| Comité Cívico Interinstitucional "Pro-autonomía de Manabí" Portoviejo, agosto 23 de 1999 Señores: Dr. Jamil Mahuad W.
Presidente Constitucional de la República Ing. Juan José Pons
Presidente del H. Congreso Nacional y H. Legisladores Dr. Héctor Romero Parducci
Presidente de la Excma. Corte Suprema de Justicia
Quito.- Las instituciones públicas organizaciones sociales y entidades privadas de carácter provincial de Manabí, se han venido reuniendo sucesivamente para analizar la profunda crisis que afecta al país y que evidentemente es mucho más notoria en provincias marginadas como Manabí.
En esta incuestionable realidad, las entidades manabitas a través de sus personeros coinciden que el Ecuador no podrá dar un solo paso adelante hacia el nuevo siglo, si no se entiende que debe reecontrarse como país establecer su identidad nacional y ello sólo será posible a partir de un proceso ágil y decidido de muy clara descentralización administrativa, pues pensamos que en una modernización del Estado, la primera de las acciones a efectuarse es la de descentralizar la administración pública, que vuelva menos inequitativa, menos arbitraria y mucho más eficiente la gestión de las instituciones de servicio público y facilite la actividad de las empresas particulares.
En este contexto de la actual situación nacional, Manabí plantea al país la necesidad de impulsar un proceso de autonomías provinciales, que debe reconocer el legítimo derecho de las 22 provincias que actualmente integran el territorio ecuatoriano, de planificar, administrar su propio desarrollo y procurar el bienestar de sus habitantes, para ello hay que avanzar en un proceso de concertación nacional y esa concertación requiere una primera expresión de voluntad política del Sr. Presidente de la República, que de cumplimiento al artículo 7 de la Ley de Modernización del Estado y a lo que ya dispone la Ley de Descentralización Administración y Participación Social que permite ir desconcentrando el ejercicio del poder político, hasta llegar a un régimen de autonomías de las provincias, las que podrían posteriormente asociarse voluntariamente en razón de comunes proyectos e interés que vuelvan conveniente una integración socio-económica e inclusive político-administrativa. Nuestra propuesta nace de un indiscutible y objetivo análisis histórico, que nos permite sostener que el Ecuador es un país con una evidente diversidad étnico-cultural, lo que legitima el pedido y aspiración de las comunidades sobre todo campesinas, de que se les permita cierto manejo autorregulable de sus actividades. Por lo antes expuesto y de manera muy puntual y concreta; Manabí formula al país su planteamiento de ser considerada a futuro como provincia autónoma, para cuyo efecto propone lo siguiente: 1.- Que se reforme la Constitución y en sustitución de los Consejos Provinciales se creen Consejos de Desarrollo Provincial, que estén presididos por un Gobernador elegido popularmente en cada provincia.
Este Consejo de Desarrollo Provincial tendrá la coparticipación de Consejeros elegidos popularmente por distritos electorales, representantes de las municipalidades, de funcionarios del Gobierno Central especialmente en áreas como la salud y la educación, delegados de las Universidades y Escuelas Politécnicas de la provincia, delegados de los Colegios de Profesionales, de representantes de los sectores productivos agrupados en las Cámaras de la Producción, de delegados de la Asociación de Artesanos, de representantes de entidades creadas para impulsar el desarrollo económico regional como el caso del Centro de Rehabilitación de Manabí, Junta de Recursos Hidráulicos de Jipijapa y Paján, Empresa Eléctrica, Empresa de Agua Potable, Autoridad Portuaria de Manta y otras similares y de representantes de organizaciones laborales, campesinas y barriales. 2.- El que los tributos al consumo como el impuesto al IVA, el impuesto a la circulación de capitales, el impuesto a los consumos especiales, el impuesto a las operaciones de créditos, el impuesto a la matriculación de vehículos, entre otros, sean recaudados directamente y distribuidos por el Consejo de Desarrollo Provincial, en base a parámetros claramente determinados que consagren la igualdad y solidaridad y sean repartidos entre los distintos cantones o localidades de la provincia, dejando precisado en este punto, que lo que se recaude por impuesto al consumo sea entregado a la provincia donde se produce el consumo y origina el tributo.
