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Por lo tanto, luego de la revisión de estas normas jurídicas,
podemos concluir fehacientemente que los empleados civiles de
las Fuerzas Armadas del Ecuador se encuentran sometidos a la
LOSCA, vale decir, el personal civil goza de todos los derechos
que garantiza esta ley a los servidores públicos. Esta
afirmación es corroborada por la Excelentísima
Corte Suprema de Justicia en reiterados fallos, adicionalmente
la Procuraduría General del Estado mediante oficio No.
08349 de 23 de abril del 2004, oficio No 008368 de 23 de abril
del 2004, y oficio No. 08966 de 19 de mayo del 2004, así
como respecto de las consultas efectuadas por el propio Ministerio
de Defensa Nacional a la Procuraduría General del Estado
publicadas en los Registros Oficiales No. 443 de 15 de octubre
del 2004 y No. 363 de 24 de junio del 2004, han sostenido este
criterio que se encuentra acorde con nuestro ordenamiento jurídico.
Fallos
del Tribunal Constitucional
Por su parte el Tribunal Constitucional
ha reiterado esta posición en varios fallos entre los
cuales vale la pena señalar las resoluciones dictadas
en las acciones de amparo constitucional signadas con los números
0060-2005 RA y 0206-2005 RA. En estas resoluciones se dice que
"la cancelación de un empleado civil tiene como fundamento
la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas y el Reglamento de
Empleados Civiles y Reserva Activa de la Fuerzas Armadas, que
señalan ciertas exclusiones al personal civil que laboraba
en las Fuerzas Armadas, y que en lo fundamental no pueden contrariar
o infringir la normativa contenida en la Constitución
Política y la Ley Orgánica de Servicio Civil y
Carrera Administrativa, que por su carácter de orgánica
tiene un rango superior en la jerarquía normativa, ya
porque ha sido investida con tal carácter por la mayoría
absoluta de los miembros del Congreso, o ya porque requiere para
su aprobación, modificación o derogación
de un procedimiento más rígido que aquel que es
propio de las leyes comunes, otorgándose a las materias
reguladas por leyes que tienen este carácter una mayor
estabilidad. En consecuencia, aquella normativa no puede vulnerar
el derecho a la estabilidad de los servidores públicos,
reconocida en el Art. 25 lit. a) de la Ley de Servicio Civil
y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación
de la Remuneración del Sector Público; en el Art.
124 de la Carta Fundamental; y el derecho al trabajo garantizado
en el Art. 35 ibídem. Entonces, cabe precisar que el medio
más idóneo para separar a un servidor de sus funciones
es el sumario o audiencia administrativa, conforme lo determina
el Art. 45 de la Codificación de la Ley Orgánica
de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación
y Homologación de la Remuneraciones del Sector Público,
mismo que debe seguir el procedimiento previsto en el Art. 78
y siguientes del Reglamento de este mismo cuerpo legal. No consta
del proceso que se haya seguido ningún procedimiento para
separar de sus funciones a la accionante, quien ha laborado desde
el año 1969, en calidad de obstetriz-ginecóloga
en el Hospital de la II División del Ejercito "Libertad",
y el hecho de que haya cumplido 65 años de edad no constituye
causal de destitución de un servidor público"
y adicionalmente se señala que "La resolución
que dispone la cancelación del accionante, carece de motivación,
pues, simplemente enuncia como sustento para la cancelación
del accionante el artículo 169 literal j) del Reglamento
de Reserva Activa y Empleados Civiles de la Fuerzas Armadas;
y establece como fundamento de hecho de la resolución
el haber merecido el accionante la calificación en lista
3 en los años 1998, y 1999. La motivación de una
resolución conforme lo establece el numeral 13 del artículo
24 no corresponde a la simple enunciación de artículos
y hechos; la motivación es un proceso lógico-jurídico
mediante el cual se sustenta la resolución adoptada.
La resolución debe demostrar
que los fundamentos de derecho con los cuales la autoridad adoptó
su resolución son pertinentes en su aplicación
a los fundamentos de hecho existentes. La resolución impugnada
no establece ningún considerando y señala única
y exclusivamente la existencia de un informe jurídico
presentado, el mismo que si fue el sustento de la resolución,
debió ser evidenciado por el accionado La resolución
sancionadora que pesa sobre el accionante, emitida de manera
ilegítima con vulneración a derechos constitucionalmente
reconocidos, sin habérsele dado la oportunidad de conocer
los hechos que como infracción se le imputaron y ejercer
su derecho a la defensa en un debido proceso, colocándole
de esta manera en situación de desocupación",
respectivamente.
El principio de supremacía constitucional
Como consecuencia de lo anotado
debemos indicar que la legislación militar vigente, ora
se trate de La Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, ora del
Reglamento de la Reserva Activa de los Empleados Civiles de las
Fuerzas Armadas, no puede contrariar el principio de la supremacía
constitucional establecido en nuestra Constitución Política
en el Art. 272, no puede violentar el Artículo 124 ibídem,
que determina que "La ley garantizará los derechos
y establecerá las obligaciones de los servidores públicos
y regulará su ingreso, estabilidad, evaluación,
ascenso y cesación. Tanto el ingreso como el ascenso dentro
del servicio civil y la carrera administrativa, se harán
mediante concursos de méritos y de oposición. Solo
por excepción, los servidores públicos estarán
sujetos a un régimen de libre nombramiento y remoción.",
tampoco el Art. 35 ibídem: "El trabajo es un derecho
y un deber social. Gozará de la protección del
Estado, el que asegurará al trabajador el respeto a su
dignidad, una existencia decorosa y una remuneración justa
que cubra sus necesidades y las de su familia. Se regirá
por las siguientes normas fundamentales: 1) La legislación
del trabajo y su aplicación se sujetarán a los
principios del derechos social"; peor aún puede vulnerar
el derecho a la estabilidad de los servidores públicos,
reconocida en el Art. 26 literal a) de la Ley de Servicio Civil
y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación
de la Remuneración del Sector Público.
El sumario
o audiencia administrativa
Finalmente cabe precisar que
el medio más idóneo para separar a un servidor
de sus funciones es el sumario o audiencia administrativa, conforme
lo determina el Art. 45 de la LOSCA, mismo que debe seguir el
procedimiento previsto en el Art. 78 y siguientes del Reglamento
de este mismo cuerpo legal toda vez que el Art. 23 numeral 3
de la Carta Magna dice: "La igualdad ante la ley. Todas
las personas serán consideradas iguales y gozarán
de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin discriminación
en razón de nacimiento, edad".
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