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CRISIS
DE REPRESENTANCIÓN
Política
y corrupción
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Por: Juan de Dios Parra
LAS
DEMOCRACIAS MODERNAS
funcionan de manera indirecta y, a diferencia del modelo democrático
griego, se sostienen en la separación entre el Estado
y lo ciudadanos. En las democracias contemporáneas, en
que no existe la relación simbiótica entre Estado
y sociedad que se producía e la polis griega, ésta
únicamente puede expresarse como un sistema indirecto
de limitación y control de poder.
Por tanto, las democracias modernas
están condenadas a funcionar de modo directo. No pueden
obviar el papel de los intermediarios, de los representantes.
Por ello, el desatar una retórica en contra de la representación,
como lo hace el discurso antipolítico, implica un ataque
a la democracia misma. Es necesario, en ese sentido, discutir
y ubicar adecuadamente la función de la representación
política en las democracias contemporáneas, de
modo que podamos identificar sus debilidades y trabajar con su
consolidación. Esta discusión es un campo ambiguo
y no exento a la contestación entre diferentes visiones
de la misma. Sin embargo, según lo anota Mauricio Cotta
en el Diccionario de Política, la representación
política tiene que ver con el establecimiento de una relación
regularizada de control entre gobernantes y gobernados.
Adicionalmente, la representación
política "de los gobernantes por quienes lo eligieron.
La representación política no se limita al papel
de expresión política de distintos y diferenciados
sectores de la sociedad, sino que incluye una función
política, uno del os ejes fundamentales de la relación
entre representantes y representados en un régimen político
representativo.
Los partidos
políticos
Son las instituciones que cumplen
la función de representación en las democracias
contemporáneas.
Esa función entraña
que los partidos se organicen, se desarrollen y trabajen en el
marco de varios parámetros que los conviertan en instituciones
aptas para la representación y la competencia electoral.
Para ello, de acuerdo a Giovanni
Sartori, los partidos siendo una parte, deben trascender su parcialidad
y expresar un interés general.
"Aunque un partido solo representa a una parte, esta parte
debe adoptar un enfoque no parcial del todo" . Si no logra,
entonces, su lógica no diferirá de la de una facción.
El punto clave está en
que los partidos, siendo partes, actúen como "mecanismos
de expresión, esto es que sirvan para el objetivo primario
de comunicar con vigor a las autoridades las exigencias del público
como un todo. Si bien los partidos no son más que grupos
políticos que se presentan a elecciones y colocan, por
esa vía, a sus miembros en cargos públicos, no
pueden prescindir de su función de expresión de
un sector o grupo que va más allá de su membresía
inmediata. Sin ese salto, un partido sería incapaz de
trascender la lógica faccional de los demás atores
de la sociedad.
El problema surge cuando las
instancias de representación fallan, cuando los partidos
políticos cumplen deficientemente el papel que están
llamados a desempeñar. Este es uno de los problemas centrales
de la democracia ecuatoriana y de gran parte de las latinoamericanas.
Los partidos existentes difícilmente articulan intereses
y demandas de sectores de la sociedad, transformándolos
en proyectos colectivos, y como si fuera poco están muy
lejanos a establecer vínculos de rendición de cuentas
que permitan un efectivo control político por parte de
los representados. (tomado
de Ecuador debate No. 62)
La Corrupción
El flagelo de la corrupción
destruye los fundamentos de los regímenes políticos
democráticos. En diversas areas del mundo diferentes
por su cultura, religión y régimen político,
los escándalos de la corrupción menoscaban la dignidad
del quehacer público. Siempre hubo prácticas corruptas.
Los grandes propietarios de la tierra, de las riquezas minerales,
de la banca y del comercio, hicieron del cohecho electoral una
práctica definida.
El clientelismo político
permitió mantener una base electoral nada despreciable.
El nepotismo fue un procedimiento usual. La coima llegó
a ser una institución. Sin embargo, hoy sorprende la complejidad
del fenómeno al agregársele nuevo ingredientes
como el narcotráfico y el lavado de dinero.
La corrupción
en el sector público
Es propio de la conducta corrupta
de deslealtad de una fe que ha sido otorgada. Se la concibe como
la distorsión de los mecanismos políticos e institucionales
de una sistema de gobierno. Supone un mal uso del cargo o función,
en perjuicio de toda la comunidad. Generalmente se revise de
una apariencia de legalidad para consumar en la penumbra un propósito
contrario al interés público.
Puede asumir diversas formas,
entre las que destacan:
- El
cohecho: que es el uso de dádiva o promesa destinada a
un agente público para que realice una conducta delictiva
en el ejercicio de su cargo, o reciba dinero por ejecutar algún
acto obligatorio de sus oficio, no sujeto o remuneración.
- El
nepotismo: que consiste en otorgar protección o privilegios
por motivos de la relación familiar en lugar de razones
de mérito.
- El
favoritismo y el clientelismo político; que supone obtener
para amigos o partidos políticos, beneficios o ventajas
injustificadas, en detrimento de la igualdad de oportunidades.
- La
marvesación de fondos públicos: que es la sustracción,
uso indebido o empleo arbitrario de los caudales públicos,
para una aplicación diferente de aquella a que estaban
destinadas.
- La
concusión: que ocurre cuando el agente público
exige, en beneficio propio y para realizar un acto obligatorio
de su cargo, mayores derechos que los establecidos por el ordenamiento
jurídico.
Hoy se comprueba una cantidad
de esfuerzos de orgánicos, legislativos e incluso extragubernamentales,
para estudiar y hacer frente a la corrupción. Este es
un tema enunciado en todos los programas de gobierno y se presenta
como una prioridad, cualquiera que sea su ideología.
