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Justicia
Penal
Por: Dr.
Ricardo Vaca Andrade
POCAS
SITUACIONES EN LA VIDA
son tan dramáticas como un proceso penal. La imagen de
una confrontación apasionada entre un Fiscal y un agudo
Defensor ante un juzgador serio, adusto, recto y con poder de
decisión que, frecuentemente, la obtenemos de un cine
alienante nos presenta situaciones en las que literalmente se
transita entre la cárcel y la liberad, entre la vida y
la muerte, la condena o la absolución, la culpabilidad
o la inocencia. De un lado, el Estado con todo el poder de sus
instituciones en contra del acusado; de otro lado, la figura
del abogado ilustrado, que con claridad expositiva confronta
la pretensión pública de someter al responsable
a las normas punitivas. Al final, -el juzgador, Juez o Tribunal-
decidiendo en sentencia el destino del imputado.
Justicia, verdad
y derechos fundamentales de la persona
La idea un tanto romántica
de los procesos penales no difiere mucho de la realidad. Aun
admitiendo que la Función Judicial adolece de fallas que
inciden en aislados casos de corrupción, no puede negarse
a menos que sufra de ceguera- que la justicia que se administra
en juzgados y tribunales penales es mejor que en cualquier época
pretérita de la historia del Ecuador. Algunos de los más
preciados valores humanos salen a flote en un proceso penal;
la justicia, la verdad, los derechos fundamentales de la persona
se contraponen con nuestras dudas y temores, pero básicamente,
con la necesidad básica de sentirnos a salvo de aquellos
que quieren zaherirnos, afectar nuestra supervivencia y alterar
la tranquilidad de la sociedad. Quisiéramos que todos
los culpables sean castigados, tanto como deseamos que la inocencia
de los perseguidos injustamente se proclame.
La justicia penal debe contribuir
al logro de estos propósitos porque al estar investida
de poder, puede hacerlo si obra con verticalidad, independencia
y acierto al resolver cada conflicto que surge entre la sociedad
y el infractor. Los conflictos son inevitables en la interacción
humana. Algunos son meros o carentes de importancia. Otros son
tan graves que devienen en muertes, enfrentamientos armados y
actos de violencia que calan hondo en el alma de los pueblos.
Desde la familia hasta los grupos sociales mayores, requieren
de mecanismos de solución de disputas entre sus miembros,
sea que dependan de la voluntad de los involucrados, o de la
intervención de un tercero superior que les obligue a
resolver sus disputas. Cuando el Ministerio Público, a
nombre de la sociedad a la que representa, decide hincar un proceso
penal en contra de un imputado, parte del supuesto que es indispensable
juzgar la conducta punible y sancionar al presunto responsable
con las penas previstas en las leyes penales, como último
mecanismo de control social, vale decir, porque los demás
no produjeron los resultados esperados. Los juzgados y tribunales
penales no pueden suprimir la criminalidad. Las fallas o inequidades
de la sociedad no se solucionan con sentencias penales; de ahí
la concepción errónea de que la justicia es ineficaz.
El fracaso de la formación familiar, de los valores sociales,
espirituales o religiosos, de los hábitos laborales, de
la educación formal, no se subsana con la justicia penal.
Pero, estas mismas deficiencias constituyen un serio reto para
la Función Judicial siempre cuestionada. La celeridad,
el acierto, la confiabilidad, la actuación inquebrantablemente
ética y honorable de los operadores de la justicia penal
-Policía, Fiscales, Jueces. Abogados- restarán
sustento a la desenfrenada "justicia por mano propia",
carente de toda legitimidad, que amenaza al orden jurídico
y afecta al estado de derecho que debe regir la vida en comunidad.
El proceso penal debidamente sustanciado es el único
medio de establecer jurídicamente si se ha cometido o
no un delito, identificar a los responsables y aplicarles las
penas previstas en las leyes; o, de ser el caso, proclamar la
inocencia de quienes lo son. En todo caso, respetando las decisiones
judiciales tomadas con independencia, sin presiones de ninguna
naturaleza.
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