Que así mismo, todo aquello que signifiquen tasas por servicios prestados dentro de la jurisdicción provincial, incluyendo concesiones de vía pública, tasas por peaje y otras establecidas en las leyes de régimen provincial y municipal, sean recaudados también por el Consejo de Desarrollo Provincial y distribuidos con igual criterio que los impuestos al consumo, debiendo dotarse para estos efectos de capacidad legislativa al máximo organismo de carácter provincial en su condición de gobierno intermedio entre el gobierno central y los gobiernos seccionales o locales. 3.- Los ingresos que perciba el Estado por venta de combustible, aranceles aduaneros a las importaciones, impuesto a la renta, incluyendo la generación de ingresos por la exportación de petróleo y otros que perciba el país por exportación de productos exportables se distribuyan en base a tres parámetros:
a) Contribución de la provincia al Producto Interno Bruto;
b) Número de habitantes;
c) Necesidades básicas insatisfechas.
Con ésta fórmula habrá una más igualitaria y justa distribución de la riqueza nacional y se estimulará al mismo tiempo una mayor producción. 4.- Se reactive el aparato productivo del país por la vía de facilitar créditos a los pequeños y medianos productores que en el caso de Manabí ha tenido una gran influencia histórica en la producción nacional por su acentuada vocación agrícola y pesquera.
Creemos conveniente el restablecimiento de líneas de créditos del Banco Central, que favorezca a los indicados sectores con plazos, intereses y condiciones que respondan a la rentabilidad de sus actividades, pues la llamada "banca de segundo piso" ha sido perjudicial para los pequeños y medianos productores.
En este punto es indispensable reflexionar y así lo consideró la Asamblea de instituciones manabitas, que de los factores que más contribuyen a una muy mala distribución de la riqueza en el país es la excluyente y desigual distribución del crédito que se concentra en grandes empresas y en pocos grupos de poder político y económico de las grandes urbes como son Quito y Guayaquil. Desgraciadamente Manabí ha sido castigada en las últimas décadas pues antes recibía algún tipo de ayuda crediticia a través del Banco de Fomento y del propio Banco Central. 5.- Proponer que el pago de la deuda externa se haga en forma proporcional de acuerdo a la inversión que se ha realizado en cada provincia del país. No es justo que el pago de esta deuda que tanto está influyendo en la vida y bienestar de los ecuatorianos, sea pagada por igual por quienes nada o muy poco han recibido de los créditos externos que no siempre fueron bien priorizados y utilizados por los funcionarios del Estado Ecuatoriano al contratarlos y obtenerlos. Consideramos también inaplazable solicitar una reestructuración de esta deuda que castigue a los acreedores especuladores con lo cual se operaría una disminución de su monto y su amortización. 6.- Para un eficaz ejercicio de la autonomía es imperioso reedefinir la elección y conformación de los entes seccionales. Consideramos que cada cantón debe tener un alcalde elegido por votación popular, directa y secreta, pero estimamos concomitantemente que los Concejos Cantonales deben ser reemplazados por Asambleas Cantonales que tengan la potestad de legislar en materia de ordenanzas locales, pero esos asambleístas municipales deben elegirse por distritos electorales de los distintos sectores urbanos y rurales considerando un determinado número de habitantes del Cantón que será fijado por el Consejo de Desarrollo Provincial o por una Ley que se dicte a nivel nacional. De esa manera se volverá mucho menos politizado el manejo de los municipios, se conviertan en los organismos rectores del desarrollo de sus respectivas comunidades y no sirvan como Comités electorales de futuras campañas de los partidos políticos que lo controlan.
Igual criterio debe adoptarse y en ello también es imprescindible una reforma constitucional, que la elección de legisladores nacionales y provinciales (que integren el Congreso Nacional y el Consejo de Desarrollo Provincial) sean elegidos por distritos electorales. Sin duda los Municipios son por historia y por derecho las instituciones llamadas a cumplir el rol de ejes de la descentralización del Estado, siendo también pertinente que se adopte la tesis que tiene establecida la Provincia de Córdova en la República de Argentina, mediante la cual el 10% de los presupuestos municipales son entregados para que sigan administrados directamente por las propias comunidades barriales o de recintos fomentando un sólido espíritu comunitario en la base de la pirámide social.
Continúa (7.) Creación de Comités.....
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