Ética
Pública e instituciones
La corrupción, en su sentido
genérico, es un problema que se sitúa en el plano
de la ética. Preocupa su extensión en la sociedad
moderna. No cabe dudas de que el mundo enfrenta hoy una crisis
que hipertrofia la dimensión individual de libertad y
desconoce el carácter heterónomo de las pautas
morales y jurídicas. El relativismo en el ámbito
privado se extiende a la ética pública. Su resonancia
social aumenta en una sociedad que sacraliza el éxito,
entendido como la acumulación de bienes, prestigio posición
e influencia.
Existe hoy un desequilibrio entre
el desarrollo de la ética individual y el de la ética
colectiva. La primera ha estado más presente en la familia
y en el sistema educativo. La segunda ofrece vacíos.
Constituye un reto para los responsables de la educación,
a veces más volcados a lo técnico y profesional
que lo cívico.
En la presente década, ya no se discute el papel del mercado
como principal asignador de recursos. La publicidad ha cobrado
gran importancia pero ha provocado efectos esperables. Se ha
acentuado una necesidad ficticia de adquirir bienes y servicios,
asociado su posesión al éxito y reconocimiento
social. El fenómeno del consumismo parece ser un caldo
de cultivo para la corrupción.
La ausencia de instancias de autoevaluación y control
de las acciones de funcionarios públicos e instituciones
o empresas privadas, constituye una grave falencia del sistema
democrático. Cuando no está puesto el énfasis
en la prevención, los mecanismos represivos no son suficientes.
La carencia frecuente de instrumentos fiscalizadores puede favorecer
un sentimiento de desregulación e impunidad. En este
sentido, permitir más allá de lo estrictamente
necesario la práctica del secreto o la reserva en la administración
pública, posibilita la generación de espacios de
discrecionalidad que pueden alentar la corrupción.
Por otra parte, cuando el Estado no cumple con eficiencia sus
funciones propias, retarda su acción u obstaculiza innecesariamente
las actividades de los particulares, éstos buscarán
la manera de agilizar los procedimientos para que sus intereses
no se vean perjudicados. Ello implica recurrir a las vías
alternativas o no oficiales.
Los agentes públicos son
los más expuestos a la corrupción, pues está
en su mano adoptar decisiones en las que eventualmente se pretende
influir. Ello hace urgente diseñar medidas que desarrollen
su capacidad profesional y técnica, mejoren sus remuneraciones,
eleven su reconocimiento público y ofrezcan estímulos
acordes con la dignidad de sus cargos.
Finalmente, es preciso recalcar
la importancia de los medios de comunicación social en
la pesquiza de actos corruptos. La información al respecto
debe ser fluida y sistemática. La gestión pública
requiere que el cumplimiento de sus metas sea siempre evaluado
y sometido a control.
Efectos de
la corrupción
La corrupción desencadena
una pérdida gradual de credibilidad y respeto en la conducción
política. Dificulta la puesta en marcha de programas
de gobierno y la colaboración de la ciudadanía
e la gestión pública. Esto es más necesario
aún, cuando las autoridades invocan la necesidad de un
cierto sacrificio de la ciudadanía para superar situaciones
críticas. Ello puede ser justificado solamente cuando
se predica con el ejemplo.
Un sistema corrupto afecta a
todos los que viven en él. La gente termina por convencerse
e que, para lograr fines legítimos y resguardar adecuadamente
sus intereses, debe recurrir a canales irregulares, al constatar
que las vías oficiales no funcionan, son insuficientes
o demasiado lentas. Ello crea un clima generalizado de desconfianza,
no sólo en el ordenamiento jurídico existente,
sino también en la actuación de las personas que
lo integran.
Otro efecto de una corrupción
extendida es la aparición de grupos que giran en torno
a las instancias del aparato público, y que operan mediante
relaciones informales. Estos pueden estar movidos por fines
legítimos, como ciertos intereses económicos, sociales
y políticos. Pero distorsionan la igualdad de oportunidades
e influyen en la toma de decisiones. Más preocupante
resulta ser cuando se persiguen objetivos en sí mismos
ilícitos, como ocurre con el narcotráfico y al
crimen organizado.
Desde otro ángulo, la
corrupción supone muchas veces un costo económico.,
No es raro que un ciudadano particular, con el fin de acelerar
un trámite o pronunciamiento, deba pagar "comisiones"
irregulares a los funcionarios.
Cuando esta práctica es generalizada, este gasto pasa
a ser considerado como parte del costo económico normal
de un negocio. El interés público también
se ve perjudicado.
En ciertas oportunidades se opta
por contratar a quien no ofrece el servicio más económico.
Se registran costos más altos, se inventan gastos o se
desvían fondos para fijes ajenos a los oficiales.
A la larga, la práctica
corrupta termina por no incentivar la inversión. Si quien
decide invertir debe soportar costos variables e inciertos, o
no posee claridad sobre los procedimientos, ni certeza sobre
la rentabilidad de su inversión, preferirá mercados
que le ofrezcan menores riegos. El inversionista nacional, puede
terminar invirtiendo en el exterior, y el extranjero orientarse
a lugares en que las reglas del juego sean claras y respetadas.
Por último, la corrupción
tiene a veces efectos que desalientan los esfuerzos para redistribuir
la riqueza. No es raro que recursos destinados a los sectores
más desposeídos sean desviados o reducidos con
fines ajenos al previsto. Un clima de corrupción extendida
puede obstaculizar intentos de redisribución equitativa
de la riqueza y favorecer la permanencia de focos de pobreza
y marginalidad.
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