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SE PROPONE GARANTIZAR
LOS DERECHOS DE TODOS LOS NIÑOS A TRAVÉS DE UNA
MOVILIZACIÓN SOCIAL DE AMPLIA PARTICIPACIÓN.
El
Código de la niñez genera participación
Por: Hugo
Venegas Guzmán
EN
1989 NACIONES UNIDAS
elaboró la Convención Internacional sobre los Derechos
del Niño, el Ecuador como país signatario de este
documento acogió algunas líneas de acción
a favor de los derechos de los niños. Una década
más tarde, en 1998, la Asamblea Nacional Constituyente,
elaboró una nueva Constitución Política
del Ecuador y la participación de varios representantes
por los derechos de los niños fue muy significativa, logrando
incorporar el reconocimiento de la ciudadanía de los niños,
niñas y adolescentes, así como también el
compromiso del Estado, la sociedad, la familia y las instituciones.
Pero anteriormente, desde 1995,
varias organizaciones públicas y privadas, se plantearon
la necesidad de impulsar nuevas reformas legales, estableciéndose
así una Agenda Unificada en favor de la niñez
y adolescencia. El Código de la niñez constituye
un proceso de crecimiento humano y teórico que lleva
a plantear los puntos básicos de una agenda común
para la niñez y adolescencia: desarrollo teórico,
construcción de políticas públicas y una
institucionalidad con un enfoque de derechos, reformas legales
y participación social para garantizar el ejercicio de
los mismos.
El Foro de la Niñez ha
sido el espacio principal de coordinación, convocatoria
y generación de las propuestas sociales recogidas en el
Código de la niñez en que participaron más
de 18 mil personas, 200 instituciones públicas y privadas
de carácter local y nacional en más de 300 talleres
a nivel nacional, despliegue que fue necesario para tratar los
temas contenidos en los 422 artículos del Código.
Posiblemente es uno de los documentos más estudiados,
analizados y discutidos en el campo de la niñez en el
Ecuador.
Este Código considera
como principios básicos en el marco jurídico, social
e institucional para la vigencia de los derechos de los niños,
la reforma y modernización del Estado, la descentralización,
la protección integral, la adecuación de la legislación
nacional a los compromisos internacionales, una respuesta efectiva
a las violaciones de los derechos de los niños, niñas
y adolescentes, la corresponsabilidad de la Sociedad, Familia
y Estado, la inclusión social de la Niñez y Adolescencia,
con capacidad de ejercer y demandar la aplicación de sus
derechos, el reconocimiento a los niños como sujetos de
derecho y no como objetos de protección y el reconocimiento
de todas las garantías procesales para adolescentes infractores.
Los logros en este ámbito
se darían fundamentalmente a partir del mejoramiento de
las condiciones y calidad de vida de los niños, niñas,
adolescentes y sus familias, procurando además que el
Estado garantice la vida, desarrollo y bienestar de los niños
a través de una adecuada inversión social, la adopción
de medidas que aseguren a los niños y adolescentes una
atención adecuada y prioritaria que garantice nutrición,
salud, educación y cuidado diario; la protección
especial a los niños que trabajan, una atención
preferente a niños discapacitados, protección contra
el tráfico de menores, explotación sexual, trabajos
peligrosos, uso de estupefacientes y bebidas alcohólicas;
prevención y atención contra el maltrato, negligencia,
discriminación y violencia, protección frente a
la influencia negativa de medios de comunicación, la discriminación
racial o de género.
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