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CONSUMO
DE DROGAS Y DELITOS
El
tratamiento de jóvenes
en conflicto con la ley penal
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Por: Osvaldo Agustín Marcón
omarcon@arnet.com.ar
NO
SE EXAGERA AL AFIRMAR QUE,
en la realidad, cerca del ciento por ciento de las personas menores
de edad en conflicto con la ley penal cuentan en su historia
vital con alguna forma de consumo de drogas.
Es cierto que el grado de compromiso
es variable pues en algunos casos se configuran cuadros adictivos
mientras que en otros sólo aparece el consumo episódico
o habitual sin que exista dependencia de la sustancia. Pero lo
evidente es que la dimensión de la problemática
tiene una incidencia tan significativa que exige acciones acordes
desde el nivel de las políticas públicas.
Sin embargo como pretendida respuesta
ante la masividad del problema subsiste un sistema de atención
que fue diseñado en función de otra realidad, propia
de un pasado en el que el delito no aparecía abrumadoramente
ligado al consumo de drogas como sucede actualmente. Sobre aquella
antigua base se cambiaron aspectos "epidérmicos"
generando lo actualmente existente, es decir unos pocos recursos
para lo que se conoce como tratamiento ambulatorio y aún
menos herramientas para lo que suele denominarse tratamiento
en instituciones.
Una auténtica
reformulación institucional
Por si esto fuera poco el raquítico
sistema de instituciones disponibles, a excepción de algunos
valiosos logros de su personal, no ha sido transformado según
la nueva relación delito-drogas sino que, por el contrario,
se siguen ofreciendo respuestas desde la antigua lógica.
En el mejor de los casos pareciera
confundirse lo que debiera ser una auténtica reformulación
institucional con -por ejemplo- la asignación de algunos
profesionales del campo social y/o psicológico a trabajar
en los institutos penales. Pero con esto, más otras correcciones
superficiales, se configura un "como si" institucional,
paradójicamente análogo a la ficción que
se procura la persona que consume drogas.
Las inicitativas
de la sociedad civil
En el abanico de recursos existentes
tienen una significativa presencia las Organizaciones No Gubernamentales,
ante lo cual podría discutirse si se trata de una estrategia
planificada o más bien del efecto de cierta inercia estatal
que conduce, ante la fuerza de la realidad, a convalidar las
valiosas iniciativas de la sociedad civil presentándolas
como parte de su política (la del Estado). Podría
pensarse que más que a conductas deliberadas esta actitud
obedece a una política de rápidos y episódicos
sobrevuelos sobre esta parte de la realidad pero sin que tales
superficiales miradas lleguen a constituirse en una adecuada
interiorización en la problemática para fructificar
en respuestas adecuadas.
En este contexto existe otra
limitación significativa: en general dichas instituciones
(las de la sociedad civil) no nacieron pensadas para el campo
de los jóvenes en conflicto con la ley penal, y tampoco
para aquellos que no decidan voluntariamente someterse a un tratamiento.
Así dadas las cosas el
tratamiento de jóvenes en conflicto con la ley penal vinculados
al consumo de drogas es materia pendiente en cuanto política
pública, así como también lo es la generación
de posibilidades de tratamiento para aquellos en los que la necesidad
es evidente pero que no lo aceptan voluntariamente, imponiéndose
la necesidad de un contexto obligatorio.
Es cierto que esto supone una
profunda discusión pero damos aquí por aceptado
que el contexto obligatorio en muchas ocasiones es indispensable,
lo que plantea un profundo conflicto.
Este artículo pretende
e, inclusive, evita todo lo que conduzca a suponer que necesitamos
un nuevo programa o una nueva institución.
Se trata de algo radicalmente
distinto, es decir de una nueva política que surja como
respuesta proporcional al tamaño del problema que enfrentamos
pues no se trata de uno más sino de una cuestión
troncal que, de no mediar una intervención eficaz, promete
transformarse en una fábrica de certificados de defunción
extendidos en blanco.
Y nos equivocamos si creemos
que los nombres que completarán dichos certificados provendrán
sólo de un sector social.
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