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El
nuevo Código de procedimiento Penal y sus falsas expectativas
Dr.
Ricardo Vaca Andrade
Prof.
Principal de D. Penal y D. Procesal Penal de la P.U.C.E.
Presidente de la Comisión de Recursos humanos del Consejo
Nacional de la Judicatura.
LA
APROBACIÓN EN EL CONGRESO NACIONAL
del Proyecto de nuevo Código de Procedimiento Penal el
jueves 11 de noviembre de 1999, ha generado en el país
falsas expectativas, y, lo que es más grave, en algunos
que poco conocimiento tienen de nuestra realidad procesal y judicial,
la esperanza de que en cuanto se le ponga en vigencia, previa
sanción del Presidente de la República, se generarán
algunas acciones positivas para combatir la criminalidad que
campea en nuestro país.
Inclusive, alguien que más o menos tiene alguna idea difusa
de lo que significará cambiar el sistema inquisitivo del
actual sumario por el sistema acusatorio, ha pedido que el presidente
lo ponga en vigencia de inmediato par poder perseguir con mayor
agilidad a los delincuentes y ubicarles en el sitio en el que
deben estar o del que nunca debieron salir, apovechándose
de la ingenuidad de algunos constituyentes.
Cantidad de
errores, fallas e impresiones
Sin embargo, luego de estudiar
a fondo el texto del proyecto de la nueva ley aprobada en definitiva,
sentimos la obligación moral de pedirle al Presidente
de la República que la objete totalmente y la devuelva
a la Función Legislativa con el manato imperativo de que
se estudie y trabaje a conciencia, con la celeridad que la sociedad
ecuatoriana demanda, para que en el menor tiempo posible - no
menos de un año, según el Art. 153 de la Constitución
- se elabore y apruebe un buen Código de Procedimiento
Penal que incluya los cambios que ahora se pretende introducir
pero, al mismos tiempo, se elimine la innumerable cantidad de
errores, fallas e imprecisiones que en una primera y rápida
lectura hemos detectado, lo que puntualiza en un informe que
lo elevaremos a conocimiento del señor Presidente de la
República para fundamentar nuestra petición.
Legislar con
responsabilidad
Como alternativa y para no aumentar
el desaliento de muchos, habríamos podido sugerir que
se la objete parcialmente para que el Presidente de la República,
con el derecho que le asiste como colegislador, sugiera cambios
o reformas en los aspectos más trascendentales para permitir
en cuanto antes contemos con una nueva ley procesal; pero, lamentablemente,
las fallas que hemos detectado son tan abundantes y de tanta
trascendencia que, de sancionarse el proyecto y convertirse en
nueva ley, no se la haría ningún beneficio a nuestro
ordenamiento jurídico. La enorme voluntad del legislador
que impulsó la aprobación del proyecto, no fue
suficiente para dotar al país de una excelente ley procesal
penal, como debió siempre buscarse, aprovechan do la oportunidad;
al parecer, se olvidó que para legislar con responsabilidad
hace falta conocimientos, experiencia y realismo.
Dosis de ingenuidad
o torpeza
El primer borrador oficial del
texto aprobado en forma definitiva pone de manifiesto una increíble
dosis de ingenuidad; y ello para no hablar de falta de conocimientos,
como sería más acertado. Más allá
de que se destroza el idioma en forma vergonzosa, asombra descubrir
con qué, facilidad se mezclan y confunden instituciones
jurídicas, como no lo hacen estudiantes de Derecho; se
entregan atribuciones a organismos inexistentes como la ¨Defensoría
Pública Nacional¨, sin señalar de quién
dependerá, aunque se presume que será de la Función
Judicial, a la que, no obstante, se le ha restado 227 millones
de sucres del presupuesto del próximo año; y, lo
que es más significativo, se confía al Ministerio
Público, que contará con la asistencia de la Policía
Judicial, un cúmulo de graves responsabilidades para que
asuma el protagonismo como sujeto activo del proceso de la investigación,
pero sin pensar que entregarle tamaña responsabilidad
requiere, concomitantemente, dotar ambas instituciones de un
compleja estructura física y de personal necesario. Ahora
mismos, la Función Judicial, el Ministerio Público
y la Policía están en la fila de menesterosos que
mendigan un mínimo presupuesto para cumplir a medias con
sus obligaciones. Es ingenuidad o torpeza creer que los problemas
ahora existentes se van a solucionar cuando entre en vigencia
el nuevo Código de Procedimiento Penal.
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