarios en cuanto
a las atribuciones para investigarlos y probarlos. Un aso que
se debate es el del secreto bancario, y su posible incidencia
en la corrupción y lavado de dinero.
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